El blindaje político de Maru Campos choca con investigaciones contra el Auditor Superior

• La gobernadora impulsa la continuidad de Héctor Acosta Félix aun cuando instancias federales analizan su papel en auditorías cuestionadas.

El respaldo que Maru Campos ha dado al Auditor Superior del Estado ha despertado interrogantes sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el órgano que debería fiscalizar al propio gobierno. Mientras el Congreso avanza con el proceso de reelección, la FGR y la ASF investigan presuntas irregularidades en auditorías realizadas durante los últimos años, en particular las relacionadas con el refinanciamiento de la deuda estatal.

Las investigaciones federales se centran en la presunta invasión de facultades por parte de la auditoría estatal, pues la revisión de recursos provenientes de Participaciones Federales es competencia exclusiva de la ASF. Acosta Félix habría excedido sus atribuciones al ejecutar una auditoría forense sin contar con el marco legal necesario, lo que abre dudas sobre la legitimidad del informe producido.

A ello se suma la omisión de documentos esenciales para la evaluación del proceso de refinanciamiento, entre ellos el decreto aprobado por el Congreso estatal. Para especialistas en fiscalización, esta falta de rigor técnico podría invalidar las conclusiones emitidas por el auditor y evidenciar un manejo deficiente del procedimiento.

En este contexto, el respaldo de Campos ha sido interpretado por opositores como un blindaje político que busca sostener a un funcionario alineado con su administración. Aunque la gobernadora asegura que se trata de garantizar continuidad, organizaciones civiles sostienen que esta postura debilita la credibilidad del sistema de fiscalización.

De confirmarse las irregularidades que investigan los organismos federales, la administración estatal enfrentaría una presión adicional. La insistencia en reelegir a un auditor investigado podría convertirse en un mensaje adverso para la gobernanza y la percepción de legalidad en Chihuahua.