• La gobernadora impulsa la continuidad de Héctor Acosta Félix aun cuando instancias federales analizan su papel en auditorías cuestionadas.

El respaldo que Maru Campos ha dado al Auditor Superior del Estado ha despertado interrogantes sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el órgano que debería fiscalizar al propio gobierno. Mientras el Congreso avanza con el proceso de reelección, la FGR y la ASF investigan presuntas irregularidades en auditorías realizadas durante los últimos años, en particular las relacionadas con el refinanciamiento de la deuda estatal.

Las investigaciones federales se centran en la presunta invasión de facultades por parte de la auditoría estatal, pues la revisión de recursos provenientes de Participaciones Federales es competencia exclusiva de la ASF. Acosta Félix habría excedido sus atribuciones al ejecutar una auditoría forense sin contar con el marco legal necesario, lo que abre dudas sobre la legitimidad del informe producido.

A ello se suma la omisión de documentos esenciales para la evaluación del proceso de refinanciamiento, entre ellos el decreto aprobado por el Congreso estatal. Para especialistas en fiscalización, esta falta de rigor técnico podría invalidar las conclusiones emitidas por el auditor y evidenciar un manejo deficiente del procedimiento.

En este contexto, el respaldo de Campos ha sido interpretado por opositores como un blindaje político que busca sostener a un funcionario alineado con su administración. Aunque la gobernadora asegura que se trata de garantizar continuidad, organizaciones civiles sostienen que esta postura debilita la credibilidad del sistema de fiscalización.

De confirmarse las irregularidades que investigan los organismos federales, la administración estatal enfrentaría una presión adicional. La insistencia en reelegir a un auditor investigado podría convertirse en un mensaje adverso para la gobernanza y la percepción de legalidad en Chihuahua.

Mientras el Nacional Monte de Piedad (NMP) acumula casi un mes de paro y más de 300 sucursales cerradas, crece el malestar entre los trabajadores sindicalizados. Un amplio grupo de empleados exige que Arturo Zayún González, secretario general del sindicato mayoritario, aclare las acusaciones de presunto enriquecimiento millonario dadas a conocer por distintos medios.

De acuerdo con una investigación de XPECTRO FM, retomada por Forbes México, el dirigente habría adquirido seis propiedades —cinco en San Luis Potosí y una en Playa del Carmen— entre 2012 y 2025. Las operaciones notariales suman 13 millones de pesos, aunque el valor de mercado de los inmuebles alcanzaría los 70 millones.

Las pesquisas detectan coincidencias que levantan sospechas: las mismas notarías, pagos en efectivo, subvaluaciones y transferencias a familiares cercanos. A ello se agrega la renta de un deportivo sindical en la Ciudad de México, cuyos ingresos no aparecen reportados ante el SAT.

El conflicto ocurre en un contexto de parálisis laboral que afecta a más de un millón de usuarios y ha sido calificado por diversos sectores como “más político que laboral”. Algunos trabajadores acusan que el sindicato exige transparencia a la institución, pero no la aplica en su propia gestión. “Nunca se han mostrado los estados financieros ni el destino de las cuotas. Y ahora vemos propiedades en su poder que han costado millones de pesos”, afirmó un empleado que pidió el anonimato.

Hasta ahora, Arturo Zayún no ha ofrecido explicación pública alguna. El caso amenaza con reabrir el debate sobre las viejas prácticas del sindicalismo corporativo que la Reforma Laboral de 2019 buscaba erradicar.

Su narrativa de ética pública contrasta con una gestión plagada de silencio, discrecionalidad y sospechas de protección política.

El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.

Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?

Convenios, discursos y cero resultados

Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.

Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.

En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.

El espejo roto de la transparencia

Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.

El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.

Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.

Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.