Doping, Mentiras y un Fiscal Bajo Sospecha: El Expediente que Condena a Bayo Valenzuela

 El caso de 2007 no es un chisme político. Es una prueba de fuego que «Bayo» reprobó al negarse a aclarar un resultado de antidoping. Hoy, desde la fiscalía, su silencio es una ofensa a la justicia y una burla para los chihuahuenses.
Hay asuntos que la política intenta sepultar, pero que la ética se empeña en exhumar. El caso de Abelardo Valenzuela Holguín, «Bayo», actual fiscal Anticorrupción, es uno de ellos. En el invierno de 2007, cuando aspiraba a la dirigencia municipal del PAN en Ciudad Juárez, su nombre quedó vinculado a un escándalo de antidoping que él mismo se encargó de enredar, negando a la opinión pública una respuesta clara y definitiva. Eso no es un simple capítulo olvidado; es una cuestión de Estado.

El Doping como Síntoma de una Ética Fracturada

El examen antidoping no era un trámite menor. En el contexto de una elección interna, la medida buscaba asegurar que quienes aspiraban a dirigir un partido político cumplieran con estándares mínimos de integridad y salud. Para cuatro de los cinco aspirantes, la prueba fue superada sin contratiempos, y sus resultados negativos se hicieron públicos, un acto de transparencia básica.

Sin embargo, el resultado atribuido a Abelardo Valenzuela Holguín desató una tormenta. Ante la posibilidad de un resultado adverso —cuya naturaleza exacta nunca se aclaró—, su reacción no fue la de un hombre con la conciencia tranquila. En lugar de someterse a una contraprueba, como dicta el más elemental sentido común y como exige cualquier persona que valore su reputación, «Bayo» optó por una estrategia de dilación y desconfianza.

Su argumento fue técnico pero vacío: cuestionó la «cadena de custodia» y las «garantías del proceso». Sin embargo, este cuestionamiento solo tenía sentido si el procedimiento fue irregular para todos. Los hechos muestran que no fue así. Los otros cuatro aspirantes aceptaron las reglas y los resultados. Solo él, el único señalado, encontró vicios de forma. Esto no es una coincidencia; es un indicio grave de que el resultado no le favorecía y de que su prioridad no era la verdad, sino protegerse a sí mismo.

¿Por qué es tan grave para un Fiscal?

La gravedad del asunto trasciende el ámbito partidista. Un fiscal Anticorrupción no es un político cualquiera. Es la persona encargada de perseguir el delito, de exigir cuentas a los poderosos y de encarnar la probidad del sistema de justicia. Su credibilidad es su única arma. Si un fiscal tiene un pasado de opacidad, su capacidad para señalar a otros se desvanece.

En el caso de «Bayo» Valenzuela, la pregunta es incómoda pero necesaria: ¿cómo puede investigar a funcionarios que ocultan información si él mismo, en 2007, se negó a dar la cara y aclarar un resultado de dopaje? ¿Cómo puede exigir transparencia en la cadena de custodia de evidencias si él puso en duda la de su propia muestra sin ofrecer pruebas? Su defensa en aquel entonces fue un golpe de autoridad, un «yo no acepto estas reglas» que, visto desde la perspectiva actual, revela un patrón de conducta: la verdad solo importa cuando es conveniente.

Un Silencio que Condena

El expediente de 2007 muestra a un Valenzuela que, ante la primera señal de escrutinio público, recurrió a la victimización y al cuestionamiento de las instituciones. No pidió una nueva prueba con la urgencia de quien quiere limpiar su nombre; al contrario, se encerró en una postura de resistencia que forzó al partido a cancelar la elección y a pedirle, casi de rodillas, que se sometiera a un nuevo examen.

Esa actitud es la de un político que usa su posición como escudo, no como un espacio de rendición de cuentas. El hecho de que hoy ocupe la fiscalía Anticorrupción convierte aquel episodio en un asunto de interés público. No es un chisme político; es un antecedente que pone en duda su idoneidad para el cargo. Mientras no haya una explicación clara sobre aquella prueba, su nombre seguirá ligado a la sombra de la duda.