El abogado Arturo Alcalde Justiniani, representante del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, ofreció una entrevista a la periodista Carmen Aristegui en la que lanzó fuertes críticas contra la institución, pero terminó cuestionando indirectamente a los mismos trabajadores que asegura defender.

Durante la conversación, Alcalde insistió en que la administración del Monte busca “acabar con el sindicato” y “llevar las condiciones laborales al piso”. Sin embargo, omitió recordar que los cambios a los que hace referencia fueron parte del Convenio Modificatorio firmado en 2024, un acuerdo avalado por la autoridad laboral y ratificado mediante voto personal, libre y secreto por la base trabajadora. Dicho convenio permitió superar la huelga del año pasado y garantizar la viabilidad operativa de la institución, una decisión en la que participaron los propios empleados.

El abogado también aseguró que el Monte de Piedad administra un patrimonio de 50 mil millones de pesos y que sólo destina 2.6 por ciento a labores sociales, sin embargo, según fuentes de la Institución, los datos que ofreció carecen de sustento oficial y simplifican la naturaleza jurídica del Monte, que es una Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro, supervisada por distintas instituciones públicas. El modelo de operación del Monte se basa precisamente en canalizar su propio servicio, el préstamo prendario a tasas bajas y accesibles, como un mecanismo de ayuda directa, no sólo en transferencias económicas.

Otro de los señalamientos más polémicos fue su afirmación de que los préstamos del Monte alcanzan intereses “de entre 50 y 100 por ciento anual”, pues de acuerdo con datos públicos, las tasas que aplica la institución son las más bajas del sector prendario formal y se encuentran reguladas por PROFECO y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En comparación con otras casas de empeño privadas, los intereses son en promedio 50 por ciento menores.

Alcalde también acusó que se creó un “sindicato minoritario” impulsado por la empresa para dividir al gremio. Sin embargo, el surgimiento del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad es producto del derecho constitucional de libre asociación, establecido desde la Reforma Laboral de 2019, impulsada por el Presidente López Obrador. Cuestionar ese derecho implica desconocer los principios que han buscado democratizar la vida sindical en México.

En otro momento, el abogado revivió críticas sobre los sueldos de directivos y el uso de oficinas en Polanco, señalando un supuesto dispendio en la administración, pero tampoco presentó evidencia ni explicó que los informes financieros del Monte son auditados externamente y públicos ante la autoridad de Asistencia Privada, lo que garantiza transparencia en el uso de los recursos.

Dicha entrevista dejó más dudas que certezas, pues mientras el abogado habló de persecución y acoso, evitó responder por qué el propio sindicato no ha cumplido compromisos asumidos en el convenio del año pasado ni explicó la razón de la nueva huelga a pocos meses de aquel acuerdo.

Así, más que una defensa de los trabajadores, sus declaraciones parecieron una confrontación personal con la administración del Monte, que hoy mantiene cerradas más de 300 sucursales afectando a los mismos empleados que dice representar.

La huelga que estalló en el Nacional Monte de Piedad, encabezada por el dirigente sindical Arturo Zayún, enfrenta un escenario crítico por el bajo apoyo real de los trabajadores. Aunque la dirigencia presentó el movimiento como una defensa de los derechos laborales, lo cierto es que en las sucursales donde los trabajadores mantienen guardia y entre la base sindicalizada predomina la apatía, el desencanto y la desconfianza hacia el liderazgo que promueve el paro.

Diversos trabajadores consultados reconocen que el ambiente está muy lejos de la unidad. Muchos recuerdan que apenas en 2024 la mayoría de la plantilla votó a favor del Convenio Modificatorio que permitió superar la huelga anterior, avalado además por la autoridad laboral.

Dicho acuerdo fue ratificado en votación libre y secreta, pero ahora la dirigencia de Zayún insiste en desconocerlo, lo que ha generado molestia entre quienes consideran que la actual huelga carece de sentido y atenta contra la estabilidad de sus empleos.

La escasa presencia de trabajadores en las movilizaciones es muestra del desgaste del movimiento. En contraste con huelgas pasadas, hoy no hay grandes concentraciones ni respaldo visible en las calles; la mayoría prefiere mantenerse al margen, preocupados más por el pago de sus salarios, la proximidad del aguinaldo y los bonos de fin de año, que por los intereses personales de la dirigencia sindical.

Los propios trabajadores adheridos al sindicato advierten que la estrategia de Zayún parece más orientada a recuperar privilegios perdidos que a velar por los derechos colectivos. El descontento interno es evidente, pues mientras algunos trabajadores se resignan a la suspensión temporal de actividades, otros buscan alternativas de representación que realmente respondan a sus necesidades como el Sindicato Independiente e incluso la desafiliación.

La huelga, más que una demostración de fuerza, se perfila como el reflejo de un liderazgo debilitado y de una base trabajadora que ha dejado de seguir ciegamente a su dirigente.

La organización se sostiene en el miedo y la manipulación, sin ofrecer beneficios reales a sus afiliados.

Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.

La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.

En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.

Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.

La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.