La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró, mediante un comunicado, que el proceso penal contraAlejandro Álvarez Pugano guarda relacióncon el caso deInés Gómez Mont, luego de que se informara su vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal.

La dependencia explicó que Alejandro Álvarez Puga,hermano de Víctor Manuel Álvarez Pugay cuñado de la conductora, fue vinculado a proceso por presuntamenteincumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta(ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Asimismo, recordó que Alejandro Álvarez Puga fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), quienes cumplimentaron una orden judicial en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

FGR descarta vínculo entre el caso de Alejandro Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

De acuerdo con la FGR,Alejandro “N”era requerido por su probable responsabilidad en la omisión del pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, lo que habría ocasionado unperjuicio al fisco federal.

Por ello, la institución consideró necesario precisar que este procedimientono tiene relación algunacon los procesos de extradición que actualmente enfrentan en Estados UnidosVíctor Álvarez Pugae Inés Gómez Mont.

Además de la vinculación a proceso, un juez de control impuso a Alejandro Álvarez Puga la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

¿Cuál es la situación legal de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

La FGR también actualizó la situación jurídica deVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Mont, quienes continúan sujetos a procedimientos de extradición en Estados Unidos.

En el caso de Víctor “N”, la dependencia recordó que fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y que supróxima audienciaestá programada paranoviembre de 2026.

Mientras tanto, la FGR continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Aunque sigue sujeto al procedimiento migratorio, las autoridades de Estados Unidos le concedieron lalibertad bajo fianza, además de imponerle el uso de un dispositivo de geolocalización.

Respecto aInés “N”, la FGR informó que también presentó unasolicituddedetención provisional con fines de extradición.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que deberá presentarse la petición formal de extradición, documento en el que la Fiscalía continúa trabajando para acreditar todos los elementos requeridos por la autoridad estadounidense.

Cabe recordar queVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Montson requeridos por las autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de:

Una movilización significativa de trabajadores del sindicato de la Ciudad de México tuvo lugar frente al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, donde se congregaron en masa para apoyar la toma de nota de su líder, Hugo Alonso Ortiz.

La participación incluyó a múltiples secciones sindicales, que de manera conjunta manifestaron su respaldo total al dirigente. La presencia de los trabajadores destacó por su organización y por la clara intención de mostrar unidad en torno al liderazgo que representa Ortiz.

A lo largo del evento, los asistentes expresaron su apoyo mediante consignas y mensajes dirigidos a las autoridades, subrayando la importancia de reconocer la voluntad de la base trabajadora. Cada sección hizo evidente su postura, consolidando una imagen de cohesión dentro del gremio.

Los trabajadores señalaron que la toma de nota es un proceso fundamental para la legitimidad sindical, por lo que consideraron necesario hacerse presentes y respaldar a su dirigente. Asimismo, destacaron que este tipo de acciones fortalecen la representación y defensa de sus derechos laborales.

El desarrollo de la concentración se llevó a cabo sin contratiempos, en un ambiente pacífico y de respeto. La movilización concluyó con un mensaje de unidad y firmeza por parte de los trabajadores, quienes reiteraron su apoyo total a Hugo Alonso Ortiz.

Con esta demostración, la organización busca dejar constancia de su respaldo al liderazgo sindical y su interés en que se respete la decisión de la mayoría.

Su narrativa de ética pública contrasta con una gestión plagada de silencio, discrecionalidad y sospechas de protección política.

El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.

Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?

Convenios, discursos y cero resultados

Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.

Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.

En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.

El espejo roto de la transparencia

Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.

El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.

Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.

Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.