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Política

Caso Ayotzinapa: nueve años en busca de verdad y justicia para los 43 desaparecidos

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Se cumple un año más del ataque a los normalistas en Iguala, y las familias siguen luchando para que el Ejército proporcione información que podría confirmar lo que pasó con los 43 jóvenes desaparecidos

A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el clamor de las familias sigue siendo “vivos los queremos”. La lucha por saber qué ocurrió con los jóvenes estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 ha llevado a sus familiares —convertidos en activistas y defensores de los derechos humanos a consecuencia de la tragedia— a encarar al Ejército mexicano y al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que las Fuerzas Armadas han colaborado con la investigación y que se ha entregado toda la información que se tiene sobre el caso.

El 26 de septiembre, los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos viajaron a Iguala, al sur del estado de Guerrero, con la intención de secuestrar autobuses para poder trasladarse días después a Ciudad de México, donde participarían en la marcha y otras actividades conmemorativas de la represión del 2 de octubre de 1968. Mientras salían de Iguala, los cinco autobuses con normalistas (dos en los que viajaban, mas otros tres que tomaron en la terminal tras una trifulca) fueron interceptados en distintos puntos por policías municipales, federales y sus socios del crimen organizado. En la emboscada murieron tres estudiantes y tres personas ajenas al contingente. Uno de los normalistas heridos sigue en coma tras los disparos de los policías. Aquellos que fueron obligados a bajar de los vehículos, en total 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fueron detenidos y hasta hoy siguen desaparecidos.

Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía federal, fue quien lideró las investigaciones del caso bajo la Administración de Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la versión del Estado, los policías de Iguala y Cocula se asociaron y entregaron a los muchachos al grupo criminal Guerreros Unidos. El Gobierno aseguró que ellos fueron quienes los asesinaron y presuntamente se deshicieron de ellos incinerándolos en un basurero cercano al río San Juan. Esta línea de tiempo de los hechos pasó a ser conocida como “la verdad histórica”, pero los padres y forenses coincidían con que la investigación carecía de fundamentos científicos y se calificó como un intento de las autoridades para cerrar el caso apresuradamente. Fue el hallazgo de un fragmento óseo de Christian Rodríguez en el sitio conocido como “la barranca de la Carnicería” lo que finalmente comprobó la manipulación por parte de la Fiscalía.

Ante la incertidumbre, se pusieron en marcha diversas pesquisas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y organismos independientes a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo que hace dos meses presentó su último informe en el que se señala el espionaje realizado por el Ejército en Iguala. “El desafío ha sido monumental. El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43″, dijo el investigador Carlos Beristáin.

En el marco del noveno aniversario de la tragedia, la actual administración entregó un nuevo reporte en el que se reitera que toda la evidencia se ha entregado a las autoridades y los familiares de los 43 desaparecidos, sin embargo, la ruptura del diálogo con el Gobierno de López Obrador parece inminente, ya que se ha sentenciado que en las últimas reuniones con el mandatario y su equipo se ha vuelto a criminalizar a los jóvenes, al igual que en los años posteriores al brutal ataque y quita la responsabilidad del Estado en la desaparición y el encubrimiento del paradero de los normalistas de Ayotzinapa.

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Nacional

GOLPE A “EL BAYO”: LE QUITAN EL CONTROL DEL CASO LÓPEZ ELÍAS Y SU FISCALÍA QUEDA BAJO LA LUPA

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La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua deberá entregar el expediente después de que se determinara que carece de competencia para continuar dirigiendo la investigación. El caso transitará al ámbito federal y actuaciones de autoridades estatales serán puestas en conocimiento de otras instancias.

Chihuahua, Chih., 25 de agosto de 2026.– Un duro revés sacude a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y golpea directamente la conducción de su titular, Abelardo Valenzuela Holguín, “El Bayo”.

Después de meses al frente de la investigación contra José Pedro López Elías, este 24 de agosto se determinó que la dependencia estatal carece de competencia para continuar dirigiendo el asunto.

La consecuencia es inmediata: deberá entregar la carpeta y documentación correspondiente para que el expediente transite al ámbito federal.

En términos institucionales, el resultado representa un golpe considerable para una Fiscalía que durante meses sostuvo la conducción del caso y que ahora deberá dejarlo en otras manos.

Mientras López Elías consigue una victoria jurídica relevante, “El Bayo” enfrenta preguntas sobre las decisiones tomadas durante el periodo en que su Fiscalía tuvo el control del expediente.

Y hay un elemento que eleva todavía más la presión.

Se dio vista al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua respecto de la actuación de autoridades estatales involucradas.

Asimismo, la autoridad federal competente podrá analizar los señalamientos relacionados con actuaciones judiciales y ministeriales estatales para determinar si existe alguna conducta que deba ser investigada o sancionada.

La defensa de López Elías había denunciado previamente presuntas irregularidades, dilaciones injustificadas y posibles afectaciones al debido proceso.

Será responsabilidad de las autoridades correspondientes determinar si esos señalamientos tienen consecuencias y si existe alguna responsabilidad. La resolución, por sí misma, no acredita conductas irregulares contra Valenzuela ni contra otros servidores públicos.

Pero para “El Bayo”, el problema político e institucional es evidente.

La Fiscalía que encabeza pierde la conducción del expediente y deberá responder a los cuestionamientos sobre cómo manejó un caso que sostuvo durante meses.

La situación golpea uno de los puntos más sensibles para cualquier Fiscalía Anticorrupción: su credibilidad.

Porque una institución que exige cuentas, legalidad y rigor a otros servidores públicos debe ser capaz de demostrar esos mismos estándares en sus propias investigaciones.

El expediente contra José Pedro López Elías continuará ahora en una nueva etapa.

Pero la atención ya no estará puesta exclusivamente sobre él.

Ahora los reflectores también apuntan hacia quienes condujeron el caso, las decisiones que tomaron y las explicaciones que deberá ofrecer la Fiscalía de “El Bayo” tras perder el control del expediente.

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Gobierno

La FGR precisa que el caso de Alejandro Álvarez Puga es independiente del de Inés Gómez Mont

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La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró, mediante un comunicado, que el proceso penal contraAlejandro Álvarez Pugano guarda relacióncon el caso deInés Gómez Mont, luego de que se informara su vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal.

La dependencia explicó que Alejandro Álvarez Puga,hermano de Víctor Manuel Álvarez Pugay cuñado de la conductora, fue vinculado a proceso por presuntamenteincumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta(ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Asimismo, recordó que Alejandro Álvarez Puga fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), quienes cumplimentaron una orden judicial en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

FGR descarta vínculo entre el caso de Alejandro Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

De acuerdo con la FGR,Alejandro “N”era requerido por su probable responsabilidad en la omisión del pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, lo que habría ocasionado unperjuicio al fisco federal.

Por ello, la institución consideró necesario precisar que este procedimientono tiene relación algunacon los procesos de extradición que actualmente enfrentan en Estados UnidosVíctor Álvarez Pugae Inés Gómez Mont.

Además de la vinculación a proceso, un juez de control impuso a Alejandro Álvarez Puga la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

¿Cuál es la situación legal de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

La FGR también actualizó la situación jurídica deVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Mont, quienes continúan sujetos a procedimientos de extradición en Estados Unidos.

En el caso de Víctor “N”, la dependencia recordó que fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y que supróxima audienciaestá programada paranoviembre de 2026.

Mientras tanto, la FGR continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Aunque sigue sujeto al procedimiento migratorio, las autoridades de Estados Unidos le concedieron lalibertad bajo fianza, además de imponerle el uso de un dispositivo de geolocalización.

Respecto aInés “N”, la FGR informó que también presentó unasolicituddedetención provisional con fines de extradición.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que deberá presentarse la petición formal de extradición, documento en el que la Fiscalía continúa trabajando para acreditar todos los elementos requeridos por la autoridad estadounidense.

Cabe recordar queVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Montson requeridos por las autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de:

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Justicia

Masiva concentración de trabajadores sindicalizados de la Ciudad de México respalda liderazgo sindical

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Una movilización significativa de trabajadores del sindicato de la Ciudad de México tuvo lugar frente al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, donde se congregaron en masa para apoyar la toma de nota de su líder, Hugo Alonso Ortiz.

La participación incluyó a múltiples secciones sindicales, que de manera conjunta manifestaron su respaldo total al dirigente. La presencia de los trabajadores destacó por su organización y por la clara intención de mostrar unidad en torno al liderazgo que representa Ortiz.

A lo largo del evento, los asistentes expresaron su apoyo mediante consignas y mensajes dirigidos a las autoridades, subrayando la importancia de reconocer la voluntad de la base trabajadora. Cada sección hizo evidente su postura, consolidando una imagen de cohesión dentro del gremio.

Los trabajadores señalaron que la toma de nota es un proceso fundamental para la legitimidad sindical, por lo que consideraron necesario hacerse presentes y respaldar a su dirigente. Asimismo, destacaron que este tipo de acciones fortalecen la representación y defensa de sus derechos laborales.

El desarrollo de la concentración se llevó a cabo sin contratiempos, en un ambiente pacífico y de respeto. La movilización concluyó con un mensaje de unidad y firmeza por parte de los trabajadores, quienes reiteraron su apoyo total a Hugo Alonso Ortiz.

Con esta demostración, la organización busca dejar constancia de su respaldo al liderazgo sindical y su interés en que se respete la decisión de la mayoría.

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