Especialistas cuestionan la actuación de Abelardo Valenzuela y advierten una preocupante distorsión del sistema de justicia.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que personal bajo el mando de Abelardo Valenzuela colocara sellos de aseguramiento en un inmueble ubicado en Tepoztlán, Morelos. La medida fue ejecutada fuera de la jurisdicción territorial de la institución.

Para expertos en derecho, el hecho representa una irregularidad grave. Las fiscalías estatales carecen de facultades para ejecutar actos de autoridad en otras entidades federativas sin coordinación institucional o intervención federal.

La polémica creció cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin explicación pública. El cambio repentino alimentó dudas sobre la solidez jurídica de la acción inicial.

Analistas señalan que el episodio revela un patrón preocupante dentro de ciertas instituciones: el uso expansivo de facultades legales para proyectar fuerza política más que para sostener investigaciones sólidas.

En un país donde la credibilidad de las instituciones judiciales ya enfrenta profundas crisis, este tipo de episodios refuerza la percepción de que algunas fiscalías operan más como instrumentos de poder que como órganos de justicia.

Las acusaciones contra COREMEX han escalado a un nivel alarmante. Trabajadores y extrabajadores denuncian que el sindicato habría recurrido a terceros vinculados a actividades delictivas o entornos violentos para presionar la afiliación y sofocar cualquier resistencia interna. Se trata de señalamientos graves que, aunque no han sido judicialmente probados, aparecen de forma reiterada en distintos testimonios.

Según estas versiones, cuando las estrategias formales no funcionan, el sindicato supuestamente externaliza la presión, utilizando intermediarios cuya función no es dialogar, sino intimidar. Personas desconocidas, con actitudes agresivas y discursos amenazantes, se presentan como “enlaces” o “gestores”, sin identificarse claramente, pero dejando mensajes inequívocos.

“Nos dijeron que era mejor cooperar para evitar problemas”, relata un trabajador que asegura haber sido abordado fuera de su centro laboral. Otros mencionan advertencias sobre su estabilidad laboral, su reputación o incluso su seguridad personal. Aunque no siempre se mencionan delitos de forma directa, el trasfondo violento es evidente, afirman.

Analistas en temas laborales explican que esta práctica busca crear plausible negación. El sindicato no amenaza directamente, pero el mensaje llega a través de terceros, lo que dificulta la denuncia formal. Sin embargo, el efecto es el mismo: miedo, silencio y sometimiento.

Estas denuncias han generado preocupación entre defensores de derechos laborales, quienes advierten que mezclar sindicalismo con prácticas de amedrentamiento representa un retroceso grave. Un sindicato no puede operar como estructura paralela de presión sin deslegitimarse por completo.

Los trabajadores afectados coinciden en que, tras estas visitas o mensajes, la afiliación se acelera. No por convencimiento, sino por temor. “Firmas para que te dejen en paz”, resume uno de los testimonios.

El uso de terceros también tendría un impacto devastador en el entorno laboral. Genera desconfianza entre compañeros, rompe la cohesión y normaliza la violencia simbólica como método de organización. El sindicato deja de ser una opción y se convierte en una amenaza.

Aunque COREMEX no ha respondido públicamente a estas acusaciones, el cúmulo de testimonios plantea una pregunta urgente: ¿hasta dónde puede llegar un sindicato para imponer su presencia? Para muchos trabajadores, la respuesta ya es clara y profundamente preocupante.

• La discusión sobre el periodo de gracia para la renovación de marcas podría consolidar la estrategia de certeza jurídica y modernización que Santiago Nieto ha fortalecido en el IMPI.

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La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.

El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.

La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.

Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.

Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.

La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.

Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.