Lapresidenta Claudia Sheinbaumdestacó que de enero a agosto larecaudación federalregistró 149 mil millones de pesos más que en el mismo periodo del año pasado, resultado que atribuyó a un cobro de impuestos “eficiente y honesto”.

Al presentar suSegundo Informe de Gobierno, afirmó que elmanejo responsable de las finanzas públicastambién se ha apoyado en el control del gasto y en una reducción de 200 mil millones de pesos en el gasto corriente respecto de 2024.

“Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso. No hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios. Lossalarios de los servidores públicosdel más alto nivel no han aumentado”, recalcó.

Estos ahorros, explicóSheinbaum, permitieronaumentar el salario de los maestros 10 por cientoel año pasado y 9 por ciento en este, garantizar la creación de 30 mil nuevas plazas para la Guardia Nacional, seguridad, salud y educación.

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Adelantó que en los próximos días presentará al Congreso unPaquete Fiscal y Presupuestal 2027 “responsable”, con una paulatina consolidación fiscal, pero sin frenar la inversión ni el gasto en bienestar, salud y educación.

Mencionó que el gobierno busca utilizarinstrumentos financierospara ampliar la inversión sin ceder el control del interés público.

“Este año, con laLey para la Inversión, estamos acelerando la inversión pública y mixta durante el segundo semestre de 2026 para fortalecer la infraestructura y el desarrollo nacional”, dijo Sheinbaum.

Sostuvo que recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar ladisciplina fiscalni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de un mayor gasto público.

“Significa contar confinanzas públicas sólidasque amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica”, señaló.

Expuso que, en la primera mitad del año, México enfrentó un entorno internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas,volatilidad financieray cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos.

Sin embargo, el país mantuvo la estabilidad macroeconómica y laconfianza de inversionistas y mercados, al tiempo que avanzó en la generación de empleo, el fortalecimiento de los ingresos y la reducción de la pobreza.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el Plan Nacional de Infraestructura?

El Informe refirió que en 2026 elPlan Nacional de Infraestructuracontempla inversiones por más de 960 mil millones de pesos en carreteras, puertos, aeropuertos,trenes, energía, hospitales y escuelas.

Con elPlan Méxicosuman 14 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, seis de ellos con desarrollador asignado.

Lacoordinación con el sector empresarialimpulsa la reindustrialización, las cadenas de proveeduría y el consumo local. Las exportaciones alcanzaron un récord de 664.8 mil millones de dólares en 2025 y superaron los 389 mil millones en el primer semestre de 2026.

Primavera laboral en México

Sheinbaum aseguró que “después de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde 2019, los trabajadores viven una primavera laboral”.

Recalcó que durante agosto se crearon86 mil 765 puestos de trabajo formalesrespecto al cierre de julio y que México alcanzó 60 millones de personas con empleo, con una tsa de desocupación de 2.7 por ciento.

En materia salarial, indicó queel salario mínimopasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026, un incremento real de 154 por ciento. En la frontera norte alcanzó 13 mil 409 pesos mensuales.

También resaltó que elsalario promedio de la economía formalllegó a un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales y que lapobreza laboral se encuentra en su mínimo históricodesde 2005.

Subrayó que lostrabajadores de aplicaciones digitales ya cuentan con seguridad socialy reparto de utilidades, además de destacar la reforma que permitiráreducir gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horassemanales en 2030.

Sobre los programas sociales, destacó que en 2026 se destinará un billón de pesos a losProgramas para el Bienestar, que alcanzarán a 42.9 millones de derechohabientes.

Destacó que en ocho años el gasto en programas sociales será de 4.5 billones de pesos, que han permitido a 13.4 millones de mexicanos superar la condición de pobreza entre 2019 y 2024.

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 17 de septiembre de 2026.- ¿Cuánto ha cambiado realmente la vida sindical de los trabajadores mexicanos? Hoy parece que pudiera venir algún cambio, quizá sustantivo. Más de una veintena de organizaciones, colectivos y abogados laboralistas decidieron articularse para impulsar sindicatos independientes y acompañar a quienes buscan ejercer su derecho a la representación colectiva

Durante décadas, el sindicalismo mexicano fue utilizado, en buena medida, como mecanismo de control político y laboral. El sindicato dejó de ser para millones de trabajadores un instrumento de defensa colectiva y terminó convertido, en distintos sectores, en patrimonio de dirigencias que aprendieron a negociar con gobiernos, empresas y partidos mientras los trabajadores quedaban relegados a la condición de espectadores.

Siete años después de la reforma laboral de 2019, esa historia no ha desaparecido. Por eso resulta relevante la aparición de la Unión Sindical Alternativa, integrada por más de una veintena de organizaciones sindicales, colectivos y especialistas en derecho laboral, entre ellos representantes de trabajadores de la educación, telefonistas, empleados del Poder Judicial y del Gobierno de la Ciudad de México, además del Frente por las 40 Horas.

Su planteamiento es sencillo, pero políticamente significativo: acompañar a los trabajadores que quieran organizarse, ayudarlos a constituir sindicatos independientes, asesorarlos en los procedimientos legales y disputar la representación colectiva allí donde las estructuras tradicionales siguen teniendo el control.

El desafío, sin embargo, comienza precisamente después del anuncio.

La reforma laboral abrió instrumentos que antes eran mucho más difíciles de ejercer: el voto personal, libre, directo y secreto, así como nuevas reglas para la legitimación de contratos colectivos y la representación sindical. Pero una cosa es que la ley reconozca derechos y otra muy distinta que un trabajador pueda ejercerlos sin enfrentar resistencias, inercias, burocracia o estructuras de poder construidas durante décadas.

La propia Unión Sindical Alternativa sostiene que persisten prácticas de corporativismo, contratos de protección patronal y concentración del poder en dirigencias sindicales. También señala que la tasa de sindicalización permanece alrededor de 13 por ciento: de unos 41 millones de trabajadores subordinados y remunerados, aproximadamente 5.3 millones estarían sindicalizados, mientras más de 35 millones carecerían de una representación colectiva formal. Son cifras expuestas por los integrantes del nuevo frente y deben entenderse como parte de su diagnóstico del escenario laboral.

Ahí está la verdadera dimensión del problema.

El sindicalismo mexicano no enfrenta solamente una disputa entre organizaciones. Enfrenta una crisis de representación. Millones de trabajadores tienen empleo, reciben un salario y cumplen una jornada, pero no necesariamente cuentan con una organización capaz de defenderlos frente al patrón, negociar mejores condiciones o hacer valer sus derechos.

Por eso la aparición de una nueva coordinación sindical puede ser importante, pero no por el número de organizaciones que aparezcan en una conferencia de prensa. Su valor tendrá que medirse en los centros de trabajo.

Un sindicato se demuestra en la fábrica, la escuela, la oficina, el hospital, el transporte, la dependencia pública y cada lugar donde un trabajador decide que ya no quiere enfrentar individualmente problemas que son colectivos.

La Unión Sindical Alternativa tendrá que demostrar que puede convertir la inconformidad dispersa en organización permanente. Tendrá que acompañar trabajadores, enfrentar procedimientos de registro, impulsar elecciones democráticas, participar en disputas por contratos colectivos y, sobre todo, construir credibilidad entre quienes durante años han visto al sindicalismo con desconfianza.

También enfrentará otro problema: su propia diversidad.

No es sencillo colocar en una misma mesa a trabajadores de la educación, telefonistas, empleados públicos, trabajadores del Metro, integrantes del Poder Judicial y colectivos vinculados con la jornada de 40 horas. Sus problemas, condiciones laborales, contratos, estructuras y tradiciones organizativas son diferentes. La coordinación puede convertirse en fortaleza, pero también en una fuente de tensiones si no existe una agenda común.

La prueba será precisamente esa: pasar de la suma de organizaciones a la construcción de una fuerza sindical con presencia real en los lugares de trabajo…

La defensa cuestiona que las actuaciones relacionadas con el caso hayan alcanzado al entorno familiar del empresario, quien enfrenta además un tratamiento contra el cáncer.

Investigar un posible delito es una facultad de las autoridades. Hacerlo respetando los límites que establece la ley y los derechos fundamentales es también una obligación. Bajo esa premisa, la familia de José Pedro López Elías llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sus hijos, Fátima López y Mauricio López, acompañados por el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera, solicitaron medidas cautelares al considerar que el proceso relacionado con el empresario habría dejado de limitarse al ámbito judicial y derivado en presuntas acciones de hostigamiento, vigilancia y presión contra su familia.

El señalamiento resulta especialmente delicado porque cuestiona no la existencia de una investigación, sino la manera en que presuntamente se estaría desarrollando.

La familia sostiene que personas ajenas directamente al procedimiento habrían comenzado a resentir sus consecuencias, situación que motivó la búsqueda de protección fuera de las instituciones locales.

Dentro de la solicitud aparecen señalamientos contra el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, y la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Los promoventes les atribuyen responsabilidad política por el contexto que aseguran enfrentar.

Hasta ahora, esas acusaciones constituyen la versión de la familia y no una determinación de responsabilidad emitida por la CIDH.

Pero el expediente incorpora otro elemento que eleva la preocupación de los promoventes: la salud de José Pedro López Elías.

Su representación legal asegura que padece cáncer y necesita tratamiento médico especializado de forma permanente. Frente a ello, advierte que cualquier interrupción o dificultad para acceder a dicha atención podría tener consecuencias graves.

La solicitud pide precisamente establecer salvaguardas para garantizar su tratamiento, proteger su integridad y la de su familia y asegurar que las actuaciones de las autoridades respeten el debido proceso.

La defensa insiste en que acudir a la CIDH no significa pedir impunidad ni detener una investigación. Su argumento es distinto: investigar no debería significar intimidar, y ejercer las facultades del Estado tampoco debería permitir que las consecuencias de un proceso se extiendan indiscriminadamente hacia una familia.

La documentación presentada incluye informes médicos, antecedentes judiciales y otros elementos que serán evaluados por la Comisión.

La CIDH deberá determinar ahora si existe una situación de gravedad, urgencia y riesgo suficiente para conceder las medidas solicitadas.

Mientras llega esa decisión, el caso deja una discusión abierta sobre el actuar de las instituciones de Chihuahua: si las autoridades han procedido dentro de sus atribuciones, corresponderá demostrarlo; si existieron excesos, también deberán ser esclarecidos.