En un acto protocolario realizado este viernes, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) entregó a la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) la presidencia y operatividad del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Quintana Roo, como parte de un esfuerzo institucional para fortalecer la protección, promoción y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres en la entidad.

La transición ocurre en un contexto clave: el proceso electoral del 1 de junio de 2025, cuando por primera vez en la historia del estado se elegirá a jueces, juezas, magistrados y magistradas mediante voto ciudadano. Este ejercicio marcará un precedente en la configuración del Poder Judicial, y, ante ello, la participación política efectiva, libre de violencia y en condiciones de igualdad sustantiva para las mujeres es una prioridad.

Durante la ceremonia, la consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, entregó a la titular de SEMUJERES, Esther Burgos Jiménez, el informe de actividades 2024-2025 del Observatorio, así como una propuesta de lineamientos para su operatividad en esta nueva etapa.

“Confiamos en que la Secretaría de las Mujeres dará continuidad y fortalecerá los trabajos del Observatorio. Las mujeres de Quintana Roo merecen una participación política libre, segura y sin obstáculos”, expresó Pacheco Pérez al hacer formal la entrega.

Por su parte, Esther Burgos Jiménez aseguró que asumir la conducción del Observatorio representa un compromiso para implementar acciones concretas contra todas las formas de violencia política de género. “Nos enfocaremos en promover el empoderamiento de las mujeres, su participación informada y el acceso igualitario a los espacios de decisión”, sostuvo.

El evento también contó con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Sergio Avilés Demeneghi, quien informó que durante 2024 se han registrado 33 casos de violencia política en razón de género en el estado. Destacó que el TEQROO ofrece servicios de defensoría pública electoral para acompañar a las víctimas y subrayó la urgencia de mantener estrategias articuladas para consolidar la igualdad sustantiva.

Avilés Demeneghi presentó un análisis del mapa “Mujeres en la Política: 2025”, donde señaló que México ha avanzado significativamente en representación femenina, aunque advirtió: “Persisten brechas que solo podrán cerrarse con voluntad política, legislación efectiva y colaboración institucional”.

Con esta nueva etapa bajo la dirección de SEMUJERES, el Observatorio se consolida como un instrumento fundamental para garantizar que ninguna mujer sea excluida, silenciada o violentada en el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente ante la relevancia histórica del próximo proceso electoral que redefinirá el sistema judicial de Quintana Roo.

México negocia un “descuento automotriz” en la tasa del arancel que cobra Estados Unidos a la importación de vehículos automotores, dependiendo del modelo y la integración de insumos y partes estadounidenses, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Va a aplicar un descuento por vehículo, mejor dicho, por modelo, dependiendo cuántas partes de Estados Unidos (tenga)”, dijo En el marco de la entrega del sello Hecho en México a Grupo Bimbo, en una de sus plantas en la Ciudad de México.

Ebrard informó además que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) comenzará en el segundo semestre de 2025.

“Hoy por hoy es acero y aluminio lo que queremos atender. Y el descuento a la industria automotriz. Y después ya vendrá la revisión del tratado”, comentó a la prensa.

“Estamos en estas pláticas de acero y aluminio, porque por supuesto, nosotros queríamos que no hubiese ningún arancel, pero vamos a procurar ver de qué manera podemos reducir el impacto. Y siempre tienes que estar en relación a los demás países. O sea, si todos los países tienen 25, pero nosotros logramos un descuento que sea 18, 17 o 16, pues tienes una ventaja, aunque te gustaría que no hubiese ese 16”, dijo.

Estados Unidos aplica aranceles de 25% a automóviles importados desde México o Canadá, con su entrada en vigor el 3 de abril de 2025, y proyecta aranceles de 25% sobre ciertas autopartes, cuya vigencia comenzará a más tardar el 3 de mayo (la fecha exacta se anunciará en un próximo aviso).

Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), las exportaciones de autos de México a Estados Unidos pagarán un menor arancel en promedio -de aproximadamente 15%- que el resto de los países, porque se creará una metodología para descontar proporcionalmente el valor de las autopartes de origen estadounidense que se integren a esos vehículos exportados.

Los importadores de automóviles bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas tales que el arancel de 25% sólo se aplicará al valor de su contenido no estadounidense.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a México con sanciones y aranceles por incumplir compromisos de suministro de agua a Texas.

“México le DEBE a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua según el Tratado de Aguas de 1944, pero desafortunadamente México está violando su obligación en virtud del Tratado”, publicó Trump en Truth Social.

Sobre ello, Ebrard dijo: “No es que México no quiera cumplir, pues es que hay sequía. Ahí le llamamos cambio climático. Porque sí está afectando. Pero, nos dijo la presidenta, y así lo dio a conocer ayer en su Twitter, que ya se presentó una propuesta. Hay una mesa de conversaciones. Y esperamos que eso salga adelante”.

Agregó: “México, lo que pueda hacer, lo hará. Pero tiene que también tomarse en cuenta que ha habido una sequía muy fuerte. No es que no haya la voluntad. Entonces, esperamos que eso tome su cauce. Y se resuelva, si llega algún entendimiento pronto”.

A poco más de un mes de su promulgación, la reforma del Infonavit sigue generando dudas en torno a sus alcances en temas laborales, uno de ellos es el escenario frente a las incapacidades laborales, lo que puede implicar riesgos para las empresas. 

La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de este año, sumó a las obligaciones de los empleadores conservar los descuentos del salario de los empleados por créditos otorgados por el Instituto aunque exista una incapacidad expedida por el IMSS.

“Cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción III no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social”, indica la adición al artículo 29 de la Ley. Esa disposición, es la que se refiere a los descuentos del salario para el pago de abonos para créditos del Infonavit.

Y esto fue reiterado por la autoridad en los Criterios normativos de Recaudación Fiscal emitidos el 13 de marzo. En ese documento, el Infonavit aclara cómo se realizará el descuento en estos casos y señala que aún se analiza “el otorgamiento de un plazo que permita a los patrones su debida implementación”.

Francisco Gutiérrez-Zamora, socio de Contribuciones Locales, Seguridad Social y Litigio Estratégico de Chevez Ruiz Zamarripa, explica que antes de la reforma, los descuentos del salario para las amortizaciones de los créditos se suspendían en casos de incapacidades y ausencias, porque el empleador no tenía control sobre la remuneración.

Eso era así, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es quien paga las incapacidades; es decir, el ingreso que recibe un trabajador durante este periodo es financiado por la seguridad social.

Sin embargo, con las modificaciones a la legislación, la obligación de realizar los descuentos se mantiene aún en los casos de incapacidades y ausencias, lo que genera otros escenarios y riesgos para las empresas, ya que, en estas situaciones, no existe un pago de salario.

Francisco Gutiérrez-Zamora puntualiza que si bien los criterios no son de observancia obligatoria; la disposición que se incorporó en la Ley del Infonavit sí lo es. “El patrón tiene que responder, aunque no tenga el salario a la mano, y si la ley dice que hay que pagar ese descuento al Infonavit, se tiene que pagar, pero luego se tendrá que hacer una cuenta con el trabajador para saldar ese adeudo”, expone.

El gran tema, destaca el especialista, es que la Ley obliga a los empleadores a “asumir el crédito hipotecario del trabajador cuando no hay salario”, en vez de pasar la estafeta al IMSS, que es la autoridad que tiene el recurso del trabajador cuando hay una incapacidad.

Y es que la Reforma al Infonavit en este sentido, sólo adicionó al artículo 29 de la legislación la nueva obligación de mantener los descuentos aun cuando haya incapacidad; sin embargo, no modificó las fracciones dos y tres de ese artículo, las cuales regulan esos descuentos.

En eso coincide Carlos Ferran Martínez, socio director de Ferran Martínez Abogados, si bien la reforma estableció la nueva obligación, carece de reglas que permitan implementarla y deja abierta a la interpretación su aplicación.

“Un criterio no tiene la misma fuerza que la legislación, pero sí responde a la inquietud que generó la reforma en ese aspecto. Es una disposición mal diseñada, que cae en la imposibilidad y además de todo, está provocando amparos”, señala. Mantener los descuentos del salario en un escenario de incapacidades, se convierte en un financiamiento del crédito del trabajador asumido por la empresa y sin muchas garantías de recuperar esos recursos, puntualiza el especialista.

“Es un problema”, subraya Carlos Ferran Martínez, pues no hay reglas claras en la legislación sobre la nueva disposición. “Por ahora lo más prudente, es esperar los lineamientos y cómo se resuelven los amparos que se promuevan.

Cuando una persona trabaja para una empresa y tiene acceso a la seguridad social, su empleador está obligado a depositar de manera bimestral al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) el equivalente a 5% del salario diario integrado. Si un trabajador obtiene un crédito para vivienda del instituto, las aportaciones del empleador se abonan directamente al capital de la deuda.

Cuentas por cobrar y Repse

En el caso de las cuentas por cobrar que se generarán, apunta Francisco Gutiérrez-Zamora, uno de los riesgos es que el empleador no tiene garantía, más allá del salario, para recuperar los recursos aportados durante el tiempo que duró la incapacidad.

Y la complejidad de esto, se encuentra también en la legislación laboral. En ese sentido, Carlos Ferran Martínez explica que la Ley Federal del Trabajo establece límites en los descuentos que se pueden hacer del salario. “No puedes descontarle a una persona todo su sueldo, aunque haya destrozado por completo una herramienta de trabajo y deba mucho, no se puede descontar todo. Y esas reglas de descuentos son las que se tienen que aplicar”.

Por otra parte, el incumplimiento de la nueva disposición, aún con una falta de reglas claras, puede desencadenar en diferencias con el Infonavit y generar una constancia de incumplimiento negativa, que, a su vez, puede afectar la inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), un padrón público operado para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y requisito legal para ofrecer servicios especializados en el mercado.

Y la cancelación del Repse, coinciden los especialistas, es quizá uno de los mayores riesgos ante la falta de claridad en la Ley del Infonavit sobre la nueva obligación de mantener los descuentos del salario durante incapacidades.

Durante el 2024, la recuperación de cartera fue la que más sumó a las entradas de flujo de efectivo del Infonavit, con un total de 211,332 millones de pesos y, posteriormente, las aportaciones patronales, que sumaron 173,456 millones de pesos.