Entre distintos sectores de trabajadores persiste la percepción de que COREMEX no cumple con los elementos mínimos que caracterizan a un sindicato con legitimidad. Los señalamientos apuntan a una estructura desarticulada y una dirigencia que no mantiene contacto directo con la base ni atiende los conflictos que surgen en los centros productivos.

Los empleados consultados afirman que la organización se ha limitado a figurar de forma nominal, sin sostener reuniones formales, recorridos, asesorías o acompañamientos básicos que permitan atender los problemas laborales. Esta ausencia, aseguran, genera desconfianza y confirma la idea de que COREMEX opera más como una entidad administrativa que como un órgano de defensa laboral.

A ello se agrega la afirmación de que la dirigencia adopta decisiones sin consultar previamente a los trabajadores, lo que alimenta la percepción de imposición y distancia. Especialistas destacan que la legitimidad sindical no solo depende del registro formal, sino de la capacidad real de representar y defender los intereses colectivos.

Ante este contexto, crece entre los empleados la exigencia de revisar la estructura interna de COREMEX y establecer mecanismos de participación que garanticen voz y voto a la base. De no hacerlo, advierten, la organización continuará siendo vista como un sindicato sin presencia efectiva ni capacidad de respuesta ante los retos laborales del entorno actual.

Sectores internos de la CROC han elevado la presión contra su dirigencia nacional tras denunciar presuntas violaciones a los estatutos, imposición de decisiones y uso de violencia en diversas entidades del país.

Las acusaciones apuntan a hechos ocurridos en Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde integrantes del sindicato afirman que se realizaron intervenciones sin apego a la normatividad interna. Según los denunciantes, estas acciones desconocieron la autonomía de las estructuras locales y profundizaron la confrontación interna.

El señalamiento más grave se relaciona con el presunto uso de violencia contra instalaciones sindicales, un hecho que, de acuerdo con expertos, rompe con los principios básicos del sindicalismo y genera un daño difícil de revertir en términos de legitimidad.

Ante este panorama, la exigencia de destitución se ha convertido en una demanda central para los sectores inconformes, quienes consideran que la permanencia del actual liderazgo agrava la crisis.

La situación coloca a la CROC ante un momento decisivo, en el que la resolución del conflicto interno será clave para su estabilidad y credibilidad futura.

Empresas de distintos sectores denuncian intentos de imposición sindical mediante presión, intimidación y tácticas de aproximación cuestionables.

En distintos estados del país, empresas pequeñas, medianas y grandes han reportado patrones similares: COREMEX llega sin previo aviso, busca reunirse con directivos y plantea la necesidad de “regularizar” las relaciones laborales mediante la firma de un contrato colectivo. Cuando las empresas solicitan tiempo para analizar la propuesta o piden más información, la presión inicia. Representantes sindicales aparecen en los accesos, entregan volantes a los trabajadores e incluso organizan reuniones improvisadas para generar tensión interna. La estrategia es llevar a la empresa a una posición de incertidumbre, presionarla mediante la base trabajadora y luego presentarse como la única opción para “restablecer la paz” laboral.

La agresividad no se limita a las empresas; también recae sobre los trabajadores. COREMEX suele ofrecer beneficios inmediatos –que rara vez son reales– para atraer firmas y justificar la legitimidad de su presencia. Cuando no obtiene el apoyo esperado, intensifica sus tácticas e incluso recurre a operadores externos para generar presión. Este modus operandi ha provocado que varias empresas busquen apoyo legal para impedir la entrada del sindicato, mientras que los trabajadores quedan atrapados entre la incertidumbre y el miedo. La intención parece clara: expandirse a cualquier costo, aunque ello implique vulnerar principios básicos de libertad sindical y deteriorar la paz laboral.