Nacional
AMLO acusa a defensores de DH de provocar la liberación de responsables en caso Ayotzinapa
El presidente López Obrador cuestinó a defensores de derechos humanos para que le expliquen por qué se buscó poner en libertad a indiciados en la desaparición de los 43
Andrés Manuel López Obrador acusó a los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., así como al senador Emilio Álvarez Icaza, de ser los responsables de que se liberara a algunos culpables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Dijo que al hacer la revisión del caso Ayotzinapa ha encontrado “cosas raras” donde ha llegado a suponer que los defensores de derechos humanos han buscado apoyar a los culpables, dañar al Estado mexicano y “socavar” algunas instituciones.
“Estoy encontrando cosas raras, muy raras, porque está enmarañado todo este asunto. Se habló de el pacto del silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos. Bueno, eso es lo que yo supongo, y que no se logrará nunca conocer la verdad, con el propósito de dañar al Estado mexicano”, dijo el tabasqueño.
El mandatario federal afirmó durante su conferencia mañanera de este jueves, en Palacio Nacional, que quiere tratar este asunto y cuestionar los defensores de derechos humanos para que le expliquen por qué se buscó poner en libertad a los indiciados.
“Yo tengo un asunto que quiero tratar con el Pro, nada más que más adelante, que tiene que ver con Ayotzinapa y tiene que ver con este senador farsante Alvarez Icaza, que es el que maneja a los del Pro, que ya no son los del Pro que yo conocí. Se han ido echando a perder y quiero que los que son auténticos de de derechos humanos todos los que están en el movimiento por jesuitas que revisen”, dijo el mandatario.
El presidente expuso que mantiene contacto con los padres de los normalistas desaparecidos y que este viernes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina se reunirá con ellos, para mantener el diálogo entre el Gobierno federal y los familiares de las víctimas.
Además comentó que la reunión será con el fin de explicarles a los padres, la sentencia que dejó libre a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, “al menos a algunos de los que participaron, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos que también supuestamente los dejaron asesorando a ellos”, acusó.
“Lo que no sé, por qué razón y me gustaría saber por qué —el que estuvo en ese entonces (como director del centro Pro, Mario Patrón Sánchez), está hora de director de la universidad de Puebla”—, (diga) qué papel jugaron ellos en la defensa de los detenidos, argumentando de qué habían sido torturados para liberarlos y si sabían que quedarían libres, se les estaba dando libertad a quienes habían participado en la desaparición, eso que me gustaría que me contestaran”, dijo el presidente.
Resaltó que le llama la atención que los defensores de derechos humanos nunca habían pedido que se responsabilizara a los autores de la llamada “verdad historia”, aun cuando siempre fue una exigencia de los padres de las víctimas y abogados que se castigara al exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam y al encargado de la investigación Tomás Zerón.
Sin embargo, el presidente dijo que esto no era así y dijo que los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mientras asesoraban a los padres de los normalistas, “no exigieran que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica”.
Cuestionó que Murillo Karam y Tomás Cerón andaban muy campantes y eran ellos quienes se hicieron responsables de la investigación y del resultado de la supuesta verdad histórica.
Agregó que lo que más le llamó la atención fue que los defensores de derechos humanos, en vez de reconocer que se detuvo en su administración a los responsables del más alto nivel e incluso a militares, reclamaran que se habían hecho mal las cosas.
También dijo que lo peor, fue que defendieran a algunos responsables bajo el argumento de que fueron torturados.
“Resulta que los detenidos originalmente, algunos, si no es que todos, se dijo que fueron torturados. Y bueno, declaran. Como son torturados (…) declaran y después alegan que fueron torturados y los mismos defensores de derechos humanos que están pidiendo justicia, llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados o no salgan libres. Todos libres, cuando haya evidencias de qué sí habían participado”, reprochó.
Insistió que la sentencia para dejarlos libres, la hicieron asesores de derechos humanos. También expresó que el juez que se encargó del caso, dio un plazo de 10 días para que se presentaran las pruebas que no habían sido torturados, o de lo contrario, los dejaban libertad.
El presidente acusó que los abogados que hicieron la gestión para liberar a los señalados como responsables del caso, Ayotzinapa, así como el fiscal especial de ese mismo caso, estaban relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que dijo es un organismo de la OEA.
Además mencionó que le llamó muchísimo la atención que los defensores de derechos humanos no querían que su Gobierno hablara de manera directa con los padres, “no lo permiten”, aseveró.
El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.
El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos por conspirar para lavar 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante el uso decriptomonedas.
El acusado de 48 años de edad admitió que utilizó carteras de activos virtuales bajo su control para recibir las ganancias ilícitas de las drogas.
Vázquez González coordinó sus actividades ilícitas con intermediarios financieros, conocidos como ‘money brokers’, para recolectar las ganancias del narcotráfico en diversas ciudades estadounidenses.Tambiéncambió las criptomonedas por dólares estadounidensesen México para devolver el dinero en efectivo a los organizadores de la red.
El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.
La fiscalía federal programó la audiencia de sentencia para el próximo 17 de diciembre, donde el acusado enfrentará una pena máxima de 20 años de prisión.
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El fiscal federal Jason Parman y el agente especial Jim Scott anunciaron conjuntamente este resultado judicial en el estado de Kentucky.
La Oficina Residente de la DEA en Lexington investigó el caso con el apoyo de diversas divisiones policiales de Estados Unidos y México.
Esta investigación criminal formó parte de la iniciativa de seguridad nacional denominada Homeland Security Task Force.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra el empresario.
El caso penal relacionado con la reestructura de la deuda pública de Chihuahua registró un nuevo giro judicial: una jueza federal concedió el amparo a José Pedro López Elías y ordenó al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos dejar sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra dentro de la causa penal 3050/2024.
La determinación de la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Madhay Soto Morales, parte de una conclusión central: la autoridad local que libró la orden no tenía competencia para hacerlo, pues los recursos involucrados en los hechos investigados son de naturaleza federal.
La sentencia fue emitida el 18 de agosto y notificada el 28 de agosto.
El expediente se originó por pagos de 98.6 millones de pesos al despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., durante la administración de Javier Corral Jurado, por servicios de asesoría en la reestructura y refinanciamiento de la deuda estatal.
La Auditoría Superior del Estado cuestionó la contratación y sus resultados.
Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, sostuvo que existían elementos para investigar un posible peculado.
La Fiscalía ha mantenido que se trató de un posible daño al erario estatal y que Chihuahua debía conservar la conducción de la investigación.
Bajo esa hipótesis se integró la causa 3050/2024, que involucró al exgobernador Javier Corral, al exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y a López Elías, identificado en la indagatoria como presunto partícipe externo.
La defensa de los señalados ha sostenido una versión distinta: que el despacho sí realizó el trabajo contratado, que existe documentación técnica que acredita las gestiones efectuadas y que los recursos utilizados procedían de participaciones federales.
Para la defensa, el caso debió ser conocido desde el inicio por autoridades federales.
La discusión sobre competencia alcanzó un punto decisivo en enero de 2026.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y determinó que la causa relacionada con Corral debía ser conocida por un juez penal federal.
El criterio se sustentó en que los recursos materia del caso conservaban naturaleza federal, aun cuando hubieran sido transferidos al estado.
Esa resolución fue el fundamento determinante del amparo concedido a López Elías.
La jueza federal consideró que, aunque el conflicto competencial se había promovido originalmente respecto de Corral, López Elías es coimputado en la misma causa y por los mismos hechos y recursos.
Por ello concluyó que el juez local tampoco era competente para emitir la orden de aprehensión contra el empresario.
La sentencia ordena tres actos concretos: dejar sin efectos la orden de aprehensión dictada el 18 de enero de 2025; emitir una nueva determinación en la que el juez local analice primero su competencia; y, a la luz del criterio federal, determine que no puede resolver la solicitud de captura.
La resolución no analiza ni decide si López Elías es responsable o inocente de los hechos imputados; se pronuncia exclusivamente sobre la legalidad constitucional de la orden y la competencia de la autoridad que la emitió.
La propia sentencia establece que su ejecución debe esperar a que transcurra el plazo para la eventual interposición de un recurso de revisión.
Por ello, el hecho debe presentarse como una orden judicial de invalidación concedida en amparo, no como una exoneración definitiva ni como el cierre total de la investigación.
El efecto institucional es relevante: la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra López Elías y se fortalece el criterio de que el caso debe ser revisado en jurisdicción federal.
La controversia de fondo permanece abierta y corresponderá a las autoridades federales determinar si existió delito y, en su caso, responsabilidades.
Nacional
¿En qué consiste la Operación Águila Alta, el acuerdo entre México y Estados Unidos para enfrentar los drones del crimen organizado?
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló este lunes 7 de septiembre que lleva a cabo laOperación Águila Alta, una serie de acciones para combatir eluso de drones por parte del crimen organizadorealizadas en conjunto con lasFuerzas Armadas estadounidenses en la frontera de Tijuana con San Diego, California.
“Esta operación tiene como finalidad, contar con una frontera más segura, mediante ladetección e inhabilitación de drones de uso comercialque son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas”, explicó la Sedena.
¿Cuándo acaba la operación binacional Águila Alta?
De acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia federal, la acción se desarrolla desde el31 de agostoyconcluirá el 21 de septiembre.
La Sedena aclaró que estos operativos son similares a los realizados entre el 17 y 31 de marzo de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.
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Cabe recordar que el pasado 16 de agosto, elsecretario de Defensa estadounidense,Dan Driscoll, firmó junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) una Declaración de Intención para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas para combatir el uso de drones del narco.
El acuerdo permite a la Defensa mexicana acceder almercado digital del Ejército estadounidense, con el propósito de adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos.
“Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad”, expresó ese día el embajador de EU, Ronald Johnson.
¿En qué consiste la operación antidrones Águila Alta en la frontera con Estados Unidos?
De acuerdo a la información emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación consiste en dos fases:
La Secretaría de la Defensa Nacional sostuvo que lacooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidosse lleva a cabo» con pleno respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano».
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