Sectores internos de la CROC han elevado la presión contra su dirigencia nacional tras denunciar presuntas violaciones a los estatutos, imposición de decisiones y uso de violencia en diversas entidades del país.

Las acusaciones apuntan a hechos ocurridos en Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde integrantes del sindicato afirman que se realizaron intervenciones sin apego a la normatividad interna. Según los denunciantes, estas acciones desconocieron la autonomía de las estructuras locales y profundizaron la confrontación interna.

El señalamiento más grave se relaciona con el presunto uso de violencia contra instalaciones sindicales, un hecho que, de acuerdo con expertos, rompe con los principios básicos del sindicalismo y genera un daño difícil de revertir en términos de legitimidad.

Ante este panorama, la exigencia de destitución se ha convertido en una demanda central para los sectores inconformes, quienes consideran que la permanencia del actual liderazgo agrava la crisis.

La situación coloca a la CROC ante un momento decisivo, en el que la resolución del conflicto interno será clave para su estabilidad y credibilidad futura.

El proyecto sostiene que la medida evita apropiaciones oportunistas de registros vencidos.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

Empresas de distintos sectores denuncian intentos de imposición sindical mediante presión, intimidación y tácticas de aproximación cuestionables.

En distintos estados del país, empresas pequeñas, medianas y grandes han reportado patrones similares: COREMEX llega sin previo aviso, busca reunirse con directivos y plantea la necesidad de “regularizar” las relaciones laborales mediante la firma de un contrato colectivo. Cuando las empresas solicitan tiempo para analizar la propuesta o piden más información, la presión inicia. Representantes sindicales aparecen en los accesos, entregan volantes a los trabajadores e incluso organizan reuniones improvisadas para generar tensión interna. La estrategia es llevar a la empresa a una posición de incertidumbre, presionarla mediante la base trabajadora y luego presentarse como la única opción para “restablecer la paz” laboral.

La agresividad no se limita a las empresas; también recae sobre los trabajadores. COREMEX suele ofrecer beneficios inmediatos –que rara vez son reales– para atraer firmas y justificar la legitimidad de su presencia. Cuando no obtiene el apoyo esperado, intensifica sus tácticas e incluso recurre a operadores externos para generar presión. Este modus operandi ha provocado que varias empresas busquen apoyo legal para impedir la entrada del sindicato, mientras que los trabajadores quedan atrapados entre la incertidumbre y el miedo. La intención parece clara: expandirse a cualquier costo, aunque ello implique vulnerar principios básicos de libertad sindical y deteriorar la paz laboral.