El proyecto sostiene que la medida evita apropiaciones oportunistas de registros vencidos.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

Empresas de distintos sectores denuncian intentos de imposición sindical mediante presión, intimidación y tácticas de aproximación cuestionables.

En distintos estados del país, empresas pequeñas, medianas y grandes han reportado patrones similares: COREMEX llega sin previo aviso, busca reunirse con directivos y plantea la necesidad de “regularizar” las relaciones laborales mediante la firma de un contrato colectivo. Cuando las empresas solicitan tiempo para analizar la propuesta o piden más información, la presión inicia. Representantes sindicales aparecen en los accesos, entregan volantes a los trabajadores e incluso organizan reuniones improvisadas para generar tensión interna. La estrategia es llevar a la empresa a una posición de incertidumbre, presionarla mediante la base trabajadora y luego presentarse como la única opción para “restablecer la paz” laboral.

La agresividad no se limita a las empresas; también recae sobre los trabajadores. COREMEX suele ofrecer beneficios inmediatos –que rara vez son reales– para atraer firmas y justificar la legitimidad de su presencia. Cuando no obtiene el apoyo esperado, intensifica sus tácticas e incluso recurre a operadores externos para generar presión. Este modus operandi ha provocado que varias empresas busquen apoyo legal para impedir la entrada del sindicato, mientras que los trabajadores quedan atrapados entre la incertidumbre y el miedo. La intención parece clara: expandirse a cualquier costo, aunque ello implique vulnerar principios básicos de libertad sindical y deteriorar la paz laboral.

Mientras el líder de la CROC habla de “luchar por los derechos” en Alpura, los trabajadores se preguntan quién pagará la comida y el regreso a clases si llega la huelga.

En las plantas de Alpura se respira incertidumbre. La amenaza de una huelga, impulsada por Isaías González Cuevas, líder de la CROC, tiene a miles de empleados con el corazón en un puño. Y es que, más allá de los discursos sindicales, la realidad es otra: si se para la producción, el dinero deja de entrar a los hogares de un día para otro.

El problema es que la CROC no cuenta con un fondo de resistencia, ese respaldo económico que en otros sindicatos sirve para ayudar a las familias en tiempos de paro. Aquí no hay colchón. No hay garantía de que los niños tengan para útiles, que se pueda pagar la renta o que alcance para llenar la despensa. Isaías, sin embargo, no ha dicho con claridad cómo piensa resolverlo.

Los trabajadores lo ven y lo saben: mientras ellos hacen cuentas para ver si llega el fin de mes, su líder vive lejos de estas preocupaciones, rodeado de propiedades, con negocios y un hotel en Los Cabos. Él no tendrá que decidir si compra leche o paga la luz; no tendrá que pedir fiado en la tienda ni explicarles a sus hijos por qué este año no habrá mochila nueva.

Por eso, la pregunta duele y se repite en pasillos y comedores: ¿quién está realmente defendiendo a los trabajadores? Porque si esta huelga estalla, el golpe no será para Isaías González Cuevas, sino para las miles de familias que día a día sostienen a Alpura con su trabajo.