Justicia
Empresarios hidalguenses ya forman parte del comité del Sistema Anticorrupción en Hidalgo
Participaron en una capacitación con el tema de la problemática del agua que hay en el país
Por primera ocasión, tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, participarán en un comité dentro del Sistema Estatal de Anticorrupción con el cual se podrá detectar irregularidades o mal actuar de funcionarios públicos, los cuales se deben de denunciar.
El presidente del CEEH, Alejandro Sánchez Ramírez señaló que después de la solicitud hecha al gobernador, Julio Menchaca, será en la primera semana del mes de marzo, cuando sesionarán los integrantes de este sistema y por primera ocasión estarán presentes los empresarios hidalguenses.
“Nosotros los empresarios debemos de participar con denuncias en caso de haberlas, de algunos procesos o funcionarios que hagan cosas ilícitas. Se debe generar una cultura de denuncias”, refirió el dirigente empresarial.
Comentó que se debe de hacer conciencia entre los empresarios y la ciudadanía de denunciar cualquier acto ilícito.
Hasta el momento, dijo que no se tiene ninguna denuncia por parte de los empresarios, pero espera que en los siguientes días se tenga algún tema y se pueda llevar a este nuevo comité anticorrupción que se realizó también a invitación del secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez.
Solicitarán que la autoridad correspondiente esté enterada de actos de corrupción y se verificará que las cosas se realicen de manera transparente, sin temor de alguna represalia si es que se denuncia.
Empresarios hidalguenses participaron en una capacitación del sector hídrico superficial y subterráneo en el estado para la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y promoción de Vivienda (Canadevi).
Al respecto, el presidente de la Canadevi delegación Hidalgo, Miguel Ángel Jiménez Alvarado señaló que es importante trabajar en conjunto con las Comisiones Nacional y Estatal del Agua, para aportar para evitar más escasez del agua en el territorio hidalguense.
Comentó que es importante como desarrolladores tomar acciones, ya que no sólo crear un desarrollo urbano sostenible, sino también es su responsabilidad social tomar acciones debidas a la problemática del agua.
En este evento, estuvo presente el presidente nacional de la Canadevi, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy quien manifestó que es el momento justo de tomar conciencia y lograr acuerdos conjuntos para evitar más escasez del agua.
Dijo que este tipo de talleres, son importantes porque generan un cambio y una forma diferente de hacer las cosas.
Entre distintos sectores de trabajadores persiste la percepción de que COREMEX no cumple con los elementos mínimos que caracterizan a un sindicato con legitimidad. Los señalamientos apuntan a una estructura desarticulada y una dirigencia que no mantiene contacto directo con la base ni atiende los conflictos que surgen en los centros productivos.
Los empleados consultados afirman que la organización se ha limitado a figurar de forma nominal, sin sostener reuniones formales, recorridos, asesorías o acompañamientos básicos que permitan atender los problemas laborales. Esta ausencia, aseguran, genera desconfianza y confirma la idea de que COREMEX opera más como una entidad administrativa que como un órgano de defensa laboral.
A ello se agrega la afirmación de que la dirigencia adopta decisiones sin consultar previamente a los trabajadores, lo que alimenta la percepción de imposición y distancia. Especialistas destacan que la legitimidad sindical no solo depende del registro formal, sino de la capacidad real de representar y defender los intereses colectivos.
Ante este contexto, crece entre los empleados la exigencia de revisar la estructura interna de COREMEX y establecer mecanismos de participación que garanticen voz y voto a la base. De no hacerlo, advierten, la organización continuará siendo vista como un sindicato sin presencia efectiva ni capacidad de respuesta ante los retos laborales del entorno actual.
Sectores internos de la CROC han elevado la presión contra su dirigencia nacional tras denunciar presuntas violaciones a los estatutos, imposición de decisiones y uso de violencia en diversas entidades del país.
Las acusaciones apuntan a hechos ocurridos en Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde integrantes del sindicato afirman que se realizaron intervenciones sin apego a la normatividad interna. Según los denunciantes, estas acciones desconocieron la autonomía de las estructuras locales y profundizaron la confrontación interna.
El señalamiento más grave se relaciona con el presunto uso de violencia contra instalaciones sindicales, un hecho que, de acuerdo con expertos, rompe con los principios básicos del sindicalismo y genera un daño difícil de revertir en términos de legitimidad.
Ante este panorama, la exigencia de destitución se ha convertido en una demanda central para los sectores inconformes, quienes consideran que la permanencia del actual liderazgo agrava la crisis.
La situación coloca a la CROC ante un momento decisivo, en el que la resolución del conflicto interno será clave para su estabilidad y credibilidad futura.
El proyecto sostiene que la medida evita apropiaciones oportunistas de registros vencidos.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
Señalamientos públicos vinculan a dirigencia sindical con posibles prácticas de corrupción
Acusan que COREMEX actúa ajeno a intereses laborales y opera sin legitimidad real
Exigen destitución en la CROC tras denuncias de violencia y ruptura estatutaria
Se registran más de 40 desapariciones al mes en Hidalgo
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