La inconformidad de un amplio sector de trabajadores con la huelga promovida por la dirigencia de Arturo Zayún ha provocado una fractura dentro del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Cada vez más colaboradores han decidido deslindarse del movimiento y sumarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP), una organización que según sus integrantes busca representar los intereses reales de la base trabajadora y apostar por el diálogo en lugar del conflicto.

De acuerdo con Alma Delia Villalpando Rosales, Secretaria General y Gerardo Ríos, Secretario de Trabajo del Sindicato Independiente, en las últimas semanas se ha sumado un número importante de trabajadores de distintas regiones del país, incluyendo entidades del norte, centro y sur como Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Al respecto la dirigente sindical explicó que el movimiento independiente ha ganado fuerza debido al descontento con la prolongación de la huelga y la falta de resultados de la actual dirigencia sindical y detalló que muchos empleados han decidido integrarse al SITNMP tras considerar que la huelga no refleja sus intereses ni necesidades, y que por el contrario, ha afectado directamente a las familias trabajadoras y a los usuarios que dependen de los servicios de la institución.

Agregó que el Sindicato Independiente promueve una agenda enfocada en la estabilidad laboral, la transparencia en la gestión y el respeto a los derechos de los trabajadores el Monte de Piedad.

Por su parte, Gerardo Ríos resaltó que actualmente, el Sindicato Independiente participa como tercero interesado en el proceso que se sigue ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite dar seguimiento a las audiencias y mantener informada a la fuerza laboral sobre el desarrollo del conflicto, evitando interpretaciones sesgadas por el sindicato tradicional.

La presencia cada vez más visible del SITNMP en distintas zonas del país representa un cambio relevante en la dinámica sindical del Monte de Piedad, al abrir la puerta a una etapa de mayor pluralidad y representatividad dentro de la institución.

Para sus integrantes, el crecimiento de esta organización refleja el inicio de una nueva etapa en la que el diálogo y la participación responsable buscan sustituir las prácticas de confrontación que han predominado en los últimos meses.

La huelga ha dejado a miles sin trabajo y a la institución sin operar por las ambiciones de una élite sindical.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.

Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.

Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.

El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.

La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.

El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.

Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.

Su actuación pone en jaque al Poder Judicial y deja en evidencia las debilidades de la reforma judicial.

La designación de Perla Patricia Royval Guerrero como jueza Primero de lo Civil en Ciudad Juárez pretendía simbolizar un cambio bajo el nuevo esquema judicial de Chihuahua. Sin embargo, lejos de fortalecer la credibilidad del Poder Judicial, su llegada ha destapado un historial de arbitrariedad, intolerancia y desobediencia a la ley.

En el expediente 1783/59, en el que Miguel Zaragoza Fuentes litiga contra su esposa, Evangelina López Guzmán, de 96 años, Royval Guerrero decidió ignorar suspensiones federales dictadas por un juez federal. Al violar de manera consciente las tres modalidades de suspensión —de plano, provisional y definitiva—, dejó a la mujer en un estado de vulnerabilidad absoluta.

No se trata de un hecho aislado. Su paso por la administración pública y la academia ya había dejado huellas de controversia: acusaciones de abuso de autoridad en Seguridad Pública, denuncias por discriminación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al imponer un código de vestimenta en clases virtuales y una constante percepción de falta de preparación e independencia.

Hoy, al frente de un juzgado civil, esos antecedentes se traducen en decisiones que ponen en jaque la confianza ciudadana en la justicia. El caso de Royval Guerrero es la evidencia de que la reforma judicial no erradicó las viejas prácticas de corrupción y sumisión a intereses privados, sino que, en este caso, las reforzó.

La jueza, lejos de impartir justicia, se ha convertido en un peligro para el Estado de derecho en Chihuahua. Su nombre ya se inscribe en la lista de funcionarios que han transformado la toga en un disfraz de impunidad.