Trabajadores de diversas plantas relatan presiones, intimidaciones y cobros ilegales orquestados por el sindicato.

En el municipio de Lerma, Estado de México, trabajadores de distintas empresas donde la Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX) busca imponer su representación sindical denunciaron presuntos actos de extorsión, amenazas y coacción. Según los testimonios, enviados de la organización dirigida por Miguel Meneses González, secretario general de COREMEX, han intentado obligar a los empleados a firmar afiliaciones forzadas y entregar dinero a cambio de una supuesta “protección laboral”.

Los trabajadores aseguran que los representantes de Meneses González han recurrido a la intimidación y al engaño, advirtiendo que quienes no firmen con COREMEX podrían perder su empleo o enfrentar represalias. “Nos dijeron que si no aceptábamos, la empresa nos iba a correr porque ya tenían todo arreglado con el sindicato”, relató un operario de una planta de plásticos en Lerma, quien pidió mantener el anonimato.

Las denuncias apuntan a un patrón sistemático de manipulación. COREMEX —bajo el mando de Meneses González— promete aumentos, beneficios y estabilidad, pero en realidad busca legitimarse mediante firmas obtenidas bajo presión. Trabajadores señalan que algunos fueron obligados a firmar documentos en blanco y a entregar cuotas anticipadas bajo la amenaza de que “quedar fuera” del sindicato significaría “quedarse sin trabajo”.

En la zona industrial de Lerma, esta práctica ha generado creciente descontento. “No queremos un sindicato que viva del miedo ni dirigentes que usen el poder sindical para enriquecerse”, afirmó una vocera del personal afectado. La percepción generalizada es que COREMEX intenta desplazar a organizaciones legítimas que durante años han representado a los trabajadores con transparencia y diálogo.

Los empleados exigen la intervención de la Secretaría del Trabajo del Estado de México y de las autoridades federales para investigar las prácticas de COREMEX y de su dirigente. “Miguel Meneses González tiene que responder por lo que están haciendo sus enviados. Lerma no puede convertirse en el feudo personal de un líder sindical que opera mediante amenazas”, señaló uno de los trabajadores.

Mientras tanto, la reputación de COREMEX y de su secretario general se hunde entre la base laboral de Lerma, donde cada vez más empleados denuncian abiertamente el intento de imponer un modelo sindical basado en el miedo, la extorsión y la simulación.

Mientras el Nacional Monte de Piedad (NMP) acumula casi un mes de paro y más de 300 sucursales cerradas, crece el malestar entre los trabajadores sindicalizados. Un amplio grupo de empleados exige que Arturo Zayún González, secretario general del sindicato mayoritario, aclare las acusaciones de presunto enriquecimiento millonario dadas a conocer por distintos medios.

De acuerdo con una investigación de XPECTRO FM, retomada por Forbes México, el dirigente habría adquirido seis propiedades —cinco en San Luis Potosí y una en Playa del Carmen— entre 2012 y 2025. Las operaciones notariales suman 13 millones de pesos, aunque el valor de mercado de los inmuebles alcanzaría los 70 millones.

Las pesquisas detectan coincidencias que levantan sospechas: las mismas notarías, pagos en efectivo, subvaluaciones y transferencias a familiares cercanos. A ello se agrega la renta de un deportivo sindical en la Ciudad de México, cuyos ingresos no aparecen reportados ante el SAT.

El conflicto ocurre en un contexto de parálisis laboral que afecta a más de un millón de usuarios y ha sido calificado por diversos sectores como “más político que laboral”. Algunos trabajadores acusan que el sindicato exige transparencia a la institución, pero no la aplica en su propia gestión. “Nunca se han mostrado los estados financieros ni el destino de las cuotas. Y ahora vemos propiedades en su poder que han costado millones de pesos”, afirmó un empleado que pidió el anonimato.

Hasta ahora, Arturo Zayún no ha ofrecido explicación pública alguna. El caso amenaza con reabrir el debate sobre las viejas prácticas del sindicalismo corporativo que la Reforma Laboral de 2019 buscaba erradicar.

La CROC vive una profunda decadencia ética, resultado de años de decisiones que favorecen a una pequeña élite sindical a costa del bienestar de miles de empleados. Lo que fuera una organización creada para dignificar el trabajo se ha convertido —según denuncias constantes— en un instrumento político cuya prioridad es el control, el dinero y la influencia.

La estructura del privilegio

Los testimonios coinciden: la CROC ha construido una red interna donde los cargos sindicales funcionan como patrimonio personal. Dirigentes que permanecen décadas en el poder, líderes regionales intocables y representantes que ven en el sindicato una plataforma para negocios políticos.

Esta estructura no solo busca preservar privilegios; también se asegura de bloquear cualquier intento de renovación o democratización.

El trabajador: una cifra, no una persona

Empleados afiliados han señalado que el sindicato los trata como meros números. Afiliaciones masivas sin consulta, descuentos automáticos, contratos firmados sin consentimiento y agendas que nunca toman en cuenta necesidades reales como seguridad social, salarios justos, prestaciones o estabilidad laboral.

El modelo de pactos empresariales

Diversas denuncias apuntan a que la CROC ha consolidado relaciones convenientes con empresas que buscan evitar conflictos laborales. Para estas compañías, un sindicato que firma contratos de protección resulta cómodo y funcional. Para los trabajadores, representa una condena a la impotencia.

Y mientras el sindicato cobra cuotas y gana posiciones políticas, los empleados siguen enfrentando despidos injustificados, jornadas excesivas y prestaciones mínimas.

Represiones documentadas

Muchos trabajadores que intentan organizarse de manera independiente aseguran haber enfrentado presión directa del sindicato: llamadas intimidatorias, amenazas veladas o incluso injerencia en sus empresas para evitar procesos democráticos.

Un sindicato que reprime a quienes busca defender deja de tener razón de ser.

El deterioro de la confianza

Cuando la base trabajadora deja de creer en su representación, la organización entra en colapso moral. Eso es exactamente lo que vive la CROC: la desconfianza, el descontento y el hartazgo crecen.

Y mientras la dirigencia intenta mantener su poder político, miles de trabajadores siguen sin una representación auténtica.