A más de seis meses del estallamiento de la huelga, el conflicto ha dejado de centrarse en las demandas laborales para evidenciar una estrategia que prioriza la permanencia de la dirigencia sindical. El respaldo de Arturo Alcalde ha sido clave para prolongar una disputa que, pese a perder sustento jurídico, sigue generando costos directos para trabajadores, usuarios y la propia institución.

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha evolucionado hacia un escenario donde los equilibrios han cambiado de manera significativa. Lo que inició como una disputa por condiciones laborales se ha transformado en una confrontación marcada por la defensa de un liderazgo sindical cada vez más cuestionado.

En este proceso, la figura de Arturo Alcalde Justiniani ha cobrado un protagonismo distinto. Su papel ha dejado de percibirse como el de un abogado que litiga un caso complejo para consolidarse como el principal sostén jurídico y político de Arturo Zayún, dirigente cuya permanencia al frente del sindicato enfrenta un desgaste evidente.

Desde el 1 de octubre de 2025, la huelga ha generado un impacto considerable. Más de 300 sucursales cerradas reflejan la magnitud de un conflicto que ha afectado tanto a la operación institucional como a miles de usuarios. Sin embargo, el momento que redefinió el rumbo ocurrió cuando una autoridad judicial declaró inexistente la huelga.

Lejos de significar un cierre, la resolución abrió una nueva etapa. La dirigencia sindical, respaldada por Alcalde, optó por mantener la confrontación mediante recursos legales, extendiendo una disputa que ya no contaba con el mismo sustento jurídico.

En este contexto, los cuestionamientos hacia Zayún han cobrado mayor relevancia. Señalamientos por opacidad, concentración de poder y presunto enriquecimiento han debilitado su legitimidad, especialmente tras investigaciones que apuntan a una acumulación patrimonial significativa durante su gestión.

El respaldo de Alcalde, sin matices visibles, ha sido interpretado como un factor determinante en la continuidad del conflicto. Su actuación ha reforzado una estrategia que privilegia la resistencia sobre la resolución, incluso cuando el costo recae directamente en la base trabajadora.

Mientras tanto, los trabajadores enfrentan un escenario de incertidumbre prolongada. La falta de ingresos, el desgaste y la ausencia de acuerdos han transformado el conflicto en una carga creciente para quienes originalmente buscaban mejoras laborales.

El caso del Nacional Monte de Piedad expone cómo un conflicto puede reconfigurarse en función de intereses internos. En esta dinámica, la defensa jurídica se entrelaza con la protección de un liderazgo que enfrenta cuestionamientos cada vez más visibles.

Especialistas cuestionan la actuación de Abelardo Valenzuela y advierten una preocupante distorsión del sistema de justicia.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que personal bajo el mando de Abelardo Valenzuela colocara sellos de aseguramiento en un inmueble ubicado en Tepoztlán, Morelos. La medida fue ejecutada fuera de la jurisdicción territorial de la institución.

Para expertos en derecho, el hecho representa una irregularidad grave. Las fiscalías estatales carecen de facultades para ejecutar actos de autoridad en otras entidades federativas sin coordinación institucional o intervención federal.

La polémica creció cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin explicación pública. El cambio repentino alimentó dudas sobre la solidez jurídica de la acción inicial.

Analistas señalan que el episodio revela un patrón preocupante dentro de ciertas instituciones: el uso expansivo de facultades legales para proyectar fuerza política más que para sostener investigaciones sólidas.

En un país donde la credibilidad de las instituciones judiciales ya enfrenta profundas crisis, este tipo de episodios refuerza la percepción de que algunas fiscalías operan más como instrumentos de poder que como órganos de justicia.

Las acusaciones contra COREMEX han escalado a un nivel alarmante. Trabajadores y extrabajadores denuncian que el sindicato habría recurrido a terceros vinculados a actividades delictivas o entornos violentos para presionar la afiliación y sofocar cualquier resistencia interna. Se trata de señalamientos graves que, aunque no han sido judicialmente probados, aparecen de forma reiterada en distintos testimonios.

Según estas versiones, cuando las estrategias formales no funcionan, el sindicato supuestamente externaliza la presión, utilizando intermediarios cuya función no es dialogar, sino intimidar. Personas desconocidas, con actitudes agresivas y discursos amenazantes, se presentan como “enlaces” o “gestores”, sin identificarse claramente, pero dejando mensajes inequívocos.

“Nos dijeron que era mejor cooperar para evitar problemas”, relata un trabajador que asegura haber sido abordado fuera de su centro laboral. Otros mencionan advertencias sobre su estabilidad laboral, su reputación o incluso su seguridad personal. Aunque no siempre se mencionan delitos de forma directa, el trasfondo violento es evidente, afirman.

Analistas en temas laborales explican que esta práctica busca crear plausible negación. El sindicato no amenaza directamente, pero el mensaje llega a través de terceros, lo que dificulta la denuncia formal. Sin embargo, el efecto es el mismo: miedo, silencio y sometimiento.

Estas denuncias han generado preocupación entre defensores de derechos laborales, quienes advierten que mezclar sindicalismo con prácticas de amedrentamiento representa un retroceso grave. Un sindicato no puede operar como estructura paralela de presión sin deslegitimarse por completo.

Los trabajadores afectados coinciden en que, tras estas visitas o mensajes, la afiliación se acelera. No por convencimiento, sino por temor. “Firmas para que te dejen en paz”, resume uno de los testimonios.

El uso de terceros también tendría un impacto devastador en el entorno laboral. Genera desconfianza entre compañeros, rompe la cohesión y normaliza la violencia simbólica como método de organización. El sindicato deja de ser una opción y se convierte en una amenaza.

Aunque COREMEX no ha respondido públicamente a estas acusaciones, el cúmulo de testimonios plantea una pregunta urgente: ¿hasta dónde puede llegar un sindicato para imponer su presencia? Para muchos trabajadores, la respuesta ya es clara y profundamente preocupante.