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Nacional

Firman diputados acuerdo con el TEPJF para coordinar sentencias de impugnación

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Se firmó otro convenio en materia de cooperación académica para la publicación de “las nuevas dimensiones de la igualdad sustantiva”

La Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) firmaron este jueves un convenio que buscar “institucionalizar” la coordinación entre los dos poderes respecto de las notificaciones electrónicas de las sentencias que resuelven medios de impugnación. 

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Marcela Guerra Castillo, explicó que “esto tiene que ver con la elección de diputados en el proceso electoral vigente en este año y con ello garantizar la correcta instalación de la próxima Legislatura”.

Aunado a este convenio, se firmó otro más para en materia de cooperación académica para la publicación de “las nuevas dimensiones de la igualdad sustantiva”, con la cual se realizará un compendio de las sentencias relativas en materia de igualdad sustantiva y las reformas que se materializaron con dichas sentencias.

Al respecto, hace un mes tuvieron un encuentro la diputada Guerra Castillo y la presidenta Magistrada del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, donde acordaron la actualización de un convenio de colaboración en materia de cooperación académica y difusión de publicaciones, relacionadas con las nuevas dimensiones de la igualdad sustantiva.

Desde entonces, se acordó la actualización de un convenio para la colaboración en la cooperación académica y difusión de publicaciones relacionadas con la igualdad sustantiva.

Ahí, también se había adelantado que se celebraría un convenio para institucionalizar la coordinación entre San Lázaro y el TEPJF, respecto de las notificaciones de las sentencias que resuelven medios de impugnación de la elección de diputadas y diputados federales.

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Chihuahua

Equipo legal de López Elías señala anomalías en Chihuahua

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En una denuncia administrativa presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicialcontra el juez de Primera Instancia y juez de Control del Distrito Judicial Morelos, quien estuvo a cargo de la causa penal 3050/2024, el abogado César Gutiérrez Priego, líder de la defensa penal del consultor José Pedro López Elías, atribuye diversas conductas al Juez de Control Humberto Chávez Allende consistentes enfalta del deber de lealtad, mantener el control de la causa incluso sabiéndose incompetente, y posibles omisiones de información a los órganos federales dentro del proceso que se ha seguido en contra de López Elías.

El 24 de agosto del presente año se llevó a cabo una audienciaen el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, en la cualel Juez Federal se declaró legalmente competente para conocer del caso del empresario, por lo que cualquier actuación del juzgador local quedaría invalidada, quedando éste ademásobligado a entregar el expediente para que formara parte del fuero federal.

Esta resolución solo confirmó la decisión de competencia federal que tomó un Tribunal Colegiado desde el 9 de enero de 2026, respecto a la misma causa.

Aunado a lo anterior, la representación de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en falsedad de declaracionesfrente a un juzgador, razón por la cual, el litigante presentó la denuncia correspondiente para que conozca de ellas el Ministerio Público Federal.

Los numerosos vicios en el procedimiento, la falta de legalidad y la pérdida de competencia por parte de las autoridades locales han llevado a la representación del abogado Pedro López Elías adenunciar las irregularidades  de los funcionarios de Chihuahua.

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Justicia

Maru Campos choca con Sheinbaum: la crisis por la CIA exhibe los desafíos de seguridad en Chihuahua

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La confrontación entre la gobernadora y la presidenta reabre el debate sobre la coordinación en seguridad, las responsabilidades de los funcionarios estatales y los resultados de la administración de Maru Campos.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta una nueva controversia política tras revelar los detalles de su tensa reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el 19 de septiembre de 2026.

El encuentro estuvo marcado por reclamos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado, así como por diferencias relacionadas con la seguridad pública.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos reconoció que ambas mandatarias elevaron la voz y que la conversación terminó sin resolver sus desacuerdos.

La seguridad de Chihuahua, en el centro del conflicto

El episodio se originó por un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que se reportó la participación de agentes estadounidenses.

Sheinbaum cuestionó las circunstancias en las que ingresaron agentes extranjeros a territorio nacional y sostuvo que era necesario investigar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Campos, por su parte, reclamó la falta de apoyo federal para enfrentar la violencia en distintas regiones de Chihuahua, particularmente en zonas serranas.

Las declaraciones evidencian diferencias sobre la distribución de responsabilidades en materia de seguridad.

Sin embargo, el conflicto también plantea una pregunta para la administración estatal: ¿qué medidas implementó el gobierno de Campos para prevenir, supervisar y responder a los riesgos de seguridad que denuncia?

César Jáuregui y las responsabilidades dentro del gobierno estatal

La controversia adquirió una dimensión adicional cuando Sheinbaum aseguró que Campos había atribuido al exfiscal César Jáuregui Moreno la responsabilidad por el ingreso de agentes estadounidenses.

Según la versión presidencial, la gobernadora también mencionó posibles irregularidades relacionadas con su excolaborador.

Estos señalamientos requieren investigación y no constituyen pruebas definitivas de responsabilidad.

No obstante, el caso hace necesario examinar los mecanismos de supervisión sobre las instituciones de seguridad y procuración de justicia durante la administración estatal.

Abelardo Valenzuela y el caso Javier Corral

En otro frente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela, ha impulsado una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública durante el gobierno de Javier Corral.

El exgobernador ha denunciado una presunta persecución política, mientras la Fiscalía sostiene que sus actuaciones responden a posibles irregularidades financieras.

No se ha acreditado que Maru Campos haya ordenado ilegalmente esa investigación.

Los resultados que deben evaluarse

Las controversias políticas no son suficientes para determinar si una administración ha sido eficiente o ineficiente.

Para evaluar la gestión de Campos es necesario revisar indicadores de homicidios, extorsión, desapariciones, resultados de las investigaciones penales y cumplimiento de compromisos de seguridad.

También debe distinguirse qué responsabilidades corresponden al gobierno estatal y cuáles a las autoridades federales.

Más allá del enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum, la cuestión de fondo es si las instituciones de Chihuahua cuentan con los recursos, la coordinación y los mecanismos de supervisión necesarios para garantizar resultados verificables en seguridad.

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Chihuahua

¡Blindaje para Héctor Acosta! Congreso de Chihuahua impulsa fuero mientras enfrenta denuncia federal

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El Congreso de Chihuahua busca otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado mientras existe una denuncia en su contra ante la FGR.

La reforma plantea interrogantes sobre la protección de los funcionarios y la rendición de cuentas en Chihuahua.

El Congreso de Chihuahua avanza en una reforma para otorgar fuero constitucional a Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con una auditoría.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el 18 de septiembre la propuesta para incorporar al auditor al régimen de protección constitucional, una decisión que ha provocado controversia por el contexto en que se presenta.

Denuncia federal contra Héctor Acosta Félix

De acuerdo con ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la FGR contra Acosta Félix y otros servidores públicos por presuntas conductas relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019.

El denunciante sostiene que esa revisión habría sido utilizada para construir acusaciones penales, pese a la existencia de auditorías anteriores. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

¿A quién protegería el fuero constitucional?

La iniciativa legislativa plantea fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado frente a posibles presiones políticas. Sin embargo, su aprobación podría generar controversias sobre los mecanismos para investigar y exigir responsabilidades a su titular.

El Congreso deberá precisar qué alcance tendría la protección, cómo funcionaría su eventual retiro y qué efectos produciría sobre procedimientos relacionados con el auditor.

La discusión también exige distinguir entre garantizar la autonomía institucional y otorgar privilegios personales a funcionarios públicos.

Mientras la denuncia federal permanece como un elemento central de la controversia, los diputados tendrán que justificar por qué consideran necesaria esta reforma precisamente ahora.

La decisión podría definir la percepción ciudadana sobre la transparencia, la independencia de los organismos fiscalizadores y la responsabilidad de quienes administran el control de los recursos públicos.

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