La huelga ha dejado a miles sin trabajo y a la institución sin operar por las ambiciones de una élite sindical.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.

Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.

Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.

El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.

La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.

El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.

Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.

Su actuación pone en jaque al Poder Judicial y deja en evidencia las debilidades de la reforma judicial.

La designación de Perla Patricia Royval Guerrero como jueza Primero de lo Civil en Ciudad Juárez pretendía simbolizar un cambio bajo el nuevo esquema judicial de Chihuahua. Sin embargo, lejos de fortalecer la credibilidad del Poder Judicial, su llegada ha destapado un historial de arbitrariedad, intolerancia y desobediencia a la ley.

En el expediente 1783/59, en el que Miguel Zaragoza Fuentes litiga contra su esposa, Evangelina López Guzmán, de 96 años, Royval Guerrero decidió ignorar suspensiones federales dictadas por un juez federal. Al violar de manera consciente las tres modalidades de suspensión —de plano, provisional y definitiva—, dejó a la mujer en un estado de vulnerabilidad absoluta.

No se trata de un hecho aislado. Su paso por la administración pública y la academia ya había dejado huellas de controversia: acusaciones de abuso de autoridad en Seguridad Pública, denuncias por discriminación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al imponer un código de vestimenta en clases virtuales y una constante percepción de falta de preparación e independencia.

Hoy, al frente de un juzgado civil, esos antecedentes se traducen en decisiones que ponen en jaque la confianza ciudadana en la justicia. El caso de Royval Guerrero es la evidencia de que la reforma judicial no erradicó las viejas prácticas de corrupción y sumisión a intereses privados, sino que, en este caso, las reforzó.

La jueza, lejos de impartir justicia, se ha convertido en un peligro para el Estado de derecho en Chihuahua. Su nombre ya se inscribe en la lista de funcionarios que han transformado la toga en un disfraz de impunidad.

Mientras el líder de la CROC habla de “luchar por los derechos” en Alpura, los trabajadores se preguntan quién pagará la comida y el regreso a clases si llega la huelga.

En las plantas de Alpura se respira incertidumbre. La amenaza de una huelga, impulsada por Isaías González Cuevas, líder de la CROC, tiene a miles de empleados con el corazón en un puño. Y es que, más allá de los discursos sindicales, la realidad es otra: si se para la producción, el dinero deja de entrar a los hogares de un día para otro.

El problema es que la CROC no cuenta con un fondo de resistencia, ese respaldo económico que en otros sindicatos sirve para ayudar a las familias en tiempos de paro. Aquí no hay colchón. No hay garantía de que los niños tengan para útiles, que se pueda pagar la renta o que alcance para llenar la despensa. Isaías, sin embargo, no ha dicho con claridad cómo piensa resolverlo.

Los trabajadores lo ven y lo saben: mientras ellos hacen cuentas para ver si llega el fin de mes, su líder vive lejos de estas preocupaciones, rodeado de propiedades, con negocios y un hotel en Los Cabos. Él no tendrá que decidir si compra leche o paga la luz; no tendrá que pedir fiado en la tienda ni explicarles a sus hijos por qué este año no habrá mochila nueva.

Por eso, la pregunta duele y se repite en pasillos y comedores: ¿quién está realmente defendiendo a los trabajadores? Porque si esta huelga estalla, el golpe no será para Isaías González Cuevas, sino para las miles de familias que día a día sostienen a Alpura con su trabajo.