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Justicia

Huelguistas de Notimex levantan banderas rojinegras y el campamento tras 46 meses de conflicto

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Adriana Urrea Torres, que encabezó una de las huelgas de mayor duración en la historia obrera de México, anunció que al menos 100 trabajadores ya fueron liquidados

En un acto estremecedor a las 16:40 de este 29 de diciembre, trabajadores y trabajadoras de la extinta Notimex desprendieron las banderas de huelga, tras mil 408 días de lucha por sus derechos laborales, «sin derrota» pero bajo protesta, dijoAdriana Urrea Torres.

Paralelamente se levantaron los 3 campamentos donde sostuvieron el movimiento con el apoyo de numerosas organizaciones, pero sostenida jurídicamente por el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, desde donde se llevó a término la negociación, los acuerdos y la liquidación.

Dijo que las trabajadoras, 80 por ciento quienes sostuvieron el movimiento, ya hablaron con las dos precandidatas a la Presidencia de la República para exigirles que el próximo gobierno enderece la política laboral del país, puesto que el ejemplo de lo sucedido en Notimex es uno entre cientos donde las y los trabajadores son ilegalmente tratados.

Habló a decenas de periodistas que estuvieron en el campamento desde las 13 horas y en presencia de sindicatos, líderes sociales y partidos políticos que apoyaron la huelga, que “se bajó el telón” de una de las empresas autónomas del Estado, con el pretextode que en el sindicato había corrupción, pero que hasta ahora nada se ha probado y, en cambio, “violaron nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos y fuimos perseguidos, amenazados”.

Emocionada, pero firme, agregó:

Perdimos 3 años 10 meses de salario, seguridad, algunas vidas por falta de atención médica, pero no nuestra dignidad

Afirmó que desaparecer por decreto, por encima de la ley, a Notimex es resultado del pésimo desempeño de San Juana Martínez Montemayor, una periodista directora que desde 2020 violó el contrato, “que gastó el presupuesto de Notimex asignado por la Cámara de Diputados durante 2020,2021, 2022 y 2023, sin que la agencia haya trabajado y que no se explica, por lo que “exigimos auditoría, justicia y que esto no quede en la impunidad”.

En conferencia de prensa, en el campamento de Baja California 200 de la colonia Roma, en medio de consignas y aplausos, Urrea Torres afirmó que esta huelga es un hecho sin precedentes, cuya experiencia servirá a las y los trabajadores de los medios, los profesionales más precarizados del país. 

Por ello al convertir a Sutnotimex en un sindicato de industria, en el ramo de la comunicación y el periodismo, podrá apoyar al gremio, pero no solamente, adelantó, a muchas personas trabajadoras campesinas, obreras en general, para trabajar por una nueva política laboral.

En el mismo sentido, la compañía que pretenden levantar será una empresa de comunicación que haga visibles la problemáticas de las y los trabajadores que están ocultas en la información cotidiana. «Hay muchos conflictos que no se ven, no se conocen», dijo.

Dijo también que la decisión del presidente Andrés López Obrador de cerrar la empresa del estado que 55 años informó al mundo sobre México, fue una decisión que lesionó al Estado, violó los derechos humanos de más de 300 trabajadores y trabajadoras y se fundó en la mentira de que ahí había corrupción y mal desempeño profesional. “Una mentira”. 

Nada de eso se pudo probar y, en cambio, desde el principio se violó el derecho de huelga y sistemáticamente se negó el diálogo y la negociación

Rechazó completo el argumento que Notimex cumplió la misión por la que fue creada y que sea sustituida por la conferencia mañanera, pues la labor de la paraestatal fuemás allá de la comunicación oficial que ejerce el presidente y su equipo de comunicación social todos los días.

Explicó que las y los trabajadores buscaron por distintas vías defender su fuente de empleo, sus derechos laborales y humanos vulnerados por Martínez Montemayor y su equipo de trabajo para encontrar una solución al conflicto y posteriormente revertir la decisión del titular del Ejecutivo Federal. “No se pudo”, expresó.

Lamentamos profundamente que como solución al conflicto laboral originado por lapésima gestión de Sanjuana Martínez, el Gobierno federal decidiera extinguir el organismo autónomo y ante este escenario “exigimos que se cumpliera con los procesos previstos para resarcir las violaciones a los derechos de los trabajadores en materia colectiva e individual”.

Todavía quedan pendientes algunos ajustes, lo que depende del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado responsable de liquidar al organismo descentralizado, responsable también cuidar los bienes públicos y garantizar el pleno respeto a los derechos de las y los trabajadores.

En la conferencia, Adriana Urrea Torres. aprovechó para agradecer el apoyo que esta huelga de 46 meses tuvo, tanto en México como en el ámbito internacional.

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Chihuahua

¡Blindaje para Héctor Acosta! Congreso de Chihuahua impulsa fuero mientras enfrenta denuncia federal

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El Congreso de Chihuahua busca otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado mientras existe una denuncia en su contra ante la FGR.

La reforma plantea interrogantes sobre la protección de los funcionarios y la rendición de cuentas en Chihuahua.

El Congreso de Chihuahua avanza en una reforma para otorgar fuero constitucional a Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con una auditoría.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el 18 de septiembre la propuesta para incorporar al auditor al régimen de protección constitucional, una decisión que ha provocado controversia por el contexto en que se presenta.

Denuncia federal contra Héctor Acosta Félix

De acuerdo con ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la FGR contra Acosta Félix y otros servidores públicos por presuntas conductas relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019.

El denunciante sostiene que esa revisión habría sido utilizada para construir acusaciones penales, pese a la existencia de auditorías anteriores. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

¿A quién protegería el fuero constitucional?

La iniciativa legislativa plantea fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado frente a posibles presiones políticas. Sin embargo, su aprobación podría generar controversias sobre los mecanismos para investigar y exigir responsabilidades a su titular.

El Congreso deberá precisar qué alcance tendría la protección, cómo funcionaría su eventual retiro y qué efectos produciría sobre procedimientos relacionados con el auditor.

La discusión también exige distinguir entre garantizar la autonomía institucional y otorgar privilegios personales a funcionarios públicos.

Mientras la denuncia federal permanece como un elemento central de la controversia, los diputados tendrán que justificar por qué consideran necesaria esta reforma precisamente ahora.

La decisión podría definir la percepción ciudadana sobre la transparencia, la independencia de los organismos fiscalizadores y la responsabilidad de quienes administran el control de los recursos públicos.

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Justicia

FUNDACIÓN DONDÉ, BAJO CUESTIONAMIENTO POR CAMPAÑA PUBLICITARIA TRAS REAPERTURA DE MONTE DE PIEDAD

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FUNDACIÓN DONDÉ, BAJO CUESTIONAMIENTO POR CAMPAÑA PUBLICITARIA TRAS REAPERTURA DE MONTE DE PIEDAD

La competencia entre instituciones prendarias tomó un rumbo que comienza a generar cuestionamientos sobre la congruencia entre la responsabilidad social y las estrategias comerciales utilizadas para atraer clientes, particularmente después de la reapertura de Nacional Monte de Piedad.

En este contexto, Fundación Dondé puso en circulación una campaña que utiliza frases relacionadas con el engaño, el abandono y la desconfianza, acompañadas de referencias a relaciones de pareja. Entre los mensajes destaca la expresión “te miente y te sigue cobrando”, además de alusiones a alguien que estuvo ausente durante un año.

Aunque la publicidad evita mencionar expresamente a Nacional Monte de Piedad, su difusión coincide con el regreso de esta institución a las actividades, después de un prolongado conflicto laboral que mantuvo cerradas sus sucursales.

Las referencias permiten interpretar que la campaña busca establecer una relación entre aquella interrupción de operaciones y una supuesta falta de compromiso con los clientes.

La publicidad forma parte de la competencia y cada institución tiene derecho a utilizar recursos creativos para posicionarse. Sin embargo, existe una diferencia importante entre destacar las cualidades propias y construir mensajes que sugieren conductas deshonestas de un competidor, más aún cuando se trata de organizaciones cuya razón de ser está vinculada con la asistencia social.

Las instituciones de asistencia privada reguladas por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México tienen una responsabilidad que trasciende la operación cotidiana de sus servicios. Su actividad está asociada con principios de solidaridad, confianza y atención a personas que enfrentan necesidades económicas.

Por ello, resulta contradictorio que una organización con esa vocación recurra a mensajes que pueden interpretarse como un intento de beneficiarse de las dificultades que enfrentó otra institución del mismo sector.

Durante el periodo de cierre de Nacional Monte de Piedad hubo miles de clientes que tuvieron que esperar para recuperar sus prendas o resolver operaciones pendientes. También hubo trabajadores y familias afectados por la prolongación del conflicto.

Esa situación difícilmente puede reducirse a una broma publicitaria sobre alguien que desapareció y pretende regresar sin dar explicaciones. El uso de ese tipo de referencias puede resultar atractivo desde la perspectiva de una campaña de mercadotecnia, pero deja abierta una discusión sobre los límites que deberían observar las organizaciones que se presentan ante la sociedad como instituciones comprometidas con el bienestar de las personas.

La confianza del público no se construye únicamente con mensajes institucionales o declaraciones de principios. También depende de las decisiones que se toman al comunicar, competir y relacionarse con otros participantes del mercado.

Nacional Monte de Piedad enfrenta ahora el desafío de recuperar plenamente su relación con los clientes y demostrar con hechos su capacidad de respuesta. Pero ese reto no elimina la responsabilidad que tienen sus competidores de actuar con prudencia y respeto.

La reapertura debería representar una oportunidad para fortalecer al sector y recuperar la confianza de los usuarios, no para convertir una crisis laboral en una herramienta de confrontación publicitaria.

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Chihuahua

Carta al Congreso cuestiona diferencias entre auditorías sobre el refinanciamiento de Chihuahua

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López Elías sostiene que la revisión de la Cuenta Pública 2019 no formuló observaciones en la muestra que incluyó la contratación de su despacho.

La misiva pide examinar los fundamentos de una auditoría forense posterior que retomó operaciones de ejercicios anteriores.

La revisión de la contratación de López Elías Finanzas Públicas, S.C., ocupa lugar central en la carta enviada por José Pedro López Elías al Congreso de Chihuahua. El consultor plantea que existen diferencias entre la fiscalización de 2019 y una auditoría forense posterior.

De acuerdo con el escrito, la Auditoría Superior del Estado examinó documentación relacionada con los servicios de estructuración del refinanciamiento de la deuda pública. En la muestra revisada, donde se identificó la contratación del despacho, el organismo no formuló observaciones, sostiene el representante de la empresa.

López Elías refiere que aquella revisión incluyó contratos, facturas y evidencia de recepción de los servicios. También expone que el Congreso estatal dio por concluido el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2019, después de conocer los informes correspondientes de la autoridad fiscalizadora.

El documento incorpora un antecedente: las auditorías federales sobre participaciones y disciplina financiera. Según la carta, la Auditoría Superior de la Federación examinó las dieciséis operaciones de refinanciamiento efectuadas durante 2019, dentro de ejercicios específicos de fiscalización de las finanzas del Gobierno de Chihuahua.

La controversia surge con una auditoría forense vinculada a la Cuenta Pública 2022. López Elías cuestiona los fundamentos utilizados para volver sobre operaciones de ejercicios anteriores y pide examinar la justificación jurídica de esa revisión, así como su relación con los resultados documentados.

El consultor también señala que el nuevo ejercicio no incluyó a bancos ni agencias calificadoras participantes en el refinanciamiento. Esa delimitación, afirma, debe ser considerada al evaluar el alcance de los señalamientos dirigidos contra el prestador de servicios.

La carta coloca esta secuencia de revisiones ante los diputados que analizan otorgar fuero al titular de la ASE. Su petición busca que los antecedentes de fiscalización formen parte de la deliberación legislativa y que las diferencias señaladas sean examinadas con documentación.

Con información de zonafree.mx

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