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Justicia

Huelguistas de Notimex levantan banderas rojinegras y el campamento tras 46 meses de conflicto

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Adriana Urrea Torres, que encabezó una de las huelgas de mayor duración en la historia obrera de México, anunció que al menos 100 trabajadores ya fueron liquidados

En un acto estremecedor a las 16:40 de este 29 de diciembre, trabajadores y trabajadoras de la extinta Notimex desprendieron las banderas de huelga, tras mil 408 días de lucha por sus derechos laborales, «sin derrota» pero bajo protesta, dijoAdriana Urrea Torres.

Paralelamente se levantaron los 3 campamentos donde sostuvieron el movimiento con el apoyo de numerosas organizaciones, pero sostenida jurídicamente por el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, desde donde se llevó a término la negociación, los acuerdos y la liquidación.

Dijo que las trabajadoras, 80 por ciento quienes sostuvieron el movimiento, ya hablaron con las dos precandidatas a la Presidencia de la República para exigirles que el próximo gobierno enderece la política laboral del país, puesto que el ejemplo de lo sucedido en Notimex es uno entre cientos donde las y los trabajadores son ilegalmente tratados.

Habló a decenas de periodistas que estuvieron en el campamento desde las 13 horas y en presencia de sindicatos, líderes sociales y partidos políticos que apoyaron la huelga, que “se bajó el telón” de una de las empresas autónomas del Estado, con el pretextode que en el sindicato había corrupción, pero que hasta ahora nada se ha probado y, en cambio, “violaron nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos y fuimos perseguidos, amenazados”.

Emocionada, pero firme, agregó:

Perdimos 3 años 10 meses de salario, seguridad, algunas vidas por falta de atención médica, pero no nuestra dignidad

Afirmó que desaparecer por decreto, por encima de la ley, a Notimex es resultado del pésimo desempeño de San Juana Martínez Montemayor, una periodista directora que desde 2020 violó el contrato, “que gastó el presupuesto de Notimex asignado por la Cámara de Diputados durante 2020,2021, 2022 y 2023, sin que la agencia haya trabajado y que no se explica, por lo que “exigimos auditoría, justicia y que esto no quede en la impunidad”.

En conferencia de prensa, en el campamento de Baja California 200 de la colonia Roma, en medio de consignas y aplausos, Urrea Torres afirmó que esta huelga es un hecho sin precedentes, cuya experiencia servirá a las y los trabajadores de los medios, los profesionales más precarizados del país. 

Por ello al convertir a Sutnotimex en un sindicato de industria, en el ramo de la comunicación y el periodismo, podrá apoyar al gremio, pero no solamente, adelantó, a muchas personas trabajadoras campesinas, obreras en general, para trabajar por una nueva política laboral.

En el mismo sentido, la compañía que pretenden levantar será una empresa de comunicación que haga visibles la problemáticas de las y los trabajadores que están ocultas en la información cotidiana. «Hay muchos conflictos que no se ven, no se conocen», dijo.

Dijo también que la decisión del presidente Andrés López Obrador de cerrar la empresa del estado que 55 años informó al mundo sobre México, fue una decisión que lesionó al Estado, violó los derechos humanos de más de 300 trabajadores y trabajadoras y se fundó en la mentira de que ahí había corrupción y mal desempeño profesional. “Una mentira”. 

Nada de eso se pudo probar y, en cambio, desde el principio se violó el derecho de huelga y sistemáticamente se negó el diálogo y la negociación

Rechazó completo el argumento que Notimex cumplió la misión por la que fue creada y que sea sustituida por la conferencia mañanera, pues la labor de la paraestatal fuemás allá de la comunicación oficial que ejerce el presidente y su equipo de comunicación social todos los días.

Explicó que las y los trabajadores buscaron por distintas vías defender su fuente de empleo, sus derechos laborales y humanos vulnerados por Martínez Montemayor y su equipo de trabajo para encontrar una solución al conflicto y posteriormente revertir la decisión del titular del Ejecutivo Federal. “No se pudo”, expresó.

Lamentamos profundamente que como solución al conflicto laboral originado por lapésima gestión de Sanjuana Martínez, el Gobierno federal decidiera extinguir el organismo autónomo y ante este escenario “exigimos que se cumpliera con los procesos previstos para resarcir las violaciones a los derechos de los trabajadores en materia colectiva e individual”.

Todavía quedan pendientes algunos ajustes, lo que depende del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado responsable de liquidar al organismo descentralizado, responsable también cuidar los bienes públicos y garantizar el pleno respeto a los derechos de las y los trabajadores.

En la conferencia, Adriana Urrea Torres. aprovechó para agradecer el apoyo que esta huelga de 46 meses tuvo, tanto en México como en el ámbito internacional.

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Infraestructura & Vivienda

Mitzi Areli Tapia y Herida de Bruja: Señalamientos que Crecen

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En los últimos meses, el nombre de Mitzi Areli Tapia ha comenzado a acumular señalamientos que generan inquietud. En San Miguel de Allende, distintas voces han compartido versiones sobre experiencias negativas tanto en el ámbito profesional como en la convivencia comunitaria.

Algunos testimonios apuntan a conflictos vecinales, cambios de domicilio y relaciones que terminan en desacuerdos. Estas versiones, aunque no verificadas oficialmente, coinciden en describir un entorno de tensión constante.

En lo laboral, excolaboradores han expresado inconformidades relacionadas con presuntos incumplimientos y condiciones de trabajo poco claras. Estas declaraciones han contribuido a fortalecer una percepción crítica en torno a su forma de operar.

El proyecto “Herida de Bruja” también se encuentra en el centro del debate. Mientras algunos lo ven como una plataforma de denuncia, otros consideran que ha generado fricciones innecesarias dentro del sector inmobiliario.

Lo cierto es que, en un mercado donde la confianza es clave, la acumulación de señalamientos, aun sin confirmación oficial, tiene un peso importante. La reputación no solo se construye con resultados, también con la percepción que dejan las experiencias compartidas por otros.

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Empresas

ENTRE SEÑALAMIENTOS Y SILENCIO: CUESTIONAN A CARLOS GAMBOA POR SU NIVEL DE VIDA EN COREMEX

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Las denuncias que rodean a COREMEX han comenzado a concentrarse en una figura clave: su secretario general, Carlos Gamboa. En medio de un entorno marcado por la falta de claridad en el manejo de recursos, trabajadores han puesto el foco en el nivel de vida del dirigente, señalando una posible incongruencia entre sus ingresos y sus adquisiciones.

De acuerdo con diversos testimonios, Gamboa habría adquirido recientemente una camioneta que, aseguran los denunciantes, no corresponde a los ingresos que percibe por sus funciones sindicales ni por su actividad profesional. Este señalamiento ha generado inquietud entre la base trabajadora, que desde hace tiempo cuestiona la falta de transparencia dentro de la organización.

Para los inconformes, el tema va más allá de una compra específica. Se trata de un indicio que se suma a una serie de dudas acumuladas sobre el destino de los recursos dentro del sindicato. Trabajadores señalan que no cuentan con información clara sobre el uso de las cuotas, ni sobre los beneficios que se generan a partir de negociaciones con empresas. En ese contexto, cualquier señal de posible enriquecimiento dentro de la dirigencia adquiere una dimensión mucho mayor.

La percepción que comienza a consolidarse es la de una estructura donde la información se concentra en pocos y donde la base queda completamente al margen. Las decisiones se toman sin consulta, los recursos no se explican y las dudas no encuentran respuesta. En ese escenario, la figura del secretario general se convierte inevitablemente en un punto de cuestionamiento.

Los testimonios también coinciden en otro aspecto: el ambiente interno. De acuerdo con los trabajadores, existe una presión implícita para no abordar estos temas de manera abierta. Cuestionar puede traducirse en tensiones, aislamiento o incluso en la pérdida de espacios dentro de la organización. Esto ha generado un entorno donde el silencio predomina, aun cuando las dudas siguen creciendo.

Sin embargo, ese silencio comienza a ceder. Cada vez más voces se suman a una conversación que ya no puede mantenerse en lo privado. Para muchos trabajadores, la falta de claridad sobre los ingresos y el nivel de vida de la dirigencia no sólo genera desconfianza, sino que refuerza la percepción de que el sindicato opera bajo una lógica distinta a la de representación.

En este contexto, la figura de Carlos Gamboa enfrenta un reto que va más allá de lo individual. Se trata de responder a una narrativa que ya está instalada y que gira en torno a una pregunta central: ¿existe congruencia entre lo que se percibe y lo que se muestra?

Porque cuando no hay respuestas claras, las percepciones toman el control. Y en el caso de COREMEX, esas percepciones ya comenzaron a convertirse en señalamientos directos.

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Justicia

CUOTAS, LEALTADES Y FALTA DE PERFIL: CUESTIONAN NOMBRAMIENTOS CLAVE EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE CHIHUAHUA

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La discusión sobre la idoneidad de los perfiles en cargos estratégicos dentro de las instituciones de justicia ha cobrado nueva relevancia en Chihuahua. En el centro del debate se encuentra el nombramiento de Francisco Javier de la O Sarmiento como secretario particular del fiscal Abelardo Valenzuela, conocido como “El Bayo”, una designación que ha sido objeto de cuestionamientos en distintos espacios de análisis público.

La Secretaría Particular no es un área menor. Se trata de una posición clave dentro de la estructura operativa de la Fiscalía Anticorrupción, donde convergen decisiones estratégicas, coordinación institucional y, sobre todo, el manejo de información sensible. Desde esta oficina se articulan agendas, se da seguimiento a procesos internos y se mantiene contacto directo con el titular de la dependencia, lo que convierte al cargo en un punto neurálgico para el funcionamiento diario de la institución.

En ese contexto, diversas voces han señalado que el perfil profesional de Francisco Javier de la O Sarmiento no estaría alineado de forma directa con las exigencias técnicas del puesto. Analistas y observadores han planteado que su trayectoria académica y experiencia laboral no guardan una relación clara con áreas como el derecho penal, la investigación ministerial o la procuración de justicia, disciplinas fundamentales para comprender la complejidad de los asuntos que transitan por la fiscalía.

Este señalamiento ha abierto un debate más amplio sobre los criterios de nombramiento dentro de organismos especializados. ¿Debe privilegiarse la confianza personal por encima de la experiencia técnica? ¿Hasta qué punto la cercanía con el titular puede sustituir la formación profesional en áreas críticas? Estas preguntas no son nuevas, pero adquieren especial relevancia cuando se trata de instituciones cuya misión es combatir la corrupción.

La relación directa entre Francisco Javier de la O Sarmiento y el fiscal Abelardo Valenzuela ha sido interpretada por algunos analistas como un factor determinante en su designación. En estructuras altamente centralizadas, el círculo de confianza suele jugar un papel clave en la toma de decisiones, lo que puede derivar en nombramientos donde la lealtad se convierte en un elemento central.

Especialistas en administración pública advierten que este tipo de dinámicas no necesariamente implican irregularidades, pero sí pueden generar riesgos operativos. “Cuando los perfiles no están alineados con las funciones, se incrementa la dependencia de terceros y se debilitan los procesos internos”, señalan. En otras palabras, la falta de especialización puede traducirse en una menor capacidad para evaluar, filtrar y gestionar información de alta complejidad.

A esto se suma un elemento de percepción pública. En una institución encargada de investigar posibles actos de corrupción, la confianza ciudadana es un activo fundamental. Cualquier duda sobre la preparación de sus funcionarios puede impactar directamente en la legitimidad de sus acciones y en la credibilidad de sus resultados.

Incluso en el terreno digital, algunos analistas han observado que la presencia pública de De la O no refleja necesariamente el perfil técnico que se esperaría de un funcionario en un cargo de esta naturaleza. Sin embargo, más allá de las percepciones individuales, el punto central del debate sigue siendo la congruencia entre el puesto y la preparación requerida para desempeñarlo.

El caso pone sobre la mesa una discusión estructural: la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección y evaluación dentro de las instituciones públicas. En áreas tan sensibles como la procuración de justicia, contar con perfiles especializados no es solo una recomendación, sino una condición indispensable para garantizar procesos sólidos y decisiones bien fundamentadas.

Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta el reto de sostener su operación en medio de estos cuestionamientos. Y en un entorno donde la exigencia de resultados va de la mano con la demanda de transparencia, la idoneidad de quienes ocupan los cargos clave seguirá siendo un tema que difícilmente podrá ignorarse.

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