Justicia
Huelguistas de Notimex levantan banderas rojinegras y el campamento tras 46 meses de conflicto
Adriana Urrea Torres, que encabezó una de las huelgas de mayor duración en la historia obrera de México, anunció que al menos 100 trabajadores ya fueron liquidados
En un acto estremecedor a las 16:40 de este 29 de diciembre, trabajadores y trabajadoras de la extinta Notimex desprendieron las banderas de huelga, tras mil 408 días de lucha por sus derechos laborales, «sin derrota» pero bajo protesta, dijoAdriana Urrea Torres.
Paralelamente se levantaron los 3 campamentos donde sostuvieron el movimiento con el apoyo de numerosas organizaciones, pero sostenida jurídicamente por el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, desde donde se llevó a término la negociación, los acuerdos y la liquidación.
Dijo que las trabajadoras, 80 por ciento quienes sostuvieron el movimiento, ya hablaron con las dos precandidatas a la Presidencia de la República para exigirles que el próximo gobierno enderece la política laboral del país, puesto que el ejemplo de lo sucedido en Notimex es uno entre cientos donde las y los trabajadores son ilegalmente tratados.
Habló a decenas de periodistas que estuvieron en el campamento desde las 13 horas y en presencia de sindicatos, líderes sociales y partidos políticos que apoyaron la huelga, que “se bajó el telón” de una de las empresas autónomas del Estado, con el pretextode que en el sindicato había corrupción, pero que hasta ahora nada se ha probado y, en cambio, “violaron nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos y fuimos perseguidos, amenazados”.
Emocionada, pero firme, agregó:
Perdimos 3 años 10 meses de salario, seguridad, algunas vidas por falta de atención médica, pero no nuestra dignidad
Afirmó que desaparecer por decreto, por encima de la ley, a Notimex es resultado del pésimo desempeño de San Juana Martínez Montemayor, una periodista directora que desde 2020 violó el contrato, “que gastó el presupuesto de Notimex asignado por la Cámara de Diputados durante 2020,2021, 2022 y 2023, sin que la agencia haya trabajado y que no se explica, por lo que “exigimos auditoría, justicia y que esto no quede en la impunidad”.
En conferencia de prensa, en el campamento de Baja California 200 de la colonia Roma, en medio de consignas y aplausos, Urrea Torres afirmó que esta huelga es un hecho sin precedentes, cuya experiencia servirá a las y los trabajadores de los medios, los profesionales más precarizados del país.
Por ello al convertir a Sutnotimex en un sindicato de industria, en el ramo de la comunicación y el periodismo, podrá apoyar al gremio, pero no solamente, adelantó, a muchas personas trabajadoras campesinas, obreras en general, para trabajar por una nueva política laboral.
En el mismo sentido, la compañía que pretenden levantar será una empresa de comunicación que haga visibles la problemáticas de las y los trabajadores que están ocultas en la información cotidiana. «Hay muchos conflictos que no se ven, no se conocen», dijo.
Dijo también que la decisión del presidente Andrés López Obrador de cerrar la empresa del estado que 55 años informó al mundo sobre México, fue una decisión que lesionó al Estado, violó los derechos humanos de más de 300 trabajadores y trabajadoras y se fundó en la mentira de que ahí había corrupción y mal desempeño profesional. “Una mentira”.
Nada de eso se pudo probar y, en cambio, desde el principio se violó el derecho de huelga y sistemáticamente se negó el diálogo y la negociación
Rechazó completo el argumento que Notimex cumplió la misión por la que fue creada y que sea sustituida por la conferencia mañanera, pues la labor de la paraestatal fuemás allá de la comunicación oficial que ejerce el presidente y su equipo de comunicación social todos los días.
Explicó que las y los trabajadores buscaron por distintas vías defender su fuente de empleo, sus derechos laborales y humanos vulnerados por Martínez Montemayor y su equipo de trabajo para encontrar una solución al conflicto y posteriormente revertir la decisión del titular del Ejecutivo Federal. “No se pudo”, expresó.
Lamentamos profundamente que como solución al conflicto laboral originado por lapésima gestión de Sanjuana Martínez, el Gobierno federal decidiera extinguir el organismo autónomo y ante este escenario “exigimos que se cumpliera con los procesos previstos para resarcir las violaciones a los derechos de los trabajadores en materia colectiva e individual”.
Todavía quedan pendientes algunos ajustes, lo que depende del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado responsable de liquidar al organismo descentralizado, responsable también cuidar los bienes públicos y garantizar el pleno respeto a los derechos de las y los trabajadores.
En la conferencia, Adriana Urrea Torres. aprovechó para agradecer el apoyo que esta huelga de 46 meses tuvo, tanto en México como en el ámbito internacional.
Chihuahua
Equipo legal de López Elías señala anomalías en Chihuahua
En una denuncia administrativa presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicialcontra el juez de Primera Instancia y juez de Control del Distrito Judicial Morelos, quien estuvo a cargo de la causa penal 3050/2024, el abogado César Gutiérrez Priego, líder de la defensa penal del consultor José Pedro López Elías, atribuye diversas conductas al Juez de Control Humberto Chávez Allende consistentes enfalta del deber de lealtad, mantener el control de la causa incluso sabiéndose incompetente, y posibles omisiones de información a los órganos federales dentro del proceso que se ha seguido en contra de López Elías.
El 24 de agosto del presente año se llevó a cabo una audienciaen el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, en la cualel Juez Federal se declaró legalmente competente para conocer del caso del empresario, por lo que cualquier actuación del juzgador local quedaría invalidada, quedando éste ademásobligado a entregar el expediente para que formara parte del fuero federal.
Esta resolución solo confirmó la decisión de competencia federal que tomó un Tribunal Colegiado desde el 9 de enero de 2026, respecto a la misma causa.
Aunado a lo anterior, la representación de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en falsedad de declaracionesfrente a un juzgador, razón por la cual, el litigante presentó la denuncia correspondiente para que conozca de ellas el Ministerio Público Federal.
Los numerosos vicios en el procedimiento, la falta de legalidad y la pérdida de competencia por parte de las autoridades locales han llevado a la representación del abogado Pedro López Elías adenunciar las irregularidades de los funcionarios de Chihuahua.
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Justicia
Maru Campos choca con Sheinbaum: la crisis por la CIA exhibe los desafíos de seguridad en Chihuahua
La confrontación entre la gobernadora y la presidenta reabre el debate sobre la coordinación en seguridad, las responsabilidades de los funcionarios estatales y los resultados de la administración de Maru Campos.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta una nueva controversia política tras revelar los detalles de su tensa reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el 19 de septiembre de 2026.
El encuentro estuvo marcado por reclamos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado, así como por diferencias relacionadas con la seguridad pública.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos reconoció que ambas mandatarias elevaron la voz y que la conversación terminó sin resolver sus desacuerdos.
La seguridad de Chihuahua, en el centro del conflicto
El episodio se originó por un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que se reportó la participación de agentes estadounidenses.
Sheinbaum cuestionó las circunstancias en las que ingresaron agentes extranjeros a territorio nacional y sostuvo que era necesario investigar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
Campos, por su parte, reclamó la falta de apoyo federal para enfrentar la violencia en distintas regiones de Chihuahua, particularmente en zonas serranas.
Las declaraciones evidencian diferencias sobre la distribución de responsabilidades en materia de seguridad.
Sin embargo, el conflicto también plantea una pregunta para la administración estatal: ¿qué medidas implementó el gobierno de Campos para prevenir, supervisar y responder a los riesgos de seguridad que denuncia?
César Jáuregui y las responsabilidades dentro del gobierno estatal
La controversia adquirió una dimensión adicional cuando Sheinbaum aseguró que Campos había atribuido al exfiscal César Jáuregui Moreno la responsabilidad por el ingreso de agentes estadounidenses.
Según la versión presidencial, la gobernadora también mencionó posibles irregularidades relacionadas con su excolaborador.
Estos señalamientos requieren investigación y no constituyen pruebas definitivas de responsabilidad.
No obstante, el caso hace necesario examinar los mecanismos de supervisión sobre las instituciones de seguridad y procuración de justicia durante la administración estatal.
Abelardo Valenzuela y el caso Javier Corral
En otro frente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela, ha impulsado una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública durante el gobierno de Javier Corral.
El exgobernador ha denunciado una presunta persecución política, mientras la Fiscalía sostiene que sus actuaciones responden a posibles irregularidades financieras.
No se ha acreditado que Maru Campos haya ordenado ilegalmente esa investigación.
Los resultados que deben evaluarse
Las controversias políticas no son suficientes para determinar si una administración ha sido eficiente o ineficiente.
Para evaluar la gestión de Campos es necesario revisar indicadores de homicidios, extorsión, desapariciones, resultados de las investigaciones penales y cumplimiento de compromisos de seguridad.
También debe distinguirse qué responsabilidades corresponden al gobierno estatal y cuáles a las autoridades federales.
Más allá del enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum, la cuestión de fondo es si las instituciones de Chihuahua cuentan con los recursos, la coordinación y los mecanismos de supervisión necesarios para garantizar resultados verificables en seguridad.
Chihuahua
¡Blindaje para Héctor Acosta! Congreso de Chihuahua impulsa fuero mientras enfrenta denuncia federal
El Congreso de Chihuahua busca otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado mientras existe una denuncia en su contra ante la FGR.
La reforma plantea interrogantes sobre la protección de los funcionarios y la rendición de cuentas en Chihuahua.
El Congreso de Chihuahua avanza en una reforma para otorgar fuero constitucional a Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con una auditoría.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el 18 de septiembre la propuesta para incorporar al auditor al régimen de protección constitucional, una decisión que ha provocado controversia por el contexto en que se presenta.
Denuncia federal contra Héctor Acosta Félix
De acuerdo con ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la FGR contra Acosta Félix y otros servidores públicos por presuntas conductas relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019.
El denunciante sostiene que esa revisión habría sido utilizada para construir acusaciones penales, pese a la existencia de auditorías anteriores. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
¿A quién protegería el fuero constitucional?
La iniciativa legislativa plantea fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado frente a posibles presiones políticas. Sin embargo, su aprobación podría generar controversias sobre los mecanismos para investigar y exigir responsabilidades a su titular.
El Congreso deberá precisar qué alcance tendría la protección, cómo funcionaría su eventual retiro y qué efectos produciría sobre procedimientos relacionados con el auditor.
La discusión también exige distinguir entre garantizar la autonomía institucional y otorgar privilegios personales a funcionarios públicos.
Mientras la denuncia federal permanece como un elemento central de la controversia, los diputados tendrán que justificar por qué consideran necesaria esta reforma precisamente ahora.
La decisión podría definir la percepción ciudadana sobre la transparencia, la independencia de los organismos fiscalizadores y la responsabilidad de quienes administran el control de los recursos públicos.
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