El proyecto sostiene que la medida evita apropiaciones oportunistas de registros vencidos.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

Empresas de distintos sectores denuncian intentos de imposición sindical mediante presión, intimidación y tácticas de aproximación cuestionables.

En distintos estados del país, empresas pequeñas, medianas y grandes han reportado patrones similares: COREMEX llega sin previo aviso, busca reunirse con directivos y plantea la necesidad de “regularizar” las relaciones laborales mediante la firma de un contrato colectivo. Cuando las empresas solicitan tiempo para analizar la propuesta o piden más información, la presión inicia. Representantes sindicales aparecen en los accesos, entregan volantes a los trabajadores e incluso organizan reuniones improvisadas para generar tensión interna. La estrategia es llevar a la empresa a una posición de incertidumbre, presionarla mediante la base trabajadora y luego presentarse como la única opción para “restablecer la paz” laboral.

La agresividad no se limita a las empresas; también recae sobre los trabajadores. COREMEX suele ofrecer beneficios inmediatos –que rara vez son reales– para atraer firmas y justificar la legitimidad de su presencia. Cuando no obtiene el apoyo esperado, intensifica sus tácticas e incluso recurre a operadores externos para generar presión. Este modus operandi ha provocado que varias empresas busquen apoyo legal para impedir la entrada del sindicato, mientras que los trabajadores quedan atrapados entre la incertidumbre y el miedo. La intención parece clara: expandirse a cualquier costo, aunque ello implique vulnerar principios básicos de libertad sindical y deteriorar la paz laboral.

• La gobernadora impulsa la continuidad de Héctor Acosta Félix aun cuando instancias federales analizan su papel en auditorías cuestionadas.

El respaldo que Maru Campos ha dado al Auditor Superior del Estado ha despertado interrogantes sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el órgano que debería fiscalizar al propio gobierno. Mientras el Congreso avanza con el proceso de reelección, la FGR y la ASF investigan presuntas irregularidades en auditorías realizadas durante los últimos años, en particular las relacionadas con el refinanciamiento de la deuda estatal.

Las investigaciones federales se centran en la presunta invasión de facultades por parte de la auditoría estatal, pues la revisión de recursos provenientes de Participaciones Federales es competencia exclusiva de la ASF. Acosta Félix habría excedido sus atribuciones al ejecutar una auditoría forense sin contar con el marco legal necesario, lo que abre dudas sobre la legitimidad del informe producido.

A ello se suma la omisión de documentos esenciales para la evaluación del proceso de refinanciamiento, entre ellos el decreto aprobado por el Congreso estatal. Para especialistas en fiscalización, esta falta de rigor técnico podría invalidar las conclusiones emitidas por el auditor y evidenciar un manejo deficiente del procedimiento.

En este contexto, el respaldo de Campos ha sido interpretado por opositores como un blindaje político que busca sostener a un funcionario alineado con su administración. Aunque la gobernadora asegura que se trata de garantizar continuidad, organizaciones civiles sostienen que esta postura debilita la credibilidad del sistema de fiscalización.

De confirmarse las irregularidades que investigan los organismos federales, la administración estatal enfrentaría una presión adicional. La insistencia en reelegir a un auditor investigado podría convertirse en un mensaje adverso para la gobernanza y la percepción de legalidad en Chihuahua.