El arquitecto suma un nuevo reconocimiento a su carrera profesional, destacando por una trayectoria construida alrededor del diseño, la creatividad y el compromiso con la transformación de los espacios.

El arquitecto Alejandro Loera Aguilar fue reconocido por su trayectoria y desempeño profesional, una distinción que destaca los años de trabajo, preparación y dedicación que ha destinado al desarrollo de su carrera dentro de la arquitectura.

El reconocimiento representa un nuevo logro para Loera Aguilar y pone en valor una profesión que requiere encontrar un equilibrio permanente entre creatividad, funcionalidad, conocimiento técnico y las necesidades de quienes utilizan cada espacio.

A lo largo de su carrera, Alejandro Loera Aguilar ha encontrado en la arquitectura una oportunidad para transformar ideas en proyectos, entendiendo que detrás de cada diseño existe también la responsabilidad de crear espacios capaces de responder a su entorno y a las personas.

Su trayectoria refleja además uno de los principales retos de la profesión: evolucionar constantemente. Las ciudades cambian, surgen nuevas necesidades y la manera de habitar los espacios se transforma, obligando a los arquitectos a desarrollar nuevas soluciones y adaptar su visión a los desafíos de cada época.

En ese sentido, la distinción otorgada a Loera Aguilar reconoce no solamente el camino recorrido, sino también la constancia necesaria para construir una carrera profesional dentro de una disciplina que tiene una influencia directa en la vida cotidiana.

Desde una vivienda hasta un espacio público o un proyecto de mayor escala, la arquitectura comienza con una idea, pero requiere planeación, conocimiento y visión para convertirse en realidad.

Para Alejandro Loera Aguilar, este reconocimiento representa un momento importante dentro de su carrera y un impulso para continuar desarrollando proyectos y enfrentando nuevos desafíos profesionales.

La distinción se convierte así en un reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la dedicación que han acompañado su trayectoria, consolidando una carrera en la que diseñar y construir también significa dejar una huella en el entorno y en las personas que lo habitan.

La defensa cuestiona que las actuaciones relacionadas con el caso hayan alcanzado al entorno familiar del empresario, quien enfrenta además un tratamiento contra el cáncer.

Investigar un posible delito es una facultad de las autoridades. Hacerlo respetando los límites que establece la ley y los derechos fundamentales es también una obligación. Bajo esa premisa, la familia de José Pedro López Elías llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sus hijos, Fátima López y Mauricio López, acompañados por el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera, solicitaron medidas cautelares al considerar que el proceso relacionado con el empresario habría dejado de limitarse al ámbito judicial y derivado en presuntas acciones de hostigamiento, vigilancia y presión contra su familia.

El señalamiento resulta especialmente delicado porque cuestiona no la existencia de una investigación, sino la manera en que presuntamente se estaría desarrollando.

La familia sostiene que personas ajenas directamente al procedimiento habrían comenzado a resentir sus consecuencias, situación que motivó la búsqueda de protección fuera de las instituciones locales.

Dentro de la solicitud aparecen señalamientos contra el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, y la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Los promoventes les atribuyen responsabilidad política por el contexto que aseguran enfrentar.

Hasta ahora, esas acusaciones constituyen la versión de la familia y no una determinación de responsabilidad emitida por la CIDH.

Pero el expediente incorpora otro elemento que eleva la preocupación de los promoventes: la salud de José Pedro López Elías.

Su representación legal asegura que padece cáncer y necesita tratamiento médico especializado de forma permanente. Frente a ello, advierte que cualquier interrupción o dificultad para acceder a dicha atención podría tener consecuencias graves.

La solicitud pide precisamente establecer salvaguardas para garantizar su tratamiento, proteger su integridad y la de su familia y asegurar que las actuaciones de las autoridades respeten el debido proceso.

La defensa insiste en que acudir a la CIDH no significa pedir impunidad ni detener una investigación. Su argumento es distinto: investigar no debería significar intimidar, y ejercer las facultades del Estado tampoco debería permitir que las consecuencias de un proceso se extiendan indiscriminadamente hacia una familia.

La documentación presentada incluye informes médicos, antecedentes judiciales y otros elementos que serán evaluados por la Comisión.

La CIDH deberá determinar ahora si existe una situación de gravedad, urgencia y riesgo suficiente para conceder las medidas solicitadas.

Mientras llega esa decisión, el caso deja una discusión abierta sobre el actuar de las instituciones de Chihuahua: si las autoridades han procedido dentro de sus atribuciones, corresponderá demostrarlo; si existieron excesos, también deberán ser esclarecidos.

ElInstitutode Administración yAvalúosdeBienesNacionales(INDAABIN) publicó hoy el pasado 9 de julio un portafolio deinmuebles federalesdisponibles para dependencias, entidades y otrasinstituciones públicasprevistas en la Ley General de Bienes Nacionales.

Según el propio INDAABIN, ellistadode edificios delgobiernotienevigenciahasta que se difunda laactualizacióndel siguientemes, plazo que debe considerarse paramanifestarpor escrito elinterésde que se destine alguno de los bienes.

Entre losinmueblesenlistados enCDMXaparecen tres ubicaciones en la alcaldíaCuauhtémoc, según el portafolio: un tipo mixto enCalle Santa Veracruz 43, coloniaGuerrero, C.P. 06300; una edificación enCalle Serapio Rendón 9, coloniaSan Rafael, C.P. 06470; y otra edificación enAvenida Balderas 94, coloniaCentro, C.P. 06070.

Para más información, elINDAABINindicó que laDirecciónde Planeación Inmobiliaria atiende en loscorreosepena@indaabin.gob.mx,lsevilla@indaabin.gob.mxyazamora@indaabin.gob.mx.

Programa de la CDMX ofrece departamentos de 700 mil a 900 mil pesos

El programaViviendaenConjuntode laCDMXpermite afamiliascon bajos y medianos ingresoscomprar departamentosde entre700 mily900 mil pesos, con mensualidadessin intereses, como parte de una estrategia delgobiernocapitalino para bajar elcosto finalde la vivienda y evitarcréditoscon tasas altas.

Además del precio de losdepartamentos, el esquema contemplaapoyoseconómicos delINVIque van desde14 milhasta500 mil pesos, según la capacidad depagoy el tipo decrédito. También incluye transferencias de alrededor de45 mil 500 pesospara mecanismos desustentabilidad.

Lainiciativaopera bajo un modelo decoproducciónde vivienda. En ese esquema, elGobiernode laCDMXaportarecursos,suelo,financiamientoyacompañamientoinstitucional, mientras lasorganizacionessociales se encargan de lagestión, laorganizaciónde los beneficiarios y elseguimientode los proyectos.

Elprogramaestá dirigido ahabitantesde lacapitalque necesitan unasolucióndevivienday buscan permanecer en laciudad. También contempla afamiliasque no pueden acceder acréditos tradicionalesy a personas integradas enorganizaciones socialesy cooperativas de vivienda que trabajan con el Instituto deViviendade laCDMX.

Programa exige acreditar ingresos y no tener otra vivienda

Para inscribirse, lapersonasolicitante debe estaracreditadapor el ProgramaVivienda en Conjuntoy formar parte de unproyectodeviviendaaprobado. También debe comprobar uningreso promediode hastatresveces elsalario mínimodiario y encontrarse en un grado alto o muy alto devulnerabilidadpor nivel de ingresos.

Elprogramaprioriza a hogares con mayorescarencias económicas, entre ellosmujeresjefas de familia,madres solterasy personas en situación devulnerabilidad, según la publicación. Entre los requisitos básicos también está no serpropietariode otravivienday no contar concréditovigente deInfonavitni deFOVISSSTE.

En algunos esquemas sociales, además, se pide demostraringresosfamiliaresmenoresa dossalarios mínimos. La documentación requerida incluyeidentificaciónoficial,CURP,comprobantede domicilio reciente y comprobantes deingresosde los últimos tres meses.

Ese es el punto central del programa: pueden solicitar suincorporaciónlas personas que viven en laCDMX, no tienenvivienda propia, cumplen con el límite deingresosfijado por el esquema y ya están integradas a unproyectohabitacional avalado por elinstituto.

La atención para conocer detalles del programa, entregar documentos y resolver dudas se brinda en16 módulosactivos delINVIdistribuidos en distintasalcaldíasde la ciudad.

Parte de esas oficinas se ubican enIztacalco, en Canela 660, colonia Granjas México, y en Oriente 237 59, colonia Agrícola Oriental. También hay módulos enÁlvaro Obregón, en Canarios s/n, colonia Tolteca; enAzcapotzalco, en Avenida 16 de Septiembre 110, colonia San Martín Xochinahuac; y enCoyoacán, en Chichimecas esquina Tepalcatzin, colonia Ajusco.

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