Sectores internos de la CROC han elevado la presión contra su dirigencia nacional tras denunciar presuntas violaciones a los estatutos, imposición de decisiones y uso de violencia en diversas entidades del país.

Las acusaciones apuntan a hechos ocurridos en Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde integrantes del sindicato afirman que se realizaron intervenciones sin apego a la normatividad interna. Según los denunciantes, estas acciones desconocieron la autonomía de las estructuras locales y profundizaron la confrontación interna.

El señalamiento más grave se relaciona con el presunto uso de violencia contra instalaciones sindicales, un hecho que, de acuerdo con expertos, rompe con los principios básicos del sindicalismo y genera un daño difícil de revertir en términos de legitimidad.

Ante este panorama, la exigencia de destitución se ha convertido en una demanda central para los sectores inconformes, quienes consideran que la permanencia del actual liderazgo agrava la crisis.

La situación coloca a la CROC ante un momento decisivo, en el que la resolución del conflicto interno será clave para su estabilidad y credibilidad futura.

Empresas de distintos sectores denuncian intentos de imposición sindical mediante presión, intimidación y tácticas de aproximación cuestionables.

En distintos estados del país, empresas pequeñas, medianas y grandes han reportado patrones similares: COREMEX llega sin previo aviso, busca reunirse con directivos y plantea la necesidad de “regularizar” las relaciones laborales mediante la firma de un contrato colectivo. Cuando las empresas solicitan tiempo para analizar la propuesta o piden más información, la presión inicia. Representantes sindicales aparecen en los accesos, entregan volantes a los trabajadores e incluso organizan reuniones improvisadas para generar tensión interna. La estrategia es llevar a la empresa a una posición de incertidumbre, presionarla mediante la base trabajadora y luego presentarse como la única opción para “restablecer la paz” laboral.

La agresividad no se limita a las empresas; también recae sobre los trabajadores. COREMEX suele ofrecer beneficios inmediatos –que rara vez son reales– para atraer firmas y justificar la legitimidad de su presencia. Cuando no obtiene el apoyo esperado, intensifica sus tácticas e incluso recurre a operadores externos para generar presión. Este modus operandi ha provocado que varias empresas busquen apoyo legal para impedir la entrada del sindicato, mientras que los trabajadores quedan atrapados entre la incertidumbre y el miedo. La intención parece clara: expandirse a cualquier costo, aunque ello implique vulnerar principios básicos de libertad sindical y deteriorar la paz laboral.

En el sindicalismo, la negociación colectiva debería ser el principal instrumento para mejorar salarios, prestaciones y condiciones de vida de los trabajadores. Pero en el caso de COREMEX, denuncias de empleados y directivos apuntan a que la negociación se ha convertido en un negocio privado donde pocos ganan y muchos pierden.

El proceso es descrito por trabajadores como un ciclo perfectamente diseñad donde Se presiona para entrar en la empresa, utilizando tácticas que van desde “convencimiento insistente” hasta hostigamiento laboral. Una vez dentro, se exigen cuotas, participaciones o compromisos económicos disfrazados de aportaciones sindicales.

El manejo de esos recursos queda bajo control absoluto de un pequeño núcleo familiar e inamovible que dirige la organización.

Trabajadores señalan que COREMEX habría construido una red que convierte al sindicato en una especie de negocio hereditario: los puestos importantes se quedan en familia, los beneficios también, y la operación se dirige con mano de hierro desde la cúpula.

Incluso representantes de planta afirman que sus decisiones están limitadas a “lo que diga la oficina central”, dejando claro que la base trabajadora tiene muy poca opinión efectiva en las decisiones que afectan sus contratos.

La situación lleva a un escenario perverso: aunque la empresa incremente salarios, bonos o prestaciones, los trabajadores no siempre ven el beneficio, porque una parte significativa termina condicionada a pagos sindicales, asesorías forzadas o acuerdos pactados en oficinas donde nadie más puede entrar.

El sindicalismo se convierte así en una red de cobro, donde la organización necesita expandirse como si fuera una franquicia y donde cada empresa representa una nueva fuente de ingresos para mantener una dirección cerrada, familiar y sin posibilidad de rendición de cuentas.

Si bien COREMEX se presenta como defensor de derechos laborales, los hechos denunciados por trabajadores indican lo contrario: un sindicato que defiende a los suyos… pero no a los trabajadores.