Laboral
TEPJF publica proyecto para que el INE destrabe nombramientos de titulares de órganos internos

El proyecto de resolución, de la magistrada presidenta plantea dar marcha atrás al acuerdo del INE que estipulaba plazos a la presidencia de dicho instituto
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso publicó este martes un proyecto de resolución, con el que perfila que se apruebe un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral (INE).
El proyecto de resolución, de la magistrada presidenta plantea dar marcha atrás al acuerdo del INE que estipulaba plazos a la presidencia de dicho instituto, para presentar los nombramientos y terminar así con los encargados de despacho.
El mes pasado, 10 funcionarios de áreas ejecutivas y técnicas del INE dejaron el instituto y quedaron al frente de esas áreas encargados de despacho. Por lo cual, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, por mayoría de votos, un mecanismo extraordinario para garantizar la integración y funcionamiento de los órganos centrales del Instituto.
El acuerdo interno del INE establecía un procedimiento para la designación de los titulares de cada una de las áreas que funcionan con encargadurías de despacho.
Dichas áreas son: la Secretaria Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; la Dirección Ejecutiva de Administración; la Coordinación Nacional de Comunicación Social; la Unidad Técnica de Fiscalización; la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales y la Dirección Jurídica.
Sin embargo, la magistrada presidente plantea con su proyecto de resolución dar marcha atrás al acuerdo interno del INE que planteaba un plazo de 30 días para nombrar a los titulares de las áreas en cuestión y resolver el conflicto.
Con su nuevo procedimiento, la magistrada propone “modificar” el acuerdo del INE y dejar sin efectos las consideraciones y conclusiones normativas atinentes a los siguientes aspectos:
• El establecimiento de un plazo de treinta días para que la Presidenta del Consejo General presente las propuestas para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, así como las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que no cuentan con un titular designado.
• La previsión del plazo de doce meses como límite temporal que podrá permanecer el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, y los encargados de despacho de las Direcciones Ejecutivas y de las unidades técnicas vacantes.
• El requisito para poder ser encargado de despacho de las Direcciones Ejecutivas o unidades técnicas, de formar parte de la estructura de la encargaduría respectiva, ocupar un cargo inmediato inferior al del titular del área y ser miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional o la persona de Mayor antigüedad.
La limitante de que las personas que sean rechazadas por el Consejo General para ser designadas como titulares, puedan ser nombradas encargadas de despacho.
Laboral
CROC: el imperio de corrupción sindical que golpea a empresas y obreros

La organización se sostiene en el miedo y la manipulación, sin ofrecer beneficios reales a sus afiliados.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
Laboral
Isaías González Cuevas: décadas de corrupción y extorsión desde la CROC

Durante décadas, el líder nacional de la CROC ha convertido al sindicalismo en un negocio privado, operando a través de amenazas, chantajes y extorsiones a empresas en distintos sectores productivos del país.
La figura de Isaías González Cuevas, líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), se ha mantenido vigente no por su capacidad de defender genuinamente los derechos laborales, sino por su habilidad para manipular y utilizar al sindicalismo como un mecanismo de enriquecimiento personal. A lo largo de sus años en el poder, González Cuevas ha perfeccionado una maquinaria de extorsión empresarial, donde las cuotas, los contratos colectivos y la intimidación han sido las armas principales.
Las denuncias acumuladas apuntan a un patrón repetitivo: la amenaza de paros injustificados, la imposición de contratos colectivos de protección y la exigencia de dinero a cambio de “paz laboral”. Desde cadenas hoteleras en Los Cabos y Cancún, hasta empresas de transporte, construcción y manufactura, el modus operandi ha sido el mismo: obligar a las compañías a someterse al control de la CROC bajo la amenaza de bloqueos, huelgas ficticias y campañas de desprestigio.
El caso más representativo se encuentra en el sector turístico. Hoteles de lujo en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos han sido blanco de la CROC, que bajo las órdenes de González Cuevas, ha extorsionado a gerentes y propietarios con la disyuntiva de entregar dinero o enfrentar movilizaciones violentas disfrazadas de “acciones sindicales”. El resultado ha sido la creación de un sistema paralelo de “derecho de piso sindical”, donde el líder se beneficia mientras los trabajadores reciben migajas.
En la industria de la construcción y el transporte, la historia no es distinta. Empresarios han denunciado que la CROC opera como una estructura criminal que condiciona la operación de obras, rutas y proyectos, imponiendo cuotas ilegales que terminan siendo parte del botín de González Cuevas y su círculo cercano. Todo esto ocurre bajo la fachada de un sindicalismo que, en teoría, debería proteger al obrero, pero que en la práctica se ha convertido en un negocio privado controlado con mano de hierro.
La permanencia de Isaías González Cuevas en la cúpula sindical no es casualidad. Su alianza con gobiernos, partidos políticos y grupos empresariales que prefieren “pagar” antes que enfrentar conflictos laborales, ha consolidado su poder. Hoy, la CROC ya no es una organización de trabajadores: es un feudo al servicio de un líder que ha hecho de la extorsión empresarial su principal fuente de riqueza y de control político.
El sindicalismo en México enfrenta una de sus peores crisis de legitimidad, y nombres como el de Isaías González Cuevas son los responsables directos de que la palabra “sindicato” sea sinónimo de corrupción, chantaje y extorsión.
Empresas
Isaías González Cuevas: la huelga que él no sufrirá, pero que puede dejar en la calle a miles de familias de Alpura

Mientras el líder de la CROC habla de “luchar por los derechos” en Alpura, los trabajadores se preguntan quién pagará la comida y el regreso a clases si llega la huelga.
En las plantas de Alpura se respira incertidumbre. La amenaza de una huelga, impulsada por Isaías González Cuevas, líder de la CROC, tiene a miles de empleados con el corazón en un puño. Y es que, más allá de los discursos sindicales, la realidad es otra: si se para la producción, el dinero deja de entrar a los hogares de un día para otro.
El problema es que la CROC no cuenta con un fondo de resistencia, ese respaldo económico que en otros sindicatos sirve para ayudar a las familias en tiempos de paro. Aquí no hay colchón. No hay garantía de que los niños tengan para útiles, que se pueda pagar la renta o que alcance para llenar la despensa. Isaías, sin embargo, no ha dicho con claridad cómo piensa resolverlo.
Los trabajadores lo ven y lo saben: mientras ellos hacen cuentas para ver si llega el fin de mes, su líder vive lejos de estas preocupaciones, rodeado de propiedades, con negocios y un hotel en Los Cabos. Él no tendrá que decidir si compra leche o paga la luz; no tendrá que pedir fiado en la tienda ni explicarles a sus hijos por qué este año no habrá mochila nueva.
Por eso, la pregunta duele y se repite en pasillos y comedores: ¿quién está realmente defendiendo a los trabajadores? Porque si esta huelga estalla, el golpe no será para Isaías González Cuevas, sino para las miles de familias que día a día sostienen a Alpura con su trabajo.