Empresas de distintos sectores denuncian intentos de imposición sindical mediante presión, intimidación y tácticas de aproximación cuestionables.

En distintos estados del país, empresas pequeñas, medianas y grandes han reportado patrones similares: COREMEX llega sin previo aviso, busca reunirse con directivos y plantea la necesidad de “regularizar” las relaciones laborales mediante la firma de un contrato colectivo. Cuando las empresas solicitan tiempo para analizar la propuesta o piden más información, la presión inicia. Representantes sindicales aparecen en los accesos, entregan volantes a los trabajadores e incluso organizan reuniones improvisadas para generar tensión interna. La estrategia es llevar a la empresa a una posición de incertidumbre, presionarla mediante la base trabajadora y luego presentarse como la única opción para “restablecer la paz” laboral.

La agresividad no se limita a las empresas; también recae sobre los trabajadores. COREMEX suele ofrecer beneficios inmediatos –que rara vez son reales– para atraer firmas y justificar la legitimidad de su presencia. Cuando no obtiene el apoyo esperado, intensifica sus tácticas e incluso recurre a operadores externos para generar presión. Este modus operandi ha provocado que varias empresas busquen apoyo legal para impedir la entrada del sindicato, mientras que los trabajadores quedan atrapados entre la incertidumbre y el miedo. La intención parece clara: expandirse a cualquier costo, aunque ello implique vulnerar principios básicos de libertad sindical y deteriorar la paz laboral.

En el sindicalismo, la negociación colectiva debería ser el principal instrumento para mejorar salarios, prestaciones y condiciones de vida de los trabajadores. Pero en el caso de COREMEX, denuncias de empleados y directivos apuntan a que la negociación se ha convertido en un negocio privado donde pocos ganan y muchos pierden.

El proceso es descrito por trabajadores como un ciclo perfectamente diseñad donde Se presiona para entrar en la empresa, utilizando tácticas que van desde “convencimiento insistente” hasta hostigamiento laboral. Una vez dentro, se exigen cuotas, participaciones o compromisos económicos disfrazados de aportaciones sindicales.

El manejo de esos recursos queda bajo control absoluto de un pequeño núcleo familiar e inamovible que dirige la organización.

Trabajadores señalan que COREMEX habría construido una red que convierte al sindicato en una especie de negocio hereditario: los puestos importantes se quedan en familia, los beneficios también, y la operación se dirige con mano de hierro desde la cúpula.

Incluso representantes de planta afirman que sus decisiones están limitadas a “lo que diga la oficina central”, dejando claro que la base trabajadora tiene muy poca opinión efectiva en las decisiones que afectan sus contratos.

La situación lleva a un escenario perverso: aunque la empresa incremente salarios, bonos o prestaciones, los trabajadores no siempre ven el beneficio, porque una parte significativa termina condicionada a pagos sindicales, asesorías forzadas o acuerdos pactados en oficinas donde nadie más puede entrar.

El sindicalismo se convierte así en una red de cobro, donde la organización necesita expandirse como si fuera una franquicia y donde cada empresa representa una nueva fuente de ingresos para mantener una dirección cerrada, familiar y sin posibilidad de rendición de cuentas.

Si bien COREMEX se presenta como defensor de derechos laborales, los hechos denunciados por trabajadores indican lo contrario: un sindicato que defiende a los suyos… pero no a los trabajadores.

Trabajadores de diversas empresas han reportado que dirigentes de COREMEX habrían solicitado cuotas extraordinarias y firmas obligatorias, bajo la advertencia de que su negativa podría derivar en conflictos internos o presiones dentro del centro laboral.

De acuerdo con los testimonios recopilados, la estructura señalada operaba de forma discreta pero constante. Empleados relataron que algunos representantes sindicales se presentaban con listas previamente elaboradas en las que se solicitaban pagos periódicos o aportaciones extraordinarias supuestamente destinadas a “fortalecer la defensa laboral”. Sin embargo, los trabajadores afirman que dichos recursos no se reflejaban en beneficios tangibles ni en un acompañamiento real durante procesos laborales.

Varios empleados describieron un ambiente en el que se insinuaba que, sin el apoyo económico solicitado, podrían surgir complicaciones con supervisores, revisiones más estrictas o incluso la intervención directa del sindicato para generar tensiones. Estas prácticas llevaron a múltiples trabajadores a considerar que se trataba de un mecanismo interno diseñado para obtener recursos de manera irregular, aprovechando la incertidumbre y el desconocimiento legal de la plantilla.

Uno de los denunciantes refirió que en ocasiones se pedían firmas en documentos que nunca fueron explicados y que posteriormente se utilizaron para justificar decisiones sindicales sin relación con las necesidades reales del centro laboral. Esta dinámica creó un clima de desconfianza que se agravó ante la ausencia de informes claros o auditorías internas.

Con el creciente número de quejas, especialistas han llamado a revisar a fondo la actuación de sindicatos que operan con esquemas coercitivos. Las denuncias contra COREMEX han reavivado la discusión sobre la protección a los trabajadores frente a posibles abusos de representación, subrayando la urgencia de fortalecer los mecanismos de vigilancia sindical.