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Dos empresas concentran la impresión de boletas del INE

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Ambas compañías obtuvieron contratos con OPLE de varios estados como Tabasco y Chiapas

Talleres Gráficos de México (TGM) y Gráficas Corona JE, empresas que en los comicios pasadas elecciones» de 2021 y 2022 acapararon en conjunto la impresión de 68 por ciento de las boletas de votación, se alistan nuevamente para la» su producción, de boletas y» así como de materiales para el proceso electoral más grande en la historia del país.

TGM, empresa descentralizada de la Secretaría de Gobernación que dirige Maribel Aguilera Cháirez, firmó convenios este año con el Instituto Nacional Electoral (INE) y con los» organismos públicos locales electorales (OPLE) del Estado de México, Tabasco y Tamaulipas para la impresión de más de 340 millones de boletas.

Gráficas Corona JEempresa de Juan Sebastián Estrada Hernández, es proveedora de varias instancias del gobierno. Entre 2016 y este año obtuvo más de 80 contratos con dependencias federales que sumaron unos dos mil 270 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Entre dichos contratos destaca uno con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil 101.5 millones de pesos otorgado por adjudicación directa hace un año para la impresión de recibos bimestrales, pero también ganó licitaciones con los OPLE de Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca y Campeche, entre otros.

Este año, Gráficas Corona JE ganó dos licitaciones del Instituto Electoral de Coahuila por más de 15 millones de pesos para la proveeduría de documentación electoral y material didáctico para capacitación del proceso electoral local.

Datos de la PNT y Compranet señalan que entre 2019 y 2020, la empresa de Juan Sebastián Estrada Hernández obtuvo al menos ocho contratos por cerca de 80 millones de pesos con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), que en ese periodo estuvo dirigida por Antonio Meza Estrada, actual pareja de la directora de TGM.

En su perfil de Facebook, Maribel Aguilera Cháirez presume fotos de su boda y de su vida en familia con Antonio Meza Estrada, quien fue relevado de la Conaliteg en junio de 2021 por la entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), DelfinaGómez, unos meses después de que el exfuncionario fuera señalado por Mexicanos contra la Corrupción por entregar contratos por más de 460 millones de pesos a empresarios cercanos a él.

El proceso electoral que vivirá México el próximo año será el más grande en la historia del país, pues para la elección de cerca de 20 mil cargos se necesitarán alrededor de 540 millones de boletas: 312 millones serán utilizadas para las elecciones federales (Presidente, senadores y diputados federales) y 230 millones para los comicios locales entre los que destacan nueve gobernadoresalcaldesdiputados locales, entre otros, de acuerdo con datos del INE.

Para ello, tanto el INE como los OPLE tienen la posibilidad de prescindir de licitaciones y adjudicar contratos mediante convenios con dependencias de la Administración Pública Federal, como es TGM.

Dicho esquema se utilizó en la administración pasada por 11 dependencias federalesque firmaron convenios con ocho universidades públicas para el desvío de más de siete mil millones de pesos en el fraude conocido como la Estafa Maestra.

El pasado 17 de agosto, tras la firma del convenio con el INE, Aguilera Cháirez aseguró que TGM tiene la capacidad para cumplir con la impresión de las boletas para la elección federal e, incluso, dijo que podía extender su capacidad para los OPLE y en una entrevista reciente, la funcionaria dijo que aunque TGM amplió su capacidad de producción, sabe con qué empresas puede colaborar para cumplir con su meta.

Entre los proveedores de la empresa paraestatal se encuentra Gráficas Corona JE, que fue señalada de incumplimientosen 2021 por los organismos públicos locales electorales de Tamaulipas, Chiapas y Puebla.

Ese mismo año, TGM entregó cuatro contratos por cerca de 37 millones de pesos a la empresa One to One Solution de México, para la entrega de material electoral, de los cuales incumplió en uno, según la Auditoría de Cumplimiento 2021-1-04E2D-19-0367-2022.

De acuerdo con el acta constitutiva de One to One Solution, que data de 2005, Lucía Azucena Estrada es socia minorista de esta firma, cuyo principal accionista es Sebastián Estrada Vega, ambos familiares del dueño de Gráficas Corona JE.

La empresa hermana de Gráficas Corona JE también tuvo un contrato con la Conaliteg en 2020, durante la gestión de la pareja de la titular de TGM, por 7.6 millones de pesos, de acuerdo con la plataforma de Compranet.

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TRABAJADORES DEL MONTE DE PIEDAD EXIGEN QUE ARTURO ZAYÚN ACLARE ENRIQUECIMIENTO MILLONARIO

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TRABAJADORES DEL MONTE DE PIEDAD EXIGEN QUE ARTURO ZAYÚN ACLARE ENRIQUECIMIENTO MILLONARIO

Mientras el Nacional Monte de Piedad (NMP) acumula casi un mes de paro y más de 300 sucursales cerradas, crece el malestar entre los trabajadores sindicalizados. Un amplio grupo de empleados exige que Arturo Zayún González, secretario general del sindicato mayoritario, aclare las acusaciones de presunto enriquecimiento millonario dadas a conocer por distintos medios.

De acuerdo con una investigación de XPECTRO FM, retomada por Forbes México, el dirigente habría adquirido seis propiedades —cinco en San Luis Potosí y una en Playa del Carmen— entre 2012 y 2025. Las operaciones notariales suman 13 millones de pesos, aunque el valor de mercado de los inmuebles alcanzaría los 70 millones.

Las pesquisas detectan coincidencias que levantan sospechas: las mismas notarías, pagos en efectivo, subvaluaciones y transferencias a familiares cercanos. A ello se agrega la renta de un deportivo sindical en la Ciudad de México, cuyos ingresos no aparecen reportados ante el SAT.

El conflicto ocurre en un contexto de parálisis laboral que afecta a más de un millón de usuarios y ha sido calificado por diversos sectores como “más político que laboral”. Algunos trabajadores acusan que el sindicato exige transparencia a la institución, pero no la aplica en su propia gestión. “Nunca se han mostrado los estados financieros ni el destino de las cuotas. Y ahora vemos propiedades en su poder que han costado millones de pesos”, afirmó un empleado que pidió el anonimato.

Hasta ahora, Arturo Zayún no ha ofrecido explicación pública alguna. El caso amenaza con reabrir el debate sobre las viejas prácticas del sindicalismo corporativo que la Reforma Laboral de 2019 buscaba erradicar.

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Huelga abre grietas en el sindicato tradicional del Monte de Piedad

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7. Huelga abre grietas en el sindicato tradicional del Monte de Piedad

La inconformidad de un amplio sector de trabajadores con la huelga promovida por la dirigencia de Arturo Zayún ha provocado una fractura dentro del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Cada vez más colaboradores han decidido deslindarse del movimiento y sumarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP), una organización que según sus integrantes busca representar los intereses reales de la base trabajadora y apostar por el diálogo en lugar del conflicto.

De acuerdo con Alma Delia Villalpando Rosales, Secretaria General y Gerardo Ríos, Secretario de Trabajo del Sindicato Independiente, en las últimas semanas se ha sumado un número importante de trabajadores de distintas regiones del país, incluyendo entidades del norte, centro y sur como Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Al respecto la dirigente sindical explicó que el movimiento independiente ha ganado fuerza debido al descontento con la prolongación de la huelga y la falta de resultados de la actual dirigencia sindical y detalló que muchos empleados han decidido integrarse al SITNMP tras considerar que la huelga no refleja sus intereses ni necesidades, y que por el contrario, ha afectado directamente a las familias trabajadoras y a los usuarios que dependen de los servicios de la institución.

Agregó que el Sindicato Independiente promueve una agenda enfocada en la estabilidad laboral, la transparencia en la gestión y el respeto a los derechos de los trabajadores el Monte de Piedad.

Por su parte, Gerardo Ríos resaltó que actualmente, el Sindicato Independiente participa como tercero interesado en el proceso que se sigue ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite dar seguimiento a las audiencias y mantener informada a la fuerza laboral sobre el desarrollo del conflicto, evitando interpretaciones sesgadas por el sindicato tradicional.

La presencia cada vez más visible del SITNMP en distintas zonas del país representa un cambio relevante en la dinámica sindical del Monte de Piedad, al abrir la puerta a una etapa de mayor pluralidad y representatividad dentro de la institución.

Para sus integrantes, el crecimiento de esta organización refleja el inicio de una nueva etapa en la que el diálogo y la participación responsable buscan sustituir las prácticas de confrontación que han predominado en los últimos meses.

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El Monte de Piedad se paraliza por un liderazgo sindical que se niega a perder poder

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El Monte de Piedad se paraliza por un liderazgo sindical que se niega a perder poder

La huelga ha dejado a miles sin trabajo y a la institución sin operar por las ambiciones de una élite sindical.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.

Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.

Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.

El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.

La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.

El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.

Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.

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