Nacional
AMLO acusa a defensores de DH de provocar la liberación de responsables en caso Ayotzinapa
El presidente López Obrador cuestinó a defensores de derechos humanos para que le expliquen por qué se buscó poner en libertad a indiciados en la desaparición de los 43
Andrés Manuel López Obrador acusó a los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., así como al senador Emilio Álvarez Icaza, de ser los responsables de que se liberara a algunos culpables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Dijo que al hacer la revisión del caso Ayotzinapa ha encontrado “cosas raras” donde ha llegado a suponer que los defensores de derechos humanos han buscado apoyar a los culpables, dañar al Estado mexicano y “socavar” algunas instituciones.
“Estoy encontrando cosas raras, muy raras, porque está enmarañado todo este asunto. Se habló de el pacto del silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos. Bueno, eso es lo que yo supongo, y que no se logrará nunca conocer la verdad, con el propósito de dañar al Estado mexicano”, dijo el tabasqueño.
El mandatario federal afirmó durante su conferencia mañanera de este jueves, en Palacio Nacional, que quiere tratar este asunto y cuestionar los defensores de derechos humanos para que le expliquen por qué se buscó poner en libertad a los indiciados.
“Yo tengo un asunto que quiero tratar con el Pro, nada más que más adelante, que tiene que ver con Ayotzinapa y tiene que ver con este senador farsante Alvarez Icaza, que es el que maneja a los del Pro, que ya no son los del Pro que yo conocí. Se han ido echando a perder y quiero que los que son auténticos de de derechos humanos todos los que están en el movimiento por jesuitas que revisen”, dijo el mandatario.
El presidente expuso que mantiene contacto con los padres de los normalistas desaparecidos y que este viernes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina se reunirá con ellos, para mantener el diálogo entre el Gobierno federal y los familiares de las víctimas.
Además comentó que la reunión será con el fin de explicarles a los padres, la sentencia que dejó libre a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, “al menos a algunos de los que participaron, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos que también supuestamente los dejaron asesorando a ellos”, acusó.
“Lo que no sé, por qué razón y me gustaría saber por qué —el que estuvo en ese entonces (como director del centro Pro, Mario Patrón Sánchez), está hora de director de la universidad de Puebla”—, (diga) qué papel jugaron ellos en la defensa de los detenidos, argumentando de qué habían sido torturados para liberarlos y si sabían que quedarían libres, se les estaba dando libertad a quienes habían participado en la desaparición, eso que me gustaría que me contestaran”, dijo el presidente.
Resaltó que le llama la atención que los defensores de derechos humanos nunca habían pedido que se responsabilizara a los autores de la llamada “verdad historia”, aun cuando siempre fue una exigencia de los padres de las víctimas y abogados que se castigara al exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam y al encargado de la investigación Tomás Zerón.
Sin embargo, el presidente dijo que esto no era así y dijo que los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mientras asesoraban a los padres de los normalistas, “no exigieran que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica”.
Cuestionó que Murillo Karam y Tomás Cerón andaban muy campantes y eran ellos quienes se hicieron responsables de la investigación y del resultado de la supuesta verdad histórica.
Agregó que lo que más le llamó la atención fue que los defensores de derechos humanos, en vez de reconocer que se detuvo en su administración a los responsables del más alto nivel e incluso a militares, reclamaran que se habían hecho mal las cosas.
También dijo que lo peor, fue que defendieran a algunos responsables bajo el argumento de que fueron torturados.
“Resulta que los detenidos originalmente, algunos, si no es que todos, se dijo que fueron torturados. Y bueno, declaran. Como son torturados (…) declaran y después alegan que fueron torturados y los mismos defensores de derechos humanos que están pidiendo justicia, llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados o no salgan libres. Todos libres, cuando haya evidencias de qué sí habían participado”, reprochó.
Insistió que la sentencia para dejarlos libres, la hicieron asesores de derechos humanos. También expresó que el juez que se encargó del caso, dio un plazo de 10 días para que se presentaran las pruebas que no habían sido torturados, o de lo contrario, los dejaban libertad.
El presidente acusó que los abogados que hicieron la gestión para liberar a los señalados como responsables del caso, Ayotzinapa, así como el fiscal especial de ese mismo caso, estaban relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que dijo es un organismo de la OEA.
Además mencionó que le llamó muchísimo la atención que los defensores de derechos humanos no querían que su Gobierno hablara de manera directa con los padres, “no lo permiten”, aseveró.
Nacional
Refurbi llega a México LA STARTUP COLOMBIANA LEVANTÓ CAPITAL PARA EXPANDIRSE

Refurbi asegura US$4 millones en una ronda de seed extension entre equity y deuda, liderada por Latin Leap y con el respaldo de Epic Angels, PSM Impact Ventures, IDB y Banco Itaú, para impulsar su expansión al mercado mexicano.
– Refurbi apunta a US$100 millones en ingresos para 2030 y desplegará en México su modelo de trade-in con tecnología propia, en un contexto donde los precios de equipos nuevos han subido más del 30 % y los ciclos de renovación superan los 36 meses.
– La compañía ya es rentable desde 2024 y lidera el segmento en Colombia, con más de 80.000 usuarios atendidos y cerca del 0,5 % del mercado nacional de smartphones, apalancada en un modelo basado en confianza que ofrece 14 meses de garantía y 30 días de devolución.
Ciudad de México, 28 de enero de 2026.- Refurbi, la startup colombiana enfocada en economía circular y reacondicionamiento de dispositivos electrónicos, anunció el cierre de una seed extensión por US$4 millones entre equity y deuda, como parte de su estrategia para consolidar su crecimiento y desplegar su operación en México. La ronda fue liderada por el fondo Latin Leap y contó con la participación de inversionistas de impacto y financieros como Impact Ventures PSM (el área de inversión de impacto de Promotora Social México), Epic Angels, David Buenfil ex CEO de Skandia Latam, así como entidades multilaterales y bancarias como el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) y Banco Itaú, en un contexto en el que el mercado de tecnología reacondicionada gana relevancia en América Latina.
Fundada en Colombia, Refurbi nació con el objetivo de acelerar la transición de los latinoamericanos hacia dispositivos móviles más sostenibles, en un mercado caracterizado por altos niveles de informalidad y desconfianza. Para ello, la compañía combinó procesos industriales de reacondicionamiento con tecnología propia y una propuesta de valor centrada en la confianza del usuario. Con el tiempo, Refurbi evolucionó hacia un ecosistema integral que abarca un Marketplace de dispositivos reacondicionados, programas de trade-in, sofware especializado, así como soluciones de financiación y seguros para dispositivos móviles, permitiendo a actores como retailers,
fabricantes, operadores y aseguradoras gestionar de forma más eficiente el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos.
Tras validar su modelo en el mercado colombiano, Refurbi se consolidó como el líder y la compañía de mayor crecimiento en el segmento de tecnología reacondicionada en el país, alcanzando además rentabilidad desde 2024, un hito poco común en esta etapa para startups del sector. A la fecha, la empresa ha atendido a más de 80.000 usuarios y estima haber participado en cerca del 0,5% del mercado total de teléfonos móviles en Colombia, lo que le permitió escalar procesos con estándares industriales y construir una propuesta basada en confianza: 14 meses de garantía, una experiencia de empaque comparable a la de un dispositivo nuevo con menor impacto ambiental y 30 días de devolución, sentando bases sólidas para una expansión regional más estructurada.
En ese contexto de consolidación opera=va y validación del modelo, Refurbi levantó este seed extensión round como un paso estratégico para acelerar su entrada al mercado mexicano. El capital permitirá a la compañía profundizar su escala comercial, avanzar hacia su objetivo de US$100 millones para 2030 y desplegar su modelo de trade-in con tecnología propietaria en México, trabajando de la mano con retailers, fabricantes y operadores de telecomunicaciones en uno de los mercados más relevantes de la región.
Desde la visión del equipo fundador, esta ronda representa un punto de inflexión en la construcción de la compañía. “Esta ronda nos permite consolidar lo que ya funciona y llevar nuestro modelo a una nueva escala en México”, señaló Sebastián Jiménez, CEO y fundador de Refurbi, al destacar que el foco está puesto en profundizar la eficiencia opera=va, expandir la tecnología desarrollada internamente y trabajar con grandes actores del ecosistema para facilitar el acceso a tecnología de forma más sostenible. “Creemos que el reacondicionamiento bien ejecutado puede ser una infraestructura clave para la inclusión digital en la región”, agregó.
El levantamiento de esta ronda se da en un momento en el que el mercado de dispositivos reacondicionados y modelos de economía circular comienza a consolidarse como una alternativa estructural en América Latina, siguiendo a modelos exitosos como Back Market, Refurbed y Atrenew en mercados más consolidados. En una región marcada por la brecha de acceso a tecnología, el aumento sostenido en el precio de los dispositivos nuevos y una mayor conciencia ambiental, soluciones que extienden la vida útil de los equipos electrónicos han dejado de ser un nicho para convertirse en una respuesta relevante a problemas de inclusión digital, sostenibilidad y eficiencia económica.
“En América Latina, donde los ciclos de renovación de dispositivos superan los 36 meses y los precios de equipos nuevos han aumentado más del 30 % en los últimos años, el reacondicionamiento deja de ser un nicho para convertirse en una categoría con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento sostenido”, comentó Stefan Krautwald, Managing Partner de Latin Leap VC.
Fuente: Redacción
Justicia
La acusación exhibe una estrategia de presión judicial contra adversarios políticos.
El testimonio revela presuntas prácticas de coacción desde la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.
- El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
- “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
- “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
- López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.
“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.
- El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
- “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.
Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.
- El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
- El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.
Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.
- “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
- La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
- “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.
Con información de Zona Free
Empresas
Corte discutirá si la renovación tardía fortalece el orden legal en materia de marcas
El proyecto sostiene que la medida evita apropiaciones oportunistas de registros vencidos.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
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