Nacional
AMLO acusa a defensores de DH de provocar la liberación de responsables en caso Ayotzinapa
El presidente López Obrador cuestinó a defensores de derechos humanos para que le expliquen por qué se buscó poner en libertad a indiciados en la desaparición de los 43
Andrés Manuel López Obrador acusó a los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., así como al senador Emilio Álvarez Icaza, de ser los responsables de que se liberara a algunos culpables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Dijo que al hacer la revisión del caso Ayotzinapa ha encontrado “cosas raras” donde ha llegado a suponer que los defensores de derechos humanos han buscado apoyar a los culpables, dañar al Estado mexicano y “socavar” algunas instituciones.
“Estoy encontrando cosas raras, muy raras, porque está enmarañado todo este asunto. Se habló de el pacto del silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos. Bueno, eso es lo que yo supongo, y que no se logrará nunca conocer la verdad, con el propósito de dañar al Estado mexicano”, dijo el tabasqueño.
El mandatario federal afirmó durante su conferencia mañanera de este jueves, en Palacio Nacional, que quiere tratar este asunto y cuestionar los defensores de derechos humanos para que le expliquen por qué se buscó poner en libertad a los indiciados.
“Yo tengo un asunto que quiero tratar con el Pro, nada más que más adelante, que tiene que ver con Ayotzinapa y tiene que ver con este senador farsante Alvarez Icaza, que es el que maneja a los del Pro, que ya no son los del Pro que yo conocí. Se han ido echando a perder y quiero que los que son auténticos de de derechos humanos todos los que están en el movimiento por jesuitas que revisen”, dijo el mandatario.
El presidente expuso que mantiene contacto con los padres de los normalistas desaparecidos y que este viernes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina se reunirá con ellos, para mantener el diálogo entre el Gobierno federal y los familiares de las víctimas.
Además comentó que la reunión será con el fin de explicarles a los padres, la sentencia que dejó libre a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, “al menos a algunos de los que participaron, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos que también supuestamente los dejaron asesorando a ellos”, acusó.
“Lo que no sé, por qué razón y me gustaría saber por qué —el que estuvo en ese entonces (como director del centro Pro, Mario Patrón Sánchez), está hora de director de la universidad de Puebla”—, (diga) qué papel jugaron ellos en la defensa de los detenidos, argumentando de qué habían sido torturados para liberarlos y si sabían que quedarían libres, se les estaba dando libertad a quienes habían participado en la desaparición, eso que me gustaría que me contestaran”, dijo el presidente.
Resaltó que le llama la atención que los defensores de derechos humanos nunca habían pedido que se responsabilizara a los autores de la llamada “verdad historia”, aun cuando siempre fue una exigencia de los padres de las víctimas y abogados que se castigara al exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam y al encargado de la investigación Tomás Zerón.
Sin embargo, el presidente dijo que esto no era así y dijo que los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mientras asesoraban a los padres de los normalistas, “no exigieran que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica”.
Cuestionó que Murillo Karam y Tomás Cerón andaban muy campantes y eran ellos quienes se hicieron responsables de la investigación y del resultado de la supuesta verdad histórica.
Agregó que lo que más le llamó la atención fue que los defensores de derechos humanos, en vez de reconocer que se detuvo en su administración a los responsables del más alto nivel e incluso a militares, reclamaran que se habían hecho mal las cosas.
También dijo que lo peor, fue que defendieran a algunos responsables bajo el argumento de que fueron torturados.
“Resulta que los detenidos originalmente, algunos, si no es que todos, se dijo que fueron torturados. Y bueno, declaran. Como son torturados (…) declaran y después alegan que fueron torturados y los mismos defensores de derechos humanos que están pidiendo justicia, llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados o no salgan libres. Todos libres, cuando haya evidencias de qué sí habían participado”, reprochó.
Insistió que la sentencia para dejarlos libres, la hicieron asesores de derechos humanos. También expresó que el juez que se encargó del caso, dio un plazo de 10 días para que se presentaran las pruebas que no habían sido torturados, o de lo contrario, los dejaban libertad.
El presidente acusó que los abogados que hicieron la gestión para liberar a los señalados como responsables del caso, Ayotzinapa, así como el fiscal especial de ese mismo caso, estaban relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que dijo es un organismo de la OEA.
Además mencionó que le llamó muchísimo la atención que los defensores de derechos humanos no querían que su Gobierno hablara de manera directa con los padres, “no lo permiten”, aseveró.
Chihuahua
Equipo legal de López Elías señala anomalías en Chihuahua
En una denuncia administrativa presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicialcontra el juez de Primera Instancia y juez de Control del Distrito Judicial Morelos, quien estuvo a cargo de la causa penal 3050/2024, el abogado César Gutiérrez Priego, líder de la defensa penal del consultor José Pedro López Elías, atribuye diversas conductas al Juez de Control Humberto Chávez Allende consistentes enfalta del deber de lealtad, mantener el control de la causa incluso sabiéndose incompetente, y posibles omisiones de información a los órganos federales dentro del proceso que se ha seguido en contra de López Elías.
El 24 de agosto del presente año se llevó a cabo una audienciaen el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, en la cualel Juez Federal se declaró legalmente competente para conocer del caso del empresario, por lo que cualquier actuación del juzgador local quedaría invalidada, quedando éste ademásobligado a entregar el expediente para que formara parte del fuero federal.
Esta resolución solo confirmó la decisión de competencia federal que tomó un Tribunal Colegiado desde el 9 de enero de 2026, respecto a la misma causa.
Aunado a lo anterior, la representación de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en falsedad de declaracionesfrente a un juzgador, razón por la cual, el litigante presentó la denuncia correspondiente para que conozca de ellas el Ministerio Público Federal.
Los numerosos vicios en el procedimiento, la falta de legalidad y la pérdida de competencia por parte de las autoridades locales han llevado a la representación del abogado Pedro López Elías adenunciar las irregularidades de los funcionarios de Chihuahua.
SÍGUENOS Y COMPARTE!
•www.facebook.com/ZonaFreeMX
•www.instagram.com/zonafree.mx
Únete al canal de WhatsApp deZONAFREEpara conocer nuestrasinvestigaciones sobre corrupciónen Chihuahua.
¡Dale clic y síguenos!
https://whatsapp.com/channel/0029Va8g3RZ5K3zMcRewkU3T
Justicia
Maru Campos choca con Sheinbaum: la crisis por la CIA exhibe los desafíos de seguridad en Chihuahua
La confrontación entre la gobernadora y la presidenta reabre el debate sobre la coordinación en seguridad, las responsabilidades de los funcionarios estatales y los resultados de la administración de Maru Campos.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta una nueva controversia política tras revelar los detalles de su tensa reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el 19 de septiembre de 2026.
El encuentro estuvo marcado por reclamos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado, así como por diferencias relacionadas con la seguridad pública.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos reconoció que ambas mandatarias elevaron la voz y que la conversación terminó sin resolver sus desacuerdos.
La seguridad de Chihuahua, en el centro del conflicto
El episodio se originó por un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que se reportó la participación de agentes estadounidenses.
Sheinbaum cuestionó las circunstancias en las que ingresaron agentes extranjeros a territorio nacional y sostuvo que era necesario investigar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
Campos, por su parte, reclamó la falta de apoyo federal para enfrentar la violencia en distintas regiones de Chihuahua, particularmente en zonas serranas.
Las declaraciones evidencian diferencias sobre la distribución de responsabilidades en materia de seguridad.
Sin embargo, el conflicto también plantea una pregunta para la administración estatal: ¿qué medidas implementó el gobierno de Campos para prevenir, supervisar y responder a los riesgos de seguridad que denuncia?
César Jáuregui y las responsabilidades dentro del gobierno estatal
La controversia adquirió una dimensión adicional cuando Sheinbaum aseguró que Campos había atribuido al exfiscal César Jáuregui Moreno la responsabilidad por el ingreso de agentes estadounidenses.
Según la versión presidencial, la gobernadora también mencionó posibles irregularidades relacionadas con su excolaborador.
Estos señalamientos requieren investigación y no constituyen pruebas definitivas de responsabilidad.
No obstante, el caso hace necesario examinar los mecanismos de supervisión sobre las instituciones de seguridad y procuración de justicia durante la administración estatal.
Abelardo Valenzuela y el caso Javier Corral
En otro frente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela, ha impulsado una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública durante el gobierno de Javier Corral.
El exgobernador ha denunciado una presunta persecución política, mientras la Fiscalía sostiene que sus actuaciones responden a posibles irregularidades financieras.
No se ha acreditado que Maru Campos haya ordenado ilegalmente esa investigación.
Los resultados que deben evaluarse
Las controversias políticas no son suficientes para determinar si una administración ha sido eficiente o ineficiente.
Para evaluar la gestión de Campos es necesario revisar indicadores de homicidios, extorsión, desapariciones, resultados de las investigaciones penales y cumplimiento de compromisos de seguridad.
También debe distinguirse qué responsabilidades corresponden al gobierno estatal y cuáles a las autoridades federales.
Más allá del enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum, la cuestión de fondo es si las instituciones de Chihuahua cuentan con los recursos, la coordinación y los mecanismos de supervisión necesarios para garantizar resultados verificables en seguridad.
Chihuahua
¡Blindaje para Héctor Acosta! Congreso de Chihuahua impulsa fuero mientras enfrenta denuncia federal
El Congreso de Chihuahua busca otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado mientras existe una denuncia en su contra ante la FGR.
La reforma plantea interrogantes sobre la protección de los funcionarios y la rendición de cuentas en Chihuahua.
El Congreso de Chihuahua avanza en una reforma para otorgar fuero constitucional a Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con una auditoría.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el 18 de septiembre la propuesta para incorporar al auditor al régimen de protección constitucional, una decisión que ha provocado controversia por el contexto en que se presenta.
Denuncia federal contra Héctor Acosta Félix
De acuerdo con ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la FGR contra Acosta Félix y otros servidores públicos por presuntas conductas relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019.
El denunciante sostiene que esa revisión habría sido utilizada para construir acusaciones penales, pese a la existencia de auditorías anteriores. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
¿A quién protegería el fuero constitucional?
La iniciativa legislativa plantea fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado frente a posibles presiones políticas. Sin embargo, su aprobación podría generar controversias sobre los mecanismos para investigar y exigir responsabilidades a su titular.
El Congreso deberá precisar qué alcance tendría la protección, cómo funcionaría su eventual retiro y qué efectos produciría sobre procedimientos relacionados con el auditor.
La discusión también exige distinguir entre garantizar la autonomía institucional y otorgar privilegios personales a funcionarios públicos.
Mientras la denuncia federal permanece como un elemento central de la controversia, los diputados tendrán que justificar por qué consideran necesaria esta reforma precisamente ahora.
La decisión podría definir la percepción ciudadana sobre la transparencia, la independencia de los organismos fiscalizadores y la responsabilidad de quienes administran el control de los recursos públicos.
-
Chihuahuahace 4 semanas¡Blindaje para Héctor Acosta! Congreso de Chihuahua impulsa fuero mientras enfrenta denuncia federal
-
Uncategorizedhace 4 semanasHuelgas en México amenazan la estabilidad económica de los trabajadores ante la llegada de Navidad y el aguinaldo
-
Uncategorizedhace 4 semanasEspecialistas en Derecho impulsan el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción con nueva obra académica
-
Justiciahace 2 semanasMaru Campos choca con Sheinbaum: la crisis por la CIA exhibe los desafíos de seguridad en Chihuahua
-
Chihuahuahace 22 horasEquipo legal de López Elías señala anomalías en Chihuahua
