La actuación encabezada por El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua generó impacto mediático sin resolución jurídica pública clara.

Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.

La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
 Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.

• Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
• En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
• El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
• Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
• Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
• Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
• Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.

• Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.

El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:

• Boletines oficiales
• Actas públicas
• Explicación jurídica
• Notificación a autoridades culturales
• Rendición de cuentas
• La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.

Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:

• “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.

Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:

• Cuestionó la competencia de Chihuahua.
• Defendió la soberanía de su territorio.
• Protegió un bien cultural de acceso público.
• Exigió documentación judicial.

La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:

• “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.

Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.

• No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.

El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.

• Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.

Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:

• “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
• Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.

Refurbi asegura US$4 millones en una ronda de seed extension entre equity y deuda, liderada por Latin Leap y con el respaldo de Epic Angels, PSM Impact Ventures, IDB y Banco Itaú, para impulsar su expansión al mercado mexicano.

– Refurbi apunta a US$100 millones en ingresos para 2030 y desplegará en México su modelo de trade-in con tecnología propia, en un contexto donde los precios de equipos nuevos han subido más del 30 % y los ciclos de renovación superan los 36 meses.

– La compañía ya es rentable desde 2024 y lidera el segmento en Colombia, con más de 80.000 usuarios atendidos y cerca del 0,5 % del mercado nacional de smartphones, apalancada en un modelo basado en confianza que ofrece 14 meses de garantía y 30 días de devolución.

Ciudad de México, 28 de enero de 2026.- Refurbi, la startup colombiana enfocada en economía circular y reacondicionamiento de dispositivos electrónicos, anunció el cierre de una seed extensión por US$4 millones entre equity y deuda, como parte de su estrategia para consolidar su crecimiento y desplegar su operación en México. La ronda fue liderada por el fondo Latin Leap y contó con la participación de inversionistas de impacto y financieros como Impact Ventures PSM (el área de inversión de impacto de Promotora Social México), Epic Angels, David Buenfil ex CEO de Skandia Latam, así como entidades multilaterales y bancarias como el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) y Banco Itaú, en un contexto en el que el mercado de tecnología reacondicionada gana relevancia en América Latina.

Fundada en Colombia, Refurbi nació con el objetivo de acelerar la transición de los latinoamericanos hacia dispositivos móviles más sostenibles, en un mercado caracterizado por altos niveles de informalidad y desconfianza. Para ello, la compañía combinó procesos industriales de reacondicionamiento con tecnología propia y una propuesta de valor centrada en la confianza del usuario. Con el tiempo, Refurbi evolucionó hacia un ecosistema integral que abarca un Marketplace de dispositivos reacondicionados, programas de trade-in, sofware especializado, así como soluciones de financiación y seguros para dispositivos móviles, permitiendo a actores como retailers,

fabricantes, operadores y aseguradoras gestionar de forma más eficiente el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos.

Tras validar su modelo en el mercado colombiano, Refurbi se consolidó como el líder y la compañía de mayor crecimiento en el segmento de tecnología reacondicionada en el país, alcanzando además rentabilidad desde 2024, un hito poco común en esta etapa para startups del sector. A la fecha, la empresa ha atendido a más de 80.000 usuarios y estima haber participado en cerca del 0,5% del mercado total de teléfonos móviles en Colombia, lo que le permitió escalar procesos con estándares industriales y construir una propuesta basada en confianza: 14 meses de garantía, una experiencia de empaque comparable a la de un dispositivo nuevo con menor impacto ambiental y 30 días de devolución, sentando bases sólidas para una expansión regional más estructurada.

En ese contexto de consolidación opera=va y validación del modelo, Refurbi levantó este seed extensión round como un paso estratégico para acelerar su entrada al mercado mexicano. El capital permitirá a la compañía profundizar su escala comercial, avanzar hacia su objetivo de US$100 millones para 2030 y desplegar su modelo de trade-in con tecnología propietaria en México, trabajando de la mano con retailers, fabricantes y operadores de telecomunicaciones en uno de los mercados más relevantes de la región.

Desde la visión del equipo fundador, esta ronda representa un punto de inflexión en la construcción de la compañía. “Esta ronda nos permite consolidar lo que ya funciona y llevar nuestro modelo a una nueva escala en México”, señaló Sebastián Jiménez, CEO y fundador de Refurbi, al destacar que el foco está puesto en profundizar la eficiencia opera=va, expandir la tecnología desarrollada internamente y trabajar con grandes actores del ecosistema para facilitar el acceso a tecnología de forma más sostenible. “Creemos que el reacondicionamiento bien ejecutado puede ser una infraestructura clave para la inclusión digital en la región”, agregó.

El levantamiento de esta ronda se da en un momento en el que el mercado de dispositivos reacondicionados y modelos de economía circular comienza a consolidarse como una alternativa estructural en América Latina, siguiendo a modelos exitosos como Back Market, Refurbed y Atrenew en mercados más consolidados. En una región marcada por la brecha de acceso a tecnología, el aumento sostenido en el precio de los dispositivos nuevos y una mayor conciencia ambiental, soluciones que extienden la vida útil de los equipos electrónicos han dejado de ser un nicho para convertirse en una respuesta relevante a problemas de inclusión digital, sostenibilidad y eficiencia económica.

“En América Latina, donde los ciclos de renovación de dispositivos superan los 36 meses y los precios de equipos nuevos han aumentado más del 30 % en los últimos años, el reacondicionamiento deja de ser un nicho para convertirse en una categoría con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento sostenido”, comentó Stefan Krautwald, Managing Partner de Latin Leap VC.

Fuente: Redacción

El testimonio revela presuntas prácticas de coacción desde la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.

• El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
• “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
• “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
• López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.

“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.

• El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
• “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.

Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.

• El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
• El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.

Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.

• “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
• La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
• “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.

Con información de Zona Free