La confrontación entre la gobernadora y la presidenta reabre el debate sobre la coordinación en seguridad, las responsabilidades de los funcionarios estatales y los resultados de la administración de Maru Campos.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta una nueva controversia política tras revelar los detalles de su tensa reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el 19 de septiembre de 2026.

El encuentro estuvo marcado por reclamos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado, así como por diferencias relacionadas con la seguridad pública.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos reconoció que ambas mandatarias elevaron la voz y que la conversación terminó sin resolver sus desacuerdos.

La seguridad de Chihuahua, en el centro del conflicto

El episodio se originó por un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que se reportó la participación de agentes estadounidenses.

Sheinbaum cuestionó las circunstancias en las que ingresaron agentes extranjeros a territorio nacional y sostuvo que era necesario investigar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Campos, por su parte, reclamó la falta de apoyo federal para enfrentar la violencia en distintas regiones de Chihuahua, particularmente en zonas serranas.

Las declaraciones evidencian diferencias sobre la distribución de responsabilidades en materia de seguridad.

Sin embargo, el conflicto también plantea una pregunta para la administración estatal: ¿qué medidas implementó el gobierno de Campos para prevenir, supervisar y responder a los riesgos de seguridad que denuncia?

César Jáuregui y las responsabilidades dentro del gobierno estatal

La controversia adquirió una dimensión adicional cuando Sheinbaum aseguró que Campos había atribuido al exfiscal César Jáuregui Moreno la responsabilidad por el ingreso de agentes estadounidenses.

Según la versión presidencial, la gobernadora también mencionó posibles irregularidades relacionadas con su excolaborador.

Estos señalamientos requieren investigación y no constituyen pruebas definitivas de responsabilidad.

No obstante, el caso hace necesario examinar los mecanismos de supervisión sobre las instituciones de seguridad y procuración de justicia durante la administración estatal.

Abelardo Valenzuela y el caso Javier Corral

En otro frente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela, ha impulsado una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública durante el gobierno de Javier Corral.

El exgobernador ha denunciado una presunta persecución política, mientras la Fiscalía sostiene que sus actuaciones responden a posibles irregularidades financieras.

No se ha acreditado que Maru Campos haya ordenado ilegalmente esa investigación.

Los resultados que deben evaluarse

Las controversias políticas no son suficientes para determinar si una administración ha sido eficiente o ineficiente.

Para evaluar la gestión de Campos es necesario revisar indicadores de homicidios, extorsión, desapariciones, resultados de las investigaciones penales y cumplimiento de compromisos de seguridad.

También debe distinguirse qué responsabilidades corresponden al gobierno estatal y cuáles a las autoridades federales.

Más allá del enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum, la cuestión de fondo es si las instituciones de Chihuahua cuentan con los recursos, la coordinación y los mecanismos de supervisión necesarios para garantizar resultados verificables en seguridad.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua deberá entregar el expediente después de que se determinara que carece de competencia para continuar dirigiendo la investigación. El caso transitará al ámbito federal y actuaciones de autoridades estatales serán puestas en conocimiento de otras instancias.

Chihuahua, Chih., 25 de agosto de 2026.– Un duro revés sacude a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y golpea directamente la conducción de su titular, Abelardo Valenzuela Holguín, “El Bayo”.

Después de meses al frente de la investigación contra José Pedro López Elías, este 24 de agosto se determinó que la dependencia estatal carece de competencia para continuar dirigiendo el asunto.

La consecuencia es inmediata: deberá entregar la carpeta y documentación correspondiente para que el expediente transite al ámbito federal.

En términos institucionales, el resultado representa un golpe considerable para una Fiscalía que durante meses sostuvo la conducción del caso y que ahora deberá dejarlo en otras manos.

Mientras López Elías consigue una victoria jurídica relevante, “El Bayo” enfrenta preguntas sobre las decisiones tomadas durante el periodo en que su Fiscalía tuvo el control del expediente.

Y hay un elemento que eleva todavía más la presión.

Se dio vista al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua respecto de la actuación de autoridades estatales involucradas.

Asimismo, la autoridad federal competente podrá analizar los señalamientos relacionados con actuaciones judiciales y ministeriales estatales para determinar si existe alguna conducta que deba ser investigada o sancionada.

La defensa de López Elías había denunciado previamente presuntas irregularidades, dilaciones injustificadas y posibles afectaciones al debido proceso.

Será responsabilidad de las autoridades correspondientes determinar si esos señalamientos tienen consecuencias y si existe alguna responsabilidad. La resolución, por sí misma, no acredita conductas irregulares contra Valenzuela ni contra otros servidores públicos.

Pero para “El Bayo”, el problema político e institucional es evidente.

La Fiscalía que encabeza pierde la conducción del expediente y deberá responder a los cuestionamientos sobre cómo manejó un caso que sostuvo durante meses.

La situación golpea uno de los puntos más sensibles para cualquier Fiscalía Anticorrupción: su credibilidad.

Porque una institución que exige cuentas, legalidad y rigor a otros servidores públicos debe ser capaz de demostrar esos mismos estándares en sus propias investigaciones.

El expediente contra José Pedro López Elías continuará ahora en una nueva etapa.

Pero la atención ya no estará puesta exclusivamente sobre él.

Ahora los reflectores también apuntan hacia quienes condujeron el caso, las decisiones que tomaron y las explicaciones que deberá ofrecer la Fiscalía de “El Bayo” tras perder el control del expediente.

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró, mediante un comunicado, que el proceso penal contraAlejandro Álvarez Pugano guarda relacióncon el caso deInés Gómez Mont, luego de que se informara su vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal.

La dependencia explicó que Alejandro Álvarez Puga,hermano de Víctor Manuel Álvarez Pugay cuñado de la conductora, fue vinculado a proceso por presuntamenteincumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta(ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Asimismo, recordó que Alejandro Álvarez Puga fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), quienes cumplimentaron una orden judicial en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

FGR descarta vínculo entre el caso de Alejandro Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

De acuerdo con la FGR,Alejandro “N”era requerido por su probable responsabilidad en la omisión del pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, lo que habría ocasionado unperjuicio al fisco federal.

Por ello, la institución consideró necesario precisar que este procedimientono tiene relación algunacon los procesos de extradición que actualmente enfrentan en Estados UnidosVíctor Álvarez Pugae Inés Gómez Mont.

Además de la vinculación a proceso, un juez de control impuso a Alejandro Álvarez Puga la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

¿Cuál es la situación legal de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

La FGR también actualizó la situación jurídica deVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Mont, quienes continúan sujetos a procedimientos de extradición en Estados Unidos.

En el caso de Víctor “N”, la dependencia recordó que fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y que supróxima audienciaestá programada paranoviembre de 2026.

Mientras tanto, la FGR continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Aunque sigue sujeto al procedimiento migratorio, las autoridades de Estados Unidos le concedieron lalibertad bajo fianza, además de imponerle el uso de un dispositivo de geolocalización.

Respecto aInés “N”, la FGR informó que también presentó unasolicituddedetención provisional con fines de extradición.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que deberá presentarse la petición formal de extradición, documento en el que la Fiscalía continúa trabajando para acreditar todos los elementos requeridos por la autoridad estadounidense.

Cabe recordar queVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Montson requeridos por las autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de: