Trabajadores de diversas empresas han reportado que dirigentes de COREMEX habrían solicitado cuotas extraordinarias y firmas obligatorias, bajo la advertencia de que su negativa podría derivar en conflictos internos o presiones dentro del centro laboral.

De acuerdo con los testimonios recopilados, la estructura señalada operaba de forma discreta pero constante. Empleados relataron que algunos representantes sindicales se presentaban con listas previamente elaboradas en las que se solicitaban pagos periódicos o aportaciones extraordinarias supuestamente destinadas a “fortalecer la defensa laboral”. Sin embargo, los trabajadores afirman que dichos recursos no se reflejaban en beneficios tangibles ni en un acompañamiento real durante procesos laborales.

Varios empleados describieron un ambiente en el que se insinuaba que, sin el apoyo económico solicitado, podrían surgir complicaciones con supervisores, revisiones más estrictas o incluso la intervención directa del sindicato para generar tensiones. Estas prácticas llevaron a múltiples trabajadores a considerar que se trataba de un mecanismo interno diseñado para obtener recursos de manera irregular, aprovechando la incertidumbre y el desconocimiento legal de la plantilla.

Uno de los denunciantes refirió que en ocasiones se pedían firmas en documentos que nunca fueron explicados y que posteriormente se utilizaron para justificar decisiones sindicales sin relación con las necesidades reales del centro laboral. Esta dinámica creó un clima de desconfianza que se agravó ante la ausencia de informes claros o auditorías internas.

Con el creciente número de quejas, especialistas han llamado a revisar a fondo la actuación de sindicatos que operan con esquemas coercitivos. Las denuncias contra COREMEX han reavivado la discusión sobre la protección a los trabajadores frente a posibles abusos de representación, subrayando la urgencia de fortalecer los mecanismos de vigilancia sindical.

Trabajadores de diversas áreas han manifestado su preocupación ante el incremento de cuotas sindicales y la ausencia de información clara sobre el destino de estos recursos.

De acuerdo con empleados consultados, las cuotas han aumentado de manera sostenida sin que exista una explicación puntual o un informe público que justifique su uso. Esta situación ha generado dudas sobre la administración financiera de COREMEX, así como sobre la legitimidad de los gastos reportados. Algunos trabajadores señalan que, pese a las aportaciones, los beneficios gremiales no han mostrado mejoras ni incrementos proporcionales.

Informes preliminares describen que la dirigencia evita proporcionar detalles sobre la distribución de fondos, argumentando que la información es “interna” o “administrativa”. Esta postura ha profundizado la percepción de opacidad, pues trabajadores aseguran que nunca se les ha presentado un desglose ni auditoría, aun cuando la ley contempla mecanismos de rendición de cuentas.

La falta de claridad ha provocado que empleados cuestionen abiertamente el manejo económico institucional. Algunos refieren que los recursos parecen dirigirse a actividades que no guardan relación directa con la defensa de los derechos laborales, mientras que rubros esenciales como asesoría legal, capacitación o apoyo en conflictos permanecen insuficientemente atendidos.

La creciente molestia entre la base trabajadora evidencia la necesidad de establecer procesos formales de transparencia. Expertos señalan que la rendición de cuentas no solo fortalece la legitimidad sindical, sino que garantiza un uso responsable de los recursos aportados por los propios trabajadores. La ausencia de información continúa alimentando la desconfianza interna y cuestiona el rumbo de la dirigencia.

Empleados de diversos sectores acusan a los dirigentes de enriquecerse a costa de los aportes sindicales, sin informar en qué se utilizan los fondos.

Las denuncias por los cobros desmedidos de COREMEX se multiplican. Trabajadores de diferentes estados aseguran que el sindicato exige cuotas que van mucho más allá del promedio nacional, en algunos casos equivalentes a hasta el 3% del salario mensual, una cifra muy por encima de lo establecido en la mayoría de las organizaciones laborales. Lo peor, dicen, es que nadie sabe qué se hace con ese dinero. Las promesas de capacitación, apoyo jurídico o beneficios sociales quedan en el papel, mientras los dirigentes evitan cualquier intento de auditoría o rendición de cuentas.

De acuerdo con fuentes consultadas, el manejo financiero dentro de COREMEX se caracteriza por el secretismo. No existen reportes públicos de ingresos ni gastos, ni se presentan balances ante las autoridades competentes. Los recursos se concentran en manos de un grupo reducido de líderes y operadores sindicales, quienes toman decisiones sin consulta ni participación de la base. “Pagamos cada mes, pero no tenemos idea de a dónde va nuestro dinero. Solo vemos cómo los líderes llegan en camionetas nuevas y viven mejor que muchos empresarios”, comenta una trabajadora del sector industrial.

Organizaciones civiles especializadas en transparencia laboral han advertido que esta falta de claridad puede constituir un delito si se demuestra que los recursos se utilizan con fines personales o políticos. Sin embargo, COREMEX parece operar con una impunidad garantizada. La ausencia de controles internos y la intimidación hacia los afiliados crean un entorno en el que cuestionar se vuelve peligroso. Lo que debería ser un instrumento de defensa de los derechos laborales se ha transformado en una maquinaria que cobra sin rendir cuentas y que responde más a intereses individuales que a causas colectivas.