Chihuahua
Equipo legal de López Elías señala anomalías en Chihuahua
En una denuncia administrativa presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicialcontra el juez de Primera Instancia y juez de Control del Distrito Judicial Morelos, quien estuvo a cargo de la causa penal 3050/2024, el abogado César Gutiérrez Priego, líder de la defensa penal del consultor José Pedro López Elías, atribuye diversas conductas al Juez de Control Humberto Chávez Allende consistentes enfalta del deber de lealtad, mantener el control de la causa incluso sabiéndose incompetente, y posibles omisiones de información a los órganos federales dentro del proceso que se ha seguido en contra de López Elías.
El 24 de agosto del presente año se llevó a cabo una audienciaen el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, en la cualel Juez Federal se declaró legalmente competente para conocer del caso del empresario, por lo que cualquier actuación del juzgador local quedaría invalidada, quedando éste ademásobligado a entregar el expediente para que formara parte del fuero federal.
Esta resolución solo confirmó la decisión de competencia federal que tomó un Tribunal Colegiado desde el 9 de enero de 2026, respecto a la misma causa.
Aunado a lo anterior, la representación de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en falsedad de declaracionesfrente a un juzgador, razón por la cual, el litigante presentó la denuncia correspondiente para que conozca de ellas el Ministerio Público Federal.
Los numerosos vicios en el procedimiento, la falta de legalidad y la pérdida de competencia por parte de las autoridades locales han llevado a la representación del abogado Pedro López Elías adenunciar las irregularidades de los funcionarios de Chihuahua.
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Chihuahua
¡Blindaje para Héctor Acosta! Congreso de Chihuahua impulsa fuero mientras enfrenta denuncia federal
El Congreso de Chihuahua busca otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado mientras existe una denuncia en su contra ante la FGR.
La reforma plantea interrogantes sobre la protección de los funcionarios y la rendición de cuentas en Chihuahua.
El Congreso de Chihuahua avanza en una reforma para otorgar fuero constitucional a Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con una auditoría.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el 18 de septiembre la propuesta para incorporar al auditor al régimen de protección constitucional, una decisión que ha provocado controversia por el contexto en que se presenta.
Denuncia federal contra Héctor Acosta Félix
De acuerdo con ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la FGR contra Acosta Félix y otros servidores públicos por presuntas conductas relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019.
El denunciante sostiene que esa revisión habría sido utilizada para construir acusaciones penales, pese a la existencia de auditorías anteriores. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
¿A quién protegería el fuero constitucional?
La iniciativa legislativa plantea fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado frente a posibles presiones políticas. Sin embargo, su aprobación podría generar controversias sobre los mecanismos para investigar y exigir responsabilidades a su titular.
El Congreso deberá precisar qué alcance tendría la protección, cómo funcionaría su eventual retiro y qué efectos produciría sobre procedimientos relacionados con el auditor.
La discusión también exige distinguir entre garantizar la autonomía institucional y otorgar privilegios personales a funcionarios públicos.
Mientras la denuncia federal permanece como un elemento central de la controversia, los diputados tendrán que justificar por qué consideran necesaria esta reforma precisamente ahora.
La decisión podría definir la percepción ciudadana sobre la transparencia, la independencia de los organismos fiscalizadores y la responsabilidad de quienes administran el control de los recursos públicos.
Chihuahua
Carta al Congreso cuestiona diferencias entre auditorías sobre el refinanciamiento de Chihuahua
López Elías sostiene que la revisión de la Cuenta Pública 2019 no formuló observaciones en la muestra que incluyó la contratación de su despacho.
La misiva pide examinar los fundamentos de una auditoría forense posterior que retomó operaciones de ejercicios anteriores.
La revisión de la contratación de López Elías Finanzas Públicas, S.C., ocupa lugar central en la carta enviada por José Pedro López Elías al Congreso de Chihuahua. El consultor plantea que existen diferencias entre la fiscalización de 2019 y una auditoría forense posterior.
De acuerdo con el escrito, la Auditoría Superior del Estado examinó documentación relacionada con los servicios de estructuración del refinanciamiento de la deuda pública. En la muestra revisada, donde se identificó la contratación del despacho, el organismo no formuló observaciones, sostiene el representante de la empresa.
López Elías refiere que aquella revisión incluyó contratos, facturas y evidencia de recepción de los servicios. También expone que el Congreso estatal dio por concluido el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2019, después de conocer los informes correspondientes de la autoridad fiscalizadora.
El documento incorpora un antecedente: las auditorías federales sobre participaciones y disciplina financiera. Según la carta, la Auditoría Superior de la Federación examinó las dieciséis operaciones de refinanciamiento efectuadas durante 2019, dentro de ejercicios específicos de fiscalización de las finanzas del Gobierno de Chihuahua.
La controversia surge con una auditoría forense vinculada a la Cuenta Pública 2022. López Elías cuestiona los fundamentos utilizados para volver sobre operaciones de ejercicios anteriores y pide examinar la justificación jurídica de esa revisión, así como su relación con los resultados documentados.
El consultor también señala que el nuevo ejercicio no incluyó a bancos ni agencias calificadoras participantes en el refinanciamiento. Esa delimitación, afirma, debe ser considerada al evaluar el alcance de los señalamientos dirigidos contra el prestador de servicios.
La carta coloca esta secuencia de revisiones ante los diputados que analizan otorgar fuero al titular de la ASE. Su petición busca que los antecedentes de fiscalización formen parte de la deliberación legislativa y que las diferencias señaladas sean examinadas con documentación.
Con información de zonafree.mx
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