López Elías sostiene que la revisión de la Cuenta Pública 2019 no formuló observaciones en la muestra que incluyó la contratación de su despacho.

La misiva pide examinar los fundamentos de una auditoría forense posterior que retomó operaciones de ejercicios anteriores.

La revisión de la contratación de López Elías Finanzas Públicas, S.C., ocupa lugar central en la carta enviada por José Pedro López Elías al Congreso de Chihuahua. El consultor plantea que existen diferencias entre la fiscalización de 2019 y una auditoría forense posterior.

De acuerdo con el escrito, la Auditoría Superior del Estado examinó documentación relacionada con los servicios de estructuración del refinanciamiento de la deuda pública. En la muestra revisada, donde se identificó la contratación del despacho, el organismo no formuló observaciones, sostiene el representante de la empresa.

López Elías refiere que aquella revisión incluyó contratos, facturas y evidencia de recepción de los servicios. También expone que el Congreso estatal dio por concluido el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2019, después de conocer los informes correspondientes de la autoridad fiscalizadora.

El documento incorpora un antecedente: las auditorías federales sobre participaciones y disciplina financiera. Según la carta, la Auditoría Superior de la Federación examinó las dieciséis operaciones de refinanciamiento efectuadas durante 2019, dentro de ejercicios específicos de fiscalización de las finanzas del Gobierno de Chihuahua.

La controversia surge con una auditoría forense vinculada a la Cuenta Pública 2022. López Elías cuestiona los fundamentos utilizados para volver sobre operaciones de ejercicios anteriores y pide examinar la justificación jurídica de esa revisión, así como su relación con los resultados documentados.

El consultor también señala que el nuevo ejercicio no incluyó a bancos ni agencias calificadoras participantes en el refinanciamiento. Esa delimitación, afirma, debe ser considerada al evaluar el alcance de los señalamientos dirigidos contra el prestador de servicios.

La carta coloca esta secuencia de revisiones ante los diputados que analizan otorgar fuero al titular de la ASE. Su petición busca que los antecedentes de fiscalización formen parte de la deliberación legislativa y que las diferencias señaladas sean examinadas con documentación.

Con información de zonafree.mx

Los trabajadores de Volkswagen están frente a una decisión que podría tener consecuencias mucho mayores que simplemente aceptar o rechazar una propuesta. Si el NO se impone y no existe una segunda votación, la posibilidad de una huelga crecería considerablemente y el control de las siguientes decisiones podría trasladarse de los trabajadores hacia la dirigencia encabezada por Hugo Tlalpan.

Por eso, antes de votar, hay una pregunta que debería responderse con claridad: ¿qué pasa exactamente si gana el NO?

La respuesta resulta fundamental. Rechazar una propuesta puede parecer, en principio, una manera de exigir mejores condiciones. Sin embargo, si después del rechazo no existe una segunda oportunidad para que la base vote, los trabajadores podrían encontrarse ante un escenario completamente distinto al que imaginaron al momento de emitir su sufragio.

Ya no se trataría solamente de exigir más.

Se trataría de enfrentar la posibilidad real de una huelga.

Y entonces surge otro cuestionamiento inevitable: ¿están preparados los trabajadores y sus familias para asumir las consecuencias de ese escenario?

Una huelga significa incertidumbre. Nadie puede garantizar de antemano cuánto durará, cuáles serán sus efectos económicos ni bajo qué condiciones terminará el conflicto. Presentarla simplemente como el siguiente paso de una negociación sería minimizar una decisión que puede afectar directamente a miles de trabajadores.

Pero existe otro elemento que merece atención: quién tendría el poder de decidir lo que sigue.

Si la base rechaza la propuesta y no vuelve a ser consultada antes de avanzar hacia una huelga, la dirigencia de Hugo Tlalpan adquiriría una responsabilidad y un margen de maniobra considerablemente mayores.

Ese escenario debería preocupar incluso a quienes están inconformes con la propuesta.

Porque votar NO a un acuerdo no necesariamente significa votar por una propuesta mejor. Dependiendo de las reglas del proceso, podría significar que el trabajador emita su última decisión directa y que, a partir de ese momento, sean Hugo Tlalpan y la dirigencia sindical quienes conduzcan el conflicto.

¿Los trabajadores quieren otorgarles ese poder?

La pregunta no pretende restar legitimidad al derecho de huelga. Pretende cuestionar si cada trabajador conoce verdaderamente las consecuencias de su voto y si está dispuesto a respaldar el rumbo que tome la dirigencia después de un rechazo.

Hugo Tlalpan tiene, por ello, una obligación que no debería evadir: explicar sin ambigüedades qué sucederá si gana el NO.

¿Habrá otra oportunidad para votar?

¿Se presentará una nueva propuesta?

¿La base decidirá nuevamente antes de una huelga?

¿O será la dirigencia sindical la encargada de determinar hasta dónde llevar el enfrentamiento con Volkswagen?

No son preguntas menores. Son interrogantes que deberían responderse antes de las urnas, porque hacerlo después podría ser demasiado tarde.

Los trabajadores deben tener claro que una votación de esta naturaleza no termina cuando se cuentan las papeletas. El verdadero problema comienza al día siguiente, cuando hay que decidir qué hacer con el resultado.

Y si el escenario es un NO sin segunda votación, el asunto adquiere otra dimensión: los trabajadores podrían rechazar una propuesta, pero también estar entregando a Hugo Tlalpan una parte fundamental de la decisión sobre lo que viene después.

Por eso la discusión no debería limitarse a preguntar si la propuesta es suficiente.

La pregunta de fondo es mucho más seria:

¿Están preparados para una huelga y están dispuestos a dejar en manos de Hugo Tlalpan la decisión de hasta dónde llevarla?

Antes de votar NO, cada trabajador debería tener una respuesta.

El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.

El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos por conspirar para lavar 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante el uso decriptomonedas.

El acusado de 48 años de edad admitió que utilizó carteras de activos virtuales bajo su control para recibir las ganancias ilícitas de las drogas.

Vázquez González coordinó sus actividades ilícitas con intermediarios financieros, conocidos como ‘money brokers’, para recolectar las ganancias del narcotráfico en diversas ciudades estadounidenses.Tambiéncambió las criptomonedas por dólares estadounidensesen México para devolver el dinero en efectivo a los organizadores de la red.

El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.

La fiscalía federal programó la audiencia de sentencia para el próximo 17 de diciembre, donde el acusado enfrentará una pena máxima de 20 años de prisión.

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El fiscal federal Jason Parman y el agente especial Jim Scott anunciaron conjuntamente este resultado judicial en el estado de Kentucky.

La Oficina Residente de la DEA en Lexington investigó el caso con el apoyo de diversas divisiones policiales de Estados Unidos y México.

Esta investigación criminal formó parte de la iniciativa de seguridad nacional denominada Homeland Security Task Force.