Gobierno
INE pide 37 mil 700 millones de pesos para elecciones de 2024

El INE presentará a la Cámara de Diputados el “Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024”
El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con un anteproyecto de 37 mil 700 millones de pesos para las elecciones del 2024, que habrá de aprobar en el ejercicio presupuestal del Paquete Económico de la Cámara de Diputados para el 2024, que incluye lo correspondiente para el financiamiento a partidos.
Será la Comisión Temporal del Instituto quien presentará el anteproyecto, en donde 10 mil 444 millones de pesos corresponderán al financiamiento a los partidos políticos nacionales; 6 mil 807 millones de pesos para gasto ordinario y 3 mil 304 millones a campañas electorales, por lo que se incrementa el presupuesto en 839 millones de pesos en prerrogativas. Otro gasto de 528 millones de pesos será para la posible realización de alguna consulta popular.
Además, se contempla un monto extra de 3 mil 304 millones de pesos llevar a cabo los comicios del próximo año, los más grandes de la historia de nuestro país en el que se renovarán los cardos de presidente de la República; 128 senadores; 500 diputados federales; nueve gubernaturas; 31 Congresos locales; mil 580 ayuntamientos; 16 alcaldías y 24 juntas municipales.
Para candidaturas independientes se prevé un gasto de 66 mil 97 pesos, tanto para quienes vayan por la Presidencia, como para la Cámara de Diputados o de senadores.
El monto general se basa en un crecimiento económico del país el próximo año de 3 por ciento; una inflación de 4 por ciento; una tasa de interés de 8.5 por ciento y un precio de barril de petróleo de 56.3 dólares por barril.
Destaca el INE que existe la posibilidad de que la Cámara de Diputados no otorgue el monto solicitado en el presupuesto del “Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024” que será presentado, ilo que impactaría en la organización y ejecución de la elección.
“Es un proceso de gran envergadura que implica una coordinación y comunicación constante entre autoridades electorales, áreas estratégicas, ejecutivas y técnicas del instituto, aunado a la suma de esfuerzos operativos, materiales, logísticos, tecnológicos y humanos, para que se desarrollen las mejores prácticas en el proceso electoral”, argumentó el INE.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió cada uno de los montos integrados en el anteproyecto y dijo que para su elaboración se acataron “todas las reglas”, incluyendo las de austeridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El presupuesto total que se solicitará para el árbitro electoral en el año entrante es de 37 mil 770 millones de pesos. “Es una garantía que se cuidó cada detalle, cada cifra que fue colocada fue debidamente cuidada sin poner nada en riesgo del proceso electoral”, sostuvo.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto del INE, Carla Humphrey, indicó que el anteproyecto contempla reducción de presupuesto a áreas como el Órgano Interno de Control, Informática, el Registro Federal Electoral, el Servicio Profesional Electoral, la representación de los partidos políticos y la coordinación de asuntos internacionales, entre otras.
Recordó que habrá la renovación de más de 20 mil cargos de elección popular, por lo que se deberán instalar más de 170 mil casillas; se deberán capacitar a 1.53 millones de ciudadanos como funcionarios de casillas y se producirán 14.32 millones de credenciales de elector.
Gobierno
Hidalgo ocupa el 4° lugar en huachicoleo a nivel nacional

En los primeros cuatro meses del año, Hidalgo acumuló 225 carpetas de investigación por robo de combustible, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Durante el primer cuatrimestre de 2025, en Hidalgo se promediaron al menos 56 carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Así se especifica en el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el que Hidalgo figura en cuarto lugar a nivel nacional por el delito conocido como huachicoleo.
En total, en la entidad se registraron 225 querellas por la extracción ilegal de combustible en el periodo de enero a abril de la presente anualidad.
Gobierno
Gobernador Julio Menchaca admite operación de cárteles en Hidalgo tras reporte de la DEA

El gobernador dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo” sobre cómo el CJNG y el Cártel de Sinaloa se han apoderado de la entidad
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, luego de la publicación del informe anual de la agencia para la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El documento señala operaciones activas de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste en territorio hidalguense.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, expresó el mandatario, al aceptar que en Hidalgo existen actividades delictivas vinculadas con estas organizaciones. Aunque consideró importante el contenido del informe, también advirtió que no debe asumirse como una verdad absoluta, pues proviene de una agencia extranjera “con intereses propios”:
“Nosotros no trabajamos para evitar datos o estadísticas o cifras, trabajan cientos de mujeres y hombres en el combate al crimen”, afirmó el mandatario, al tiempo de añadir que Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros y que existe confianza del sector empresarial para invertir.
Menchaca indicó que su administración revisará el informe junto con el gabinete de seguridad, a fin de analizar la información y fortalecer las estrategias estatales en materia de seguridad.
El gobierno de Hidalgo ha operado para combatir la presencia del narcotráfico, asegura
Menchaca Salazar subrayó que sí existen detenciones de miembros de estas organizaciones criminales, así como decomisos de drogas, inmuebles y vehículos, como parte de los operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.
El informe de la DEA documenta que el CJNG tiene presencia en Hidalgo, donde ha establecido laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina. También apunta a que el cártel participa en actividades como extorsión, robo de combustible y lavado de dinero.
Menchaca respondió a estas acusaciones al destacar que Hidalgo se mantieneun clima de seguridad ha favorecido la atracción de inversiones. Anunció que en mayo se presentará el séptimo anuncio de inversiones, con una cartera que supera los 25 mil millones de pesos.
El mandatario pidió a la DEA centrarse en resolver su propia crisis de consumo de drogas, en lugar de emitir juicios unilaterales sobre la situación en México. Recordó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de una colaboración entre países sin subordinación.
Finalmente, reiteró que en Hidalgo sí se combate frontalmente al crimen organizado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades. “Trabajan cientos de mujeres y hombres para proteger a los ciudadanos. No maquillamos cifras”, afirmó.
También aseguró que analizará en profundidad el informe de la DEA con su equipo de seguridad para determinar las acciones necesarias y garantizar la paz en el estado.
Gobierno
19 millones de pesos en herramientas tecnológicas para reforzar la búsqueda de personas en Hidalgo

Además de la adquisición de drones, el recurso federal servirá para el centro de resguardo temporal de restos
El comisionado de Búsqueda de Personas de Hidalgo, Francisco García Reyes, señaló que los 19 millones 165 mil 319 pesos que la Comisión Nacional de Búsqueda destinará este año se invertirán en herramientas tecnológicas, específicamente drones.
Centro de restos en Hidalgo
Indicó que el recurso también se utilizaría en continuar la construcción del centro de resguardo temporal de restos, el cual administra desde hace dos años tras un convenio con la Procuraduría, responsable del sitio.
Aunque no precisó cuántos drones se comprarán, apuntó que la idea es darle continuidad al centro de resguardo temporal de restos a través de más cámaras mortuorias y apuntó que la construcción va en 75 por ciento.
“En las cámaras mortuorias es donde se depositan los cuerpos a través de un proceso pericial que hace Procuraduría y después de ello se ingresan ahí”, sostuvo, al tiempo de mencionar que el centro de resguardo tiene cerca de 500 cámaras, sin mencionar cuántas más se construirían.
Aunque la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas publicó el convenio en el Diario Oficial de la Federación sobre los 19 millones 165 mil 319 pesos que se le destinarán a su homóloga local en 2025, Francisco García consideró que podrían ser menos recursos pues el convenio establece que esta cantidad está sujeta a la suficiencia hacendaria, “esto es para todos los estados”.
Recordó que en 2023 se había autorizado por parte del gobierno federal una bolsa concursable para el estado de Hidalgo de más de diez millones de pesos y apuntó que al final de ese monto solo se destinaron dos millones 900 mil pesos, “entonces no podríamos tener certeza (sobre lo que se dará este año)”.
Competencias
La Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Hidalgo establece que la Comisión de Búsqueda de Personas es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, en el territorio del estado de Hidalgo, en coordinación con la Comisión Nacional, las instituciones que integran el Sistema Nacional, el Sistema Estatal y las demás autoridades en la materia, de conformidad con lo establecido en la Ley General y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar con la Comisión de Búsqueda de Personas para el cumplimiento de la Ley en la materia.
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