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SCJN concede suspensión a Samuel García para frenar eventual destitución o inhabilitación

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El máximo tribunal determinó que el juicio político contra el mandatario podrá continuar en el Congreso de Nuevo León, pero ordenó suspender la ejecución de cualquier eventual sanción que implique su destitución o inhabilitación mientras resuelve el fondo de la controversia constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió unasuspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda,dentro de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo estatalcontra el juicio políticoque enfrenta ante el Congreso local.

La medida cautelar impide que se ejecute cualquier resolución derivada del procedimiento queimplique la separación del cargo o la inhabilitación del mandatario,mientras el máximo tribunalanaliza y resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, la suspensiónno detiene el desarrollo del juicio político,por lo que el Congreso de Nuevo León podrá continuar con las etapas procesales correspondientes.

De acuerdo con la resolución, publicada en la Lista Extraordinaria de Notificaciones de la SCJN y relacionada con la controversia constitucional 386/2026, notificada el 13 de julio, la Corte determinó: “Se procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político,hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional”.

Asimismo, el tribunal precisó que la medida cautelar no busca frenar el procedimiento legislativo, sinoevitar que se materialicen posibles sancionesantes de que exista una resolución definitiva sobre la controversia. En ese sentido, señaló: “Es importante reiterar que los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinaciónencaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”.

La SCJN argumentó que, de no otorgarse la suspensión,podría generarse una afectación de difícil reparaciónen caso de que posteriormente se declarara fundada la controversia constitucional, “pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popularno es recuperable”.

“Además, con esta medidase salvaguarda el normal desarrollo de la administración pública estatal,así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su titular”, dice la resolución.

La controversia constitucional fue presentada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León en contra del procedimiento de juicio político iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local. El proceso se originóa partir de una denuncia promovida por Morena,en la que se señalan presuntas violaciones constitucionales, irregularidades en el procedimiento y un supuesto desvío o triangulación de recursos públicos.

El gobierno estatal ha sostenido que el expediente utilizado para sustentar el juicio políticocarece de pruebas suficientesy que únicamente contiene la identificación oficial de la persona denunciante, así como recortes y notas periodísticas.

Antes de la intervención de la SCJN, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo Leónhabía concedido una suspensión provisionalpara detener temporalmente la votación relacionada con el juicio político.

Tras conocerse la resolución de la Corte, el gobernador Samuel García informó en redes sociales que el máximo tribunal habíaadmitido la controversia constitucional y concedido la suspensión.“Acaba de publicar la SCJN la admisión y suspensión del juicio político (que le sigue la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León)”, escribió.

Por su parte, el asesor jurídico del Congreso local, Ricardo Tamez, afirmó que la suspensión otorgada por la SCJN esdistinta al amparo concedido por la justicia federal,ya que permite que el Congreso y, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia continúen resolviendo el procedimiento. “En la Corte sí autorizan a resolver en definitiva al Congreso y por ende al Tribunal Superior de Justicia, y solo en el caso de que se sancione su destitución, se suspende su ejecución para separarlo”, señaló.

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Inmuebles del gobierno federal disponibles para su venta en la capital del país

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ElInstitutode Administración yAvalúosdeBienesNacionales(INDAABIN) publicó hoy el pasado 9 de julio un portafolio deinmuebles federalesdisponibles para dependencias, entidades y otrasinstituciones públicasprevistas en la Ley General de Bienes Nacionales.

Según el propio INDAABIN, ellistadode edificios delgobiernotienevigenciahasta que se difunda laactualizacióndel siguientemes, plazo que debe considerarse paramanifestarpor escrito elinterésde que se destine alguno de los bienes.

Entre losinmueblesenlistados enCDMXaparecen tres ubicaciones en la alcaldíaCuauhtémoc, según el portafolio: un tipo mixto enCalle Santa Veracruz 43, coloniaGuerrero, C.P. 06300; una edificación enCalle Serapio Rendón 9, coloniaSan Rafael, C.P. 06470; y otra edificación enAvenida Balderas 94, coloniaCentro, C.P. 06070.

Para más información, elINDAABINindicó que laDirecciónde Planeación Inmobiliaria atiende en loscorreosepena@indaabin.gob.mx,lsevilla@indaabin.gob.mxyazamora@indaabin.gob.mx.

Programa de la CDMX ofrece departamentos de 700 mil a 900 mil pesos

El programaViviendaenConjuntode laCDMXpermite afamiliascon bajos y medianos ingresoscomprar departamentosde entre700 mily900 mil pesos, con mensualidadessin intereses, como parte de una estrategia delgobiernocapitalino para bajar elcosto finalde la vivienda y evitarcréditoscon tasas altas.

Además del precio de losdepartamentos, el esquema contemplaapoyoseconómicos delINVIque van desde14 milhasta500 mil pesos, según la capacidad depagoy el tipo decrédito. También incluye transferencias de alrededor de45 mil 500 pesospara mecanismos desustentabilidad.

Lainiciativaopera bajo un modelo decoproducciónde vivienda. En ese esquema, elGobiernode laCDMXaportarecursos,suelo,financiamientoyacompañamientoinstitucional, mientras lasorganizacionessociales se encargan de lagestión, laorganizaciónde los beneficiarios y elseguimientode los proyectos.

Elprogramaestá dirigido ahabitantesde lacapitalque necesitan unasolucióndevivienday buscan permanecer en laciudad. También contempla afamiliasque no pueden acceder acréditos tradicionalesy a personas integradas enorganizaciones socialesy cooperativas de vivienda que trabajan con el Instituto deViviendade laCDMX.

Programa exige acreditar ingresos y no tener otra vivienda

Para inscribirse, lapersonasolicitante debe estaracreditadapor el ProgramaVivienda en Conjuntoy formar parte de unproyectodeviviendaaprobado. También debe comprobar uningreso promediode hastatresveces elsalario mínimodiario y encontrarse en un grado alto o muy alto devulnerabilidadpor nivel de ingresos.

Elprogramaprioriza a hogares con mayorescarencias económicas, entre ellosmujeresjefas de familia,madres solterasy personas en situación devulnerabilidad, según la publicación. Entre los requisitos básicos también está no serpropietariode otravivienday no contar concréditovigente deInfonavitni deFOVISSSTE.

En algunos esquemas sociales, además, se pide demostraringresosfamiliaresmenoresa dossalarios mínimos. La documentación requerida incluyeidentificaciónoficial,CURP,comprobantede domicilio reciente y comprobantes deingresosde los últimos tres meses.

Ese es el punto central del programa: pueden solicitar suincorporaciónlas personas que viven en laCDMX, no tienenvivienda propia, cumplen con el límite deingresosfijado por el esquema y ya están integradas a unproyectohabitacional avalado por elinstituto.

La atención para conocer detalles del programa, entregar documentos y resolver dudas se brinda en16 módulosactivos delINVIdistribuidos en distintasalcaldíasde la ciudad.

Parte de esas oficinas se ubican enIztacalco, en Canela 660, colonia Granjas México, y en Oriente 237 59, colonia Agrícola Oriental. También hay módulos enÁlvaro Obregón, en Canarios s/n, colonia Tolteca; enAzcapotzalco, en Avenida 16 de Septiembre 110, colonia San Martín Xochinahuac; y enCoyoacán, en Chichimecas esquina Tepalcatzin, colonia Ajusco.

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El “Bayo” Valenzuela: Un perfil manchado por el escándalo, la trampa y el colapso ético al frente de la justicia

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Luis Abelardo Valenzuela Holguín y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua son cuestionados por invadir competencias estatales.


Hay nombres en la política de Chihuahua que evocan de inmediato la simulación y el chantaje, pero la permanencia de Abelardo Valenzuela Holguín —asentado en la memoria colectiva del estado simplemente bajo el alias de “El Bayo”— al frente de la Fiscalía Anticorrupción representa un insulto directo a la inteligencia ciudadana y un agravio frontal a las instituciones de impartición de justicia. Que un personaje cuya trayectoria pública ha estado marcada de forma indeleble por la opacidad, la maniobra tramposa, la sospecha toxicológica y el desprestigio político ostente hoy la máxima responsabilidad para velar por la honestidad en el servicio público no es solo una contradicción descarada: es la prueba más contundente de la profunda podredumbre y del solapamiento con el que se gestiona la justicia en la entidad.

El cimiento sobre el cual “El Bayo” erigió su carrera no está edificado en el mérito profesional, la solvencia técnica o la integridad moral, sino en la provocación de crisis internas, la trampa procedimental y el encubrimiento cupular. La historia oficial del panismo estatal no puede borrar los escandalosos hechos acontecidos en el invierno de 2007 en Ciudad Juárez, cuando el proceso de elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) para renovar el Comité Directivo Municipal terminó convertido en un espectáculo grotesco por causa directa y exclusiva de las acciones de Valenzuela Holguín. Mientras la militancia exigía una contienda transparente y los demás aspirantes cumplieron abiertamente con los requisitos éticos establecidos —incluyendo la prueba de examen toxicológico—, “El Bayo” convirtió su propio expediente en una mina de desacreditación.

Cuando las sombras de un resultado toxicológico adverso cayeron de lleno sobre su candidatura, Valenzuela Holguín no actuó con la entereza, la madurez ni la valentía de quien no tiene nada que ocultar ante la sociedad. Por el contrario, recurrió de inmediato a una agresiva estrategia de descalificación institucional, al litigio tramposo y al desmantelamiento de los procedimientos normativos de su propia organización política, arrastrando a su partido a un colapso estructural sin precedentes en la frontera. Su negativa sistemática a transparentar su situación de salud, sus ataques a la cadena de custodia de las muestras y su rechazo categórico a someterse a una verificación imparcial provocaron la reventada total de la elección programada para el 2 de diciembre de 2007, forzando la inédita intervención de la dirigencia nacional, la humillante defenestración de los liderazgos locales —encabezados en ese momento por José Sigala Valero— y la posterior imposición de una junta provisional para intentar controlar el desastre.

La marca indeleble que dejó “El Bayo” en aquel episodio no fue la de un líder comprometido con los valores democráticos, sino la de un operador oscuro dispuesto a incinerar la credibilidad de toda una organización antes que rendir cuentas o aceptar un resultado desfavorable. Que un individuo con semejante prontuario de maniobras evasivas ocupe hoy el despacho principal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua explica con aterradora claridad por qué la ciudadanía percibe a esta institución no como un órgano autónomo e imparcial de persecución del delito, sino como un vulgar garrote de persecución política operado por un personaje cuya propia ética permanece bajo perpetua sospecha.

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Abelardo «El Bayo» Valenzuela: el fiscal de la opacidad en Chihuahua

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Hay nombramientos que desgastan la legitimidad de un gobierno en el preciso instante en que se firman. La designación de Abelardo «El Bayo» Valenzuela Holguín como fiscal Anticorrupción de Chihuahua es, sin duda, uno de los capítulos más descarados en la historia reciente de la función pública local. Entregarle la persecución de los delitos de corrupción a un personaje cuyo mayor antecedente político es haber reventado a su propio partido para esconder un resultado incómodo no es solo un error de juicio: es una provocación directa a la ciudadanía.

Para entender el calibre de la impostura que representa «El Bayo» al frente de un órgano fiscalizador, basta con revisar la memoria hemerográfica de diciembre de 2007 en Ciudad Juárez. En aquel entonces, Valenzuela aspiraba a dirigir el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN). Lo que debía ser una contienda democrática entre cinco militantes derivó en una guerra de trincheras orquestada por el propio Valenzuela cuando las reglas de la transparencia dejaron de favorecerlo.

El conflicto escaló a niveles insólitos con la aplicación de exámenes antidoping a los contendientes, una medida impulsada para enviar un mensaje de pulcritud a la sociedad. Cuatro de los aspirantes mostraron sus folios con resultados negativos sin el menor inconveniente. En el caso de «El Bayo», en cambio, la sombra de un resultado positivo comenzó a circular con fuerza en los medios. Ante la exigencia natural de la dirigencia y de sus rivales para someterse a un segundo examen y disipar las sospechas, Valenzuela no actuó como un servidor público dispuesto a la rendición de cuentas: actuó con el cinismo del tramposo acorralado.

En lugar de poner el brazo para despejar cualquier duda, Valenzuela arremetió contra el procedimiento. Desconoció la validez de las pruebas que él mismo había aceptado, atacó la credibilidad del laboratorio, desacreditó la cadena de custodia y denunció conspiraciones en su contra. La maniobra era transparente: generar un ruido mediático desmedido para sofocar los hechos. Prefirió sumir al PAN juarense en una crisis institucional sin precedentes, provocar la caída del dirigente local José Sigala Valero y forzar la cancelación de la elección del 2 de diciembre antes que entregar una sola prueba clara sobre su conducta.

Ese es el verdadero historial de Abelardo Valenzuela: la confrontación antes que la verdad; el sabotaje de los procesos antes que la rendición de cuentas.

Que un perfil con semejante tufo a maña y encubrimiento encabece hoy la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua transforma a la institución en una pésima caricatura de sí misma. ¿Con qué solidez ética puede un fiscal investigar el ocultamiento de información o la alteración de pruebas si él mismo edificó su carrera desacreditando peritajes para salvar el pellejo? ¿Qué garantías de debido proceso ofrece a los imputados quien en el pasado desconoció la autoridad de las normas en cuanto le resultaron adversas?

«El Bayo» Valenzuela no es un fiscal independiente, recto ni técnicamente solvente; es un operador político de mecha corta y métodos cuestionables que utiliza la institución como un escudo personal y un garrote a conveniencia. Su presencia en la Fiscalía Anticorrupción es un insulto a las exigencias de transparencia del estado de Chihuahua. Mientras siga despachando desde esa oficina, cualquier investigación que firme estará manchada por la misma opacidad con la que construyó su trayectoria política.

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