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México libra “batalla imaginaria contra las drogas» con redadas a laboratorios inactivos: Reuters

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De los 527 laboratorios allanados por el ejército mexicano en los primeros siete meses del año, sólo 24 laboratorios, o menos del 5%, estaban activos

El ejército mexicano parece estar asegurando solo un puñado de laboratorios activos de drogas por mes, pese a la presión de Estados Unidos para acabar con eltráfico de fentanilo, y las instalaciones que ya estaban fuera de uso representan el 95 por ciento de las incautaciones de este año, según cifras de la Secretaría de Defensa obtenidas por Reuters.

Reuters reveló en marzo que México había revisado drásticamente al alza el número de redadas de laboratorios desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines del 2018, al incluir en su lista de incautaciones a cientos que estaban inactivos. En ese momento, la agencia de noticias no pudo establecer qué porcentaje de los laboratorios allanados estaban operativos cuando fueron decomisados.

Nuevos datos obtenidos por Reuters en agosto de la Secretaría de Defensa de México (SEDENA) después de una solicitud de información muestran que de los 527 laboratorios allanados por el ejército de México en los primeros siete meses del año, sólo 24 laboratorios, o menos del 5 por ciento, estaban «activos».

El conjunto de datos también reveló un patrón similar en los primeros cuatro años y medio de la administración de López Obrador, con laboratorios inactivos que representaron el 89 por ciento de las mil 658 redadas realizadas por el ejército desde que el presidente asumió el cargo hasta agosto de este año. Los datos no especifican cuánto tiempo estuvieron fuera de uso los laboratorios.

Asfixiar el flujo ilícito de fentanilo procedente de México se ha convertido en una prioridad para el presidente estadounidense Joe Biden, que ha aumentado la presión sobre el Gobierno de López Obrador para que intensifique la búsqueda de laboratorios clandestinos en suelo mexicano.

Agregar descubrimientos de laboratorios inactivos -que pueden haber estado abandonados durante años- al recuento de incautaciones en México tuvo el efecto de inflar el historial de López Obrador en medio de la presión de Washington, dijo Guillermo Valdés, jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional entre 2007 y 2011.

«La SEDENA está tirando su prestigio alterando las cifras. ¿Quién les va a creer después de esto?», dijo Valdés, quien ha criticado la estrategia de seguridad de no intervención de López Obrador.

La presidencia de México y la SEDENA no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios para esta historia.

Agregar descubrimientos de laboratorios inactivos tuvo el efecto de inflar el historial de López Obrador en medio de la presión de Washington

Guillermo Valdés, exjefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

Después de reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden en noviembre, para discutir la migración y el narcotráfico, López Obrador, quien antes afirmó que el fentanilo no era un problema mexicano, dijo que su país está comprometido «sinceramente a seguir ayudando en todo para evitar el tráfico de drogas y más que nada la entrada del fentanilo y otros químicos».

Casi todos los laboratorios enumerados en el conjunto de datos de la SEDENA de agosto estaban etiquetados como instalaciones de metanfetamina, y no se informó sobre laboratorios de fentanilo, en línea con las declaraciones de México hasta hace poco de que no se estaba sintetizando fentanilo en el país, una afirmación ampliamente rechazada por Washington y traficantes. México había afirmado que la droga sintética provenía de grupos criminales en Asia.

Los nuevos datos de agosto que no mostraban laboratorios de fentanilo contradecían un video presentado por la SEDENA en una conferencia de prensa del Gobierno en abril, en la que se dijo que los funcionarios habían localizado 37 instalaciones donde los precursores de etapa final se convertían en fentanilo terminado y se prensaban en pastillas.

La SEDENA no respondió a las preguntas de Reuters sobre por qué esas instalaciones no aparecen en el conjunto de datos obtenido por Reuters.

Un funcionario de la SEDENA que habló con Reuters bajo condición de anonimato dijo que las organizaciones criminales a menudo dejan los laboratorios inactivos entre rondas de síntesis de drogas, lo que significa que un laboratorio clasificado como «inactivo» en el conjunto de datos de agosto podría haber sido usado para producir drogas nuevamente si no ha sido allanado por la SEDENA.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) remitió las preguntas de Reuters sobre los datos al Departamento de Estado, que dijo que estaba trabajando con México para «fortalecer la eficacia de nuestra cooperación en materia de seguridad» y reconoce los retos de México en la incautación y desmantelamiento de laboratorios.

México no informa a Estados Unidos cuántas redadas de laboratorios de la SEDENA se llevaron a cabo en laboratorios en funcionamiento versus redadas en instalaciones desiertas

Un portavoz de la Casa Blanca dijo a Reuters que México y Estados Unidos estaban trabajando codo a codo para abordar el tráfico de fentanilo, y «estamos agradecidos por el compromiso que ha asumido el presidente López Obrador para enfrentar este desafío a través de esfuerzos internos» y con socios extranjeros.

Sin embargo, otro funcionario estadounidense dijo a Reuters que México no informa a Estados Unidos cuántas redadas de laboratorios de la SEDENA se llevaron a cabo en laboratorios en funcionamiento versus redadas en instalaciones desiertas.

Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de Brookings Institution, un centro de estudios no partidista, dijo que el informe de Reuters «simplemente refuerza cómo los datos están siendo manipulados para aplacar a Estados Unidos sin un esfuerzo realmente serio para actuar contra (…) la producción y tráfico de fentanilo».

Su opinión fue compartida por el senador republicano Chuck Grassley, copresidente del grupo de control internacional de narcóticos del Senado.

Las cifras sugieren que México está «librando una guerra imaginaria contra las drogas diseñada para ganar puntos políticos en lugar de salvar vidas», dijo Grassley, un republicano conservador.

Informes inconsistentes

Los informes de la SEDENA sobre los datos de redadas de laboratorios han sido inconsistentes en los últimos años, con modificaciones frecuentes en el número total de laboratorios allanados, según una revisión de Reuters de más de 20 conjuntos de datos publicados por la SEDENA a través del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) desde principios de 2022.

El conjunto de datos de agosto, que especifica que la mayoría de los laboratorios allanados estaban inactivos, es consistente con documentos militares internos sobre laboratorios inactivos, de los que Reuters informó por primera vez en marzo.

Reuters no pudo encontrar ninguna respuesta a las solicitudes de transparencia antes de la publicación de datos de agosto, en las que los militares indicaban que había laboratorios inactivos entre sus redadas.

Una semana después de que Reuters le pidiera a la SEDENA que comentara sobre los hallazgos de esta historia, el 11 de diciembre el INAI publicó una versión actualizada de lo que parecían ser en gran medida los mismos datos, pero la columna que indica laboratorios activos o inactivos fue cambiada para mostrar todos los laboratorios etiquetados como «activos», contradiciendo los datos de agosto.

Las redadas de laboratorio anteriores a agosto presentadas en el conjunto de datos, que fue solicitado por Reuters el 15 de noviembre, eran por lo demás casi idénticas a las presentadas en el conjunto de datos de agosto, y los datos incluían 339 redadas de laboratorio más desde agosto hasta finales de octubre de este año.

La SEDENA no respondió a más preguntas sobre por qué todos los laboratorios allanados han sido reclasificados recientemente como laboratorios activos. Reuters está buscando aclarar el conjunto de datos de diciembre con el INAI, incluyendo una explicación de las discrepancias en las dos respuestas, así como el aparente cambio en la clasificación y los criterios utilizados para determinar si un laboratorio está activo o inactivo.

«Puro show»

Los descubrimientos de laboratorios inactivos a veces están vinculados a la colusión entre los cárteles y figuras del ejército, según dos traficantes y dos extraficantes, quienes dijeron que no les sorprendían los informes sobre el descubrimiento de tantos laboratorios inactivos.

Dos traficantes de Sinaloa, un punto crítico del fentanilo, dijeron a Reuters que era común que el cártel entregara drogas o ubicaciones de laboratorios a soldados amigos que filtraban información sobre acciones militares planeadas contra grupos criminales.

Uno de los traficantes, que pidió no ser identificado, dijo que las redadas en los laboratorios eran a menudo «puro show».

Los cuatro traficantes dijeron que los miembros del cártel construyen relaciones de «quid pro quo» (reciprocidad) con los comandantes del ejército, sobornando a los soldados y ayudándolos a impresionar a sus superiores a cambio de cooperación en operaciones militares y protección de bienes valiosos.

Margarito Flores, un excapo estadounidense que fue un estrecho colaborador de El Chapo antes de convertirse en informante del gobierno de Estados Unidos en 2008, dijo a Reuters que el cártel solía hacer acuerdos con comandantes militares en el terreno, incluida la entrega de pequeños laboratorios de metanfetamina, bajo el entendido de que no tocarían a los laboratorios más grandes.

«Los intercambios ocurrían mucho», dijo Flores, refiriéndose a su tiempo con el cártel.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de los traficantes, quienes no citaron casos específicos ni identificaron a los comandantes militares involucrados en tales acuerdos. La SEDENA y otras agencias policiales no respondieron a solicitudes de comentarios.

Al asumir el cargo, López Obrador cambió la política de seguridad de México, abandonando la anterior estrategia de «capos» que se centraba en capturar a los principales jefes, pero que contribuía a que la violencia se disparara en todo el país. Estaba a favor de un enfoque menos conflictivo que intentara abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza.

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Justicia

La acusación exhibe una estrategia de presión judicial contra adversarios políticos.

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El testimonio revela presuntas prácticas de coacción desde la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.

  • El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
  • “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
  • “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
  • López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.

“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.

  • El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
  • “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.

Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.

  • El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
  • El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.

Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.

  • “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
  • La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
  • “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.

Con información de Zona Free

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Empresas

Corte discutirá si la renovación tardía fortalece el orden legal en materia de marcas

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Corte discutirá si la renovación tardía fortalece el orden legal en materia de marcas

El proyecto sostiene que la medida evita apropiaciones oportunistas de registros vencidos.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

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Justicia

TRABAJADORES DEL MONTE DE PIEDAD EXIGEN QUE ARTURO ZAYÚN ACLARE ENRIQUECIMIENTO MILLONARIO

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TRABAJADORES DEL MONTE DE PIEDAD EXIGEN QUE ARTURO ZAYÚN ACLARE ENRIQUECIMIENTO MILLONARIO

Mientras el Nacional Monte de Piedad (NMP) acumula casi un mes de paro y más de 300 sucursales cerradas, crece el malestar entre los trabajadores sindicalizados. Un amplio grupo de empleados exige que Arturo Zayún González, secretario general del sindicato mayoritario, aclare las acusaciones de presunto enriquecimiento millonario dadas a conocer por distintos medios.

De acuerdo con una investigación de XPECTRO FM, retomada por Forbes México, el dirigente habría adquirido seis propiedades —cinco en San Luis Potosí y una en Playa del Carmen— entre 2012 y 2025. Las operaciones notariales suman 13 millones de pesos, aunque el valor de mercado de los inmuebles alcanzaría los 70 millones.

Las pesquisas detectan coincidencias que levantan sospechas: las mismas notarías, pagos en efectivo, subvaluaciones y transferencias a familiares cercanos. A ello se agrega la renta de un deportivo sindical en la Ciudad de México, cuyos ingresos no aparecen reportados ante el SAT.

El conflicto ocurre en un contexto de parálisis laboral que afecta a más de un millón de usuarios y ha sido calificado por diversos sectores como “más político que laboral”. Algunos trabajadores acusan que el sindicato exige transparencia a la institución, pero no la aplica en su propia gestión. “Nunca se han mostrado los estados financieros ni el destino de las cuotas. Y ahora vemos propiedades en su poder que han costado millones de pesos”, afirmó un empleado que pidió el anonimato.

Hasta ahora, Arturo Zayún no ha ofrecido explicación pública alguna. El caso amenaza con reabrir el debate sobre las viejas prácticas del sindicalismo corporativo que la Reforma Laboral de 2019 buscaba erradicar.

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