Nacional
México libra “batalla imaginaria contra las drogas» con redadas a laboratorios inactivos: Reuters
De los 527 laboratorios allanados por el ejército mexicano en los primeros siete meses del año, sólo 24 laboratorios, o menos del 5%, estaban activos
El ejército mexicano parece estar asegurando solo un puñado de laboratorios activos de drogas por mes, pese a la presión de Estados Unidos para acabar con eltráfico de fentanilo, y las instalaciones que ya estaban fuera de uso representan el 95 por ciento de las incautaciones de este año, según cifras de la Secretaría de Defensa obtenidas por Reuters.
Reuters reveló en marzo que México había revisado drásticamente al alza el número de redadas de laboratorios desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines del 2018, al incluir en su lista de incautaciones a cientos que estaban inactivos. En ese momento, la agencia de noticias no pudo establecer qué porcentaje de los laboratorios allanados estaban operativos cuando fueron decomisados.
Nuevos datos obtenidos por Reuters en agosto de la Secretaría de Defensa de México (SEDENA) después de una solicitud de información muestran que de los 527 laboratorios allanados por el ejército de México en los primeros siete meses del año, sólo 24 laboratorios, o menos del 5 por ciento, estaban «activos».
El conjunto de datos también reveló un patrón similar en los primeros cuatro años y medio de la administración de López Obrador, con laboratorios inactivos que representaron el 89 por ciento de las mil 658 redadas realizadas por el ejército desde que el presidente asumió el cargo hasta agosto de este año. Los datos no especifican cuánto tiempo estuvieron fuera de uso los laboratorios.
Asfixiar el flujo ilícito de fentanilo procedente de México se ha convertido en una prioridad para el presidente estadounidense Joe Biden, que ha aumentado la presión sobre el Gobierno de López Obrador para que intensifique la búsqueda de laboratorios clandestinos en suelo mexicano.
Agregar descubrimientos de laboratorios inactivos -que pueden haber estado abandonados durante años- al recuento de incautaciones en México tuvo el efecto de inflar el historial de López Obrador en medio de la presión de Washington, dijo Guillermo Valdés, jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional entre 2007 y 2011.
«La SEDENA está tirando su prestigio alterando las cifras. ¿Quién les va a creer después de esto?», dijo Valdés, quien ha criticado la estrategia de seguridad de no intervención de López Obrador.
La presidencia de México y la SEDENA no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios para esta historia.
Agregar descubrimientos de laboratorios inactivos tuvo el efecto de inflar el historial de López Obrador en medio de la presión de Washington
Guillermo Valdés, exjefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
Después de reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden en noviembre, para discutir la migración y el narcotráfico, López Obrador, quien antes afirmó que el fentanilo no era un problema mexicano, dijo que su país está comprometido «sinceramente a seguir ayudando en todo para evitar el tráfico de drogas y más que nada la entrada del fentanilo y otros químicos».
Casi todos los laboratorios enumerados en el conjunto de datos de la SEDENA de agosto estaban etiquetados como instalaciones de metanfetamina, y no se informó sobre laboratorios de fentanilo, en línea con las declaraciones de México hasta hace poco de que no se estaba sintetizando fentanilo en el país, una afirmación ampliamente rechazada por Washington y traficantes. México había afirmado que la droga sintética provenía de grupos criminales en Asia.
Los nuevos datos de agosto que no mostraban laboratorios de fentanilo contradecían un video presentado por la SEDENA en una conferencia de prensa del Gobierno en abril, en la que se dijo que los funcionarios habían localizado 37 instalaciones donde los precursores de etapa final se convertían en fentanilo terminado y se prensaban en pastillas.
La SEDENA no respondió a las preguntas de Reuters sobre por qué esas instalaciones no aparecen en el conjunto de datos obtenido por Reuters.
Un funcionario de la SEDENA que habló con Reuters bajo condición de anonimato dijo que las organizaciones criminales a menudo dejan los laboratorios inactivos entre rondas de síntesis de drogas, lo que significa que un laboratorio clasificado como «inactivo» en el conjunto de datos de agosto podría haber sido usado para producir drogas nuevamente si no ha sido allanado por la SEDENA.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) remitió las preguntas de Reuters sobre los datos al Departamento de Estado, que dijo que estaba trabajando con México para «fortalecer la eficacia de nuestra cooperación en materia de seguridad» y reconoce los retos de México en la incautación y desmantelamiento de laboratorios.
México no informa a Estados Unidos cuántas redadas de laboratorios de la SEDENA se llevaron a cabo en laboratorios en funcionamiento versus redadas en instalaciones desiertas
Un portavoz de la Casa Blanca dijo a Reuters que México y Estados Unidos estaban trabajando codo a codo para abordar el tráfico de fentanilo, y «estamos agradecidos por el compromiso que ha asumido el presidente López Obrador para enfrentar este desafío a través de esfuerzos internos» y con socios extranjeros.
Sin embargo, otro funcionario estadounidense dijo a Reuters que México no informa a Estados Unidos cuántas redadas de laboratorios de la SEDENA se llevaron a cabo en laboratorios en funcionamiento versus redadas en instalaciones desiertas.
Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de Brookings Institution, un centro de estudios no partidista, dijo que el informe de Reuters «simplemente refuerza cómo los datos están siendo manipulados para aplacar a Estados Unidos sin un esfuerzo realmente serio para actuar contra (…) la producción y tráfico de fentanilo».
Su opinión fue compartida por el senador republicano Chuck Grassley, copresidente del grupo de control internacional de narcóticos del Senado.
Las cifras sugieren que México está «librando una guerra imaginaria contra las drogas diseñada para ganar puntos políticos en lugar de salvar vidas», dijo Grassley, un republicano conservador.
Informes inconsistentes
Los informes de la SEDENA sobre los datos de redadas de laboratorios han sido inconsistentes en los últimos años, con modificaciones frecuentes en el número total de laboratorios allanados, según una revisión de Reuters de más de 20 conjuntos de datos publicados por la SEDENA a través del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) desde principios de 2022.
El conjunto de datos de agosto, que especifica que la mayoría de los laboratorios allanados estaban inactivos, es consistente con documentos militares internos sobre laboratorios inactivos, de los que Reuters informó por primera vez en marzo.
Reuters no pudo encontrar ninguna respuesta a las solicitudes de transparencia antes de la publicación de datos de agosto, en las que los militares indicaban que había laboratorios inactivos entre sus redadas.
Una semana después de que Reuters le pidiera a la SEDENA que comentara sobre los hallazgos de esta historia, el 11 de diciembre el INAI publicó una versión actualizada de lo que parecían ser en gran medida los mismos datos, pero la columna que indica laboratorios activos o inactivos fue cambiada para mostrar todos los laboratorios etiquetados como «activos», contradiciendo los datos de agosto.
Las redadas de laboratorio anteriores a agosto presentadas en el conjunto de datos, que fue solicitado por Reuters el 15 de noviembre, eran por lo demás casi idénticas a las presentadas en el conjunto de datos de agosto, y los datos incluían 339 redadas de laboratorio más desde agosto hasta finales de octubre de este año.
La SEDENA no respondió a más preguntas sobre por qué todos los laboratorios allanados han sido reclasificados recientemente como laboratorios activos. Reuters está buscando aclarar el conjunto de datos de diciembre con el INAI, incluyendo una explicación de las discrepancias en las dos respuestas, así como el aparente cambio en la clasificación y los criterios utilizados para determinar si un laboratorio está activo o inactivo.
«Puro show»
Los descubrimientos de laboratorios inactivos a veces están vinculados a la colusión entre los cárteles y figuras del ejército, según dos traficantes y dos extraficantes, quienes dijeron que no les sorprendían los informes sobre el descubrimiento de tantos laboratorios inactivos.
Dos traficantes de Sinaloa, un punto crítico del fentanilo, dijeron a Reuters que era común que el cártel entregara drogas o ubicaciones de laboratorios a soldados amigos que filtraban información sobre acciones militares planeadas contra grupos criminales.
Uno de los traficantes, que pidió no ser identificado, dijo que las redadas en los laboratorios eran a menudo «puro show».
Los cuatro traficantes dijeron que los miembros del cártel construyen relaciones de «quid pro quo» (reciprocidad) con los comandantes del ejército, sobornando a los soldados y ayudándolos a impresionar a sus superiores a cambio de cooperación en operaciones militares y protección de bienes valiosos.
Margarito Flores, un excapo estadounidense que fue un estrecho colaborador de El Chapo antes de convertirse en informante del gobierno de Estados Unidos en 2008, dijo a Reuters que el cártel solía hacer acuerdos con comandantes militares en el terreno, incluida la entrega de pequeños laboratorios de metanfetamina, bajo el entendido de que no tocarían a los laboratorios más grandes.
«Los intercambios ocurrían mucho», dijo Flores, refiriéndose a su tiempo con el cártel.
Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de los traficantes, quienes no citaron casos específicos ni identificaron a los comandantes militares involucrados en tales acuerdos. La SEDENA y otras agencias policiales no respondieron a solicitudes de comentarios.
Al asumir el cargo, López Obrador cambió la política de seguridad de México, abandonando la anterior estrategia de «capos» que se centraba en capturar a los principales jefes, pero que contribuía a que la violencia se disparara en todo el país. Estaba a favor de un enfoque menos conflictivo que intentara abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza.
Nacional
Rechazar el acuerdo abre un escenario de huelga: crecen las dudas sobre el papel de Hugo Tlalpan
Los trabajadores de Volkswagen están frente a una decisión que podría tener consecuencias mucho mayores que simplemente aceptar o rechazar una propuesta. Si el NO se impone y no existe una segunda votación, la posibilidad de una huelga crecería considerablemente y el control de las siguientes decisiones podría trasladarse de los trabajadores hacia la dirigencia encabezada por Hugo Tlalpan.
Por eso, antes de votar, hay una pregunta que debería responderse con claridad: ¿qué pasa exactamente si gana el NO?
La respuesta resulta fundamental. Rechazar una propuesta puede parecer, en principio, una manera de exigir mejores condiciones. Sin embargo, si después del rechazo no existe una segunda oportunidad para que la base vote, los trabajadores podrían encontrarse ante un escenario completamente distinto al que imaginaron al momento de emitir su sufragio.
Ya no se trataría solamente de exigir más.
Se trataría de enfrentar la posibilidad real de una huelga.
Y entonces surge otro cuestionamiento inevitable: ¿están preparados los trabajadores y sus familias para asumir las consecuencias de ese escenario?
Una huelga significa incertidumbre. Nadie puede garantizar de antemano cuánto durará, cuáles serán sus efectos económicos ni bajo qué condiciones terminará el conflicto. Presentarla simplemente como el siguiente paso de una negociación sería minimizar una decisión que puede afectar directamente a miles de trabajadores.
Pero existe otro elemento que merece atención: quién tendría el poder de decidir lo que sigue.
Si la base rechaza la propuesta y no vuelve a ser consultada antes de avanzar hacia una huelga, la dirigencia de Hugo Tlalpan adquiriría una responsabilidad y un margen de maniobra considerablemente mayores.
Ese escenario debería preocupar incluso a quienes están inconformes con la propuesta.
Porque votar NO a un acuerdo no necesariamente significa votar por una propuesta mejor. Dependiendo de las reglas del proceso, podría significar que el trabajador emita su última decisión directa y que, a partir de ese momento, sean Hugo Tlalpan y la dirigencia sindical quienes conduzcan el conflicto.
¿Los trabajadores quieren otorgarles ese poder?
La pregunta no pretende restar legitimidad al derecho de huelga. Pretende cuestionar si cada trabajador conoce verdaderamente las consecuencias de su voto y si está dispuesto a respaldar el rumbo que tome la dirigencia después de un rechazo.
Hugo Tlalpan tiene, por ello, una obligación que no debería evadir: explicar sin ambigüedades qué sucederá si gana el NO.
¿Habrá otra oportunidad para votar?
¿Se presentará una nueva propuesta?
¿La base decidirá nuevamente antes de una huelga?
¿O será la dirigencia sindical la encargada de determinar hasta dónde llevar el enfrentamiento con Volkswagen?
No son preguntas menores. Son interrogantes que deberían responderse antes de las urnas, porque hacerlo después podría ser demasiado tarde.
Los trabajadores deben tener claro que una votación de esta naturaleza no termina cuando se cuentan las papeletas. El verdadero problema comienza al día siguiente, cuando hay que decidir qué hacer con el resultado.
Y si el escenario es un NO sin segunda votación, el asunto adquiere otra dimensión: los trabajadores podrían rechazar una propuesta, pero también estar entregando a Hugo Tlalpan una parte fundamental de la decisión sobre lo que viene después.
Por eso la discusión no debería limitarse a preguntar si la propuesta es suficiente.
La pregunta de fondo es mucho más seria:
¿Están preparados para una huelga y están dispuestos a dejar en manos de Hugo Tlalpan la decisión de hasta dónde llevarla?
Antes de votar NO, cada trabajador debería tener una respuesta.
Nacional
Ciudadano mexicano se declara culpable de blanqueo de capitales mediante monedas digitales
El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.
El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos por conspirar para lavar 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante el uso decriptomonedas.
El acusado de 48 años de edad admitió que utilizó carteras de activos virtuales bajo su control para recibir las ganancias ilícitas de las drogas.
Vázquez González coordinó sus actividades ilícitas con intermediarios financieros, conocidos como ‘money brokers’, para recolectar las ganancias del narcotráfico en diversas ciudades estadounidenses.Tambiéncambió las criptomonedas por dólares estadounidensesen México para devolver el dinero en efectivo a los organizadores de la red.
El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.
La fiscalía federal programó la audiencia de sentencia para el próximo 17 de diciembre, donde el acusado enfrentará una pena máxima de 20 años de prisión.
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El fiscal federal Jason Parman y el agente especial Jim Scott anunciaron conjuntamente este resultado judicial en el estado de Kentucky.
La Oficina Residente de la DEA en Lexington investigó el caso con el apoyo de diversas divisiones policiales de Estados Unidos y México.
Esta investigación criminal formó parte de la iniciativa de seguridad nacional denominada Homeland Security Task Force.
Justicia
Jueza federal concede amparo a Pedro López Elías y ordena invalidar orden de aprehensión
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra el empresario.
El caso penal relacionado con la reestructura de la deuda pública de Chihuahua registró un nuevo giro judicial: una jueza federal concedió el amparo a José Pedro López Elías y ordenó al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos dejar sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra dentro de la causa penal 3050/2024.
La determinación de la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Madhay Soto Morales, parte de una conclusión central: la autoridad local que libró la orden no tenía competencia para hacerlo, pues los recursos involucrados en los hechos investigados son de naturaleza federal.
La sentencia fue emitida el 18 de agosto y notificada el 28 de agosto.
El expediente se originó por pagos de 98.6 millones de pesos al despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., durante la administración de Javier Corral Jurado, por servicios de asesoría en la reestructura y refinanciamiento de la deuda estatal.
La Auditoría Superior del Estado cuestionó la contratación y sus resultados.
Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, sostuvo que existían elementos para investigar un posible peculado.
La Fiscalía ha mantenido que se trató de un posible daño al erario estatal y que Chihuahua debía conservar la conducción de la investigación.
Bajo esa hipótesis se integró la causa 3050/2024, que involucró al exgobernador Javier Corral, al exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y a López Elías, identificado en la indagatoria como presunto partícipe externo.
La defensa de los señalados ha sostenido una versión distinta: que el despacho sí realizó el trabajo contratado, que existe documentación técnica que acredita las gestiones efectuadas y que los recursos utilizados procedían de participaciones federales.
Para la defensa, el caso debió ser conocido desde el inicio por autoridades federales.
La discusión sobre competencia alcanzó un punto decisivo en enero de 2026.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y determinó que la causa relacionada con Corral debía ser conocida por un juez penal federal.
El criterio se sustentó en que los recursos materia del caso conservaban naturaleza federal, aun cuando hubieran sido transferidos al estado.
Esa resolución fue el fundamento determinante del amparo concedido a López Elías.
La jueza federal consideró que, aunque el conflicto competencial se había promovido originalmente respecto de Corral, López Elías es coimputado en la misma causa y por los mismos hechos y recursos.
Por ello concluyó que el juez local tampoco era competente para emitir la orden de aprehensión contra el empresario.
La sentencia ordena tres actos concretos: dejar sin efectos la orden de aprehensión dictada el 18 de enero de 2025; emitir una nueva determinación en la que el juez local analice primero su competencia; y, a la luz del criterio federal, determine que no puede resolver la solicitud de captura.
La resolución no analiza ni decide si López Elías es responsable o inocente de los hechos imputados; se pronuncia exclusivamente sobre la legalidad constitucional de la orden y la competencia de la autoridad que la emitió.
La propia sentencia establece que su ejecución debe esperar a que transcurra el plazo para la eventual interposición de un recurso de revisión.
Por ello, el hecho debe presentarse como una orden judicial de invalidación concedida en amparo, no como una exoneración definitiva ni como el cierre total de la investigación.
El efecto institucional es relevante: la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra López Elías y se fortalece el criterio de que el caso debe ser revisado en jurisdicción federal.
La controversia de fondo permanece abierta y corresponderá a las autoridades federales determinar si existió delito y, en su caso, responsabilidades.
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