La huelga ha dejado a miles sin trabajo y a la institución sin operar por las ambiciones de una élite sindical.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.

Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.

Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.

El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.

La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.

El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.

Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.

En un acto protocolario realizado este viernes, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) entregó a la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) la presidencia y operatividad del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Quintana Roo, como parte de un esfuerzo institucional para fortalecer la protección, promoción y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres en la entidad.

La transición ocurre en un contexto clave: el proceso electoral del 1 de junio de 2025, cuando por primera vez en la historia del estado se elegirá a jueces, juezas, magistrados y magistradas mediante voto ciudadano. Este ejercicio marcará un precedente en la configuración del Poder Judicial, y, ante ello, la participación política efectiva, libre de violencia y en condiciones de igualdad sustantiva para las mujeres es una prioridad.

Durante la ceremonia, la consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, entregó a la titular de SEMUJERES, Esther Burgos Jiménez, el informe de actividades 2024-2025 del Observatorio, así como una propuesta de lineamientos para su operatividad en esta nueva etapa.

“Confiamos en que la Secretaría de las Mujeres dará continuidad y fortalecerá los trabajos del Observatorio. Las mujeres de Quintana Roo merecen una participación política libre, segura y sin obstáculos”, expresó Pacheco Pérez al hacer formal la entrega.

Por su parte, Esther Burgos Jiménez aseguró que asumir la conducción del Observatorio representa un compromiso para implementar acciones concretas contra todas las formas de violencia política de género. “Nos enfocaremos en promover el empoderamiento de las mujeres, su participación informada y el acceso igualitario a los espacios de decisión”, sostuvo.

El evento también contó con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Sergio Avilés Demeneghi, quien informó que durante 2024 se han registrado 33 casos de violencia política en razón de género en el estado. Destacó que el TEQROO ofrece servicios de defensoría pública electoral para acompañar a las víctimas y subrayó la urgencia de mantener estrategias articuladas para consolidar la igualdad sustantiva.

Avilés Demeneghi presentó un análisis del mapa “Mujeres en la Política: 2025”, donde señaló que México ha avanzado significativamente en representación femenina, aunque advirtió: “Persisten brechas que solo podrán cerrarse con voluntad política, legislación efectiva y colaboración institucional”.

Con esta nueva etapa bajo la dirección de SEMUJERES, el Observatorio se consolida como un instrumento fundamental para garantizar que ninguna mujer sea excluida, silenciada o violentada en el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente ante la relevancia histórica del próximo proceso electoral que redefinirá el sistema judicial de Quintana Roo.

México negocia un “descuento automotriz” en la tasa del arancel que cobra Estados Unidos a la importación de vehículos automotores, dependiendo del modelo y la integración de insumos y partes estadounidenses, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Va a aplicar un descuento por vehículo, mejor dicho, por modelo, dependiendo cuántas partes de Estados Unidos (tenga)”, dijo En el marco de la entrega del sello Hecho en México a Grupo Bimbo, en una de sus plantas en la Ciudad de México.

Ebrard informó además que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) comenzará en el segundo semestre de 2025.

“Hoy por hoy es acero y aluminio lo que queremos atender. Y el descuento a la industria automotriz. Y después ya vendrá la revisión del tratado”, comentó a la prensa.

“Estamos en estas pláticas de acero y aluminio, porque por supuesto, nosotros queríamos que no hubiese ningún arancel, pero vamos a procurar ver de qué manera podemos reducir el impacto. Y siempre tienes que estar en relación a los demás países. O sea, si todos los países tienen 25, pero nosotros logramos un descuento que sea 18, 17 o 16, pues tienes una ventaja, aunque te gustaría que no hubiese ese 16”, dijo.

Estados Unidos aplica aranceles de 25% a automóviles importados desde México o Canadá, con su entrada en vigor el 3 de abril de 2025, y proyecta aranceles de 25% sobre ciertas autopartes, cuya vigencia comenzará a más tardar el 3 de mayo (la fecha exacta se anunciará en un próximo aviso).

Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), las exportaciones de autos de México a Estados Unidos pagarán un menor arancel en promedio -de aproximadamente 15%- que el resto de los países, porque se creará una metodología para descontar proporcionalmente el valor de las autopartes de origen estadounidense que se integren a esos vehículos exportados.

Los importadores de automóviles bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas tales que el arancel de 25% sólo se aplicará al valor de su contenido no estadounidense.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a México con sanciones y aranceles por incumplir compromisos de suministro de agua a Texas.

“México le DEBE a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua según el Tratado de Aguas de 1944, pero desafortunadamente México está violando su obligación en virtud del Tratado”, publicó Trump en Truth Social.

Sobre ello, Ebrard dijo: “No es que México no quiera cumplir, pues es que hay sequía. Ahí le llamamos cambio climático. Porque sí está afectando. Pero, nos dijo la presidenta, y así lo dio a conocer ayer en su Twitter, que ya se presentó una propuesta. Hay una mesa de conversaciones. Y esperamos que eso salga adelante”.

Agregó: “México, lo que pueda hacer, lo hará. Pero tiene que también tomarse en cuenta que ha habido una sequía muy fuerte. No es que no haya la voluntad. Entonces, esperamos que eso tome su cauce. Y se resuelva, si llega algún entendimiento pronto”.