Las instituciones públicas pueden sobrevivir a las críticas. Pueden superar errores administrativos, enfrentar conflictos políticos e incluso resistir periodos de alta presión mediática. Lo que resulta mucho más difícil de recuperar es la confianza.

Ese parece ser precisamente el reto que enfrenta hoy la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo la conducción de Abelardo Valenzuela Holguín.

Desde su nombramiento, la gestión del fiscal ha estado acompañada por cuestionamientos constantes que han alimentado una percepción de controversia permanente alrededor de la dependencia. Lo que debía ser una institución enfocada en investigar posibles actos de corrupción ha terminado enfrentando un debate recurrente sobre su propia credibilidad.

La situación se ha agravado debido a los conflictos de alto perfil que han involucrado a la Fiscalía durante los últimos años. Disputas jurídicas, enfrentamientos institucionales y desacuerdos con autoridades federales han colocado a la dependencia en el centro de una discusión que trasciende los expedientes y alcanza directamente la imagen pública de su titular.

Para sus críticos, la Fiscalía no ha logrado construir una percepción sólida de independencia. Para sus defensores, las controversias son consecuencia natural de investigar asuntos políticamente sensibles. Pero independientemente de la postura que se adopte, existe una realidad difícil de ignorar: la polémica se ha convertido en una constante.

Cuando una institución encargada de combatir la corrupción genera debates permanentes sobre su autonomía, surge un problema profundo de legitimidad pública. No basta con actuar dentro del marco legal; también es necesario convencer a la ciudadanía de que las decisiones se toman sin presiones ni intereses externos.

Esa es precisamente la batalla que enfrenta Abelardo Valenzuela. Una batalla que no se libra únicamente en tribunales o expedientes, sino también en el terreno de la opinión pública.

Y mientras las dudas, cuestionamientos y controversias sigan acumulándose, la Fiscalía Anticorrupción continuará enfrentando una pregunta que se ha vuelto recurrente en el debate político chihuahuense: si una institución encargada de generar confianza pública no logra disipar las dudas sobre su propia actuación, ¿cómo puede aspirar a fortalecer la confianza en el sistema que representa?

Pocas instituciones en Chihuahua enfrentan un nivel de cuestionamiento tan constante como la Fiscalía Anticorrupción. Creada para convertirse en una herramienta clave en el combate a la corrupción y en uno de los principales pilares del Sistema Estatal Anticorrupción, la dependencia tenía la misión de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que cualquier posible acto irregular dentro del servicio público pudiera ser investigado con independencia y sin presiones políticas.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Durante los últimos años, la conversación pública ha dejado de concentrarse exclusivamente en las investigaciones impulsadas por la Fiscalía para enfocarse cada vez más en las controversias que rodean a su titular, Abelardo Valenzuela Holguín. Lo que debía ser una institución dedicada a señalar posibles irregularidades dentro del poder público ha terminado enfrentando cuestionamientos sobre su propia autonomía, imparcialidad y credibilidad.

Desde su designación en diciembre de 2022 comenzaron las críticas. Diversos legisladores de oposición cuestionaron el procedimiento mediante el cual fue nombrado y advirtieron que una institución con las responsabilidades de la Fiscalía Anticorrupción requería una figura capaz de generar confianza absoluta entre todos los sectores políticos y sociales. Las dudas sobre sus antecedentes políticos y sobre la percepción de cercanía con el gobierno estatal se instalaron desde el primer momento y, lejos de desaparecer con el paso del tiempo, se han mantenido presentes en buena parte del debate público.

El problema para la Fiscalía es que la confianza constituye su principal activo. A diferencia de otras dependencias gubernamentales, una fiscalía especializada no puede limitarse a actuar dentro de la ley; también debe convencer a la ciudadanía de que sus decisiones se toman sin influencia política, sin intereses partidistas y sin preferencias hacia ningún grupo de poder.

Esa percepción ha sido puesta a prueba en múltiples ocasiones.

El caso que colocó a Abelardo Valenzuela bajo el reflector nacional fue el relacionado con las investigaciones contra el exgobernador y actual senador Javier Corral. La confrontación entre autoridades estatales y federales provocó una disputa jurídica que terminó escalando a tribunales y generando una batalla política que rebasó las fronteras de Chihuahua.

Mientras la Fiscalía defendía la continuidad de las investigaciones, sus críticos denunciaban una utilización política de los procedimientos. El resultado fue una polarización aún mayor alrededor de la institución y un incremento en las dudas sobre su independencia.

Posteriormente, diversos desacuerdos competenciales, resoluciones judiciales y conflictos con autoridades federales continuaron alimentando la percepción de una Fiscalía inmersa en confrontaciones constantes. Cada nuevo episodio parecía reforzar la idea de una institución atrapada en disputas políticas en lugar de consolidar una imagen técnica e imparcial.

La consecuencia más grave no necesariamente se refleja en los expedientes judiciales, sino en la confianza ciudadana. Cuando una Fiscalía Anticorrupción genera más debate por las polémicas que rodean a su titular que por los resultados de sus investigaciones, inevitablemente surge una pregunta incómoda: ¿está cumpliendo con la función para la que fue creada?

Hoy, Abelardo Valenzuela encabeza una institución cuya actuación sigue siendo observada con lupa. Y mientras persistan las dudas sobre su autonomía y credibilidad, la Fiscalía Anticorrupción continuará enfrentando el reto más difícil de todos: recuperar la confianza de una ciudadanía que exige instituciones fuertes, independientes y libres de cualquier sospecha política.

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