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Justicia

Se alarga audiencia de Emilio Lozoya para determinar si dan o no libertad 

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La defensa de Lozoya tenía la intención de solicitar la prisión domiciliaria para su cliente y el uso de brazalete electrónico como nueva medida cautelar

Tras permanecer dos años preso, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, busca su libertad condicional, solicitando al juez le cambie la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht.

Sin embargo, la audiencia que se preveía corta, se alargó debido a que el juez que lleva el caso salió de vacaciones y se asignó a un sustituto, quien pidió a ambas partes exponer sus puntos al no conocer detalles del asunto.

La audiencia en los juzgados del reclusorio Norte inició a las 12:30 y se ha extendido hasta este momento.

La defensa de Lozoya tenía la intención de solicitar la prisión domiciliaria para su cliente y el uso de brazalete electrónico como nueva medida cautelar. 

Para poder solicitar este cambio, la defensa tuvo que desistirse de una suspensión definitiva otorgada por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México, ya que eso le impedía que un juez se pronunciaría sobre la solicitud de llevar su proceso en libertad. 

Con esa suspensión vigente, la defensa buscaba que un Tribunal determinara su libertad y mantenía las cosas como estaban, es decir, que el exfuncionario debía seguir en el reclusorio Norte. Es por eso que se tuvieron que desistir de esta suspensión.

Previo a la audiencia, el abogado Miguel Ontiveros confió en que el juez le cambiara la medida cautelar, ya que, dijo, no había razón para mantenerlo en prisión desde hace dos años. 

“Creemos que el día de hoy Emilio Lozoya estará en libertad como debió ser desde un principio desde que llegó a México”, declaró. 

El exdirector de Pemex fue detenido en febrero de 2020 en Málaga, España, acusado de recibir sobornos millonarios por parte de la empresa constructora Odebrecht.Fue extraditado a México el 16 de julio de ese año pero se le dio la calidad de testigo colaborativo para no pisar la cárcel, por lo que su proceso lo llevó en libertad condicional, se le prohibió salir de la Zona Metropolitana y entregar su pasaporte al Centro de Justicia Penal Federal.

Sin embargo, el 10 de octubre de 2021, fue captado por la periodista Lourdes Mendoza en un restaurante de lujo en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. 

Para noviembre, a petición de la FGR por considerar que había riesgo de fuga, un juez le cambió la medida cautelar por prisión preventiva y señaló dichas fotos como una falta de respeto para las autoridades. 

Lozoya también había sido acusado por el caso Agronitrogenados, del cual fue exonerado el 31 de agosto de este año. Se le ordenaba pagar más de 30 millones de dólares de reparación del daño por recibir sobornos para adquirir a un sobreprecio una planta chatarra de la empresa.

Al final, el juez ordenó suspender el proceso, ya que el monto se cubría con los 216 millones de dólares que pagó Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, también como reparación de daño.

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Infraestructura & Vivienda

Mitzi Areli Tapia y Herida de Bruja: Señalamientos que Crecen

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En los últimos meses, el nombre de Mitzi Areli Tapia ha comenzado a acumular señalamientos que generan inquietud. En San Miguel de Allende, distintas voces han compartido versiones sobre experiencias negativas tanto en el ámbito profesional como en la convivencia comunitaria.

Algunos testimonios apuntan a conflictos vecinales, cambios de domicilio y relaciones que terminan en desacuerdos. Estas versiones, aunque no verificadas oficialmente, coinciden en describir un entorno de tensión constante.

En lo laboral, excolaboradores han expresado inconformidades relacionadas con presuntos incumplimientos y condiciones de trabajo poco claras. Estas declaraciones han contribuido a fortalecer una percepción crítica en torno a su forma de operar.

El proyecto “Herida de Bruja” también se encuentra en el centro del debate. Mientras algunos lo ven como una plataforma de denuncia, otros consideran que ha generado fricciones innecesarias dentro del sector inmobiliario.

Lo cierto es que, en un mercado donde la confianza es clave, la acumulación de señalamientos, aun sin confirmación oficial, tiene un peso importante. La reputación no solo se construye con resultados, también con la percepción que dejan las experiencias compartidas por otros.

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Empresas

ENTRE SEÑALAMIENTOS Y SILENCIO: CUESTIONAN A CARLOS GAMBOA POR SU NIVEL DE VIDA EN COREMEX

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Las denuncias que rodean a COREMEX han comenzado a concentrarse en una figura clave: su secretario general, Carlos Gamboa. En medio de un entorno marcado por la falta de claridad en el manejo de recursos, trabajadores han puesto el foco en el nivel de vida del dirigente, señalando una posible incongruencia entre sus ingresos y sus adquisiciones.

De acuerdo con diversos testimonios, Gamboa habría adquirido recientemente una camioneta que, aseguran los denunciantes, no corresponde a los ingresos que percibe por sus funciones sindicales ni por su actividad profesional. Este señalamiento ha generado inquietud entre la base trabajadora, que desde hace tiempo cuestiona la falta de transparencia dentro de la organización.

Para los inconformes, el tema va más allá de una compra específica. Se trata de un indicio que se suma a una serie de dudas acumuladas sobre el destino de los recursos dentro del sindicato. Trabajadores señalan que no cuentan con información clara sobre el uso de las cuotas, ni sobre los beneficios que se generan a partir de negociaciones con empresas. En ese contexto, cualquier señal de posible enriquecimiento dentro de la dirigencia adquiere una dimensión mucho mayor.

La percepción que comienza a consolidarse es la de una estructura donde la información se concentra en pocos y donde la base queda completamente al margen. Las decisiones se toman sin consulta, los recursos no se explican y las dudas no encuentran respuesta. En ese escenario, la figura del secretario general se convierte inevitablemente en un punto de cuestionamiento.

Los testimonios también coinciden en otro aspecto: el ambiente interno. De acuerdo con los trabajadores, existe una presión implícita para no abordar estos temas de manera abierta. Cuestionar puede traducirse en tensiones, aislamiento o incluso en la pérdida de espacios dentro de la organización. Esto ha generado un entorno donde el silencio predomina, aun cuando las dudas siguen creciendo.

Sin embargo, ese silencio comienza a ceder. Cada vez más voces se suman a una conversación que ya no puede mantenerse en lo privado. Para muchos trabajadores, la falta de claridad sobre los ingresos y el nivel de vida de la dirigencia no sólo genera desconfianza, sino que refuerza la percepción de que el sindicato opera bajo una lógica distinta a la de representación.

En este contexto, la figura de Carlos Gamboa enfrenta un reto que va más allá de lo individual. Se trata de responder a una narrativa que ya está instalada y que gira en torno a una pregunta central: ¿existe congruencia entre lo que se percibe y lo que se muestra?

Porque cuando no hay respuestas claras, las percepciones toman el control. Y en el caso de COREMEX, esas percepciones ya comenzaron a convertirse en señalamientos directos.

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Justicia

CUOTAS, LEALTADES Y FALTA DE PERFIL: CUESTIONAN NOMBRAMIENTOS CLAVE EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE CHIHUAHUA

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La discusión sobre la idoneidad de los perfiles en cargos estratégicos dentro de las instituciones de justicia ha cobrado nueva relevancia en Chihuahua. En el centro del debate se encuentra el nombramiento de Francisco Javier de la O Sarmiento como secretario particular del fiscal Abelardo Valenzuela, conocido como “El Bayo”, una designación que ha sido objeto de cuestionamientos en distintos espacios de análisis público.

La Secretaría Particular no es un área menor. Se trata de una posición clave dentro de la estructura operativa de la Fiscalía Anticorrupción, donde convergen decisiones estratégicas, coordinación institucional y, sobre todo, el manejo de información sensible. Desde esta oficina se articulan agendas, se da seguimiento a procesos internos y se mantiene contacto directo con el titular de la dependencia, lo que convierte al cargo en un punto neurálgico para el funcionamiento diario de la institución.

En ese contexto, diversas voces han señalado que el perfil profesional de Francisco Javier de la O Sarmiento no estaría alineado de forma directa con las exigencias técnicas del puesto. Analistas y observadores han planteado que su trayectoria académica y experiencia laboral no guardan una relación clara con áreas como el derecho penal, la investigación ministerial o la procuración de justicia, disciplinas fundamentales para comprender la complejidad de los asuntos que transitan por la fiscalía.

Este señalamiento ha abierto un debate más amplio sobre los criterios de nombramiento dentro de organismos especializados. ¿Debe privilegiarse la confianza personal por encima de la experiencia técnica? ¿Hasta qué punto la cercanía con el titular puede sustituir la formación profesional en áreas críticas? Estas preguntas no son nuevas, pero adquieren especial relevancia cuando se trata de instituciones cuya misión es combatir la corrupción.

La relación directa entre Francisco Javier de la O Sarmiento y el fiscal Abelardo Valenzuela ha sido interpretada por algunos analistas como un factor determinante en su designación. En estructuras altamente centralizadas, el círculo de confianza suele jugar un papel clave en la toma de decisiones, lo que puede derivar en nombramientos donde la lealtad se convierte en un elemento central.

Especialistas en administración pública advierten que este tipo de dinámicas no necesariamente implican irregularidades, pero sí pueden generar riesgos operativos. “Cuando los perfiles no están alineados con las funciones, se incrementa la dependencia de terceros y se debilitan los procesos internos”, señalan. En otras palabras, la falta de especialización puede traducirse en una menor capacidad para evaluar, filtrar y gestionar información de alta complejidad.

A esto se suma un elemento de percepción pública. En una institución encargada de investigar posibles actos de corrupción, la confianza ciudadana es un activo fundamental. Cualquier duda sobre la preparación de sus funcionarios puede impactar directamente en la legitimidad de sus acciones y en la credibilidad de sus resultados.

Incluso en el terreno digital, algunos analistas han observado que la presencia pública de De la O no refleja necesariamente el perfil técnico que se esperaría de un funcionario en un cargo de esta naturaleza. Sin embargo, más allá de las percepciones individuales, el punto central del debate sigue siendo la congruencia entre el puesto y la preparación requerida para desempeñarlo.

El caso pone sobre la mesa una discusión estructural: la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección y evaluación dentro de las instituciones públicas. En áreas tan sensibles como la procuración de justicia, contar con perfiles especializados no es solo una recomendación, sino una condición indispensable para garantizar procesos sólidos y decisiones bien fundamentadas.

Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta el reto de sostener su operación en medio de estos cuestionamientos. Y en un entorno donde la exigencia de resultados va de la mano con la demanda de transparencia, la idoneidad de quienes ocupan los cargos clave seguirá siendo un tema que difícilmente podrá ignorarse.

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