Nacional
Se cierra una etapa: Mónica Soto presenta su dimisión al TEPJF con efectividad desde el 31 de agosto
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso presentó su renunciaal cargo que desempeña en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo que pondrá fin a una trayectoria de casi una década en el máximo órgano de justicia electoral del país.
De acuerdo con el escrito de la magistrada, Soto Fregoso comunicó su decisión alSenado de la Repúblicay estableció como último día en funciones el próximo 31 de agosto.
La salida ocurre después de que lasreformas relacionadas con el Poder Judicialmodificaron el calendario de permanencia de las actualesmagistraturas de la Sala Superior. En mayo de 2026, el Senado aprobó cambios para que las magistraturas que permanecían en funciones continuaran hasta 2028.
Por ello, la renuncia representa unasalida anticipadarespecto del nuevo plazo de permanencia.
Sin prisa en el TEPJF
¿Por qué renuncia Mónica Soto al TEPJF?
En su carta a Laura Itzel Castillo,Mónica Soto señala que decidió “concluir un ciclo” dentro del Tribunal Electoral, institución a la que llegó tras ser electa por el Senado el 20 de octubre de 2016.
La magistrada recuerda que originalmentesu nombramiento era por nueve añosy debía concluir el 31 de octubre de 2025. Posteriormente, las modificaciones constitucionales y legales ampliaron la permanencia de las magistraturas en funciones.
Soto Fregosoafirma que durante casi 10 años ejerció su función jurisdiccional con énfasis en la perspectiva de género y los derechos humanos, así como en la inclusión de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
También destaca como eje de su actuación la búsqueda de la igualdad plena y sustantiva de las mujeres.
¿Cuándo deja Mónica Soto el Tribunal Electoral?
La magistrada estableció que suúltimo día en el TEPJFserá el 31 de agosto de 2026. En el documento solicita al Senado realizar el trámite correspondiente para formalizar su separación del cargo.
La renuncia se produce en un momento de transformación institucional para la justicia electoral. La Sala Superior actualmente cuenta con seis integrantes; dos de ellos,Gilberto de Guzmán Bátiz Garcíay Claudia Valle Aguilasocho, llegaron tras la elección judicial de 2025, mientras que Soto Fregoso y otros tres magistrados ya formaban parte del órgano.
Trayectoria de Mónica Aralí Soto Fregoso en el TEPJF
Durante su paso por laSala Superior,Soto Fregoso participó en la resolución de asuntos electorales y constitucionales. Documentos oficiales del TEPJF muestran que en 2026 continuaba como magistrada ponente en diversos expedientes, entre ellos asuntos relacionados con elecciones, partidos políticos y controversias electorales.
Asimismo, fuepresidenta del Tribunal Electoraldurante 2024 y 2025. En esa etapa encabezó al órgano durante el proceso electoral federal de 2024, incluida la revisión jurisdiccional de las controversias derivadas de esa elección.
La magistrada agradeció al Senado la confianza depositada en ella para desempeñar el cargo y sostuvo que ejerció la responsabilidad conforme a los principios constitucionales y a la función jurisdiccional.
Chihuahua
Equipo legal de López Elías señala anomalías en Chihuahua
En una denuncia administrativa presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicialcontra el juez de Primera Instancia y juez de Control del Distrito Judicial Morelos, quien estuvo a cargo de la causa penal 3050/2024, el abogado César Gutiérrez Priego, líder de la defensa penal del consultor José Pedro López Elías, atribuye diversas conductas al Juez de Control Humberto Chávez Allende consistentes enfalta del deber de lealtad, mantener el control de la causa incluso sabiéndose incompetente, y posibles omisiones de información a los órganos federales dentro del proceso que se ha seguido en contra de López Elías.
El 24 de agosto del presente año se llevó a cabo una audienciaen el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, en la cualel Juez Federal se declaró legalmente competente para conocer del caso del empresario, por lo que cualquier actuación del juzgador local quedaría invalidada, quedando éste ademásobligado a entregar el expediente para que formara parte del fuero federal.
Esta resolución solo confirmó la decisión de competencia federal que tomó un Tribunal Colegiado desde el 9 de enero de 2026, respecto a la misma causa.
Aunado a lo anterior, la representación de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en falsedad de declaracionesfrente a un juzgador, razón por la cual, el litigante presentó la denuncia correspondiente para que conozca de ellas el Ministerio Público Federal.
Los numerosos vicios en el procedimiento, la falta de legalidad y la pérdida de competencia por parte de las autoridades locales han llevado a la representación del abogado Pedro López Elías adenunciar las irregularidades de los funcionarios de Chihuahua.
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Justicia
Maru Campos choca con Sheinbaum: la crisis por la CIA exhibe los desafíos de seguridad en Chihuahua
La confrontación entre la gobernadora y la presidenta reabre el debate sobre la coordinación en seguridad, las responsabilidades de los funcionarios estatales y los resultados de la administración de Maru Campos.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta una nueva controversia política tras revelar los detalles de su tensa reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el 19 de septiembre de 2026.
El encuentro estuvo marcado por reclamos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado, así como por diferencias relacionadas con la seguridad pública.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos reconoció que ambas mandatarias elevaron la voz y que la conversación terminó sin resolver sus desacuerdos.
La seguridad de Chihuahua, en el centro del conflicto
El episodio se originó por un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que se reportó la participación de agentes estadounidenses.
Sheinbaum cuestionó las circunstancias en las que ingresaron agentes extranjeros a territorio nacional y sostuvo que era necesario investigar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
Campos, por su parte, reclamó la falta de apoyo federal para enfrentar la violencia en distintas regiones de Chihuahua, particularmente en zonas serranas.
Las declaraciones evidencian diferencias sobre la distribución de responsabilidades en materia de seguridad.
Sin embargo, el conflicto también plantea una pregunta para la administración estatal: ¿qué medidas implementó el gobierno de Campos para prevenir, supervisar y responder a los riesgos de seguridad que denuncia?
César Jáuregui y las responsabilidades dentro del gobierno estatal
La controversia adquirió una dimensión adicional cuando Sheinbaum aseguró que Campos había atribuido al exfiscal César Jáuregui Moreno la responsabilidad por el ingreso de agentes estadounidenses.
Según la versión presidencial, la gobernadora también mencionó posibles irregularidades relacionadas con su excolaborador.
Estos señalamientos requieren investigación y no constituyen pruebas definitivas de responsabilidad.
No obstante, el caso hace necesario examinar los mecanismos de supervisión sobre las instituciones de seguridad y procuración de justicia durante la administración estatal.
Abelardo Valenzuela y el caso Javier Corral
En otro frente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela, ha impulsado una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública durante el gobierno de Javier Corral.
El exgobernador ha denunciado una presunta persecución política, mientras la Fiscalía sostiene que sus actuaciones responden a posibles irregularidades financieras.
No se ha acreditado que Maru Campos haya ordenado ilegalmente esa investigación.
Los resultados que deben evaluarse
Las controversias políticas no son suficientes para determinar si una administración ha sido eficiente o ineficiente.
Para evaluar la gestión de Campos es necesario revisar indicadores de homicidios, extorsión, desapariciones, resultados de las investigaciones penales y cumplimiento de compromisos de seguridad.
También debe distinguirse qué responsabilidades corresponden al gobierno estatal y cuáles a las autoridades federales.
Más allá del enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum, la cuestión de fondo es si las instituciones de Chihuahua cuentan con los recursos, la coordinación y los mecanismos de supervisión necesarios para garantizar resultados verificables en seguridad.
Chihuahua
¡Blindaje para Héctor Acosta! Congreso de Chihuahua impulsa fuero mientras enfrenta denuncia federal
El Congreso de Chihuahua busca otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado mientras existe una denuncia en su contra ante la FGR.
La reforma plantea interrogantes sobre la protección de los funcionarios y la rendición de cuentas en Chihuahua.
El Congreso de Chihuahua avanza en una reforma para otorgar fuero constitucional a Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con una auditoría.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el 18 de septiembre la propuesta para incorporar al auditor al régimen de protección constitucional, una decisión que ha provocado controversia por el contexto en que se presenta.
Denuncia federal contra Héctor Acosta Félix
De acuerdo con ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la FGR contra Acosta Félix y otros servidores públicos por presuntas conductas relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019.
El denunciante sostiene que esa revisión habría sido utilizada para construir acusaciones penales, pese a la existencia de auditorías anteriores. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
¿A quién protegería el fuero constitucional?
La iniciativa legislativa plantea fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado frente a posibles presiones políticas. Sin embargo, su aprobación podría generar controversias sobre los mecanismos para investigar y exigir responsabilidades a su titular.
El Congreso deberá precisar qué alcance tendría la protección, cómo funcionaría su eventual retiro y qué efectos produciría sobre procedimientos relacionados con el auditor.
La discusión también exige distinguir entre garantizar la autonomía institucional y otorgar privilegios personales a funcionarios públicos.
Mientras la denuncia federal permanece como un elemento central de la controversia, los diputados tendrán que justificar por qué consideran necesaria esta reforma precisamente ahora.
La decisión podría definir la percepción ciudadana sobre la transparencia, la independencia de los organismos fiscalizadores y la responsabilidad de quienes administran el control de los recursos públicos.
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