Especialistas cuestionan la actuación de Abelardo Valenzuela y advierten una preocupante distorsión del sistema de justicia.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que personal bajo el mando de Abelardo Valenzuela colocara sellos de aseguramiento en un inmueble ubicado en Tepoztlán, Morelos. La medida fue ejecutada fuera de la jurisdicción territorial de la institución.

Para expertos en derecho, el hecho representa una irregularidad grave. Las fiscalías estatales carecen de facultades para ejecutar actos de autoridad en otras entidades federativas sin coordinación institucional o intervención federal.

La polémica creció cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin explicación pública. El cambio repentino alimentó dudas sobre la solidez jurídica de la acción inicial.

Analistas señalan que el episodio revela un patrón preocupante dentro de ciertas instituciones: el uso expansivo de facultades legales para proyectar fuerza política más que para sostener investigaciones sólidas.

En un país donde la credibilidad de las instituciones judiciales ya enfrenta profundas crisis, este tipo de episodios refuerza la percepción de que algunas fiscalías operan más como instrumentos de poder que como órganos de justicia.

• La discusión sobre el periodo de gracia para la renovación de marcas podría consolidar la estrategia de certeza jurídica y modernización que Santiago Nieto ha fortalecido en el IMPI.

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La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.

El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.

La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.

Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.

Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.

La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.

Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.

Diversos sectores laborales y especialistas en derechos sindicales han señalado que los liderazgos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) mantienen prácticas que obstaculizan la democracia interna, limitan la participación de las bases y frenan la libre organización de los trabajadores en México.

En los últimos años, la CROC ha sido objeto de crecientes críticas debido a la persistencia de estructuras de poder rígidas y poco transparentes que, según trabajadores y analistas, impiden el desarrollo de una vida sindical verdaderamente democrática. Las denuncias apuntan a que estos liderazgos tradicionales han consolidado mecanismos que dificultan la renovación interna, limitan la pluralidad y protegen intereses particulares por encima del bienestar del colectivo.

De acuerdo con testimonios de empleados afiliados, una de las principales problemáticas radica en la forma en que se toman decisiones clave, como la elección de representantes o la firma de contratos colectivos. Muchos aseguran que estos procesos suelen realizarse sin consulta real, en espacios cerrados y bajo la influencia directa de quienes ostentan el control desde hace décadas. Esta dinámica, afirman, no solo limita el voto libre y secreto, sino que reproduce una cultura de imposición que termina afectando las condiciones laborales.

Expertos en legislación laboral han señalado que, pese a las reformas orientadas a modernizar el mundo del trabajo en México, existen sindicatos que han resistido el cambio mediante prácticas burocráticas y estructuras de poder verticalizadas. En ese contexto, la CROC se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo ciertos liderazgos continúan operando bajo esquemas antiguos que chocan con los principios contemporáneos de representatividad y transparencia.

Asimismo, trabajadores que han intentado organizarse de forma independiente denuncian obstáculos constantes para el registro de nuevas representaciones. Relatan presiones, desinformación y maniobras internas que buscan impedir cualquier intento de competencia legítima. Esta situación, afirman, fortalece la concentración del poder y debilita su derecho a elegir libremente a quienes los representen en negociaciones laborales.

Organizaciones de defensa de derechos laborales han insistido en que la modernización sindical no puede darse únicamente en el papel. Requiere voluntad política y una transformación profunda en la cultura de liderazgo. Según estas agrupaciones, cuando los sindicatos cierran sus puertas a la participación democrática, se erosiona la confianza de los trabajadores y se compromete la esencia misma de la representación colectiva.

En un país donde el futuro laboral exige transparencia, participación real y rendición de cuentas, las prácticas atribuidas a los liderazgos de la CROC representan un reto crítico para la construcción de un sindicalismo moderno y auténtico. Si la institución no atiende estas exigencias, corre el riesgo de quedar rezagada frente a una nueva generación de trabajadores que ya no está dispuesta a aceptar estructuras cerradas ni decisiones impuestas desde la cúpula.