Política
Vinculan a proceso a Uriel Carmona, fiscal de Morelos por caso Ariadna Fernanda
Uriel Carmona, fiscal de Morelos, fue vinculado a proceso por presunta obstrucción en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda
Luego de una audiencia de más de 15 horas, Uriel Carmona, fiscal General de Morelos, fue vinculado a proceso por la presunta obstrucción cometida en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López en octubre de 2022.
“Es un hecho inédito, la verdad estamos muy sorprendidos y pues, bueno, vamos a hacer valer el recurso que objete esta resolución”, dijo su abogado, Rodrigo Ugalde, al salir de los juzgados del Poder Judicial capitalino.
Sobre la decisión, según explicó el defensor, el juez de Control no dio ninguna explicación ya que en un primer momento manifestó que no existían elementos para la vinculación a proceso y mantenerlo en prisión preventiva justificada.
Luego de una audiencia de más de 15 horas, Uriel Carmona, fiscal General de Morelos, fue vinculado a proceso por la presunta obstrucción cometida en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López en octubre de 2022.
“Es un hecho inédito, la verdad estamos muy sorprendidos y pues, bueno, vamos a hacer valer el recurso que objete esta resolución”, dijo su abogado, Rodrigo Ugalde, al salir de los juzgados del Poder Judicial capitalino.
Sobre la decisión, según explicó el defensor, el juez de Control no dio ninguna explicación ya que en un primer momento manifestó que no existían elementos para la vinculación a proceso y mantenerlo en prisión preventiva justificada.
“Cuando ya había dicho que no había elementos para poderlo retener en prisión preventiva justificada casualmente lo interrumpe su auxiliar de sala y le dice que se corta el audio. Hacen una pausa de 15 minutos, y regresa y decreta prisión preventiva por una tontería”, acusó.
Visiblemente afectado por el fallo del juez, Ugalde detalló que en la audiencia se le negó darle entrada a la suspensión provisional que concedió desde el viernes Guillermo Amaro Correa, juez Noveno de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, contra su aprehensión.
Esto, debido a que el juez de Control habría argumentado que no fue notificado. El recurso concedido era una de las apuestas más fuertes por parte de la defensa para que el fiscal recobrara su libertad, pero desde la reanudación de la audiencia alrededor de las 5:30 de la tarde, el abogado Ugalde advirtió que la decisión dependería de la interpretación del juez.
Otra de las apuestas de la defensa era apelar a la protección constitucional que le brinda el fuero para no ser sometido a un proceso judicial tanto a nivel federal como local.
Pero según lo manifestado por el abogado, el juez “no compartió” el argumento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que ratificó su protección constitucional ante procesos judiciales del fuero común y federal.
“Ya se imaginarán lo que está pasando en este país, se están perdiendo los contrapesos constitucionales, es algo delicadísimo. Ojalá y esto se han llamado para todas las fiscalíaspuesto que es un fiscal que no cometió un delito y menos dentro de esta jurisdicción y está siendo vinculado a proceso (pese a contar) con fuero constitucional, entonces esto es muy grave porque nos deja en estado de indefensión y obviamente el Estado de derecho en el país se pierde”, lamentó.
La defensa insistió en que la detención de Uriel Carmona es ilegal, pues el propio juez señaló en un primer momento no ameritaba la prisión preventiva, además de acusar que se portó de manera hostil durante la audiencia, llegándolo a amenazar con multarlo en dos ocasiones.
Ante esta situación el abogado defensor adelantó que analizarán solicitar el cambio de juez para la siguiente audiencia ya que además de su actitud confrontativa parecería, dijo, que la acusación contra su cliente obedece a un tema político.
“Jurídicamente sí me atrevo a decir que no había elementos para una vinculación a proceso mucho menos de estar aquí sentado, esto es completamente inconstitucional”, aseveró.
Además de la prisión preventiva como medida cautelar, el juez también fijó un mes para la investigación complementaría y será en septiembre la audiencia intermedia.
El delito contra la administración y procuración de justicia por el cual es acusado Uriel Carmona amerita de tres a ocho años de prisión, una multa de 31 mil 122 pesos a 103 mil 740 y ser destituido e inhabilitado para ejercer un cargo público por los mismos años.
Justicia
Masiva concentración de trabajadores sindicalizados de la Ciudad de México respalda liderazgo sindical
Una movilización significativa de trabajadores del sindicato de la Ciudad de México tuvo lugar frente al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, donde se congregaron en masa para apoyar la toma de nota de su líder, Hugo Alonso Ortiz.
La participación incluyó a múltiples secciones sindicales, que de manera conjunta manifestaron su respaldo total al dirigente. La presencia de los trabajadores destacó por su organización y por la clara intención de mostrar unidad en torno al liderazgo que representa Ortiz.
A lo largo del evento, los asistentes expresaron su apoyo mediante consignas y mensajes dirigidos a las autoridades, subrayando la importancia de reconocer la voluntad de la base trabajadora. Cada sección hizo evidente su postura, consolidando una imagen de cohesión dentro del gremio.
Los trabajadores señalaron que la toma de nota es un proceso fundamental para la legitimidad sindical, por lo que consideraron necesario hacerse presentes y respaldar a su dirigente. Asimismo, destacaron que este tipo de acciones fortalecen la representación y defensa de sus derechos laborales.
El desarrollo de la concentración se llevó a cabo sin contratiempos, en un ambiente pacífico y de respeto. La movilización concluyó con un mensaje de unidad y firmeza por parte de los trabajadores, quienes reiteraron su apoyo total a Hugo Alonso Ortiz.
Con esta demostración, la organización busca dejar constancia de su respaldo al liderazgo sindical y su interés en que se respete la decisión de la mayoría.
Justicia
El Bayo Valenzuela: el falso paladín anticorrupción de Chihuahua
Su narrativa de ética pública contrasta con una gestión plagada de silencio, discrecionalidad y sospechas de protección política.
El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia
El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.
Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?
Convenios, discursos y cero resultados
Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.
Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.
En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.
El espejo roto de la transparencia
Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.
El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.
Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.
Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.
Gobierno
Gobernador Julio Menchaca admite operación de cárteles en Hidalgo tras reporte de la DEA
El gobernador dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo” sobre cómo el CJNG y el Cártel de Sinaloa se han apoderado de la entidad
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, luego de la publicación del informe anual de la agencia para la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El documento señala operaciones activas de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste en territorio hidalguense.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, expresó el mandatario, al aceptar que en Hidalgo existen actividades delictivas vinculadas con estas organizaciones. Aunque consideró importante el contenido del informe, también advirtió que no debe asumirse como una verdad absoluta, pues proviene de una agencia extranjera “con intereses propios”:
“Nosotros no trabajamos para evitar datos o estadísticas o cifras, trabajan cientos de mujeres y hombres en el combate al crimen”, afirmó el mandatario, al tiempo de añadir que Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros y que existe confianza del sector empresarial para invertir.
Menchaca indicó que su administración revisará el informe junto con el gabinete de seguridad, a fin de analizar la información y fortalecer las estrategias estatales en materia de seguridad.
El gobierno de Hidalgo ha operado para combatir la presencia del narcotráfico, asegura
Menchaca Salazar subrayó que sí existen detenciones de miembros de estas organizaciones criminales, así como decomisos de drogas, inmuebles y vehículos, como parte de los operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.
El informe de la DEA documenta que el CJNG tiene presencia en Hidalgo, donde ha establecido laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina. También apunta a que el cártel participa en actividades como extorsión, robo de combustible y lavado de dinero.
Menchaca respondió a estas acusaciones al destacar que Hidalgo se mantieneun clima de seguridad ha favorecido la atracción de inversiones. Anunció que en mayo se presentará el séptimo anuncio de inversiones, con una cartera que supera los 25 mil millones de pesos.
El mandatario pidió a la DEA centrarse en resolver su propia crisis de consumo de drogas, en lugar de emitir juicios unilaterales sobre la situación en México. Recordó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de una colaboración entre países sin subordinación.
Finalmente, reiteró que en Hidalgo sí se combate frontalmente al crimen organizado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades. “Trabajan cientos de mujeres y hombres para proteger a los ciudadanos. No maquillamos cifras”, afirmó.
También aseguró que analizará en profundidad el informe de la DEA con su equipo de seguridad para determinar las acciones necesarias y garantizar la paz en el estado.
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