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Gobierno adeuda indemnizaciones a familias de migrantes muertos en incendio de INM 

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Familiares de las víctimas afirman que las autoridades les dijeron que deben esperar

Familiares de uno de los 40 migrantes que fallecieron en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, desconocen cuándo el gobierno de México les entregará la indemnización que les prometió.

“Sólo nos dijeron que evaluarían la reparación del daño y que debíamos esperar, no nos han dicho nada más”, dijo en entrevista con El Sol de México Marco Antonio, tío de Francisco, una de las víctimas del incendio.

El pasado 13 de agosto, el Instituto Nacional de Migración informó que pagaría 140 millones de pesos a las 40 familias de los migrantes fallecidos, además de que seguirán con el acompañamiento a las 27 personas que resultaron lesionadas. 

Organizaciones de apoyo a migrantes como la Asociación de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, (AFAMIDEG) explicaron que la reparación integral del daño para las familias de los migrantes fallecidos, los sobrevivientes y sus familias no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, sino deben incluirse medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en lo individual y en lo colectivo.

“La reparación debe tomar en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido para garantizar la protección de los derechos de las personas, sobre todo en lo relativo a recibir asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, y debida diligencia. Las personas sobrevivientes del incendio tienen secuelas de por vida, incluso neurológicas, situación que la reparación del daño debe tomar en cuenta”, señaló Bertha Alcántara, integrante de AFAMIDEG Marco Antonio comentó que su familia teme recibir cualquier recurso económico pues la mayoría de los habitantes de Nahualá, comunidad ubicada a 157 kilómetros de Ciudad de Guatemala, son pobres y quien tiene dinero es blanco de la delincuencia. “Imagínese, sólo eso nos falta, vivir con miedo, aparte del dolor ahora andarse cuidando, le repito el dinero que según nos darán es lo menos”.

Según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, 90 por ciento de la población de Nahualá vive en la pobreza.

Hoy se cumplen cinco meses del incendio, fecha que Marco Antonio nunca olvidará. Esa noche su hermana lo llamó por teléfono. “Mi hijo estaba ahí, mi hijo estaba ahí”, escuchó. Toño, como le dicen sus familiares, no entendía de qué le hablaba hasta que comenzó a escuchar las primeras noticias sobre un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, justo desde donde su sobrino se había comunicado apenas dos días antes para avisar que “estaba bien difícil pasar a Estados Unidos y que lo más seguro sería que lo regresaran a Guatemala”.

Esa fue la última vez que escucharon a Francisco, quien junto a otros 39 migrantes murió asfixiado en el centro de detención que el Instituto Nacional de Migración abrió en 1995 en la ciudad que tiene frontera con Estados Unidos.

Tres días después del incendio las autoridades de su país y de la embajada de México los contactaron para que viajaran desde Nahualá para realizar las pruebas necesarias que les confirmaron que Francisco había muerto.

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La FGR precisa que el caso de Alejandro Álvarez Puga es independiente del de Inés Gómez Mont

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La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró, mediante un comunicado, que el proceso penal contraAlejandro Álvarez Pugano guarda relacióncon el caso deInés Gómez Mont, luego de que se informara su vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal.

La dependencia explicó que Alejandro Álvarez Puga,hermano de Víctor Manuel Álvarez Pugay cuñado de la conductora, fue vinculado a proceso por presuntamenteincumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta(ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Asimismo, recordó que Alejandro Álvarez Puga fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), quienes cumplimentaron una orden judicial en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

FGR descarta vínculo entre el caso de Alejandro Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

De acuerdo con la FGR,Alejandro “N”era requerido por su probable responsabilidad en la omisión del pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, lo que habría ocasionado unperjuicio al fisco federal.

Por ello, la institución consideró necesario precisar que este procedimientono tiene relación algunacon los procesos de extradición que actualmente enfrentan en Estados UnidosVíctor Álvarez Pugae Inés Gómez Mont.

Además de la vinculación a proceso, un juez de control impuso a Alejandro Álvarez Puga la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

¿Cuál es la situación legal de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

La FGR también actualizó la situación jurídica deVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Mont, quienes continúan sujetos a procedimientos de extradición en Estados Unidos.

En el caso de Víctor “N”, la dependencia recordó que fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y que supróxima audienciaestá programada paranoviembre de 2026.

Mientras tanto, la FGR continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Aunque sigue sujeto al procedimiento migratorio, las autoridades de Estados Unidos le concedieron lalibertad bajo fianza, además de imponerle el uso de un dispositivo de geolocalización.

Respecto aInés “N”, la FGR informó que también presentó unasolicituddedetención provisional con fines de extradición.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que deberá presentarse la petición formal de extradición, documento en el que la Fiscalía continúa trabajando para acreditar todos los elementos requeridos por la autoridad estadounidense.

Cabe recordar queVíctor Manuel Álvarez PugaeInés Gómez Montson requeridos por las autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de:

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Hidalgo ocupa el 4° lugar en huachicoleo a nivel nacional

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En los primeros cuatro meses del año, Hidalgo acumuló 225 carpetas de investigación por robo de combustible, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Durante el primer cuatrimestre de 2025, en Hidalgo se promediaron al menos 56 carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Así se especifica en el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el que Hidalgo figura en cuarto lugar a nivel nacional por el delito conocido como huachicoleo.

En total, en la entidad se registraron 225 querellas por la extracción ilegal de combustible en el periodo de enero a abril de la presente anualidad.

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Gobernador Julio Menchaca admite operación de cárteles en Hidalgo tras reporte de la DEA

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También aseguró que analizará en profundidad el informe de la DEA con su equipo de seguridad para determinar las acciones necesarias y garantizar la paz en el estado.

El gobernador dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo” sobre cómo el CJNG y el Cártel de Sinaloa se han apoderado de la entidad

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, luego de la publicación del informe anual de la agencia para la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El documento señala operaciones activas de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste en territorio hidalguense.

No se puede tapar el sol con un dedo”, expresó el mandatario, al aceptar que en Hidalgo existen actividades delictivas vinculadas con estas organizaciones. Aunque consideró importante el contenido del informe, también advirtió que no debe asumirse como una verdad absoluta, pues proviene de una agencia extranjera “con intereses propios”:

“Nosotros no trabajamos para evitar datos o estadísticas o cifras, trabajan cientos de mujeres y hombres en el combate al crimen”, afirmó el mandatario, al tiempo de añadir que Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros y que existe confianza del sector empresarial para invertir.

Menchaca indicó que su administración revisará el informe junto con el gabinete de seguridad, a fin de analizar la información y fortalecer las estrategias estatales en materia de seguridad.

El gobierno de Hidalgo ha operado para combatir la presencia del narcotráfico, asegura

Menchaca Salazar subrayó que sí existen detenciones de miembros de estas organizaciones criminales, así como decomisos de drogas, inmuebles y vehículos, como parte de los operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.

El informe de la DEA documenta que el CJNG tiene presencia en Hidalgo, donde ha establecido laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina. También apunta a que el cártel participa en actividades como extorsión, robo de combustible y lavado de dinero.

Menchaca respondió a estas acusaciones al destacar que Hidalgo se mantieneun clima de seguridad ha favorecido la atracción de inversiones. Anunció que en mayo se presentará el séptimo anuncio de inversiones, con una cartera que supera los 25 mil millones de pesos.

El mandatario pidió a la DEA centrarse en resolver su propia crisis de consumo de drogas, en lugar de emitir juicios unilaterales sobre la situación en México. Recordó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de una colaboración entre países sin subordinación.

Finalmente, reiteró que en Hidalgo sí se combate frontalmente al crimen organizado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades. “Trabajan cientos de mujeres y hombres para proteger a los ciudadanos. No maquillamos cifras”, afirmó.

También aseguró que analizará en profundidad el informe de la DEA con su equipo de seguridad para determinar las acciones necesarias y garantizar la paz en el estado.

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