Política
AMLO ofrece 5 mil mdp por 9 hospitales operados por privados

El presidente asegura que el costo anual para el gobierno por la operación de los nosocomios es injusto e inmoral
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer pagar cinco mil 741 millones de pesos por nueve hospitales que operan bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) o como proyectos de prestación de servicios (PPS), debido a que considera que su costo para el gobierno es muy alto.
“Ahora ya no queremos seguirte pagando año con año durante 20 años, lo que está en el contrato porque es muchísimo… No te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio. Y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, te lo pagamos, y quedamos como amigos y en santa paz”, dijo el mandatario ayer durante su conferencia mañanera.
De los nueve hospitales que pretende adquirir el Gobierno federal, el consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, Infraestructura & Healthcare y Prodemex tiene la concesión de tres: el General de Tapachula, el General de Bahía de Banderas y el General de Villahermosa.
La empresa Constructora y Edificadora GIA+A opera la Clínica Hospital de Mérida, mientras el consorcio Construcciones y Proyectos, Invex Grupo Infraestructura, Invex Infraestructura Salud, Corporativo de Hospitales e Invex tiene el Hospital General de Nayarit.
La lista la completan el hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío,concesionado a Acciona, y el General Tláhuac en la Ciudad de México, cuyos derechos los tiene el consorcio Sacyr Concesiones, Sacyr Concesiones México y Prestadora de Servicios Alencastre.
Los últimos que están en la mira del Presidente son: Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, operado por Infraestructura Hospitalaria del Noroeste y Marhnos, y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, en manos de Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria.
El mandatario reprochó que el Gobierno federal debe pagar cinco mil 651 millones de pesos al año a las empresas que construyeron y operan estos hospitales, cuyos contratos se firmaron por 25 años, y calculó que faltan por pagar 93 mil millones de pesos, lo cual calificó de injusto e inmoral.
“Ellos preferirían, me dicen —y de una vez aprovecho para mandarles el mensaje—, dicen que negociemos una disminución en la tarifa. No, no, porque, aunque le bajemos la mitad, de todas maneras, es mucho”, dijo el Presidente.
De acuerdo con el gobierno federal el avalúo de los nueve hospitales es de cinco mil 741 millones de pesos, cifra similar a lo que se paga año con año a las empresas que los operan. “Con un año pagamos los nueve”, dijo López Obrador.
De los nueve hospitales, cuatro son del ISSSTE, tres de la Secretaría de Salud y dos del IMSS.
El Hospital General de Tapachula, adscrito al IMSS, tiene un contrato vigente por 25 años firmado en 2017 por un monto de 17 mil 364 millones de pesos y su costo anual para el gobierno es de 633 millones de pesos.

En el caso del Hospital General de Bahía de Banderas, también del IMSS, su contrato, firmado en 2017 es por 15 mil 161 millones de pesos a 25 años. Cuesta al gobierno 585 millones de pesos al año.
De los cuatro hospitales del ISSSTE, el contrato de la Clínica Hospital Mérida se firmó en 2016 a 25 años por un monto de cinco mil 85 millones de pesos y por esta el gobierno paga anualmente 304 millones, mientras que el General de Tepic, concesionado en 2017 por 26 años, paga anualmente 700 millones, su contrato total fue por 12 mil 524 millones de pesos.
Por el Hospital general Tláhuac en la Ciudad de México se paga anualmente mil 476 millones de pesos, su contrato también se firmó en 2017 a 25 años por un monto de 21 mil 475 millones, y por el Hospital General de Villahermosa, cuyo contrato fue firmado en el mismo año y plazo por un monto de ocho mil 344 millones de pesos, se pagan 446 millones anuales.
Los proyectos de hospitales del IMSS e ISSSTE se desarrollaron bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) y sus contratos son los más recientes.
En el caso de los hospitales de la Secretaría de Salud, bajo el esquema de proyectos de prestación de servicios (PPS), están el Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, cuyocontrato es de 2007 a 25 años por un monto de cuatro mil 109 millones de pesos y un costo anual de 531 millones.
El Hospital Regional de alta Especialidad del Bajío cuesta 354 millones de pesos al año; su contrato data de 2005 firmado a 25 años por un monto de tres mil 131 millones de pesos, y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca cuesta 622 millones, en un contrato tambíen a 25 años, de 2009 por un monto de seis mil 624 millones.
“Es un contrato leonino, ya cambiaron las cosas; cuando te dieron el contrato, pues tú eras de los predilectos, pero eso ya cambió, ahora los predilectos, los hijos predilectos pues son los mexicanos, es el pueblo”, remató el Presidente sobre el tema.
Gobierno
Gobernador Julio Menchaca admite operación de cárteles en Hidalgo tras reporte de la DEA

El gobernador dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo” sobre cómo el CJNG y el Cártel de Sinaloa se han apoderado de la entidad
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, luego de la publicación del informe anual de la agencia para la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El documento señala operaciones activas de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste en territorio hidalguense.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, expresó el mandatario, al aceptar que en Hidalgo existen actividades delictivas vinculadas con estas organizaciones. Aunque consideró importante el contenido del informe, también advirtió que no debe asumirse como una verdad absoluta, pues proviene de una agencia extranjera “con intereses propios”:
“Nosotros no trabajamos para evitar datos o estadísticas o cifras, trabajan cientos de mujeres y hombres en el combate al crimen”, afirmó el mandatario, al tiempo de añadir que Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros y que existe confianza del sector empresarial para invertir.
Menchaca indicó que su administración revisará el informe junto con el gabinete de seguridad, a fin de analizar la información y fortalecer las estrategias estatales en materia de seguridad.
El gobierno de Hidalgo ha operado para combatir la presencia del narcotráfico, asegura
Menchaca Salazar subrayó que sí existen detenciones de miembros de estas organizaciones criminales, así como decomisos de drogas, inmuebles y vehículos, como parte de los operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.
El informe de la DEA documenta que el CJNG tiene presencia en Hidalgo, donde ha establecido laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina. También apunta a que el cártel participa en actividades como extorsión, robo de combustible y lavado de dinero.
Menchaca respondió a estas acusaciones al destacar que Hidalgo se mantieneun clima de seguridad ha favorecido la atracción de inversiones. Anunció que en mayo se presentará el séptimo anuncio de inversiones, con una cartera que supera los 25 mil millones de pesos.
El mandatario pidió a la DEA centrarse en resolver su propia crisis de consumo de drogas, en lugar de emitir juicios unilaterales sobre la situación en México. Recordó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de una colaboración entre países sin subordinación.
Finalmente, reiteró que en Hidalgo sí se combate frontalmente al crimen organizado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades. “Trabajan cientos de mujeres y hombres para proteger a los ciudadanos. No maquillamos cifras”, afirmó.
También aseguró que analizará en profundidad el informe de la DEA con su equipo de seguridad para determinar las acciones necesarias y garantizar la paz en el estado.
Gobierno
Las mañaneras de Claudia

En opinión de Manuel Díaz, con Claudia Sheinbaum la mañanera se ha mantenido bajo un esquema similar al de AMLO, pero en el fondo cambió radicalmente
Con AMLO las mañaneras eran un medio propagandístico por excelencia. No se trataba de informar, eran el instrumento ideal para el cobro de facturas, venganzas, ataques dirigidos y, por supuesto, para posicionar la imagen presidencial.
Esas conferencias mañaneras eran también el modus vivendi de buena parte de los reporteros que se presentaban, muchos aprovechaban su espacio y oportunidad para vender su pregunta al mejor postor, la mayoría de las veces vinculados a grupos de poder. Se habían vuelto como una especie de Gestapo donde sin fundamento alguno, cuando se trataba de fastidiar a un enemigo, competidor u opositor, hacían una pregunta sin fundamento, pero “a modo” para que el presidente respondiera.
Como “La Carabina de Ambrosio”, el instrumento supuestamente diseñado para informar a los mexicanos se fue convirtiendo en un show cómico y poco serio de propaganda y descalificación, donde los “adversarios” se juzgaban y sentenciaban.
Se percibe un cambio
Con Claudia Sheinbaum la mañanera se mantiene bajo un esquema similar, pero el fondo cambió radicalmente, lo que es algo de aplaudirse. Ahora llama la atención porque es informativa y se dan a conocer las acciones del gobierno, políticas y sobre la situación que guarda la administración pública federal.
Un claro ejemplo del cambio y de que al parecer la presidenta no se presta a preguntas pagadas o cargadas de intencionalidad perversa, es el cuestionamiento que realizó la reportera de W Radio, Rocío Jardines, quien es conocida por hacer preguntas mandadas por grupos muy oscuros con la intención de desprestigiar o chantajear.
La reportera preguntó en referencia a unas explosiones registradas en Tamaulipas y de entrada juzgó, sentenció y embarró a los gobiernos federal y del estado, de corrupción, lo que pretendía era que la presidenta explotara en favor de quienes “sembraron” su pregunta, asegurando que “hay denuncias en este estado, de que al parecer existe complicidad entre el gobierno estatal con esta empresa porque no se ha atendido a las personas afectadas. Fue un caso que incluso tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezaba a darse un acercamiento con las familias; sin embargo, se detuvo, presidenta. Las familias siguen gastando en su tratamiento físico. Tenemos el caso del que le estamos dando mucho seguimiento, es Thalía Martínez y su familia que, bueno, ya lleva muchísimas operaciones debido, precisamente, a las consecuencias de estas explosiones.”
Y termina ordenando a la presidenta actuar fuera de la ley, por consigna y de manera amenazante: “¿Y qué hará su gobierno, para evitar este tipo de corrupción?”.
La mandataria respondió de forma muy diferente a su antecesor, con calidad, respeto y apegada a su investidura: “Bueno, no, no lo catalogo como corrupción, habría que ver exactamente qué pasó. Es muy sensible Américo Villarreal. Entonces, vamos a pedirle a Rosa Icela y la Comisión de Víctimas que pueda ver exactamente qué pasó y siempre atender a las familias.”
El asunto es que el hermano de la afectada es un reportero, un influencer llamado, Salvador Martí conocido en redes sociales como “wikichava” y labora en diferentes medios como Radio Fórmula, con Fernanda Familiar, Teleradio y el Programa Hoy, donde han hecho eco sin presentar prueba alguna, de algo que al parecer se ha convertido en su modus vivendi.
La respuesta que dio la presidenta de investigar a fondo e instruir a la secretaria de gobernación Rosa Icela para conocer el origen de la explosión, parece que no le gustó al wikichava ni a su jefa Fernanda Familiar, quien en su programa radiofónico se fue ahora contra la secretaria de medio ambiente, Alicia Bárcena.
Apoyándose en una periodista amiga suya del diario Le Monde, Anne Vigna, no importó que la presidenta pidió que se investigue a fondo, no le gustó que interviniera la secretaria de gobernación, quien sabe de periodismo y de cómo los chacales se comportan, entonces decidió desviar la atención: “Exhorto a través de este micrófono, doy un llamado directo a Alicia Bárcenas de Semarnat. Alicia, conoce este caso y dale el seguimiento adecuado que las víctimas necesitan. Yo te agradezco, Ann, y sigamos en contacto para la información que yo tengo por acá y la información que tú puedas publicar por allá, porque en la fuerza del periodismo estará la justicia para estas víctimas.”
Firmeza
Realmente es un alivio que la presidenta con firmeza cierre el paso a vividores del periodismo que solo desvirtúan, confunden y confrontan a la sociedad, y nos alejan de un verdadero Estado de derecho y justicia.
Durante los dos meses que van de su gestión, Sheinbaum ha tratado asuntos delicados y de trascendencia nacional, como el conflicto entre los líderes de la cámara, el Infonavit, la estrategia de seguridad y los operativos que se han ejecutado, sin embargo, no paran reporteros como la representante de W Radio, que tratan de sorprender y sacar raja.
[Cortesia de SDP Noticias]
Política
Xóchitl Gálvez denuncia filtración de datos personales

Gálvez aseveró que esto fue resultado del “pésimo” ejemplo de AMLO, quien el pasado jueves divulgó el contacto de una corresponsal del diario The New York Times
EFE
La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, denunció este domingo la filtración de su número telefónico en redes sociales pero aseveró que no lo cambiará pues, pese a que ha recibido mensajes de odio, también le han llegado palabras de cariño.
«Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes. Preocúpense, porque esto ya nadie lo para», afirmó Gálvez en un mensaje publicado en su cuenta de X.
En la publicación, la candidata de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), publicó su número de teléfono “por si aún no lo tienes”, ironizó.
Aseveró que esto fue resultado del “pésimo” ejemplo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado jueves divulgó el número telefónico de la corresponsal del diario The New York Times, Natalie Kitroeff, el cual estaba en una carta que la periodista le había enviado para conocer su postura sobre un reportaje que le relacionaba con el narcotráfico.
Refirió que por ello se publicaron “con mala leche” muchos más teléfonos, entre ellos el de Gálvez, aunque puntualizó que ha decidido no cambiarlo. Eso pese a que ha recibido mensajes en los que critican sus kilos de más y sus dientes chuecos.
“No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan, así que preocúpense, ya que esto ya nadie lo para”, concluyó.
La divulgación del número telefónico de Gálvez ocurre luego de que el sábado se conociera que se filtraron en redes el teléfono de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, del hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón, además de otros funcionarios del gabinete presidencial y personajes afines al mandatario mexicano.
Además se da en medio de la controversia originada por el mandatario mexicano, quien el jueves exhibió una carta de la corresponsal del diario The New York Times con su teléfono.
En dicha misiva, la periodista le pedía su respuesta sobre una investigación de Estados Unidos, cerrada ahora, de supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas que recibió la campaña de López Obrador en 2018 y que involucraba también a sus hijos.
La difusión de la información privada de la periodista desató una investigación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), además de un pronunciamiento de The New York Times y críticas de organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), que coincidieron en el riesgo que esto representa en México, uno de los países con más asesinatos de comunicadores.
Sin embargo, López Obrador desestimó la investigación del Inai y defendió haber divulgado los datos de la periodista.
Durante el sexenio de López Obrador (2018-2024), al menos 69 periodistas han sido asesinados, según recordó la organización Propuesta Cívica tras la controversia.
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