Política
AMLO ofrece 5 mil mdp por 9 hospitales operados por privados
El presidente asegura que el costo anual para el gobierno por la operación de los nosocomios es injusto e inmoral
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer pagar cinco mil 741 millones de pesos por nueve hospitales que operan bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) o como proyectos de prestación de servicios (PPS), debido a que considera que su costo para el gobierno es muy alto.
“Ahora ya no queremos seguirte pagando año con año durante 20 años, lo que está en el contrato porque es muchísimo… No te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio. Y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, te lo pagamos, y quedamos como amigos y en santa paz”, dijo el mandatario ayer durante su conferencia mañanera.
De los nueve hospitales que pretende adquirir el Gobierno federal, el consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, Infraestructura & Healthcare y Prodemex tiene la concesión de tres: el General de Tapachula, el General de Bahía de Banderas y el General de Villahermosa.
La empresa Constructora y Edificadora GIA+A opera la Clínica Hospital de Mérida,mientras el consorcio Construcciones y Proyectos, Invex Grupo Infraestructura, InvexInfraestructura Salud, Corporativo de Hospitales e Invex tiene el Hospital General de Nayarit.
La lista la completan el hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío,concesionado a Acciona, y el General Tláhuac en la Ciudad de México, cuyos derechos los tiene el consorcio Sacyr Concesiones, Sacyr Concesiones México y Prestadora de Servicios Alencastre.
Los últimos que están en la mira del Presidente son: Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, operado por Infraestructura Hospitalaria del Noroeste y Marhnos, y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, en manos de Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria.
El mandatario reprochó que el Gobierno federal debe pagar cinco mil 651 millones de pesos al año a las empresas que construyeron y operan estos hospitales, cuyos contratos se firmaron por 25 años, y calculó que faltan por pagar 93 mil millones de pesos, lo cual calificó de injusto e inmoral.
“Ellos preferirían, me dicen —y de una vez aprovecho para mandarles el mensaje—, dicen que negociemos una disminución en la tarifa. No, no, porque, aunque le bajemos la mitad, de todas maneras, es mucho”, dijo el Presidente.
De acuerdo con el gobierno federal el avalúo de los nueve hospitales es de cinco mil 741 millones de pesos, cifra similar a lo que se paga año con año a las empresas que los operan. “Con un año pagamos los nueve”, dijo López Obrador.
De los nueve hospitales, cuatro son del ISSSTE, tres de la Secretaría de Salud y dos del IMSS.
El Hospital General de Tapachula, adscrito al IMSS, tiene un contrato vigente por 25 años firmado en 2017 por un monto de 17 mil 364 millones de pesos y su costo anual para el gobierno es de 633 millones de pesos.

En el caso del Hospital General de Bahía de Banderas, también del IMSS, su contrato, firmado en 2017 es por 15 mil 161 millones de pesos a 25 años. Cuesta al gobierno 585 millones de pesos al año.
De los cuatro hospitales del ISSSTE, el contrato de la Clínica Hospital Mérida se firmó en 2016 a 25 años por un monto de cinco mil 85 millones de pesos y por esta el gobierno paga anualmente 304 millones, mientras que el General de Tepic, concesionado en 2017 por 26 años, paga anualmente 700 millones, su contrato total fue por 12 mil 524 millones de pesos.
Por el Hospital general Tláhuac en la Ciudad de México se paga anualmente mil 476 millones de pesos, su contrato también se firmó en 2017 a 25 años por un monto de 21 mil 475 millones, y por el Hospital General de Villahermosa, cuyo contrato fue firmado en el mismo año y plazo por un monto de ocho mil 344 millones de pesos, se pagan 446 millones anuales.
Los proyectos de hospitales del IMSS e ISSSTE se desarrollaron bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) y sus contratos son los más recientes.
En el caso de los hospitales de la Secretaría de Salud, bajo el esquema de proyectos de prestación de servicios (PPS), están el Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, cuyocontrato es de 2007 a 25 años por un monto de cuatro mil 109 millones de pesos y un costo anual de 531 millones.
El Hospital Regional de alta Especialidad del Bajío cuesta 354 millones de pesos al año; su contrato data de 2005 firmado a 25 años por un monto de tres mil 131 millones de pesos, y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca cuesta 622 millones, en un contrato tambíen a 25 años, de 2009 por un monto de seis mil 624 millones.
“Es un contrato leonino, ya cambiaron las cosas; cuando te dieron el contrato, pues tú eras de los predilectos, pero eso ya cambió, ahora los predilectos, los hijos predilectos pues son los mexicanos, es el pueblo”, rem
Justicia
Masiva concentración de trabajadores sindicalizados de la Ciudad de México respalda liderazgo sindical
Una movilización significativa de trabajadores del sindicato de la Ciudad de México tuvo lugar frente al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, donde se congregaron en masa para apoyar la toma de nota de su líder, Hugo Alonso Ortiz.
La participación incluyó a múltiples secciones sindicales, que de manera conjunta manifestaron su respaldo total al dirigente. La presencia de los trabajadores destacó por su organización y por la clara intención de mostrar unidad en torno al liderazgo que representa Ortiz.
A lo largo del evento, los asistentes expresaron su apoyo mediante consignas y mensajes dirigidos a las autoridades, subrayando la importancia de reconocer la voluntad de la base trabajadora. Cada sección hizo evidente su postura, consolidando una imagen de cohesión dentro del gremio.
Los trabajadores señalaron que la toma de nota es un proceso fundamental para la legitimidad sindical, por lo que consideraron necesario hacerse presentes y respaldar a su dirigente. Asimismo, destacaron que este tipo de acciones fortalecen la representación y defensa de sus derechos laborales.
El desarrollo de la concentración se llevó a cabo sin contratiempos, en un ambiente pacífico y de respeto. La movilización concluyó con un mensaje de unidad y firmeza por parte de los trabajadores, quienes reiteraron su apoyo total a Hugo Alonso Ortiz.
Con esta demostración, la organización busca dejar constancia de su respaldo al liderazgo sindical y su interés en que se respete la decisión de la mayoría.
Justicia
El Bayo Valenzuela: el falso paladín anticorrupción de Chihuahua
Su narrativa de ética pública contrasta con una gestión plagada de silencio, discrecionalidad y sospechas de protección política.
El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia
El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.
Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?
Convenios, discursos y cero resultados
Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.
Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.
En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.
El espejo roto de la transparencia
Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.
El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.
Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.
Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.
Gobierno
Gobernador Julio Menchaca admite operación de cárteles en Hidalgo tras reporte de la DEA
El gobernador dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo” sobre cómo el CJNG y el Cártel de Sinaloa se han apoderado de la entidad
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, luego de la publicación del informe anual de la agencia para la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El documento señala operaciones activas de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste en territorio hidalguense.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, expresó el mandatario, al aceptar que en Hidalgo existen actividades delictivas vinculadas con estas organizaciones. Aunque consideró importante el contenido del informe, también advirtió que no debe asumirse como una verdad absoluta, pues proviene de una agencia extranjera “con intereses propios”:
“Nosotros no trabajamos para evitar datos o estadísticas o cifras, trabajan cientos de mujeres y hombres en el combate al crimen”, afirmó el mandatario, al tiempo de añadir que Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros y que existe confianza del sector empresarial para invertir.
Menchaca indicó que su administración revisará el informe junto con el gabinete de seguridad, a fin de analizar la información y fortalecer las estrategias estatales en materia de seguridad.
El gobierno de Hidalgo ha operado para combatir la presencia del narcotráfico, asegura
Menchaca Salazar subrayó que sí existen detenciones de miembros de estas organizaciones criminales, así como decomisos de drogas, inmuebles y vehículos, como parte de los operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.
El informe de la DEA documenta que el CJNG tiene presencia en Hidalgo, donde ha establecido laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina. También apunta a que el cártel participa en actividades como extorsión, robo de combustible y lavado de dinero.
Menchaca respondió a estas acusaciones al destacar que Hidalgo se mantieneun clima de seguridad ha favorecido la atracción de inversiones. Anunció que en mayo se presentará el séptimo anuncio de inversiones, con una cartera que supera los 25 mil millones de pesos.
El mandatario pidió a la DEA centrarse en resolver su propia crisis de consumo de drogas, en lugar de emitir juicios unilaterales sobre la situación en México. Recordó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de una colaboración entre países sin subordinación.
Finalmente, reiteró que en Hidalgo sí se combate frontalmente al crimen organizado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades. “Trabajan cientos de mujeres y hombres para proteger a los ciudadanos. No maquillamos cifras”, afirmó.
También aseguró que analizará en profundidad el informe de la DEA con su equipo de seguridad para determinar las acciones necesarias y garantizar la paz en el estado.
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