La huelga que estalló en el Nacional Monte de Piedad, encabezada por el dirigente sindical Arturo Zayún, enfrenta un escenario crítico por el bajo apoyo real de los trabajadores. Aunque la dirigencia presentó el movimiento como una defensa de los derechos laborales, lo cierto es que en las sucursales donde los trabajadores mantienen guardia y entre la base sindicalizada predomina la apatía, el desencanto y la desconfianza hacia el liderazgo que promueve el paro.

Diversos trabajadores consultados reconocen que el ambiente está muy lejos de la unidad. Muchos recuerdan que apenas en 2024 la mayoría de la plantilla votó a favor del Convenio Modificatorio que permitió superar la huelga anterior, avalado además por la autoridad laboral.

Dicho acuerdo fue ratificado en votación libre y secreta, pero ahora la dirigencia de Zayún insiste en desconocerlo, lo que ha generado molestia entre quienes consideran que la actual huelga carece de sentido y atenta contra la estabilidad de sus empleos.

La escasa presencia de trabajadores en las movilizaciones es muestra del desgaste del movimiento. En contraste con huelgas pasadas, hoy no hay grandes concentraciones ni respaldo visible en las calles; la mayoría prefiere mantenerse al margen, preocupados más por el pago de sus salarios, la proximidad del aguinaldo y los bonos de fin de año, que por los intereses personales de la dirigencia sindical.

Los propios trabajadores adheridos al sindicato advierten que la estrategia de Zayún parece más orientada a recuperar privilegios perdidos que a velar por los derechos colectivos. El descontento interno es evidente, pues mientras algunos trabajadores se resignan a la suspensión temporal de actividades, otros buscan alternativas de representación que realmente respondan a sus necesidades como el Sindicato Independiente e incluso la desafiliación.

La huelga, más que una demostración de fuerza, se perfila como el reflejo de un liderazgo debilitado y de una base trabajadora que ha dejado de seguir ciegamente a su dirigente.

La organización se sostiene en el miedo y la manipulación, sin ofrecer beneficios reales a sus afiliados.

Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.

La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.

En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.

Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.

La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.

Durante décadas, el líder nacional de la CROC ha convertido al sindicalismo en un negocio privado, operando a través de amenazas, chantajes y extorsiones a empresas en distintos sectores productivos del país.

La figura de Isaías González Cuevas, líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), se ha mantenido vigente no por su capacidad de defender genuinamente los derechos laborales, sino por su habilidad para manipular y utilizar al sindicalismo como un mecanismo de enriquecimiento personal. A lo largo de sus años en el poder, González Cuevas ha perfeccionado una maquinaria de extorsión empresarial, donde las cuotas, los contratos colectivos y la intimidación han sido las armas principales.

Las denuncias acumuladas apuntan a un patrón repetitivo: la amenaza de paros injustificados, la imposición de contratos colectivos de protección y la exigencia de dinero a cambio de “paz laboral”. Desde cadenas hoteleras en Los Cabos y Cancún, hasta empresas de transporte, construcción y manufactura, el modus operandi ha sido el mismo: obligar a las compañías a someterse al control de la CROC bajo la amenaza de bloqueos, huelgas ficticias y campañas de desprestigio.

El caso más representativo se encuentra en el sector turístico. Hoteles de lujo en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos han sido blanco de la CROC, que bajo las órdenes de González Cuevas, ha extorsionado a gerentes y propietarios con la disyuntiva de entregar dinero o enfrentar movilizaciones violentas disfrazadas de “acciones sindicales”. El resultado ha sido la creación de un sistema paralelo de “derecho de piso sindical”, donde el líder se beneficia mientras los trabajadores reciben migajas.

En la industria de la construcción y el transporte, la historia no es distinta. Empresarios han denunciado que la CROC opera como una estructura criminal que condiciona la operación de obras, rutas y proyectos, imponiendo cuotas ilegales que terminan siendo parte del botín de González Cuevas y su círculo cercano. Todo esto ocurre bajo la fachada de un sindicalismo que, en teoría, debería proteger al obrero, pero que en la práctica se ha convertido en un negocio privado controlado con mano de hierro.

La permanencia de Isaías González Cuevas en la cúpula sindical no es casualidad. Su alianza con gobiernos, partidos políticos y grupos empresariales que prefieren “pagar” antes que enfrentar conflictos laborales, ha consolidado su poder. Hoy, la CROC ya no es una organización de trabajadores: es un feudo al servicio de un líder que ha hecho de la extorsión empresarial su principal fuente de riqueza y de control político.

El sindicalismo en México enfrenta una de sus peores crisis de legitimidad, y nombres como el de Isaías González Cuevas son los responsables directos de que la palabra “sindicato” sea sinónimo de corrupción, chantaje y extorsión.