Política
Desactiva Sedena más de 2,700 bombas en el sexenio de AMLO
Expertos coinciden en que criminales usan los artefactos explosivos como forma de infundir miedo. Al igual que el año pasado, en este 2023 Michoacán sobresalió como el de mayor número de desactivaciones de explosivos con 447; Jalisco se ubicó detrás, con 161; Guanajuato con 129 y en Aguascalientes con 40 casos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que desde el 2012 y hasta el 21 de agosto pasado su personal desactivó 2,925 artefactos explosivos en 25 de los 32 estados del país, usados frecuentemente por el crimen organizado.
En lo que va de la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2019-2023), se han desactivado el 95.6% (2,798) del total de los explosivos.
Los estados con mayor número de artefactos desactivados, en el periodo mencionado fueron Michoacán (1,429); Guanajuato (668); Jalisco (414) y Baja California Sur (121).
Mientras que al final de la lista se ubicaron Sinaloa (1); Tlaxcala (2); Morelos (2); Baja California (2) y San Luis Potosí (2).
Según datos proporcionados por la Sedena, a través de la solicitud de información 330026423002846, durante el 2022 se registró la cifra más alta de estas acciones que se tenga registro desde el 2012, pues la Sedena se encargó de desactivar un total de 1,209 explosivos en todo el país.
Por otro lado, del 1 enero al 21 de agosto de 2023, la Sedena informó que ha realizado 822 de estas acciones, en todo el país.
Al igual que el año pasado, en este 2023 Michoacán sobresalió como el de mayor número de desactivaciones de explosivos con 447; Jalisco se ubicó detrás, con 161; Guanajuato acumuló 129 y en Aguascalientes se han presentado 40 casos.
Desafío para autoridades
Expertos consultados coincidieron en que los ataques con explosivos, por parte de grupos criminales buscan desestabilizar y desafiar la autoridad de las instituciones de seguridad del país, además de infundir miedo y mostrar poder.
Gerardo Rodríguez Sánchez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, en la Universidad de las Américas Puebla, comentó que este tipo de ataques con bombas buscan infundir temor en las fuerzas de seguridad y en las autoridades de justicia a nivel estatal y federal.
En su opinión, este tipo de ataques también tienen el propósito de desestabilizar a las instituciones de seguridad del país.
El experto subrayó que el uso de explosivos no ha sido dirigido indiscriminadamente a la población en general.
Y es que, cabe recordar, los grupos del crimen organizado han atacado, en diferentes ocasiones, en los últimos años, estaciones de policía, bases militares y de la Guardia Nacional con explosivos.
“Lo que vemos (en los ataques) es un patrón, en donde sí hay una selección a los cuerpos de seguridad estatales y federales. No hemos visto que busquen causar temor en la población en general. Si no lo que buscan es causar temor, sobre todo en las mentes de los cuerpos de seguridad”, aseguró.
Por su parte, Alma Eunice Rendón, exsecretaria Ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que el crimen organizado ha ido perfeccionando sus métodos y aumentando la violencia que ejerce en algunas zonas del país.
Aunado a que los cárteles han demostrado ser cada vez más sanguinarios; lo que se ejemplifica con el uso de detonaciones de bombas, mediante drones.
La especialista hizo hincapié en que estos métodos permiten llevar a cabo ataques sin la necesidad de una participación humana directa, pues con el uso de estos artefactos no es necesario que individuos se desplacen hasta el lugar de ataque.
Además, Rendón Cárdenas sugirió que estos métodos también se utilizan para aumentar el impacto y el miedo, pues pueden llegar a generar una percepción de poder y control por parte de los grupos criminales.
Ambos expertos concluyeron que es necesario que las autoridades mexicanas aborden de manera efectiva el crecimiento de los ataques con explosivos improvisados por parte de los grupos de la delincuencia organizada.
Justicia
Masiva concentración de trabajadores sindicalizados de la Ciudad de México respalda liderazgo sindical
Una movilización significativa de trabajadores del sindicato de la Ciudad de México tuvo lugar frente al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, donde se congregaron en masa para apoyar la toma de nota de su líder, Hugo Alonso Ortiz.
La participación incluyó a múltiples secciones sindicales, que de manera conjunta manifestaron su respaldo total al dirigente. La presencia de los trabajadores destacó por su organización y por la clara intención de mostrar unidad en torno al liderazgo que representa Ortiz.
A lo largo del evento, los asistentes expresaron su apoyo mediante consignas y mensajes dirigidos a las autoridades, subrayando la importancia de reconocer la voluntad de la base trabajadora. Cada sección hizo evidente su postura, consolidando una imagen de cohesión dentro del gremio.
Los trabajadores señalaron que la toma de nota es un proceso fundamental para la legitimidad sindical, por lo que consideraron necesario hacerse presentes y respaldar a su dirigente. Asimismo, destacaron que este tipo de acciones fortalecen la representación y defensa de sus derechos laborales.
El desarrollo de la concentración se llevó a cabo sin contratiempos, en un ambiente pacífico y de respeto. La movilización concluyó con un mensaje de unidad y firmeza por parte de los trabajadores, quienes reiteraron su apoyo total a Hugo Alonso Ortiz.
Con esta demostración, la organización busca dejar constancia de su respaldo al liderazgo sindical y su interés en que se respete la decisión de la mayoría.
Justicia
El Bayo Valenzuela: el falso paladín anticorrupción de Chihuahua
Su narrativa de ética pública contrasta con una gestión plagada de silencio, discrecionalidad y sospechas de protección política.
El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia
El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.
Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?
Convenios, discursos y cero resultados
Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.
Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.
En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.
El espejo roto de la transparencia
Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.
El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.
Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.
Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.
Gobierno
Gobernador Julio Menchaca admite operación de cárteles en Hidalgo tras reporte de la DEA
El gobernador dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo” sobre cómo el CJNG y el Cártel de Sinaloa se han apoderado de la entidad
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, luego de la publicación del informe anual de la agencia para la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El documento señala operaciones activas de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste en territorio hidalguense.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, expresó el mandatario, al aceptar que en Hidalgo existen actividades delictivas vinculadas con estas organizaciones. Aunque consideró importante el contenido del informe, también advirtió que no debe asumirse como una verdad absoluta, pues proviene de una agencia extranjera “con intereses propios”:
“Nosotros no trabajamos para evitar datos o estadísticas o cifras, trabajan cientos de mujeres y hombres en el combate al crimen”, afirmó el mandatario, al tiempo de añadir que Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros y que existe confianza del sector empresarial para invertir.
Menchaca indicó que su administración revisará el informe junto con el gabinete de seguridad, a fin de analizar la información y fortalecer las estrategias estatales en materia de seguridad.
El gobierno de Hidalgo ha operado para combatir la presencia del narcotráfico, asegura
Menchaca Salazar subrayó que sí existen detenciones de miembros de estas organizaciones criminales, así como decomisos de drogas, inmuebles y vehículos, como parte de los operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.
El informe de la DEA documenta que el CJNG tiene presencia en Hidalgo, donde ha establecido laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina. También apunta a que el cártel participa en actividades como extorsión, robo de combustible y lavado de dinero.
Menchaca respondió a estas acusaciones al destacar que Hidalgo se mantieneun clima de seguridad ha favorecido la atracción de inversiones. Anunció que en mayo se presentará el séptimo anuncio de inversiones, con una cartera que supera los 25 mil millones de pesos.
El mandatario pidió a la DEA centrarse en resolver su propia crisis de consumo de drogas, en lugar de emitir juicios unilaterales sobre la situación en México. Recordó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de una colaboración entre países sin subordinación.
Finalmente, reiteró que en Hidalgo sí se combate frontalmente al crimen organizado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades. “Trabajan cientos de mujeres y hombres para proteger a los ciudadanos. No maquillamos cifras”, afirmó.
También aseguró que analizará en profundidad el informe de la DEA con su equipo de seguridad para determinar las acciones necesarias y garantizar la paz en el estado.
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