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Nacional

Dos empresas concentran la impresión de boletas del INE

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Ambas compañías obtuvieron contratos con OPLE de varios estados como Tabasco y Chiapas

Talleres Gráficos de México (TGM) y Gráficas Corona JE, empresas que en los comicios pasadas elecciones» de 2021 y 2022 acapararon en conjunto la impresión de 68 por ciento de las boletas de votación, se alistan nuevamente para la» su producción, de boletas y» así como de materiales para el proceso electoral más grande en la historia del país.

TGM, empresa descentralizada de la Secretaría de Gobernación que dirige Maribel Aguilera Cháirez, firmó convenios este año con el Instituto Nacional Electoral (INE) y con los» organismos públicos locales electorales (OPLE) del Estado de México, Tabasco y Tamaulipas para la impresión de más de 340 millones de boletas.

Gráficas Corona JE, empresa de Juan Sebastián Estrada Hernández, es proveedora de varias instancias del gobierno. Entre 2016 y este año obtuvo más de 80 contratos con dependencias federales que sumaron unos dos mil 270 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Entre dichos contratos destaca uno con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil 101.5 millones de pesos otorgado por adjudicación directa hace un año para la impresión de recibos bimestrales, pero también ganó licitaciones con los OPLE de Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca y Campeche, entre otros.

Este año, Gráficas Corona JE ganó dos licitaciones del Instituto Electoral de Coahuila por más de 15 millones de pesos para la proveeduría de documentación electoral y material didáctico para capacitación del proceso electoral local.

Datos de la PNT y Compranet señalan que entre 2019 y 2020, la empresa de Juan Sebastián Estrada Hernández obtuvo al menos ocho contratos por cerca de 80 millones de pesos con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), que en ese periodo estuvo dirigida por Antonio Meza Estrada, actual pareja de la directora de TGM.

En su perfil de Facebook, Maribel Aguilera Cháirez presume fotos de su boda y de su vida en familia con Antonio Meza Estrada, quien fue relevado de la Conaliteg en junio de 2021 por la entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), DelfinaGómez, unos meses después de que el exfuncionario fuera señalado por Mexicanos contra la Corrupción por entregar contratos por más de 460 millones de pesos a empresarios cercanos a él.

El proceso electoral que vivirá México el próximo año será el más grande en la historia del país, pues para la elección de cerca de 20 mil cargos se necesitarán alrededor de 540 millones de boletas: 312 millones serán utilizadas para las elecciones federales (Presidente, senadores y diputados federales) y 230 millones para los comicios locales entre los que destacan nueve gobernadores, alcaldes, diputados locales, entre otros, de acuerdo con datos del INE.

Para ello, tanto el INE como los OPLE tienen la posibilidad de prescindir de licitaciones y adjudicar contratos mediante convenios con dependencias de la Administración Pública Federal, como es TGM.

Dicho esquema se utilizó en la administración pasada por 11 dependencias federalesque firmaron convenios con ocho universidades públicas para el desvío de más de siete mil millones de pesos en el fraude conocido como la Estafa Maestra.

El pasado 17 de agosto, tras la firma del convenio con el INE, Aguilera Cháirez aseguró que TGM tiene la capacidad para cumplir con la impresión de las boletas para la elección federal e, incluso, dijo que podía extender su capacidad para los OPLE y en una entrevista reciente, la funcionaria dijo que aunque TGM amplió su capacidad de producción, sabe con qué empresas puede colaborar para cumplir con su meta.

Entre los proveedores de la empresa paraestatal se encuentra Gráficas Corona JE, que fue señalada de incumplimientosen 2021 por los organismos públicos locales electorales de Tamaulipas, Chiapas y Puebla.

Ese mismo año, TGM entregó cuatro contratos por cerca de 37 millones de pesos a la empresa One to One Solution de México, para la entrega de material electoral, de los cuales incumplió en uno, según la Auditoría de Cumplimiento 2021-1-04E2D-19-0367-2022.

De acuerdo con el acta constitutiva de One to One Solution, que data de 2005, Lucía Azucena Estrada es socia minorista de esta firma, cuyo principal accionista es Sebastián Estrada Vega, ambos familiares del dueño de Gráficas Corona JE.

La empresa hermana de Gráficas Corona JE también tuvo un contrato con la Conaliteg en 2020, durante la gestión de la pareja de la titular de TGM, por 7.6 millones de pesos, de acuerdo con la plataforma de Compranet.

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Chihuahua

Equipo legal de López Elías señala anomalías en Chihuahua

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En una denuncia administrativa presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicialcontra el juez de Primera Instancia y juez de Control del Distrito Judicial Morelos, quien estuvo a cargo de la causa penal 3050/2024, el abogado César Gutiérrez Priego, líder de la defensa penal del consultor José Pedro López Elías, atribuye diversas conductas al Juez de Control Humberto Chávez Allende consistentes enfalta del deber de lealtad, mantener el control de la causa incluso sabiéndose incompetente, y posibles omisiones de información a los órganos federales dentro del proceso que se ha seguido en contra de López Elías.

El 24 de agosto del presente año se llevó a cabo una audienciaen el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, en la cualel Juez Federal se declaró legalmente competente para conocer del caso del empresario, por lo que cualquier actuación del juzgador local quedaría invalidada, quedando éste ademásobligado a entregar el expediente para que formara parte del fuero federal.

Esta resolución solo confirmó la decisión de competencia federal que tomó un Tribunal Colegiado desde el 9 de enero de 2026, respecto a la misma causa.

Aunado a lo anterior, la representación de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en falsedad de declaracionesfrente a un juzgador, razón por la cual, el litigante presentó la denuncia correspondiente para que conozca de ellas el Ministerio Público Federal.

Los numerosos vicios en el procedimiento, la falta de legalidad y la pérdida de competencia por parte de las autoridades locales han llevado a la representación del abogado Pedro López Elías adenunciar las irregularidades  de los funcionarios de Chihuahua.

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Justicia

Maru Campos choca con Sheinbaum: la crisis por la CIA exhibe los desafíos de seguridad en Chihuahua

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La confrontación entre la gobernadora y la presidenta reabre el debate sobre la coordinación en seguridad, las responsabilidades de los funcionarios estatales y los resultados de la administración de Maru Campos.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta una nueva controversia política tras revelar los detalles de su tensa reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el 19 de septiembre de 2026.

El encuentro estuvo marcado por reclamos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado, así como por diferencias relacionadas con la seguridad pública.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos reconoció que ambas mandatarias elevaron la voz y que la conversación terminó sin resolver sus desacuerdos.

La seguridad de Chihuahua, en el centro del conflicto

El episodio se originó por un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que se reportó la participación de agentes estadounidenses.

Sheinbaum cuestionó las circunstancias en las que ingresaron agentes extranjeros a territorio nacional y sostuvo que era necesario investigar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Campos, por su parte, reclamó la falta de apoyo federal para enfrentar la violencia en distintas regiones de Chihuahua, particularmente en zonas serranas.

Las declaraciones evidencian diferencias sobre la distribución de responsabilidades en materia de seguridad.

Sin embargo, el conflicto también plantea una pregunta para la administración estatal: ¿qué medidas implementó el gobierno de Campos para prevenir, supervisar y responder a los riesgos de seguridad que denuncia?

César Jáuregui y las responsabilidades dentro del gobierno estatal

La controversia adquirió una dimensión adicional cuando Sheinbaum aseguró que Campos había atribuido al exfiscal César Jáuregui Moreno la responsabilidad por el ingreso de agentes estadounidenses.

Según la versión presidencial, la gobernadora también mencionó posibles irregularidades relacionadas con su excolaborador.

Estos señalamientos requieren investigación y no constituyen pruebas definitivas de responsabilidad.

No obstante, el caso hace necesario examinar los mecanismos de supervisión sobre las instituciones de seguridad y procuración de justicia durante la administración estatal.

Abelardo Valenzuela y el caso Javier Corral

En otro frente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela, ha impulsado una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública durante el gobierno de Javier Corral.

El exgobernador ha denunciado una presunta persecución política, mientras la Fiscalía sostiene que sus actuaciones responden a posibles irregularidades financieras.

No se ha acreditado que Maru Campos haya ordenado ilegalmente esa investigación.

Los resultados que deben evaluarse

Las controversias políticas no son suficientes para determinar si una administración ha sido eficiente o ineficiente.

Para evaluar la gestión de Campos es necesario revisar indicadores de homicidios, extorsión, desapariciones, resultados de las investigaciones penales y cumplimiento de compromisos de seguridad.

También debe distinguirse qué responsabilidades corresponden al gobierno estatal y cuáles a las autoridades federales.

Más allá del enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum, la cuestión de fondo es si las instituciones de Chihuahua cuentan con los recursos, la coordinación y los mecanismos de supervisión necesarios para garantizar resultados verificables en seguridad.

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Chihuahua

¡Blindaje para Héctor Acosta! Congreso de Chihuahua impulsa fuero mientras enfrenta denuncia federal

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El Congreso de Chihuahua busca otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado mientras existe una denuncia en su contra ante la FGR.

La reforma plantea interrogantes sobre la protección de los funcionarios y la rendición de cuentas en Chihuahua.

El Congreso de Chihuahua avanza en una reforma para otorgar fuero constitucional a Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con una auditoría.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el 18 de septiembre la propuesta para incorporar al auditor al régimen de protección constitucional, una decisión que ha provocado controversia por el contexto en que se presenta.

Denuncia federal contra Héctor Acosta Félix

De acuerdo con ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la FGR contra Acosta Félix y otros servidores públicos por presuntas conductas relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019.

El denunciante sostiene que esa revisión habría sido utilizada para construir acusaciones penales, pese a la existencia de auditorías anteriores. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

¿A quién protegería el fuero constitucional?

La iniciativa legislativa plantea fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado frente a posibles presiones políticas. Sin embargo, su aprobación podría generar controversias sobre los mecanismos para investigar y exigir responsabilidades a su titular.

El Congreso deberá precisar qué alcance tendría la protección, cómo funcionaría su eventual retiro y qué efectos produciría sobre procedimientos relacionados con el auditor.

La discusión también exige distinguir entre garantizar la autonomía institucional y otorgar privilegios personales a funcionarios públicos.

Mientras la denuncia federal permanece como un elemento central de la controversia, los diputados tendrán que justificar por qué consideran necesaria esta reforma precisamente ahora.

La decisión podría definir la percepción ciudadana sobre la transparencia, la independencia de los organismos fiscalizadores y la responsabilidad de quienes administran el control de los recursos públicos.

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