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Política

La premisa es combatir la corrupción: Contralor de Hidalgo

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Álvaro Bardales compareció ante el Congreso local

Al comparecer en el Congreso local, el titular de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez enfatizó que «quien tome algo indebido (de la administración pública estatal) lo va pagar», y también se comprometió a combatir y erradicar la corrupción en el gobierno como premisa del gobernador Julio Menchaca Salazar.

En continuidad a la glosa por el primer año de trabajo del sexenio hidalguense 2022-2028, este lunes 16 de octubre, el funcionario resumió que recibieron de la Auditoría Superior de la Federación observaciones por un monto de más de cuatro mil millones de pesos, al iniciar la administración pública estatal el cinco de septiembre de 2022.

De los cuales se han solventado 119 millones de pesos, «lo demás se investiga», subrayó.

Como antes no se había hecho, hay varios procesos pendientes de resultados, porque siguen bajo cotejo y revisión. Por ello destacó que «quien tome algo, lo va pagar».

Hidalgo, pionero en aplicar auditorías “colmena”

Prueba de ello es que a nivel nacional de la que Hidalgo es pionero en aplicar 35 auditorías «colmena», «es una macro auditoría» a 28 municipios, o adelantó resultados, pero dejó entrever que habrá hallazgos de presuntos desvíos del erario.

Al seguir con las demostraciones que se combate la corrupción, dijo que en el rubro de proveedores y contratistas al gobierno del estado se cancelaron 80 registros y de estos 10 derivaron en demandas penales por tratarse de empresas fantasma y/o con operaciones simuladas.

«Con esto se asegura el seguimiento al gasto público que ustedes (diputados) presupuestaron», comentó a los presentes de la 65 Legislatura de Hidalgo.

En una acción inicial de sus funciones, refirió, se despidió al 85% de los titulares de los Órganos de Control Interno de las dependencias estatales, por no cumplir con sus facultades.

En lo que va del sexenio estatal se ha verificado dos veces el listado de la nómina para constatar que no haya «aviadores» y cumplan sus comisiones, sin mencionar cuántos encontraron.

Ocho alcaldes destituidos por desvío de recursos 

Remarcó que las acciones contra quienes desvían los recursos públicos, hoy tienen a ocho alcaldes destituidos: cinco en prisión preventiva, dos siguiendo su proceso en libertad y «uno que no aparece», como parte de la investigación a más de dos mil 200 millones de pesos que no se aplicaron en beneficio de la gente que gobernaban.

En curso hay cuatro denuncias por venta de bienes estatales, entre inmuebles por un aproximado de 55 millones de pesos y la venta de tres helicópteros por 116 millones de pesos, «todos a un menor precio», justificó.

«O acabamos con la corrupción o vamos a formar este de ella», convocó Álvaro Bardales en su mensaje final.

Complicado romper relación entre contralor y alcalde

El secretario de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, reconoció que todavía «no encontramos una salida» al conflicto de intereses que se genera entre un alcalde y el titular de la Contraloría municipal del mismo ayuntamiento, ya que el primero es quien contrata al segundo.

En conferencia de prensa posterior a su comparecencia en el Congreso local de este lunes 16 de octubre, el funcionario dijo que es complicado dar con la respuesta a la pregunta de qué se requiere para desvincular que la relación laboral no se convierta en que los integrantes del órgano de control interno no investiguen a un jefe del ejecutivo municipal por el simple hecho de que él les dio el trabajo.

Desde su punto de vista «no encontramos solución a la pregunta», se ha dicho que sea el cabildo quien lo seleccione de una terna, pero al final es el alcalde quien le paga y no se rompe con ese problema.

Así rebasaría un cuatrienio municipal y abarcaría un año y medio del siguiente periodo.

Quizá así al no haber un compromiso laboral con el presidente municipal que llegue, tenga un desempeño neutral y haga las investigaciones contra los nuevos funcionarios y alcalde en caso de incurrir en violaciones o transgresión a sus responsabilidades legales, pero no así se garantiza hacer lo mismo con el anterior.

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Justicia

Masiva concentración de trabajadores sindicalizados de la Ciudad de México respalda liderazgo sindical

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Una movilización significativa de trabajadores del sindicato de la Ciudad de México tuvo lugar frente al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, donde se congregaron en masa para apoyar la toma de nota de su líder, Hugo Alonso Ortiz.

La participación incluyó a múltiples secciones sindicales, que de manera conjunta manifestaron su respaldo total al dirigente. La presencia de los trabajadores destacó por su organización y por la clara intención de mostrar unidad en torno al liderazgo que representa Ortiz.

A lo largo del evento, los asistentes expresaron su apoyo mediante consignas y mensajes dirigidos a las autoridades, subrayando la importancia de reconocer la voluntad de la base trabajadora. Cada sección hizo evidente su postura, consolidando una imagen de cohesión dentro del gremio.

Los trabajadores señalaron que la toma de nota es un proceso fundamental para la legitimidad sindical, por lo que consideraron necesario hacerse presentes y respaldar a su dirigente. Asimismo, destacaron que este tipo de acciones fortalecen la representación y defensa de sus derechos laborales.

El desarrollo de la concentración se llevó a cabo sin contratiempos, en un ambiente pacífico y de respeto. La movilización concluyó con un mensaje de unidad y firmeza por parte de los trabajadores, quienes reiteraron su apoyo total a Hugo Alonso Ortiz.

Con esta demostración, la organización busca dejar constancia de su respaldo al liderazgo sindical y su interés en que se respete la decisión de la mayoría.

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Justicia

El Bayo Valenzuela: el falso paladín anticorrupción de Chihuahua

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Su narrativa de ética pública contrasta con una gestión plagada de silencio, discrecionalidad y sospechas de protección política.

Su narrativa de ética pública contrasta con una gestión plagada de silencio, discrecionalidad y sospechas de protección política.

El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.

Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?

Convenios, discursos y cero resultados

Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.

Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.

En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.

El espejo roto de la transparencia

Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.

El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.

Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.

Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.

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Gobierno

Gobernador Julio Menchaca admite operación de cárteles en Hidalgo tras reporte de la DEA

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También aseguró que analizará en profundidad el informe de la DEA con su equipo de seguridad para determinar las acciones necesarias y garantizar la paz en el estado.

El gobernador dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo” sobre cómo el CJNG y el Cártel de Sinaloa se han apoderado de la entidad

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, luego de la publicación del informe anual de la agencia para la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El documento señala operaciones activas de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Noreste en territorio hidalguense.

No se puede tapar el sol con un dedo”, expresó el mandatario, al aceptar que en Hidalgo existen actividades delictivas vinculadas con estas organizaciones. Aunque consideró importante el contenido del informe, también advirtió que no debe asumirse como una verdad absoluta, pues proviene de una agencia extranjera “con intereses propios”:

“Nosotros no trabajamos para evitar datos o estadísticas o cifras, trabajan cientos de mujeres y hombres en el combate al crimen”, afirmó el mandatario, al tiempo de añadir que Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros y que existe confianza del sector empresarial para invertir.

Menchaca indicó que su administración revisará el informe junto con el gabinete de seguridad, a fin de analizar la información y fortalecer las estrategias estatales en materia de seguridad.

El gobierno de Hidalgo ha operado para combatir la presencia del narcotráfico, asegura

Menchaca Salazar subrayó que sí existen detenciones de miembros de estas organizaciones criminales, así como decomisos de drogas, inmuebles y vehículos, como parte de los operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.

El informe de la DEA documenta que el CJNG tiene presencia en Hidalgo, donde ha establecido laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina. También apunta a que el cártel participa en actividades como extorsión, robo de combustible y lavado de dinero.

Menchaca respondió a estas acusaciones al destacar que Hidalgo se mantieneun clima de seguridad ha favorecido la atracción de inversiones. Anunció que en mayo se presentará el séptimo anuncio de inversiones, con una cartera que supera los 25 mil millones de pesos.

El mandatario pidió a la DEA centrarse en resolver su propia crisis de consumo de drogas, en lugar de emitir juicios unilaterales sobre la situación en México. Recordó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de una colaboración entre países sin subordinación.

Finalmente, reiteró que en Hidalgo sí se combate frontalmente al crimen organizado, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades. “Trabajan cientos de mujeres y hombres para proteger a los ciudadanos. No maquillamos cifras”, afirmó.

También aseguró que analizará en profundidad el informe de la DEA con su equipo de seguridad para determinar las acciones necesarias y garantizar la paz en el estado.

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