Diversos sectores laborales y especialistas en derechos sindicales han señalado que los liderazgos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) mantienen prácticas que obstaculizan la democracia interna, limitan la participación de las bases y frenan la libre organización de los trabajadores en México.

En los últimos años, la CROC ha sido objeto de crecientes críticas debido a la persistencia de estructuras de poder rígidas y poco transparentes que, según trabajadores y analistas, impiden el desarrollo de una vida sindical verdaderamente democrática. Las denuncias apuntan a que estos liderazgos tradicionales han consolidado mecanismos que dificultan la renovación interna, limitan la pluralidad y protegen intereses particulares por encima del bienestar del colectivo.

De acuerdo con testimonios de empleados afiliados, una de las principales problemáticas radica en la forma en que se toman decisiones clave, como la elección de representantes o la firma de contratos colectivos. Muchos aseguran que estos procesos suelen realizarse sin consulta real, en espacios cerrados y bajo la influencia directa de quienes ostentan el control desde hace décadas. Esta dinámica, afirman, no solo limita el voto libre y secreto, sino que reproduce una cultura de imposición que termina afectando las condiciones laborales.

Expertos en legislación laboral han señalado que, pese a las reformas orientadas a modernizar el mundo del trabajo en México, existen sindicatos que han resistido el cambio mediante prácticas burocráticas y estructuras de poder verticalizadas. En ese contexto, la CROC se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo ciertos liderazgos continúan operando bajo esquemas antiguos que chocan con los principios contemporáneos de representatividad y transparencia.

Asimismo, trabajadores que han intentado organizarse de forma independiente denuncian obstáculos constantes para el registro de nuevas representaciones. Relatan presiones, desinformación y maniobras internas que buscan impedir cualquier intento de competencia legítima. Esta situación, afirman, fortalece la concentración del poder y debilita su derecho a elegir libremente a quienes los representen en negociaciones laborales.

Organizaciones de defensa de derechos laborales han insistido en que la modernización sindical no puede darse únicamente en el papel. Requiere voluntad política y una transformación profunda en la cultura de liderazgo. Según estas agrupaciones, cuando los sindicatos cierran sus puertas a la participación democrática, se erosiona la confianza de los trabajadores y se compromete la esencia misma de la representación colectiva.

En un país donde el futuro laboral exige transparencia, participación real y rendición de cuentas, las prácticas atribuidas a los liderazgos de la CROC representan un reto crítico para la construcción de un sindicalismo moderno y auténtico. Si la institución no atiende estas exigencias, corre el riesgo de quedar rezagada frente a una nueva generación de trabajadores que ya no está dispuesta a aceptar estructuras cerradas ni decisiones impuestas desde la cúpula.

 Las denuncias por extorsión y coacción laboral se multiplican contra el equipo de Miguel Meneses González.

En el municipio de Lerma, Estado de México, trabajadores de distintas empresas donde la Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX) busca imponer su representación sindical denunciaron presuntos actos de extorsión, amenazas y coacción. Según los testimonios, enviados de la organización dirigida por Miguel Meneses González, secretario general de COREMEX, han intentado obligar a los empleados a firmar afiliaciones forzadas y entregar dinero a cambio de una supuesta “protección laboral”.

Los trabajadores aseguran que los representantes de Meneses González han recurrido a la intimidación y al engaño, advirtiendo que quienes no firmen con COREMEX podrían perder su empleo o enfrentar represalias. “Nos dijeron que si no aceptábamos, la empresa nos iba a correr porque ya tenían todo arreglado con el sindicato”, relató un operario de una planta de plásticos en Lerma, quien pidió mantener el anonimato.

Las denuncias apuntan a un patrón sistemático de manipulación. COREMEX —bajo el mando de Meneses González— promete aumentos, beneficios y estabilidad, pero en realidad busca legitimarse mediante firmas obtenidas bajo presión. Trabajadores señalan que algunos fueron obligados a firmar documentos en blanco y a entregar cuotas anticipadas bajo la amenaza de que “quedar fuera” del sindicato significaría “quedarse sin trabajo”.

En la zona industrial de Lerma, esta práctica ha generado creciente descontento. “No queremos un sindicato que viva del miedo ni dirigentes que usen el poder sindical para enriquecerse”, afirmó una vocera del personal afectado. La percepción generalizada es que COREMEX intenta desplazar a organizaciones legítimas que durante años han representado a los trabajadores con transparencia y diálogo.

Los empleados exigen la intervención de la Secretaría del Trabajo del Estado de México y de las autoridades federales para investigar las prácticas de COREMEX y de su dirigente. “Miguel Meneses González tiene que responder por lo que están haciendo sus enviados. Lerma no puede convertirse en el feudo personal de un líder sindical que opera mediante amenazas”, señaló uno de los trabajadores.

Mientras tanto, la reputación de COREMEX y de su secretario general se hunde entre la base laboral de Lerma, donde cada vez más empleados denuncian abiertamente el intento de imponer un modelo sindical basado en el miedo, la extorsión y la simulación.

Actualmente 15 instancias de salud distribuidas alrededor de todo el estado brindan este tipo de servicios 

Hidalgo acumula mil 857 procedimientos de aborto seguro desde 2021 hasta julio de este año; de acuerdo a la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), este tipo de intervenciones han sido apegados a protocolos seguros, con los que garantizan la atención integral de niñas, adolescentes y mujeres.

Luego de que se despenalizara el aborto en la entidad hidalguense a partir de junio del 2021, el sector salud ha realizado un total de mil 857 procedimientos, de los cuales, mil 829 han sido Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) y 28 forman parte de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).

La diferencia entre los términos antes descritos radica en que para llevar a cabo la ILE se toma un máximo de 12.6 semanas de gestación, en cambio la IVE, puede realizarse en cualquier etapa del embarazo, sobre en todo en casos de violencia sexual, malformaciones o riesgos para la salud, por lo que se detalló que durante el 2021, realizaron 195 de los primeros y 12 de los segundos. 

El mayor número de intervenciones de este tipo fue durante el 2022, con un total de mil 105 procedimientos, de los cuales, mil 097 fueron ILE y 8 IVE; en lo que va del 2023, se han realizado 537 de los primeros y 8 de los segundos.

Para brindar este derecho a la población, la SSH cuenta con 15 instancias de salud distribuidas alrededor de todo el estado, 14 son Hospitalarias y 1 Unidad del Primer Nivel de Atención, en las que se aplican protocolos seguros, con información, acompañamiento y seguimiento a las pacientes, así como atención médica y psicológica.

Después de recibir una plática, a las pacientes se les toma un ultrasonido, se corroboran las semanas de gestación y se les brinda el tratamiento farmacológico o el procedimiento clínico, el cual consiste en una aspiración, el cual es una intervención de no más de 2 horas y ambulatoria; además, en el caso del tratamiento con medicamentos, se utilizan dos, uno de ellos el misoprostol, para la ingesta de este también se les da asesoría y el procedimiento es desde el hogar.