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Liderazgos de la CROC, bajo cuestionamiento por prácticas que frenan la democracia sindical

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Diversos sectores laborales y especialistas en derechos sindicales han señalado que los liderazgos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) mantienen prácticas que obstaculizan la democracia interna, limitan la participación de las bases y frenan la libre organización de los trabajadores en México.

En los últimos años, la CROC ha sido objeto de crecientes críticas debido a la persistencia de estructuras de poder rígidas y poco transparentes que, según trabajadores y analistas, impiden el desarrollo de una vida sindical verdaderamente democrática. Las denuncias apuntan a que estos liderazgos tradicionales han consolidado mecanismos que dificultan la renovación interna, limitan la pluralidad y protegen intereses particulares por encima del bienestar del colectivo.

De acuerdo con testimonios de empleados afiliados, una de las principales problemáticas radica en la forma en que se toman decisiones clave, como la elección de representantes o la firma de contratos colectivos. Muchos aseguran que estos procesos suelen realizarse sin consulta real, en espacios cerrados y bajo la influencia directa de quienes ostentan el control desde hace décadas. Esta dinámica, afirman, no solo limita el voto libre y secreto, sino que reproduce una cultura de imposición que termina afectando las condiciones laborales.

Expertos en legislación laboral han señalado que, pese a las reformas orientadas a modernizar el mundo del trabajo en México, existen sindicatos que han resistido el cambio mediante prácticas burocráticas y estructuras de poder verticalizadas. En ese contexto, la CROC se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo ciertos liderazgos continúan operando bajo esquemas antiguos que chocan con los principios contemporáneos de representatividad y transparencia.

Asimismo, trabajadores que han intentado organizarse de forma independiente denuncian obstáculos constantes para el registro de nuevas representaciones. Relatan presiones, desinformación y maniobras internas que buscan impedir cualquier intento de competencia legítima. Esta situación, afirman, fortalece la concentración del poder y debilita su derecho a elegir libremente a quienes los representen en negociaciones laborales.

Organizaciones de defensa de derechos laborales han insistido en que la modernización sindical no puede darse únicamente en el papel. Requiere voluntad política y una transformación profunda en la cultura de liderazgo. Según estas agrupaciones, cuando los sindicatos cierran sus puertas a la participación democrática, se erosiona la confianza de los trabajadores y se compromete la esencia misma de la representación colectiva.

En un país donde el futuro laboral exige transparencia, participación real y rendición de cuentas, las prácticas atribuidas a los liderazgos de la CROC representan un reto crítico para la construcción de un sindicalismo moderno y auténtico. Si la institución no atiende estas exigencias, corre el riesgo de quedar rezagada frente a una nueva generación de trabajadores que ya no está dispuesta a aceptar estructuras cerradas ni decisiones impuestas desde la cúpula.

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COREMEX en Lerma, un sindicato acusado de lucrar con el miedo

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 Las denuncias por extorsión y coacción laboral se multiplican contra el equipo de Miguel Meneses González.

En el municipio de Lerma, Estado de México, trabajadores de distintas empresas donde la Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX) busca imponer su representación sindical denunciaron presuntos actos de extorsión, amenazas y coacción. Según los testimonios, enviados de la organización dirigida por Miguel Meneses González, secretario general de COREMEX, han intentado obligar a los empleados a firmar afiliaciones forzadas y entregar dinero a cambio de una supuesta “protección laboral”.

Los trabajadores aseguran que los representantes de Meneses González han recurrido a la intimidación y al engaño, advirtiendo que quienes no firmen con COREMEX podrían perder su empleo o enfrentar represalias. “Nos dijeron que si no aceptábamos, la empresa nos iba a correr porque ya tenían todo arreglado con el sindicato”, relató un operario de una planta de plásticos en Lerma, quien pidió mantener el anonimato.

Las denuncias apuntan a un patrón sistemático de manipulación. COREMEX —bajo el mando de Meneses González— promete aumentos, beneficios y estabilidad, pero en realidad busca legitimarse mediante firmas obtenidas bajo presión. Trabajadores señalan que algunos fueron obligados a firmar documentos en blanco y a entregar cuotas anticipadas bajo la amenaza de que “quedar fuera” del sindicato significaría “quedarse sin trabajo”.

En la zona industrial de Lerma, esta práctica ha generado creciente descontento. “No queremos un sindicato que viva del miedo ni dirigentes que usen el poder sindical para enriquecerse”, afirmó una vocera del personal afectado. La percepción generalizada es que COREMEX intenta desplazar a organizaciones legítimas que durante años han representado a los trabajadores con transparencia y diálogo.

Los empleados exigen la intervención de la Secretaría del Trabajo del Estado de México y de las autoridades federales para investigar las prácticas de COREMEX y de su dirigente. “Miguel Meneses González tiene que responder por lo que están haciendo sus enviados. Lerma no puede convertirse en el feudo personal de un líder sindical que opera mediante amenazas”, señaló uno de los trabajadores.

Mientras tanto, la reputación de COREMEX y de su secretario general se hunde entre la base laboral de Lerma, donde cada vez más empleados denuncian abiertamente el intento de imponer un modelo sindical basado en el miedo, la extorsión y la simulación.

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Ha realizado SSH mil 857 abortos en Hidalgo

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Actualmente 15 instancias de salud distribuidas alrededor de todo el estado brindan este tipo de servicios 

Hidalgo acumula mil 857 procedimientos de aborto seguro desde 2021 hasta julio de este año; de acuerdo a la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), este tipo de intervenciones han sido apegados a protocolos seguros, con los que garantizan la atención integral de niñas, adolescentes y mujeres.

Luego de que se despenalizara el aborto en la entidad hidalguense a partir de junio del 2021, el sector salud ha realizado un total de mil 857 procedimientos, de los cuales, mil 829 han sido Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) y 28 forman parte de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).

La diferencia entre los términos antes descritos radica en que para llevar a cabo la ILE se toma un máximo de 12.6 semanas de gestación, en cambio la IVE, puede realizarse en cualquier etapa del embarazo, sobre en todo en casos de violencia sexual, malformaciones o riesgos para la salud, por lo que se detalló que durante el 2021, realizaron 195 de los primeros y 12 de los segundos. 

El mayor número de intervenciones de este tipo fue durante el 2022, con un total de mil 105 procedimientos, de los cuales, mil 097 fueron ILE y 8 IVE; en lo que va del 2023, se han realizado 537 de los primeros y 8 de los segundos.

Para brindar este derecho a la población, la SSH cuenta con 15 instancias de salud distribuidas alrededor de todo el estado, 14 son Hospitalarias y 1 Unidad del Primer Nivel de Atención, en las que se aplican protocolos seguros, con información, acompañamiento y seguimiento a las pacientes, así como atención médica y psicológica.

Después de recibir una plática, a las pacientes se les toma un ultrasonido, se corroboran las semanas de gestación y se les brinda el tratamiento farmacológico o el procedimiento clínico, el cual consiste en una aspiración, el cual es una intervención de no más de 2 horas y ambulatoria; además, en el caso del tratamiento con medicamentos, se utilizan dos, uno de ellos el misoprostol, para la ingesta de este también se les da asesoría y el procedimiento es desde el hogar.

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Sheinbaum arremete contra José Ángel Gurría por plantear que programas sociales no sean universales

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En entrevista con El Sol de México, José Ángel Gurría señaló que los programas sociales deben entregarse en función de los ingresos de los beneficiarios

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia, arremetió contra José Ángel Gurría Treviño, encargado de elaborar el Plan de Gobierno del Frente Amplio por México, por plantear que los programas sociales sean focalizados de acuerdo al nivel de ingreso y no universales

El Sol de México publicó este día una entrevista con José Ángel Gurría y la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reaccionó, a través de sus redes sociales, a las declaraciones de quien fuera secretario general de la OCDE: acusó que el bloque opositor está en contra de los derechos.

Claudia Sheinbaum llamó a Gurría Treviño “señor Fobaproa” y lo acusó de participar en la privatización de los ferrocarriles en el sexenio de Ernesto Zedillo y después irse a trabajar a la empresa que se favoreció con la privatización; no obstante, se enfocó en criticar las declaraciones de Gurría Treviño referentes a los programas sociales

“Pero lo relevante aquí es que en la entrevista dice que ellos están en contra de los programas sociales universales, o sea, en contra de los derechos. Que solamente deben focalizarse algunos para algunos sectores. Por eso decimos que es una visión completamente distinta y por eso decimos que aquello que decía Fox, de que los programas sociales hay que quitárselos a muchos que son flojos, pues es parte de su ideología, no una ocurrencia”, dijo la ex mandataria capitalina. 

En la conversación con este diario, José Ángel Gurría señaló que “hoy cualquiera que se inscribe y tiene la edad recibe su cheque”, por lo que tendría que definirse a partir de qué nivel de ingreso se dejarían de dar los apoyos

José Ángel Gurría, el Sr. Fobaproa, quien está haciendo el proyecto de nación de los conservadores, afirmó que está en contra de los programas sociales universales, que estos deben ser solo para unos cuantos.
Esa es su ideología: estar en contra de los derechos. 

Nosotros somos… pic.twitter.com/QEJaAjrMCz— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 3, 2023

El encargado del Plan de Gobierno de la oposición aseguró que el cambio de parámetro permitiría dar más recursos a los grupos más vulnerables

«El chiste es afinar estos conceptos y hacerlos más eficientes, no para ahorrar dinero, sino porque se le puede dar más recursos a quien más los necesite. El problema es que no tienen que ser para todos, sino para los que más lo necesiten«, expresó. 

Gurría Treviño se refirió también a la declaración del presidente López Obrador que calificó como inexplicable que él estuviera al frente del plan de gobierno de la oposición cuando, acusó, fue el autor del Fobaproa. Al respecto, Gurría Treviño expresó que “no se rescató a los banqueros, se rescató a deudores y ahorradores” y que fue una medida para recuperar la confianza de invertir en México en aquel entonces. 

En tanto, la aspirante a la candidatura presidencial por Morena dijo que el INEGI mostró que los programas sociales, así como el aumento al salario mínimo, redujeron las desigualdades y la pobreza y que el establecer la universalidad de acceso a los apoyos sociales los hace estar en “el camino correcto”.

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