Nacional
SCJN da luz verde a mujeres para poder impugnar leyes antiaborto en todo el país
Cuatro de los cinco ministros aprobó establecer un criterio que permita presentar un amparo en cualquiera de los 21 estados que aún no despenalizan el aborto
Las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles que todas aquellas mujeres y personas gestantes que viven en un estado donde el aborto está penalizado, pueden impugnar dichas leyes yobtener un amparo que les permita interrumpir la gestación de manera legal.
La Primera Sala del Alto Tribunal analizó una contradicción de criterios que existía entre dos Tribunales, quienes previamente sostuvieron diferentes argumentos al resolver un asunto similar para determinar si la calidad de las mujeres o de personas gestantes era suficiente para reconocer su interés legítimo para impugnar las normas.
Al analizar el asunto, cuatro de los cinco ministros aprobó establecer un criterio que permita presentar un amparo en cualquiera de los 21 estados que aún no despenalizan el aborto, pues consideraron que las leyes que penalizan el aborto limitan la correcta protección de los derechos reproductivos.
Además, sostuvieron, “inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, contribuyendo a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de sus derechos humanos, pues fomentan la creencia sobre la incorrección ética del aborto y otras opciones reproductivas”.
El único voto en contra fue el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien aunque fue encargado del proyecto, mencionó que éste “fue elaborado conforme al criterio mayoritario de esta Sala”, el cual no comparte.
La decisión acompañada por la mayoría establece que las mujeres y personas gestantes que no se encuentran embarazadas también podrán interponer un amparopara que eventualmente puedan acceder a un aborto legal.
Esto, porque estimaron que “la sola condición de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reconocer el interés legítimo para impugnar mediante juicio de amparo la regulación del delito de aborto”.
Con el fallo, ahora se podrán interponer sus recursos legales en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
En Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz, el aborto ya se encuentra despenaizado.
Empresas
Premio Platino distingue la transformación digital de Montepío Luz Saviñón
Montepío Luz Saviñón ha sido galardonado con el Premio Platino en la categoría de Transformación Digital, un reconocimiento otorgado por Fintech Americas durante su undécima edición, que reúne a los principales actores del ecosistema financiero en América Latina. Este premio posiciona a la institución como una de las más innovadoras del continente.
Con más de 123 años de historia, Montepío ha acompañado a generaciones de mexicanos en la protección de su patrimonio. Este legado, lejos de ser estático, ha evolucionado con el paso del tiempo, adaptándose a las nuevas demandas de un entorno cada vez más digitalizado.

El reconocimiento destaca el proceso de transformación tecnológica que ha llevado a cabo la institución, el cual ha permitido modernizar su operación y mejorar significativamente la experiencia de sus usuarios. A través de la implementación de herramientas digitales, Montepío ha logrado ofrecer servicios más eficientes, seguros y accesibles.
Entre los avances más relevantes se encuentra el desarrollo de plataformas digitales y una aplicación móvil que facilita el acceso a sus servicios desde cualquier lugar. Estas innovaciones responden a la necesidad de brindar soluciones ágiles en un contexto donde la inmediatez es fundamental.
A pesar de estos cambios, la institución ha mantenido intacta su esencia social. Su misión sigue siendo la misma: ofrecer alternativas accesibles que ayuden a las familias mexicanas a proteger su patrimonio. La digitalización ha sido, en este sentido, un medio para fortalecer este compromiso.
El proceso de transformación también ha sido impulsado por un liderazgo sólido. La visión del ingeniero Roberto Kiehnle Zárate ha sido determinante para consolidar esta evolución, mientras que Alicia Morales, directora de sistemas, ha promovido una cultura organizacional enfocada en la innovación.
Asimismo, el esfuerzo de los equipos de trabajo ha sido clave para materializar esta transformación. Gracias a su labor, la institución ha logrado implementar soluciones que marcan una diferencia en el sector prendario.

El Premio Platino no solo reconoce los logros alcanzados, sino que también abre nuevas oportunidades para el futuro. En un entorno competitivo, donde la tecnología juega un papel central, Montepío ha demostrado su capacidad para mantenerse vigente.
La integración de herramientas digitales ha permitido ampliar los canales de atención, ofreciendo servicio continuo sin perder la cercanía con los usuarios. Este equilibrio entre innovación y tradición ha sido uno de los principales diferenciadores de la institución.
De cara al futuro, Montepío Luz Saviñón continuará apostando por la tecnología como un eje estratégico, sin dejar de lado los valores que han definido su historia. Su objetivo es seguir ofreciendo soluciones que respondan a las necesidades de los mexicanos, adaptándose a un entorno en constante cambio.
Este reconocimiento reafirma su posición como líder del sector y demuestra que la transformación digital puede ser un motor de crecimiento sin comprometer la confianza de los usuarios.
Justicia
Fiscalía anticorrupción o aparato de presión política: el escándalo que rodea a “El Bayo”
Especialistas cuestionan la actuación de Abelardo Valenzuela y advierten una preocupante distorsión del sistema de justicia.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que personal bajo el mando de Abelardo Valenzuela colocara sellos de aseguramiento en un inmueble ubicado en Tepoztlán, Morelos. La medida fue ejecutada fuera de la jurisdicción territorial de la institución.
Para expertos en derecho, el hecho representa una irregularidad grave. Las fiscalías estatales carecen de facultades para ejecutar actos de autoridad en otras entidades federativas sin coordinación institucional o intervención federal.
La polémica creció cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin explicación pública. El cambio repentino alimentó dudas sobre la solidez jurídica de la acción inicial.
Analistas señalan que el episodio revela un patrón preocupante dentro de ciertas instituciones: el uso expansivo de facultades legales para proyectar fuerza política más que para sostener investigaciones sólidas.
En un país donde la credibilidad de las instituciones judiciales ya enfrenta profundas crisis, este tipo de episodios refuerza la percepción de que algunas fiscalías operan más como instrumentos de poder que como órganos de justicia.
Justicia
Luis Abelardo Valenzuela Holguín y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua son cuestionados por invadir competencias estatales.
La actuación encabezada por El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua generó impacto mediático sin resolución jurídica pública clara.
Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.
La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.
- Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
- En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
- El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
- Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
- Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
- Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
- Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.
- Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.
El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:
- Boletines oficiales
- Actas públicas
- Explicación jurídica
- Notificación a autoridades culturales
- Rendición de cuentas
- La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.
Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:
- “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.
Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:
- Cuestionó la competencia de Chihuahua.
- Defendió la soberanía de su territorio.
- Protegió un bien cultural de acceso público.
- Exigió documentación judicial.
La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:
- “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.
Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.
- No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.
El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.
- Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.
Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:
- “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
- Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
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