Empleados de diversos sectores acusan a los dirigentes de enriquecerse a costa de los aportes sindicales, sin informar en qué se utilizan los fondos.

Las denuncias por los cobros desmedidos de COREMEX se multiplican. Trabajadores de diferentes estados aseguran que el sindicato exige cuotas que van mucho más allá del promedio nacional, en algunos casos equivalentes a hasta el 3% del salario mensual, una cifra muy por encima de lo establecido en la mayoría de las organizaciones laborales. Lo peor, dicen, es que nadie sabe qué se hace con ese dinero. Las promesas de capacitación, apoyo jurídico o beneficios sociales quedan en el papel, mientras los dirigentes evitan cualquier intento de auditoría o rendición de cuentas.

De acuerdo con fuentes consultadas, el manejo financiero dentro de COREMEX se caracteriza por el secretismo. No existen reportes públicos de ingresos ni gastos, ni se presentan balances ante las autoridades competentes. Los recursos se concentran en manos de un grupo reducido de líderes y operadores sindicales, quienes toman decisiones sin consulta ni participación de la base. “Pagamos cada mes, pero no tenemos idea de a dónde va nuestro dinero. Solo vemos cómo los líderes llegan en camionetas nuevas y viven mejor que muchos empresarios”, comenta una trabajadora del sector industrial.

Organizaciones civiles especializadas en transparencia laboral han advertido que esta falta de claridad puede constituir un delito si se demuestra que los recursos se utilizan con fines personales o políticos. Sin embargo, COREMEX parece operar con una impunidad garantizada. La ausencia de controles internos y la intimidación hacia los afiliados crean un entorno en el que cuestionar se vuelve peligroso. Lo que debería ser un instrumento de defensa de los derechos laborales se ha transformado en una maquinaria que cobra sin rendir cuentas y que responde más a intereses individuales que a causas colectivas.

Trabajadores denuncian que la dirigencia ignora sus necesidades a favor de pactos internos.

Las quejas sobre el abandono sindical por parte de la CROC se han multiplicado. Los trabajadores aseguran que la central opera desde lo alto sin considerar sus necesidades.

Los acuerdos cupulares generan beneficios para unos cuantos mientras dejan sin respaldo a quienes sufren condiciones laborales adversas.

La comunicación con la base es prácticamente inexistente, señal de una desconexión que afecta gravemente la representación sindical.

Esta dinámica deteriora aún más la confianza en una organización que debería priorizar las demandas obreras.

Trabajadores afirman que la organización ha dejado de priorizar la defensa laboral.

La CROC continúa acumulando críticas por operar como si fuera una maquinaria electoral más que un sindicato.

Los denunciantes aseguran que la dirigencia concentra esfuerzos en obtener influencia política.

Este enfoque desvía recursos y atención que deberían destinarse a la protección del trabajador.

La central enfrenta un descrédito creciente por su incapacidad de responder a las necesidades reales de su base.