La confrontación entre la gobernadora y la presidenta reabre el debate sobre la coordinación en seguridad, las responsabilidades de los funcionarios estatales y los resultados de la administración de Maru Campos.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta una nueva controversia política tras revelar los detalles de su tensa reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el 19 de septiembre de 2026.

El encuentro estuvo marcado por reclamos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado, así como por diferencias relacionadas con la seguridad pública.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos reconoció que ambas mandatarias elevaron la voz y que la conversación terminó sin resolver sus desacuerdos.

La seguridad de Chihuahua, en el centro del conflicto

El episodio se originó por un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que se reportó la participación de agentes estadounidenses.

Sheinbaum cuestionó las circunstancias en las que ingresaron agentes extranjeros a territorio nacional y sostuvo que era necesario investigar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Campos, por su parte, reclamó la falta de apoyo federal para enfrentar la violencia en distintas regiones de Chihuahua, particularmente en zonas serranas.

Las declaraciones evidencian diferencias sobre la distribución de responsabilidades en materia de seguridad.

Sin embargo, el conflicto también plantea una pregunta para la administración estatal: ¿qué medidas implementó el gobierno de Campos para prevenir, supervisar y responder a los riesgos de seguridad que denuncia?

César Jáuregui y las responsabilidades dentro del gobierno estatal

La controversia adquirió una dimensión adicional cuando Sheinbaum aseguró que Campos había atribuido al exfiscal César Jáuregui Moreno la responsabilidad por el ingreso de agentes estadounidenses.

Según la versión presidencial, la gobernadora también mencionó posibles irregularidades relacionadas con su excolaborador.

Estos señalamientos requieren investigación y no constituyen pruebas definitivas de responsabilidad.

No obstante, el caso hace necesario examinar los mecanismos de supervisión sobre las instituciones de seguridad y procuración de justicia durante la administración estatal.

Abelardo Valenzuela y el caso Javier Corral

En otro frente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela, ha impulsado una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública durante el gobierno de Javier Corral.

El exgobernador ha denunciado una presunta persecución política, mientras la Fiscalía sostiene que sus actuaciones responden a posibles irregularidades financieras.

No se ha acreditado que Maru Campos haya ordenado ilegalmente esa investigación.

Los resultados que deben evaluarse

Las controversias políticas no son suficientes para determinar si una administración ha sido eficiente o ineficiente.

Para evaluar la gestión de Campos es necesario revisar indicadores de homicidios, extorsión, desapariciones, resultados de las investigaciones penales y cumplimiento de compromisos de seguridad.

También debe distinguirse qué responsabilidades corresponden al gobierno estatal y cuáles a las autoridades federales.

Más allá del enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum, la cuestión de fondo es si las instituciones de Chihuahua cuentan con los recursos, la coordinación y los mecanismos de supervisión necesarios para garantizar resultados verificables en seguridad.

El Congreso de Chihuahua busca otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado mientras existe una denuncia en su contra ante la FGR.

La reforma plantea interrogantes sobre la protección de los funcionarios y la rendición de cuentas en Chihuahua.

El Congreso de Chihuahua avanza en una reforma para otorgar fuero constitucional a Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con una auditoría.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el 18 de septiembre la propuesta para incorporar al auditor al régimen de protección constitucional, una decisión que ha provocado controversia por el contexto en que se presenta.

Denuncia federal contra Héctor Acosta Félix

De acuerdo con ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la FGR contra Acosta Félix y otros servidores públicos por presuntas conductas relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019.

El denunciante sostiene que esa revisión habría sido utilizada para construir acusaciones penales, pese a la existencia de auditorías anteriores. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

¿A quién protegería el fuero constitucional?

La iniciativa legislativa plantea fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado frente a posibles presiones políticas. Sin embargo, su aprobación podría generar controversias sobre los mecanismos para investigar y exigir responsabilidades a su titular.

El Congreso deberá precisar qué alcance tendría la protección, cómo funcionaría su eventual retiro y qué efectos produciría sobre procedimientos relacionados con el auditor.

La discusión también exige distinguir entre garantizar la autonomía institucional y otorgar privilegios personales a funcionarios públicos.

Mientras la denuncia federal permanece como un elemento central de la controversia, los diputados tendrán que justificar por qué consideran necesaria esta reforma precisamente ahora.

La decisión podría definir la percepción ciudadana sobre la transparencia, la independencia de los organismos fiscalizadores y la responsabilidad de quienes administran el control de los recursos públicos.

FUNDACIÓN DONDÉ, BAJO CUESTIONAMIENTO POR CAMPAÑA PUBLICITARIA TRAS REAPERTURA DE MONTE DE PIEDAD

La competencia entre instituciones prendarias tomó un rumbo que comienza a generar cuestionamientos sobre la congruencia entre la responsabilidad social y las estrategias comerciales utilizadas para atraer clientes, particularmente después de la reapertura de Nacional Monte de Piedad.

En este contexto, Fundación Dondé puso en circulación una campaña que utiliza frases relacionadas con el engaño, el abandono y la desconfianza, acompañadas de referencias a relaciones de pareja. Entre los mensajes destaca la expresión “te miente y te sigue cobrando”, además de alusiones a alguien que estuvo ausente durante un año.

Aunque la publicidad evita mencionar expresamente a Nacional Monte de Piedad, su difusión coincide con el regreso de esta institución a las actividades, después de un prolongado conflicto laboral que mantuvo cerradas sus sucursales.

Las referencias permiten interpretar que la campaña busca establecer una relación entre aquella interrupción de operaciones y una supuesta falta de compromiso con los clientes.

La publicidad forma parte de la competencia y cada institución tiene derecho a utilizar recursos creativos para posicionarse. Sin embargo, existe una diferencia importante entre destacar las cualidades propias y construir mensajes que sugieren conductas deshonestas de un competidor, más aún cuando se trata de organizaciones cuya razón de ser está vinculada con la asistencia social.

Las instituciones de asistencia privada reguladas por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México tienen una responsabilidad que trasciende la operación cotidiana de sus servicios. Su actividad está asociada con principios de solidaridad, confianza y atención a personas que enfrentan necesidades económicas.

Por ello, resulta contradictorio que una organización con esa vocación recurra a mensajes que pueden interpretarse como un intento de beneficiarse de las dificultades que enfrentó otra institución del mismo sector.

Durante el periodo de cierre de Nacional Monte de Piedad hubo miles de clientes que tuvieron que esperar para recuperar sus prendas o resolver operaciones pendientes. También hubo trabajadores y familias afectados por la prolongación del conflicto.

Esa situación difícilmente puede reducirse a una broma publicitaria sobre alguien que desapareció y pretende regresar sin dar explicaciones. El uso de ese tipo de referencias puede resultar atractivo desde la perspectiva de una campaña de mercadotecnia, pero deja abierta una discusión sobre los límites que deberían observar las organizaciones que se presentan ante la sociedad como instituciones comprometidas con el bienestar de las personas.

La confianza del público no se construye únicamente con mensajes institucionales o declaraciones de principios. También depende de las decisiones que se toman al comunicar, competir y relacionarse con otros participantes del mercado.

Nacional Monte de Piedad enfrenta ahora el desafío de recuperar plenamente su relación con los clientes y demostrar con hechos su capacidad de respuesta. Pero ese reto no elimina la responsabilidad que tienen sus competidores de actuar con prudencia y respeto.

La reapertura debería representar una oportunidad para fortalecer al sector y recuperar la confianza de los usuarios, no para convertir una crisis laboral en una herramienta de confrontación publicitaria.