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Justicia

Municipios en Hidalgo señalados por corrupción ofrecen devolver dinero

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Álvaro Bardales, el gobernador Julio Menchaca y la presidenta del Tribunal, Rebeca Aladro. (Jorge Sánchez)

De los 13 ayuntamientos involucrados en el desvío de 522 millones de pesos, se generó un acercamiento de tres personas quienes refieren tener una parte de este monto, informó el contralor de Hidalgo

Tres gobiernos municipales de Hidalgo ofrecieron devolver recursos económicos como parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría de Justicia estatal y la Contraloría, dentro de la acusación por una presunta red de corrupción en ayuntamientos, confirmó el contralor Álvaro Bardales Ramírez.

Aunque no detalló cuáles fueron los municipios, pues se mantiene presunción de inocencia y secrecía, indicó que dicha acción no sólo se presentó ante la dependencia que encabeza, sino también ante la Procuraduría.

“Tres personas se han acercado, no solamente a mí, a los auditores, a la PGJEH, porque tienen parte de esos recursos y han ofrecido reembolsarlos porque lo tienen, es decir que no lo usaron, son tres presidencias, eso estará sucediendo esta semana, si es que así lo deciden ellos”,

apuntó.
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Cabe recordar que la investigación en esta red de corrupción denominada por el gobierno estatal como la “estafa siniestra” involucra a 13 ayuntamientos y dos secretarías de la anterior gestión, en cuanto al monto de recursos que se malversó asciende a 522 millones de pesos; bajo ese contexto, Bardales Ramírez refirió que el resto de las presidencias municipales erogaron el recurso, “las otras 10 se gastaron todo, porque en los reportes de cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), aparecen ya en los reportes que fueron comprobados, pero con documentación que no es la apropiada”.

Los recursos, aclaró el contralor estatal, emanan de recursos extraordinarios que se solicitaron en su momento al gobierno estatal, “el estado se los dio para un fin específico y no lo utilizaron, entonces nos da la facultad a la Contraloría de poder intervenir contra las personas, ya no vamos en calidad de que son servidores públicos del ayuntamiento, vamos en calidad de personas que utilizaron un recurso que se les dio para un fin específico”; esto ya que al menos se detectó la participación de seis personas por ayuntamiento en esta malversación de recursos públicos.

“Las personas involucradas de los ayuntamientos son dos, que son presidente y tesorero que tendrán que enfrentar en su caso una denuncia de carácter judicial, eso lo ve la PGJEH directamente contra ellos, pero los demás que nada más participaron en una acción ilegal pero no tuvieron un beneficio económico o especial, esos serán sancionados por la vía administrativa, esto a través de la Contraloría o de los Órganos Internos de Control; hasta el día de hoy no han comprobado los recursos en ninguno de esos 13 municipios, son 522 millones de pesos, y en cada municipio hay seis personas involucradas, principalmente trabajadores, no regidores, ellos son los que han denunciado”,

sentenció.

Fuente: Milenio https://www.milenio.com/politica/organismos/municipios-hidalgo-senalados-corrupcion-ofrecen-devolver-dinero.

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Justicia

Se desmorona caso impulsado por Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua tras nuevo amparo

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La estrategia jurídica de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra José Pedro López Elías sufrió otro duro golpe después de que una jueza federal declarara inconstitucional la orden de aprehensión que había sido obtenida en su contra.

La sentencia definitiva, emitida el 28 de agosto por el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, determinó que la orden de captura fue librada por una autoridad que no tenía competencia para hacerlo.

El procedimiento había sido promovido por la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, ante el Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, Humberto Chávez Allende.

Sin embargo, el análisis realizado por la justicia federal concluyó que antes de emitir una orden de aprehensión debía verificarse si el juez estatal tenía facultades legales para intervenir en el expediente.

La respuesta fue negativa.

Por ello, la autoridad federal ordenó cancelar la orden de aprehensión dictada contra López Elías dentro de la causa penal 3050/2024 y establecer formalmente que el juzgador estatal no es competente para resolver la solicitud presentada por la Fiscalía.

El fallo profundiza los cuestionamientos sobre una investigación que desde meses atrás ha enfrentado obstáculos ante tribunales federales.

Previamente, otra resolución había determinado que la carpeta y la causa penal debían trasladarse al ámbito federal, además de dar vista a otras autoridades para revisar la actuación de funcionarios involucrados.

La acumulación de resoluciones adversas abre interrogantes sobre la solidez con la que fue construido el expediente y, particularmente, sobre las decisiones jurídicas adoptadas por la Fiscalía Anticorrupción.

El caso todavía puede tener capítulos adicionales, pero una cosa resulta clara: uno de los instrumentos más importantes utilizados para perseguir judicialmente a López Elías, la orden de aprehensión, quedó invalidado por la justicia federal. Ahora, la institución deberá justificar su estrategia y corregir cualquier deficiencia procesal señalada por los tribunales correctamente ahora.

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Justicia

La “humedad” de COREMEX: trabajadores exigen saber qué hace Eloy Espinosa y quién paga por su permanencia

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Versiones internas señalan que Eloy Espinosa continuaría dentro de la estructura de COREMEX pese a encontrarse presuntamente desempleado. Trabajadores piden aclarar sus funciones y, sobre todo, si recibe recursos provenientes de las cuotas sindicales.

Un nuevo cuestionamiento comienza a incomodar a la dirigencia de COREMEX. Esta vez el nombre es Eloy Espinosa, un personaje al que algunos trabajadores han comenzado a llamar “la humedad en Coremex” ante las dudas sobre su situación laboral, sus funciones y su permanencia dentro de la organización.

De acuerdo con versiones que circulan entre integrantes de la base, Espinosa estaría actualmente desempleado y sin una relación laboral activa con la empresa, pero presuntamente conservaría un espacio dentro de la estructura sindical.

El señalamiento no ha sido acreditado públicamente, pero ha provocado una pregunta sencilla: si Eloy Espinosa ya no trabaja en la empresa, ¿a quién representa dentro de COREMEX?

La interrogante se vuelve todavía más relevante cuando aparece el dinero.

Trabajadores quieren saber si Espinosa recibe algún salario, compensación o apoyo económico por parte del sindicato y, en caso de existir, si esos recursos provienen de las cuotas que periódicamente se descuentan a los afiliados.

Porque esas cuotas salen directamente del bolsillo de los trabajadores.

Para los inconformes, no resulta suficiente aportar dinero cada quincena sin conocer con precisión quién lo recibe, cuánto se destina a mantener la estructura sindical y qué actividades realizan quienes obtienen alguna remuneración.

Por ello, el caso de Eloy Espinosa vuelve a colocar sobre la mesa una demanda que empieza a repetirse dentro de COREMEX: transparencia sobre el uso de las cuotas.

¿Cuál es actualmente el cargo de Espinosa? ¿Qué actividades realiza? ¿Por qué permanece dentro de la estructura si efectivamente está desempleado? ¿Recibe alguna remuneración? ¿Quién autorizó su permanencia?

Son preguntas que Miguel Meneses y la dirigencia podrían responder con información verificable.

El problema es que, mientras no exista una explicación, las sospechas continuarán creciendo y el caso terminará sumándose a las controversias que ya han deteriorado la confianza de algunos trabajadores en COREMEX.

La discusión tampoco debería limitarse a una sola persona. Si existen dudas sobre Eloy Espinosa, los trabajadores consideran necesario conocer también quiénes integran actualmente la estructura sindical, qué funciones desempeñan y cuánto cuesta mantenerla.

Si las versiones sobre Espinosa son incorrectas, COREMEX puede desmentirlas. Si continúa dentro del sindicato y existe una justificación para ello, también puede explicarla.

Pero guardar silencio deja abierta la pregunta que más incomoda a la dirigencia:

¿quién mantiene realmente a “la humedad en COREMEX” y cuánto les cuesta a los trabajadores?

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Justicia

A medio año del fallecimiento de «El Mencho», este es el nuevo reparto de poder al interior del CJNG

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Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder delCártel Jalisco Nueva Generación(CJNG), murió el 22 de febrerode 2026 durante un operativo de las Fuerzas Armadas mexicanas y la Guardia Nacional en Tapalpa,Jalisco. Pasó a ser el último líder narco que se formó a sí mismo tras la captura deIsmael “El Mayo” Zambaday deJoaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras la muerte de Oseguera Cervantes, surgieron dudas sobre la capacidad del CJNG para conservar el poder y la estructura criminal construida durante su liderazgo, especialmente frente alCártel de Sinaloa,considerado uno de sus principales rivales.

El evidente reacomodo del poder pudo haber sido previsto por ‘El Mencho’. Por ello, delegó diversas funciones y responsabilidades a diferentes capos. Sin embargo, los servicios de inteligencia deEstados Unidosconfirmaron queJuan Carlos Valenciaasumióel mando absoluto delCJNGtras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y lo colocó como jefe de una organización que mantuvo entre15 mil y 20 milintegrantes en varios estados del país, además de considerarlo la prioridad principal dentro de su ofensiva contra el cártel.

La actualización oficial también mostró el alcance de esa estructura criminal: el grupo operó en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Para 2026, las autoridades estadounidenses lo ubicaron como el principal rival del Cártel de Sinaloa y como una de las organizaciones con mayor capacidad para traficar fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

El relevo en la cúpula ocurrió en febrero de 2026, después de que “El Mencho” murió durante un operativo del Ejército Mexicano en Jalisco que buscó detenerlo. A partir de ese cambio, Valencia González, identificado como “El 03” y también como “El Pelón”, quedó al frente de la organización.

La guía antiterrorista ubicó a ‘El 03’ al frente del cártel

El documento del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos describió aJuan Carlos Valencia Gonzálezcomo ciudadano estadounidense y lo señaló como responsable de dirigir las operaciones del cártel. También precisó que tenía abierto un proceso penal por narcotráfico en la Corte Federal del Distrito de Columbia.

En la estructura superior del grupo, las autoridades colocaron como subordinados aJulio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, y aHugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”. Al primero le atribuyeron el papel de teniente del CJNG y la relación familiar de yerno de Oseguera; al segundo lo identificaron como otro de los hombres de confianza que aparecieron en la línea de sucesión tras la muerte del fundador.

La misma actualización incluyó una precisión inusual sobre su contenido: “Este producto contiene información sobre personas estadounidenses que se considera necesaria para que el destinatario comprenda o evalúe la información que se proporciona”. Esa mención respondió al tratamiento legal de datos vinculados con ciudadanos de Estados Unidos.

El informe también registró otros movimientos dentro del grupo. Señaló como detenido aAudias Flores Silva, “El Jardinero”, y consignó como muerto a “El Mencho”, cambios que retrataron el reacomodo interno posterior al operativo en territorio jalisciense.

Diez semanas antes de esa actualización, Flores Silva había sido capturado en Nayarit. Las autoridades estadounidenses lo ubicaban como jefe de amplias operaciones del CJNG en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Washington endureció recompensas, sanciones y restricciones de visa

La presión contra Valencia González se amplió con un aumento en la recompensa ofrecida por información que permitiera localizarlo, detenerlo o llevarlo ante la justicia. El monto subió aUSD 25 millones, cinco millones más que la cifra previa.

La ofensiva incluyó un paquete total deUSD 102 millonesen recompensas contra ocho integrantes y operadores del CJNG dentro de los programas de recompensas por narcotráfico y crimen organizado transnacional. En ese esquema, Estados Unidos elevó aUSD 15 milloneslas ofertas por “El Jardinero”, “El Sapo” y “El Chorro”.

También fijó .recompensas de hasta USD 10 millones por información que conduzca a la captura de Ricardo Ruiz Velasco, “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”. Por Griselda Margarita Arredondo Pinzón ofreció hasta USD 2 millones.

Además, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa contra 65 personas identificadas como familiares, allegados o socios comerciales de integrantes del CJNG sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059. De ese total, 26 tenían visas vigentes que fueron revocadas.

Desde junio de 2025, cuando Washington anunció esa política, sumaron 93 visas canceladas a familiares y allegados de narcotraficantes vinculados con organizaciones designadas como terroristas. Las nuevas medidas complementaron acusaciones penales del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra varios mandos del cártel.

El antecedente inmediato de esa ofensiva se remontó a febrero de 2025, cuando el gobierno de Donald Trump designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Cuatro meses después impuso sanciones contra activos ligados a “El Mencho”, “El Jardinero”, “El Cachorro” y “El Sapo”.

El CJNG operó con jerarquía regional y modelo de franquicia

La actualización sostuvo que el CJNG combinó una estructura jerárquica con un modelo de franquicia. Ese esquema consistió en acuerdos de afiliación con cárteles locales más pequeños para facilitar la expansión de la organización fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima.

El documento recordó que el CJNG surgió en 2010 a partir de remanentes del Cártel del Milenio, una antigua facción del Cártel de Sinaloa. También indicó que desde 2018 había extendido su presencia por gran parte del territorio mexicano.

El jefe de la DEA,Terry Cole, afirmó que la muerte de “El Mencho” no significó el fin del grupo. “Resalta la resiliencia de la organización y la amenaza continua que representa”, declaró al referirse a la permanencia operativa del cártel tras la caída de su fundador.

Durante una conferencia realizada este miércoles, Cole sostuvo que, con base en inteligencia de la DEA, Valencia González asumió el control del CJNG. “El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”, afirmó.

El funcionario agregó que la organización fue construida sobre una red criminal dedicada a la producción y distribución de drogas, además de sostener su influencia mediante violencia y corrupción. También dijo que el grupo contaba con redes de protección que incluirían a funcionarios mexicanos que presuntamente facilitarían tráfico de drogas, lavado de dinero y agresiones violentas.

• Juan Carlos Valencia González, “El 03”, quedó identificado como nuevo líder del CJNG tras la muerte de “El Mencho” en febrero de 2026.

• Estados Unidos elevó aUSD 25 millonesla recompensa por información que llevara a su captura y destinóUSD 102 millonescontra ocho integrantes del cártel.

• La actualización oficial estimó que el CJNG contó con entre15 mil y 20 milintegrantes y mantuvo presencia en al menos ocho estados de México.

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