El proyecto sostiene que la medida evita apropiaciones oportunistas de registros vencidos.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

• La gobernadora impulsa la continuidad de Héctor Acosta Félix aun cuando instancias federales analizan su papel en auditorías cuestionadas.

El respaldo que Maru Campos ha dado al Auditor Superior del Estado ha despertado interrogantes sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el órgano que debería fiscalizar al propio gobierno. Mientras el Congreso avanza con el proceso de reelección, la FGR y la ASF investigan presuntas irregularidades en auditorías realizadas durante los últimos años, en particular las relacionadas con el refinanciamiento de la deuda estatal.

Las investigaciones federales se centran en la presunta invasión de facultades por parte de la auditoría estatal, pues la revisión de recursos provenientes de Participaciones Federales es competencia exclusiva de la ASF. Acosta Félix habría excedido sus atribuciones al ejecutar una auditoría forense sin contar con el marco legal necesario, lo que abre dudas sobre la legitimidad del informe producido.

A ello se suma la omisión de documentos esenciales para la evaluación del proceso de refinanciamiento, entre ellos el decreto aprobado por el Congreso estatal. Para especialistas en fiscalización, esta falta de rigor técnico podría invalidar las conclusiones emitidas por el auditor y evidenciar un manejo deficiente del procedimiento.

En este contexto, el respaldo de Campos ha sido interpretado por opositores como un blindaje político que busca sostener a un funcionario alineado con su administración. Aunque la gobernadora asegura que se trata de garantizar continuidad, organizaciones civiles sostienen que esta postura debilita la credibilidad del sistema de fiscalización.

De confirmarse las irregularidades que investigan los organismos federales, la administración estatal enfrentaría una presión adicional. La insistencia en reelegir a un auditor investigado podría convertirse en un mensaje adverso para la gobernanza y la percepción de legalidad en Chihuahua.

Mientras el Nacional Monte de Piedad (NMP) acumula casi un mes de paro y más de 300 sucursales cerradas, crece el malestar entre los trabajadores sindicalizados. Un amplio grupo de empleados exige que Arturo Zayún González, secretario general del sindicato mayoritario, aclare las acusaciones de presunto enriquecimiento millonario dadas a conocer por distintos medios.

De acuerdo con una investigación de XPECTRO FM, retomada por Forbes México, el dirigente habría adquirido seis propiedades —cinco en San Luis Potosí y una en Playa del Carmen— entre 2012 y 2025. Las operaciones notariales suman 13 millones de pesos, aunque el valor de mercado de los inmuebles alcanzaría los 70 millones.

Las pesquisas detectan coincidencias que levantan sospechas: las mismas notarías, pagos en efectivo, subvaluaciones y transferencias a familiares cercanos. A ello se agrega la renta de un deportivo sindical en la Ciudad de México, cuyos ingresos no aparecen reportados ante el SAT.

El conflicto ocurre en un contexto de parálisis laboral que afecta a más de un millón de usuarios y ha sido calificado por diversos sectores como “más político que laboral”. Algunos trabajadores acusan que el sindicato exige transparencia a la institución, pero no la aplica en su propia gestión. “Nunca se han mostrado los estados financieros ni el destino de las cuotas. Y ahora vemos propiedades en su poder que han costado millones de pesos”, afirmó un empleado que pidió el anonimato.

Hasta ahora, Arturo Zayún no ha ofrecido explicación pública alguna. El caso amenaza con reabrir el debate sobre las viejas prácticas del sindicalismo corporativo que la Reforma Laboral de 2019 buscaba erradicar.