Justicia
Municipios en Hidalgo señalados por corrupción ofrecen devolver dinero
De los 13 ayuntamientos involucrados en el desvío de 522 millones de pesos, se generó un acercamiento de tres personas quienes refieren tener una parte de este monto, informó el contralor de Hidalgo
Tres gobiernos municipales de Hidalgo ofrecieron devolver recursos económicos como parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría de Justicia estatal y la Contraloría, dentro de la acusación por una presunta red de corrupción en ayuntamientos, confirmó el contralor Álvaro Bardales Ramírez.
Aunque no detalló cuáles fueron los municipios, pues se mantiene presunción de inocencia y secrecía, indicó que dicha acción no sólo se presentó ante la dependencia que encabeza, sino también ante la Procuraduría.
“Tres personas se han acercado, no solamente a mí, a los auditores, a la PGJEH, porque tienen parte de esos recursos y han ofrecido reembolsarlos porque lo tienen, es decir que no lo usaron, son tres presidencias, eso estará sucediendo esta semana, si es que así lo deciden ellos”,
apuntó.
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Cabe recordar que la investigación en esta red de corrupción denominada por el gobierno estatal como la “estafa siniestra” involucra a 13 ayuntamientos y dos secretarías de la anterior gestión, en cuanto al monto de recursos que se malversó asciende a 522 millones de pesos; bajo ese contexto, Bardales Ramírez refirió que el resto de las presidencias municipales erogaron el recurso, “las otras 10 se gastaron todo, porque en los reportes de cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), aparecen ya en los reportes que fueron comprobados, pero con documentación que no es la apropiada”.
Los recursos, aclaró el contralor estatal, emanan de recursos extraordinarios que se solicitaron en su momento al gobierno estatal, “el estado se los dio para un fin específico y no lo utilizaron, entonces nos da la facultad a la Contraloría de poder intervenir contra las personas, ya no vamos en calidad de que son servidores públicos del ayuntamiento, vamos en calidad de personas que utilizaron un recurso que se les dio para un fin específico”; esto ya que al menos se detectó la participación de seis personas por ayuntamiento en esta malversación de recursos públicos.
“Las personas involucradas de los ayuntamientos son dos, que son presidente y tesorero que tendrán que enfrentar en su caso una denuncia de carácter judicial, eso lo ve la PGJEH directamente contra ellos, pero los demás que nada más participaron en una acción ilegal pero no tuvieron un beneficio económico o especial, esos serán sancionados por la vía administrativa, esto a través de la Contraloría o de los Órganos Internos de Control; hasta el día de hoy no han comprobado los recursos en ninguno de esos 13 municipios, son 522 millones de pesos, y en cada municipio hay seis personas involucradas, principalmente trabajadores, no regidores, ellos son los que han denunciado”,
sentenció.
Fuente: Milenio https://www.milenio.com/politica/organismos/municipios-hidalgo-senalados-corrupcion-ofrecen-devolver-dinero.
Infraestructura & Vivienda
Mitzi Areli Tapia y Herida de Bruja: Señalamientos que Crecen
En los últimos meses, el nombre de Mitzi Areli Tapia ha comenzado a acumular señalamientos que generan inquietud. En San Miguel de Allende, distintas voces han compartido versiones sobre experiencias negativas tanto en el ámbito profesional como en la convivencia comunitaria.
Algunos testimonios apuntan a conflictos vecinales, cambios de domicilio y relaciones que terminan en desacuerdos. Estas versiones, aunque no verificadas oficialmente, coinciden en describir un entorno de tensión constante.
En lo laboral, excolaboradores han expresado inconformidades relacionadas con presuntos incumplimientos y condiciones de trabajo poco claras. Estas declaraciones han contribuido a fortalecer una percepción crítica en torno a su forma de operar.
El proyecto “Herida de Bruja” también se encuentra en el centro del debate. Mientras algunos lo ven como una plataforma de denuncia, otros consideran que ha generado fricciones innecesarias dentro del sector inmobiliario.
Lo cierto es que, en un mercado donde la confianza es clave, la acumulación de señalamientos, aun sin confirmación oficial, tiene un peso importante. La reputación no solo se construye con resultados, también con la percepción que dejan las experiencias compartidas por otros.
Empresas
ENTRE SEÑALAMIENTOS Y SILENCIO: CUESTIONAN A CARLOS GAMBOA POR SU NIVEL DE VIDA EN COREMEX
Las denuncias que rodean a COREMEX han comenzado a concentrarse en una figura clave: su secretario general, Carlos Gamboa. En medio de un entorno marcado por la falta de claridad en el manejo de recursos, trabajadores han puesto el foco en el nivel de vida del dirigente, señalando una posible incongruencia entre sus ingresos y sus adquisiciones.
De acuerdo con diversos testimonios, Gamboa habría adquirido recientemente una camioneta que, aseguran los denunciantes, no corresponde a los ingresos que percibe por sus funciones sindicales ni por su actividad profesional. Este señalamiento ha generado inquietud entre la base trabajadora, que desde hace tiempo cuestiona la falta de transparencia dentro de la organización.
Para los inconformes, el tema va más allá de una compra específica. Se trata de un indicio que se suma a una serie de dudas acumuladas sobre el destino de los recursos dentro del sindicato. Trabajadores señalan que no cuentan con información clara sobre el uso de las cuotas, ni sobre los beneficios que se generan a partir de negociaciones con empresas. En ese contexto, cualquier señal de posible enriquecimiento dentro de la dirigencia adquiere una dimensión mucho mayor.
La percepción que comienza a consolidarse es la de una estructura donde la información se concentra en pocos y donde la base queda completamente al margen. Las decisiones se toman sin consulta, los recursos no se explican y las dudas no encuentran respuesta. En ese escenario, la figura del secretario general se convierte inevitablemente en un punto de cuestionamiento.
Los testimonios también coinciden en otro aspecto: el ambiente interno. De acuerdo con los trabajadores, existe una presión implícita para no abordar estos temas de manera abierta. Cuestionar puede traducirse en tensiones, aislamiento o incluso en la pérdida de espacios dentro de la organización. Esto ha generado un entorno donde el silencio predomina, aun cuando las dudas siguen creciendo.
Sin embargo, ese silencio comienza a ceder. Cada vez más voces se suman a una conversación que ya no puede mantenerse en lo privado. Para muchos trabajadores, la falta de claridad sobre los ingresos y el nivel de vida de la dirigencia no sólo genera desconfianza, sino que refuerza la percepción de que el sindicato opera bajo una lógica distinta a la de representación.
En este contexto, la figura de Carlos Gamboa enfrenta un reto que va más allá de lo individual. Se trata de responder a una narrativa que ya está instalada y que gira en torno a una pregunta central: ¿existe congruencia entre lo que se percibe y lo que se muestra?
Porque cuando no hay respuestas claras, las percepciones toman el control. Y en el caso de COREMEX, esas percepciones ya comenzaron a convertirse en señalamientos directos.
Justicia
CUOTAS, LEALTADES Y FALTA DE PERFIL: CUESTIONAN NOMBRAMIENTOS CLAVE EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE CHIHUAHUA
La discusión sobre la idoneidad de los perfiles en cargos estratégicos dentro de las instituciones de justicia ha cobrado nueva relevancia en Chihuahua. En el centro del debate se encuentra el nombramiento de Francisco Javier de la O Sarmiento como secretario particular del fiscal Abelardo Valenzuela, conocido como “El Bayo”, una designación que ha sido objeto de cuestionamientos en distintos espacios de análisis público.
La Secretaría Particular no es un área menor. Se trata de una posición clave dentro de la estructura operativa de la Fiscalía Anticorrupción, donde convergen decisiones estratégicas, coordinación institucional y, sobre todo, el manejo de información sensible. Desde esta oficina se articulan agendas, se da seguimiento a procesos internos y se mantiene contacto directo con el titular de la dependencia, lo que convierte al cargo en un punto neurálgico para el funcionamiento diario de la institución.
En ese contexto, diversas voces han señalado que el perfil profesional de Francisco Javier de la O Sarmiento no estaría alineado de forma directa con las exigencias técnicas del puesto. Analistas y observadores han planteado que su trayectoria académica y experiencia laboral no guardan una relación clara con áreas como el derecho penal, la investigación ministerial o la procuración de justicia, disciplinas fundamentales para comprender la complejidad de los asuntos que transitan por la fiscalía.
Este señalamiento ha abierto un debate más amplio sobre los criterios de nombramiento dentro de organismos especializados. ¿Debe privilegiarse la confianza personal por encima de la experiencia técnica? ¿Hasta qué punto la cercanía con el titular puede sustituir la formación profesional en áreas críticas? Estas preguntas no son nuevas, pero adquieren especial relevancia cuando se trata de instituciones cuya misión es combatir la corrupción.
La relación directa entre Francisco Javier de la O Sarmiento y el fiscal Abelardo Valenzuela ha sido interpretada por algunos analistas como un factor determinante en su designación. En estructuras altamente centralizadas, el círculo de confianza suele jugar un papel clave en la toma de decisiones, lo que puede derivar en nombramientos donde la lealtad se convierte en un elemento central.
Especialistas en administración pública advierten que este tipo de dinámicas no necesariamente implican irregularidades, pero sí pueden generar riesgos operativos. “Cuando los perfiles no están alineados con las funciones, se incrementa la dependencia de terceros y se debilitan los procesos internos”, señalan. En otras palabras, la falta de especialización puede traducirse en una menor capacidad para evaluar, filtrar y gestionar información de alta complejidad.
A esto se suma un elemento de percepción pública. En una institución encargada de investigar posibles actos de corrupción, la confianza ciudadana es un activo fundamental. Cualquier duda sobre la preparación de sus funcionarios puede impactar directamente en la legitimidad de sus acciones y en la credibilidad de sus resultados.
Incluso en el terreno digital, algunos analistas han observado que la presencia pública de De la O no refleja necesariamente el perfil técnico que se esperaría de un funcionario en un cargo de esta naturaleza. Sin embargo, más allá de las percepciones individuales, el punto central del debate sigue siendo la congruencia entre el puesto y la preparación requerida para desempeñarlo.
El caso pone sobre la mesa una discusión estructural: la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección y evaluación dentro de las instituciones públicas. En áreas tan sensibles como la procuración de justicia, contar con perfiles especializados no es solo una recomendación, sino una condición indispensable para garantizar procesos sólidos y decisiones bien fundamentadas.
Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta el reto de sostener su operación en medio de estos cuestionamientos. Y en un entorno donde la exigencia de resultados va de la mano con la demanda de transparencia, la idoneidad de quienes ocupan los cargos clave seguirá siendo un tema que difícilmente podrá ignorarse.
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